Por Cristian Rebosio

 

¿Quién le propuso formar parte del nuevo Gabinete?

El mismo presidente Pedro Castillo. En reuniones que tuvo con diversas organizaciones políticas, él pidió que le hagan conocer cuadros que tengan preparación política y en gestión pública para que ayuden al gobierno a salir adelante.

¿La bancada de Somos Perú lo acercó al gobierno?

No fue la bancada. El presidente no tiene comunicación con la bancada de Somos Perú. Él ha tenido reuniones, en diciembre, con presidentes de organizaciones políticas. Creo que el hecho de pedir cuadros que puedan ayudar en la gobernanza del país es un gesto democrático del presidente.

¿Ha tenido acaso experiencia en el sector Cultura?

He tenido formación política y he sido regidor en la Municipalidad de Pueblo Libre, donde estaba el Museo de Historia y Antropología del Perú, el cual trabajaba directamente con el municipio. Al ser regidor y gerente en diversas municipalidades, hay áreas relacionadas al deporte y a la educación, y uno no puede estar desvinculado. Uno no necesita tener el título de ministro con una especialidad en esa cartera para poder asumir el cargo. Me siento en la condición de poder guiar cualquier ministerio que puedan encargarme.

En las últimas semanas, la gestión de la exministra Gisela Ortiz en el Ministerio de Cultura fue criticada por sectores de extrema derecha y fujimoristas por el reconocimiento al Ojo que Llora como patrimonio cultural. Se le pidió, incluso, que retire esta distinción. ¿Usted tomará alguna medida al respecto?

Todos los peruanos necesitamos tener un espacio y un recuerdo en la memoria. Para poder hablar del tema hay que estudiarlo bien. El Ojo que Llora es un monumento que fue parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Este monumento reconoce a nuestros policías y militares fallecidos, pero también a las víctimas de la represión. Existe una ley que estipula que ningún terrorista puede estar registrado y este monumento ha sido reconocido por la Unesco. Nadie tiene que escandalizarse. No hay que estigmatizarlo y debemos darle el valor que corresponde a la historia de nuestro país. Si tengo que responder por ello, lo haré.

Cuando Héctor Valer llegó a la PCM se empezaron a conocer graves casos de violencia familiar. ¿Usted le dijo algo al entonces primer ministro?

No, porque todo fue muy rápido. Normalmente, cuando a una persona se le imputa un hecho, lo que tiene que hacer es defenderse. Nosotros no podemos estar defendiendo los hechos que se le imputan a alguien del Gabinete.

¿Condicionó su presencia en el Gabinete a la continuidad de Valer como premier?

No tengo por qué condicionar. La confianza me la da el presidente de la República. Mi trabajo y lealtad se los debo a él. No tengo que condicionarlos con otras situaciones. Mientras me dé la confianza y libertad para desarrollar la cartera que me ha dado, yo gustoso de trabajar con todas las fuerzas del caso. No podría atreverme a ponerle un condicionamiento.

¿No le resultaba, al menos, incómodo ser parte de un Gabinete encabezado por una persona con una denuncia tan grave como la de violencia familiar?

Creo que cada ministro responde por su cartera con su trabajo. No puedo responder por nadie más. Estoy encaminado a poder desarrollar lo que corresponda a mi cartera con el conocimiento con el que estoy preparado y avanzar hasta donde el presidente me dé la confianza.

El sábado pasado, el expremier Héctor Valer señaló que el Congreso iba a gastar su bala de plata si no le daba la confianza a su Gabinete y que lo siguiente podría ser la disolución del Legislativo. ¿Lo considera una medida razonable?

El presidente nos pidió ser un Gabinete de ingenieros de la democracia. No quiere un Gabinete de confrontación. Nosotros vamos a trabajar democráticamente. Si el Congreso nos recibe, seguiremos trabajando porque así lo quiere el Perú. Pero, si no es así, estaremos ante un Congreso que no deja trabajar al Ejecutivo. Del presidente y los ministros hay la plena voluntad de acercarnos al diálogo y consenso. Nada de imposiciones ni choques o balas de plata. Ojalá el Congreso pueda tener esa misma actitud.

En las últimas horas se ha conocido que los congresistas incluso se reúnen fuera del Parlamento para discutir sobre la vacancia, ¿cree que existirá voluntad para dialogar?

Cualquier tipo de situación que quiera atentar contra un presidente que ha sido elegido para gobernar cinco años es una intención golpista y es un delito. Hay que poner paños fríos y saber rescatar este tipo de situaciones. El Gabinete es democrático y vamos a responder cualquier tipo de agravio con trabajo y haciéndole saber al país quién está del lado de la democracia y quién no.

Algunos exministros, como Pedro Francke y Avelino Guillén, han manifestado las dificultades que afrontaban para poder dialogar con el presidente Pedro Castillo. ¿Cómo trabajará el sector Cultura con un mandatario que no escucha a sus ministros?

Eso te lo puedo desmentir. Una vez que le escribo al presidente para reunirnos, él me convoca y voy a Palacio de Gobierno. Lamento que otros ministros salgan a manifestar que no había apertura con el presidente, porque lo hacen cuando ya salieron de las carteras. Creo que esto tiene una parte política que se debe analizar bien. El presidente ha sido claro al señalar que hubo mucha gente a la que le dio confianza y han terminado traicionándolo. No puedes esperar a salir de un cargo para patear el tablero. Creo que eso no es correcto desde el punto de vista profesional.

¿Qué intereses podrían tener los ministros al contar las dificultades de trabajar con Pedro Castillo?

Algunos ministros entramos a trabajar con convicción y otros entran a desarrollar su propia política. Creo que estos ministros entraron a trabajar para beneficio propio y tener un capital político. Eso no está bien. No concibo cómo puedes dejar una cartera y luego salir a criticar todo cuando has tenido la oportunidad de hacerlo estando ahí. Han trabajado pensando en tener capital político propio.

Cuando asumió el cargo, empezaron a difundirse tuits suyos con comentarios racistas y sugiriendo que la izquierda no debería existir. ¿Por qué optó por cerrar su cuenta y no dar una explicación?

La cerré porque estaban descontextualizando mis interacciones y retrocediendo muchos años atrás en la historia de mi vida. De racista no tengo absolutamente nada. Soy un ser humano humilde y sencillo que respeta a todas las personas por igual. Se metieron a un tuit donde un periodista chileno ofendía a un colega peruano. Lo que yo quise hacer fue generarle empatía y le puse un primer hilo diciendo qué pasaría si a ellos los trataran de la siguiente manera y entonces le hago un segundo hilo donde le pongo un contexto que luego editan y descontextualizan. Pero nadie habla que fue una respuesta defendiendo a un peruano. Lo que a mí no me van a pedir es que deje de defender a un peruano cuando lo ofenden. La vida me enseña a que debo hacerlo de mejor manera. Esos mensajes no me representan. Esa era una interacción que hasta han editado para agregarle palabras. Pero si ese es el costo que tengo que pagar por servirle al país, estoy dispuesto a pagarlo.

¿Cuáles son las palabras que supuestamente le agregaron?

Son palabras irrepetibles. Lo que pasa es que han tomado captura de pantalla y es fácil editarla. Creo que han tenido que retroceder hasta 2014. Si alguien se ha sentido ofendido, pido las disculpas del caso.

Pero también hay tuits sobre política en los que dice: “La izquierda no debería existir. La izquierda se acaba cuando se termina el dinero ajeno”. ¿Sigue pensando de esa manera?

La política de izquierda ha aportado muchísimo en el mundo. No existiría derecha si no existiese izquierda. La izquierda ha tenido muchos logros y conquistas. Ese es un tema que descontextualiza en todo sentido. No es una posición que yo tengo. Yo interactuó. Hubo una periodista que pregunta cuáles son las principales frases o posiciones de determinadas líneas políticas y esa frase yo la menciono citando a Margaret Thatcher. Pero le quitan la cita y lo ponen como si fuese mía. Si uno googlea,  va a saber quién es el autor. Son declaraciones que terminan descontextualizando.

Menciona que los tuits fueron sacados de contexto, pero el tuit al que contestó de esa forma es de la periodista Mabel Huertas y decía “Cada vez que muere alguien en una protesta, la izquierda y derecha se lanzan dardos. ¿Qué tal si buscamos la verdad? No. Eso es más complicado”.

La verdad, no recuerdo bien el contexto. Estamos hablando de muchos años atrás. Uno va avanzando y evolucionando. Creo que hay que marcar una línea de acá hacia adelante. No están hablando con el Alejandro Salas de 2013, sino con el peruano que ha sido convocado para trabajar por su país en 2022.

Tiempo atrás también criticó a Verónika Mendoza por proponer una segunda reforma agraria y ahora forma parte de un gobierno que tiene esta reforma como una de sus principales banderas. ¿Qué lo llevó a cambiar de opinión?

Uno evoluciona cuando escucha personas que te lo explican de otra manera. Una primera reforma agraria estuvo ligada a la expropiación y ahora el presidente Castillo ha dicho que no le va a expropiar nada a nadie y que su reforma va guiada a darle trabajo y desarrollo humano a los agricultores. Cuando a uno se lo explican de esa manera, es imposible estar en desacuerdo.

¿Se considera de izquierda o derecha?

No puedo responder por ideología, porque soy un servidor del Estado que ha juramentado por el Perú. No estoy trabajando con ningún tipo de ideología.

¿Qué le ha dicho el presidente que espera del Ministerio de Cultura?

He encontrado un ministerio de cultura con un 5% de avance de ejecución de presupuesto. Vamos a entrar a marzo y no puede ser que solo exista ese porcentaje. El presidente ha sido muy claro al decir que todas las semanas analiza el trabajo y desempeño de cada uno de sus ministros. Obviamente, la ejecución de una cartera presupuestal es sumamente importante. He encontrado a profesionales muy valiosos, pero faltan gestores públicos. El Ministerio de Cultura es una entidad pública y tiene que saber gestionarse. Lo que él [el presidente] espera es que se desarrollen y ejecuten todos los proyectos con velocidad y legalidad. Respeto a los críticos, pero me doy cuenta que no saben de gestión pública.

¿Existe algún punto específico que el presidente le haya pedido trabajar en su ministerio?

Hay dos puntos específicos que ha encomendado y los estamos ejecutando. Primero, las familias de nuestros pueblos originarios donde muchos le tienen rechazo a la vacuna y no han querido vacunarse. Hemos tenido que convocar a profesionales de estas lenguas originarias para concientizar a estas familias. Se ha avanzado y estamos con alrededor de 800.000 personas hablantes de lenguas originarias que han sido vacunadas con un trabajo que se coordinó con el Ministerio de Salud. Otro aspecto que nos encargó fue que la cultura sea inclusiva. El día de ayer en Cieneguilla hemos mostrado lo que es el recorrido de una zona arqueológica inclusiva para nuestros invidentes que son más de 160.000 en nuestro país. También tenemos que orientarnos para que Machu Picchu sea inclusivo. [El presidente] no quiere ministros de escritorio, sino que estén en el campo recorriendo el país.

 

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Entrevistas, Pedro Castillo

 

Luego de la publicación, el pasado 5 de febrero, del artículo “Una dudosa contratación en la UNI”, el empresario Carlos Anchate, gerente general de Seidor Technologies Perú, nos envió la siguiente carta que reproducimos en su totalidad.

Consideramos, sin embargo, que no existe motivo alguno para rectificarnos respecto al contenido del informe en cuestión. Sobre los señalamientos tenemos que manifestar lo siguiente:

Seidor dice que Sudaca sugiere que la empresa ha realizado conductas antiéticas al colocar en la bajada: “Luego de extrañas movidas en el proceso de selección, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha escogido a Seidor para que supervise…”. Habría que precisar al respecto que quien realizó el proceso es la UNI. Y a eso nos referimos a lo largo del informe. En ningún momento afirmamos que Seidor -como empresa concursante- ejecutó alguna de las irregularidades que se señalan, simplemente que fueron los beneficiarios de las mismas.

Por otro lado, también afirman que Sudaca desconoce el proceso en su totalidad, debido a que no nos comunicamos con Seidor para tener precisiones al respecto.

De manera categórica lo rechazamos. Sudaca recibió respuestas -vía correo electrónico- de Francisco Ñato, gerente de la línea eLearning de la empresa. Además de eso, llamamos en más de cinco oportunidades al número de la empresa registrado en el Osce. Y no conformes con ello, hicimos lo mismo con Mayra Díaz, Key Account Manager de Seidor, que nunca atendió nuestras llamadas y mensajes de WhatsApp.

También dicen que es un error indicar que la UNMSM utilizó el sistema Smowl -de Seidor- en su examen de admisión que acabó con denuncias de plagio. Esto porque también utilizaron otras plataformas como Google Meet.

Sin duda, esto es cierto. Pero la afirmación de que en el examen de admisión cuestionado se utilizó el sistema Smowl no deja de ser verdadera. Además, como acotamos en la nota, nos basamos, entre otras cosas, en un comunicado oficial de la universidad donde se hace alusión directa y exclusiva al servicio Smowl. “Se tuvo la participación del representante de la empresa del sistema Smowl, quien explicó las modalidades de detección e identificación de alguna irregularidad que tenga indicios de hechos ilícitos o delitos”, dice el documento.

Es correcto, por lo tanto, que la compañía que nos escribe fue parte de todo este caótico proceso de admisión.

Seidor también señala que no se les solicitó descargo alguno sobre las “quejas” que describen los alumnos citados en el informe (acusaciones de plagio y requisitos del sistema difíciles de lograr). Sobre este punto, hay dos cosas que Sudaca quiere precisar.

Primero, que sí se preguntó al señor Ñato lo siguiente: “¿Consideran que las acusaciones de plagio en ese proceso pudieron ser evitadas con su sistema de seguridad o qué fue lo que falló?”. A lo cual respondió literalmente que su sistema no falló en ningún momento. De ello, se entiende que cualquier acusación es descartada por Seidor. Dicha frase y descargo están consignadas dentro del informe.

Segundo, hay que precisar que la razón de buscar voces de estudiantes sanmarquinos que postularon en el proceso de admisión cuestionado fue, antes que nada, para conocer de primera mano lo que verdaderamente ocurrió en ese examen. Ese fue el caso especialmente de las citas de Esteban Godofredo y Alejandra Vela, quienes tuvieron una pésima experiencia por diferentes motivos. La carta que nos envía Seidor dice que este programa nunca falló. Esa versión está consignada en el texto.

En otra parte de la carta la empresa dice que “si se hubiera conversado con ambas partes” se tendría un panorama más claro de la situación, en referencia a ellos y a la UNI. Nuevamente, rechazamos tal afirmación. La versión d. la UNI también está consignada en la nota.

Más adelante mencionan que les parece tendencioso y negativo decir que el proceso de concurso público y adjudicación simplificada fueron “extraños”. Al respecto tenemos que recalcar que hay cuestiones –sobre todo, el cambio en los valores referenciales entre ambas etapas– que no lograron ser explicadas satisfactoriamente por la propia universidad cuando Sudaca le pidió explicaciones.

Y, otra vez, no hay frase en todo el informe que atribuya responsabilidad directa en las irregularidades a la empresa, solo a la UNI. Una lectura de dicha sección demuestra claramente que lo se hace es describir cómo la universidad llegó a otorgar la buena pro a Seidor para la supervisión de sus exámenes remotos. Se indican tanto las irregularidades, como las subsanaciones que se dieron sobre la marcha.

Para finalizar, quisiéramos señalar que el pasado 8 de febrero la misma UNI ha revelado mediante un comunicado que el proceso de contratación queda suspendido a raíz, precisamente, de las sospechas que ha generado. Además informaron que han alertado a la Contraloría para que investigue al respecto.

 

 

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Carta, Seidor Technologies Perú

Por Cristian Rebosio

¿Es inminente la libertad de Antauro Humala?

La salida de Antauro es inminente por el sencillo hecho que nuestro mismo ordenamiento jurídico así lo establece. El mayor Antauro tiene una sentencia de diecinueve años y ha cumplido diecisiete. Tiene dos años y seis meses de sustentados beneficios penitenciarios y, guste o no, eso significa que tiene un exceso carcelario.

¿Algún representante del gobierno de Pedro Castillo ha intentado acercarse al Partido Etnocacerista en las últimas semanas?

Sería mentir si dijera que sí. El mayor Antauro tiene un proceso y una sentencia de la cual se derivan ciertas estrategias políticas y legales que él puede usar. Tiene dos procesos: uno a través del Poder Judicial y otro en el INPE. En este último, sabemos que tiene los beneficios penitenciarios. Al mayor se le sentenció a veinticinco años y después se le redujo a diecinueve. Ha hecho diecisiete años y, sumando los dos años y medio de estudios y labores, cumpliría diecinueve años y medio. Esto significa que hay un exceso de carcelería. Lo que sí quiero rescatar es que parece que el presidente Pedro Castillo y el ministro de Justicia, a partir de estos días, están tratando el caso del mayor como cualquier ciudadano que tiene obligaciones y deberes pero también derechos.

¿Cuál era el trato que recibía antes?

Estaba la señora Susana Silva con sus antecedentes y las gestiones que viene realizando en el INPE, que no han sido las correctas. En el caso del mayor, fue Susana Silva la que lo cambia a un régimen que no le correspondía. Tampoco quiero tocar el tema que al mayor le dio Covid dos veces y no le sacaron nunca una tomografía, mientras que a otros internos sí. Aparentemente, ahora se le está tratando al mayor como un ciudadano común.

¿Se les había comunicado que iban a destituir a Susana Silva de su cargo al frente del INPE?

No teníamos información sobre la posible salida de la ciudadana Susana Silva, pero sería injusto presumir que su salida se da por algún beneficio a Antauro y no por la corroborada pésima gestión que realizó a nivel nacional con los distintos institutos penitenciarios.

¿Ustedes se reunieron con Pedro Castillo durante la campaña presidencial?

Cuando empezó la segunda vuelta, tuve una reunión con el presidente en la que pudimos intercambiar puntos de vista. Por su línea política y la de Perú Libre, les estábamos brindando cualquier apoyo sin ninguna condición a cambio. Él, como patriota que es, nos comentó que sí estaba pensado la libertad para el mayor Antauro Humala y lo tenía en agenda.

¿Se volvieron a reunir cuando Pedro Castillo ya había asumido la presidencia?

No. Hemos hablado por intermediarios, pero no nos hemos vuelto a reunir de manera presencial.

¿Quiénes han sido los intermediarios?

Sería mejor dejarlos en el anonimato. En este momento delicado, donde han salido estas informaciones, es mejor mantenerlo en reserva por el momento.

¿Virgilio Acuña ha sido intermediario entre el gobierno de Castillo y el Partido Etnocacerista?

No podría corroborar si ha sido intermediario con el presidente respecto a ese tema ya que no estuve presente en dichas reuniones, pero considero que toda aquella persona que comparta nuestro sentir y nuestro deseo de la pronta liberación del mayor Antauro Humala es bienvenida a sumarse a su militancia.

¿Qué opina Antauro Humala del momento que vive la política peruana?

Estamos en un momento muy polarizado donde, definitivamente, no se está tomando en cuenta los intereses de los hermanos de provincias. Parece que, otra vez, queremos pensar que Lima sigue controlando el Perú. El mayor Antauro Humala siente que hay una gran oportunidad para llevar a cabo la verdadera revolución. A título personal, creo que se debería formar un trípode patriótico donde puedan trabajar unidos, para el tema de la descentralización e industrialización, el presidente Pedro Castillo, el doctor Vladimir Cerrón y el mayor Antauro Humala.

¿Han podido conversar con Vladimir Cerrón sobre esta revolución?

No he tenido la suerte de conversar con el doctor Cerrón, pero me imagino que ellos, en su momento, habrán conversado. Si no me equivoco, el doctor Cerrón ha podido dialogar, tiempo atrás, con el mayor Antauro.

¿Eso fue antes o durante la campaña?

Antes de la campaña

¿Para llevar a cabo esta revolución haría falta cerrar el Congreso?

Me gustaría saber qué ha hecho el Congreso estos seis meses además de obstruir cualquier cambio que se quería hacer desde el Ejecutivo. Considero que un Congreso obstruccionista que no se pone a trabajar ni genera proyectos de leyes, no tiene sentido que esté ahí. No veo ninguna diferencia entre que lo cierren o no.

Durante la campaña, ¿hubo un acercamiento entre Rafael López Aliaga y Antauro Humala? ¿Fue real el encuentro entre el entonces candidato presidencial de Renovación Popular y personas uniformadas a nombre del Partido Etnocacerista?

No eran etnocaceristas. Eran personas uniformadas que se hacían pasar por etnocaceritas.

Si llega a ocurrir la vacancia presidencial, ¿su agrupación se manifestaría de alguna forma en respaldo al presidente Castillo?

Sería un acto democrático de nuestra militancia y no porque el presidente sea Pedro Castillo Terrones, sino porque nosotros tenemos que respetar la decisión del pueblo peruano si decimos que es soberano. Quieran o no, al presidente lo ha escogido una mayoría y tiene que cumplir sus cinco años de mandato. Si la militancia tiene que respaldar, será una decisión consensuada de la militancia bajo la instrucción de nuestro líder el mayor Antauro, pero considero que sí habría un respaldo. Porque es inaudito que tengamos un presidente que simboliza lo que es el pueblo, no se le permita trabajar y se le quiera sacar del gobierno.

¿En qué consistió el apoyo de su agrupación a la campaña de Castillo?

Por parte de la militancia acordamos cambiar las bases para que sean de Perú Libre. Además, también apoyamos a cierto equipo de avanzada en ciertos viajes que se realizaron.

¿La designación de Héctor Valer, quien inicialmente era congresista de Renovación Popular no le hace pensar que el presidente se ha desviado de su objetivo de representar al pueblo?

Eso demuestra los pininos políticos del señor López Aliaga. Mientras muchos piensan que la organización política de Perú Libre se va a dividir, es todo lo contrario. La ultraderecha, la oposición está cada vez más diluida y desfortalecida.

 

 

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Antauro Humala
Por Cristian Rebosio

El presidente Castillo fue muy criticado esta semana por decir que no estaba preparado para ser presidente. ¿Usted está preparado para ser alcalde de Lima?

Primero, el presidente en su humildad ha señalado eso. Yo considero que soy un buen vecino y, como tal, me considero idóneo y preparado para asumir el reto. Soy un hombre con una trayectoria política amplia. Considero que la Municipalidad de Lima necesita un liderazgo importante.

¿Se siente identificado con el ideario de Perú Libre?

Obviamente tengo simpatía por el ideario. Incluso fui parte del congreso que votó por este ideario, al igual que muchos compañeros que hoy discrepan de él pero votaron a favor. Soy un hombre de izquierda, socialista.

La derecha considera a Lima como el bastión de la oposición, ¿cómo afrontará la campaña en un sector tan hostil?

Eso es lo que dicen las encuestas, las que decían que el profesor Castillo no iba a pasar ni la valla. No les creímos a las encuestas cuando decían eso y no les pensamos creer ahora. 

¿No cree en las encuestas que ubican a Rafael López Aliaga en primer lugar?

Seguramente es así porque es lo único que las encuestadoras le ponen en el tapete a la gente. A la gente nadie le ha propuesto mi candidatura todavía y en muchos lugares no me conocen. Ellos [las encuestadoras] están tratando de direccionar el voto hacía los mismos de siempre. Hablamos siempre de renovación política, pero siempre que sale un nombre nuevo nadie le quiere abrir la puerta. 

Tiene registradas visitas a Palacio de Gobierno y tengo entendido que es profesor del hijo mayor del presidente Castillo. ¿Se considera cercano al presidente?

He sido parte del comando de campaña y viajé con él durante la primera vuelta. Y sí, podríamos decir que somos cercanos. Le he dado algunas clases a su hijo porque he sido profesor en academias.

Fue el encargado de comunicaciones durante la campaña de Pedro Castillo, ¿qué opinión tiene de las recientes entrevistas que dio el mandatario?

El presidente tiene su manera de expresarse y se le respeta.

Como militante, ¿está de acuerdo con que el presidente se limite a decir que el pueblo debe decidir y no brinde una opinión propia?

Todo mundo es dueño de sus silencios.

Usted ha conducido un programa en Radio Latina llamado “Palabra de maestro” y actualmente conduce los espacios “Yuri Castro Presenta” en Sumac TV y “Plaza Libre” en Nacional TV. Un informe de RPP los incluyó como los medios de militantes que promueven temas del gobierno. ¿Estos programas eran financiados por el partido?

No. Estos programas fueron espacios que, por un tema de rating, nos cedió Radio Latina al sufrir la pérdida de uno de sus conductores. Nos cedió el horario y nosotros éramos un programa con muchísimo rating y eso le interesaba a la radio.

¿La consigna era hacer un programa favorable a Pedro Castillo?

Era sumamente favorable [se refiere a ‘Palabra de maestro’, transmitido durante la campaña electoral]. El programa lo inauguramos con el profesor Pedro Castillo .

¿Entonces era un programa partidario?

No, porque no era del partido. Era un programa de campaña, si lo quieres mencionar de alguna manera. Así como el señor Belmont tuvo su programa en otra radio y los que tenían la posibilidad económica alquilaban sus programas, los que no teníamos dependíamos del préstamo de las frecuencias.

Si me dice que era un programa de campaña, ¿era respaldado por alguien que financiaba la campaña de Pedro Castillo o al partido?

No, no digas cosas que no he dicho. Lo que he dicho es que ese espacio lo cedió voluntariamente Radio Latina para hablar con el profesor Castillo y por eso se llamaba “Palabra de Maestro”. No era un programa ni financiado por el profesor ni por el partido ni por mí.

Usted formó parte del equipo de Ricardo Belmont en las últimas elecciones municipales, cuya candidatura fue muy criticada por su postura contra los inmigrantes venezolanos. ¿Considera que la inmigración es un problema para Lima?

Creo que todos lo hemos visto. Cuando tienes una casa con una cantidad determinada de habitaciones, esa casa tiene un límite para una vida adecuada y, si le metes más gente, los baños colapsan. Si tienes una ciudad planificada, aunque Lima nunca lo fue, si aumentas la cantidad de gente vas a generar mayor necesidad de servicios que antes tampoco eran suficientes. En esa época los hospitales ya estaban colapsados. Si le sumas más gente, va a estar más colapsado. Es lógica pura.

¿Cuál sería su propuesta para los problemas del transporte en Lima?

Lastimosamente, el tema ya no lo ve la Municipalidad de Lima sino la ATU. Entonces, la autoridad autónoma lo que tiene que hacer es coordinar y sentarse con el alcalde de Lima para lograr una política general. El alcalde tiene que ser un líder de la ciudadanía y tiene que sentarse con todas las autoridades necesarias para darle un buen servicio al ciudadano.

¿En Perú libre han abordado el tema seguridad ciudadana para Lima?

Sí. Va a pasar por tres aristas fundamentales. Lo que va a proponer la municipalidad, lo que podemos concertar con el Ministerio del Interior y lo que podamos acordar con la participación ciudadana. Tenemos que estar unidos para solucionar el problema de la seguridad.

¿No sería necesaria una reforma de las fuerzas del orden antes de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, como se pretende?

El tema va a pasar por el acuerdo que lleguen ellos [los de las Fuerzas Armadas] con el Ministerio del Interior y el gobierno central. La municipalidad tendrá que coordinar de acuerdo a lo que se presente.

¿Pero como precandidato no tiene una opinión al respecto?

El alcalde de Lima tendrá que ejecutar en base a lo que haya. Si las Fuerzas Armadas participan, las integraremos dentro del plan.

¿Estaría dispuesto a convocar a otras izquierdas para que lo apoyen en las elecciones municipales?

Llegado el momento, si gano las elecciones internas en mi partido, claro que sí. Las puertas siempre van a estar abiertas y no solamente para la gente de izquierda. El profesor Castillo no solo ha ganado por la gente de izquierda, sino también por la gente de bien cansada del fujimontesinismo y el fujiaprismo. Hay mucha gente que no es de izquierda, pero es de bien y quiere trabajar por el país. Por qué no abrirles la puerta a todos.

Pero hay personas de la agrupación de Verónika Mendoza, como es el caso de Pedro Francke, que han colaborado con el gobierno de Pedro Castillo y han sido duramente criticados por Perú Libre. ¿Usted los convocaría?

Claro. Yo nunca he tenido ningún problema con Nuevo Perú ni con Verónika Mendoza. 

Esta última semana anunció que se convocaba a una manifestación por el derrame de petróleo, ¿cuáles son las exigencias que presentan?

El día 31 estamos convocando a una marcha nacional. Van a venir delegaciones de distintos puntos del país para manifestar nuestro rechazo a este ecocidio realizado por la empresa Repsol sobre el que vamos descubriendo por cuentagotas la información. El actuar de esta empresa es lamentable. La manifestación no solo busca condenar a esta empresa, sino que se replanteen los contratos para que esto no vuelva a suceder y vamos a continuar con la plataforma de una nueva Constitución.

Como precandidato para la alcaldía de Lima, ¿cuál debe ser el rol del alcalde en esta situación?

En realidad, el alcalde de Lima es el líder de la población limeña y hay distritos que están siendo afectados. Debería estar junto al equipo de trabajo para mitigar este daño, porque la empresa no está haciendo mucho y el Estado se está encargando de todo.

Según una investigación de Caretas, usted es cercano a Arturo Cárdenas, contra quien se dictó 36 meses de prisión preventiva por el caso Dinámicos del Centro. ¿Considera que esto es injusto?

No tengo esa información. Yo solo puedo decir que Arturo Cárdenas ha sido secretario de organización nacional del partido y yo, como militante, he tenido la misma cercanía a él que cualquier otra persona que milita en el partido. No somos amigos, no conozco su casa. Si habremos almorzado alguna vez será por un tema netamente partidario. No soy cercano. Para ser cercano tiene que ser mi amigo. ¿Cuál sería mi cercanía con él? Por ideología política, seguramente que sí. No conozco el caso a la perfección ni he leído el expediente. Creo que todavía sigue en investigación. Hay que dejar que la justicia haga las investigaciones.

¿Vladimir Cerrón y Perú Libre son perseguidos políticos?

En el caso del doctor Vladimir, sí considero que ha habido una sentencia judicial arbitraria. Soy conocedor del derecho y he leído la sentencia en segunda instancia en la cual el doctor Carvo Castro, quien era presidente de la sala de la región Junín en la cual se dio la sentencia, señala que no había las razones necesarias o suficientes para poderlo condenar.

¿Cómo habría una persecución política, si gobierna el partido que dirige Cerrón?

El tema es que los periodistas malinterpretan el término persecución política. Creen que porque el presidente es de izquierda la persecución política acaba. Señores, la persecución política pasa por un tema netamente ideológico y nadie en su sano juicio me va a decir que el presidente Castillo maneja el Poder Judicial. Hay persecución por un tema político e ideológico, no por quien esté sentado en Palacio de Gobierno. Como se ha dicho en varias ocasiones, el profesor Pedro Castillo tendrá el gobierno, pero todavía no tiene el poder.

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Alcaldía de Lima, Perú Libre

 

Por Alba Ñaupas y Julio Rospigliosi

 

“¡Avancen, carajo!”, gritó el hombre después de lanzar un disparo al aire con un arma de largo alcance. Estaba montado en la tolva de una camioneta de la empresa RVR Agro, dueña del fundo Luzmila, en Ica. Al frente tenía a un centenar de obreros agrícolas que habían bloqueado una trocha de ingreso a la finca como protesta por las precarias condiciones en las que trabajan.

El hombre de pelo canoso fue identificado por el Frente de Trabajadores Agrícolas de Ica (Frentagri) como Carlos Manuel Villacorta Pineda, el gerente de RVR Agro. Así lo dice a Sudaca Julio Carbajal, presidente de ese gremio. Y los datos del empresario en el Reniec no lo dejan mentir. 

En los videos se observa que, mientras los trabajadores desarmados pedían a Villacorta no disparar, el hombre seguía amenazándolos con su arma. “Sin armamento, por favor. Nosotros no somos animales”, gritó una de las mujeres que grabó el hecho. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) está investigando, pero todavía no emite informe sobre lo sucedido.

villacorta gamonal
Carlos Villacorta Pinedo, identificado como el hombre que salió a amedrentar a los trabajadores con un arma.

 

LAS DEMANDAS

Según un reporte policial al que Sudaca accedió, las protestas empezaron la mañana del lunes 17. Fue el mismo Villacorta Pineda quien llamó a la comisaría local para pedir apoyo. Pero cuando los efectivos policiales se acercaron, a las 8:30 am, la entrada del fundo Luzmila estaba bloqueada con cables, palos y cilindros.

Quienes impedían el paso eran alrededor de 100 trabajadores que reclamaban -entre otros- por la “alimentación de baja calidad que reciben”. Los obreros también denunciaron que los obligan a realizar labores de limpieza sin recibir pago alguno. En los videos se puede escuchar a uno de los manifestantes explicándole a la Policía que los tenían “una hora, dos horas ahí atrapados, limpiando, y no nos pagan nada”.

Marco Vacilo López, extrabajador de la empresa agrícola y sindicalista del Frentagri, cuenta a Sudaca que, cuando él estuvo en Luzmila hace dos años, la comida era “como para chancho” y ni siquiera les daban agua.

Otras demandas de los obreros son que les aumenten el pago por cada jaba de uva que completan y mayor salubridad en los baños. La precariedad de las condiciones laborales que deben aguantar los trabajadores en la compañía de Villacorta ya había sido registrada por inspectores de Sunafil en años anteriores, como veremos más adelante. 

Aquel lunes 17, luego de un diálogo con los manifestantes, los efectivos lograron que se les permitiera el ingreso. Dice el documento de la Policía que se dirigieron al área de recursos humanos, y tuvieron una reunión con representantes de los trabajadores y de la empresa. Ambas partes, según los agentes, llegaron a un acuerdo “mediante un diálogo calmado”.

Carlos Villacorta Rath
Carlos Villacorta Rath (34), hijo del dueño. Estuvo en la hacienda al momento de las amenazas.

Sin embargo, de la amenaza que quedó grabada en varios videos, los cuales se viralizaron en redes sociales, no se dejó constancia en el reporte policial.  “¡Los que no quieren trabajar, se pueden ir por la puerta!”, repetía Carlos Villacorta Pinedo, escopeta en mano. Además, en uno de los videos se ve que, al costado del gerente de RVR Agro, otro hombre de polo negro también porta un arma.

De acuerdo al presidente del Frentagri. Julio Carbajal, ese segundo hombre sería familiar de Villacorta. Los apoderados de la empresa agrícola son Carlos Villacorta Rath y Rosa Villacorta Rath, hijos de Villacorta Pinedo. El primero es, según el acta policial, gerente de planta en el fundo Luzmila.

Carbajal detalla que los hechos violentos ocurrieron aproximadamente a las 10 de la mañana. Según el parte policial, los agentes se retiraron al menos una hora y media después. ¿Por qué omitieron las amenazas del dueño del fundo? Pedimos insistentemente una entrevista con el jefe policial de Ica, el General Adolfo Valverde Arcos, pero el área de prensa de la institución no quiso que le hagamos preguntas.

Russell Nina, secretario de juventudes de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), considera que el parte policial “es inconsistente porque es evidente que hay diferentes tomas, en diferentes ángulos, de que los dueños del fundo estaban con armas de largo alcance. Es cuestionable que la policía no haya consignado dentro del acta policial ese incidente”.

parte policial
El parte policial de los hechos omite las amenazas del pistolero.

 

HISTORIAL DE ABUSOS Y DEUDAS

La reciente actuación de Villacorta Pinedo no debería sorprender. De acuerdo a varios partes policiales que Sudaca revisó, el sujeto tiene un arsenal de armas, entre pistolas y escopetas. Del 2013 al 2017, por ejemplo, denunció la pérdida de seis licencias para portar estas. Todas se perdieron, coincidentemente, cuando Villacorta se encontraba “transitando en la calle”. Además, el 2014 denunció que le robaron dos escopetas. 

El descuidado empresario tampoco es muy diligente con sus cuentas. Y es que Wet Field EIRL, otra de sus empresas, ha registrado deudas en cobranza coactiva con el Tesoro público que suman S/297.414, correspondientes al 2003 y 2007, de acuerdo a la Sunat. 

Sudaca se comunicó con Villacorta Pinedo para preguntarle por su versión, pero este solo se limitó a decir “que la policía ya está haciendo las investigaciones” y luego colgó la llamada. Le dejamos un cuestionario de preguntas por mensajes de WhatsApp, pero al cierre de este informe no respondió.

Lo que sí se evidencia en el registro policial es la parsimonia de la Sunafil. Los efectivos se comunicaron con esta entidad solicitando su presencia en el lugar, pero hasta las 11:30 am, dice el documento de la PNP, los fiscalizadores no habían llegado al fundo. 

Esta no es la primera vez que la empresa de Villacorta es acusada de maltrato laboral. En agosto del año pasado, alertados por la denuncia de un obrero, inspectores de Sunafil se hicieron pasar como trabajadores para ingresar a Luzmila. En esa ocasión, pudieron comprobar que no se cumplían los protocolos para prevenir los contagios de Covid-19 y que se ponía en riesgo la vida de los trabajadores.

wet field
La deuda registrada en la Sunat de otra de las empresas de Villacorta: S/297.414.

La inspección concluyó con la paralización de las actividades dentro del fundo, porque se constató que se ponía “en riesgo grave e inminente la vida de once trabajadores agrarios, quienes pudieron sufrir accidentes o incluso perder la vida, mientras desarrollaban sus labores cotidianas”. Ejemplo de ello es que los obreros “podían quedar atrapados en la faja del equipo de la compresora” o hasta “perder la vida por ahogamiento”. 

Otro de los abusos que observaron es que se le pedía a los empleados que se retiren si no cumplían las metas fijadas, pero no se les daba movilidad para que regresen a Ica. Incluso, les retenían sus documentos hasta la hora de salida. “Si te pedían que te vayas, tenías que ir caminando 30 o 40 minutos hasta la Panamericana y recién ahí tomabas un colectivo hasta el centro”, explica a Sudaca el extrabajador Marco Vacilo, que estuvo por aquellas fechas en el fundo. 

También se evidenció la falta de un comedor. “[Los inspectores] comprobaron que la empresa no tiene acondicionado un comedor, pues [los obreros] ingieren sus alimentos en el campo, de forma inadecuada”, se lee en la nota de prensa de la Sunafil.

La superintendencia ya había puesto una multa de S/30.052 a la empresa en marzo de aquel 2021. En los últimos dos años, el fundo Luzmila fue fiscalizado 25 veces, según información de la Sunafil. De este total, siete inspecciones concluyeron con sendas actas de infracción y 12 en informes. “Un acta de infracción es lo que da inicio a un posterior procedimiento sancionador donde eventualmente se aplica una multa, es un indicio de que se han detectado infracciones”, explica a Sudaca Christian Sánchez, exministro de Trabajo.

Consultamos con el área de prensa de la Sunafil sobre las multas y sanciones contra el fundo Luzmila, pero hasta el cierre de este informe no respondieron. Luego de que los videos de Villacorta con su arma se hicieran virales, emitieron una nota de prensa. Allí informan que están fiscalizando al fundo Luzmila por “presunta vulneración a la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”.

Lo que se está inspeccionando son las “condiciones de seguridad, identificación de peligros y evaluación de riesgos, equipos de protección personal, registro de trabajadores en la planilla, incumplimiento de jornadas y horarios de trabajo”. Hasta el momento no se ha emitido un informe sobre los resultados de dicha inspección.

Diversos gremios e instituciones ya se han pronunciado rechazando los actos de violencia, abuso y amedrentamiento de parte de RVR Agro. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica pidió que estas acciones sean investigadas por las autoridades y recalcó que el fundo Luzmila no es parte de las 28 empresas agroexportadoras afiliadas a la Cámara.

“Todas estas empresas son miembros del Comité de Derechos Humanos, donde son unos convencidos de que la única manera en que se puede solucionar los problemas entre el trabajador y el empleador es mediante una mesa de diálogo”, explica Eduardo Ojeda Dávila, presidente de la Cámara. 

El miércoles 19 la ministra de trabajo Betssy Chávez y el superintendente de Sunafil, Jesús Baldeón, se reunieron con los representantes del Frentagri y la CTP. Una de las medidas que adoptaron fue que el Ministerio del Interior realice una inspección adecuada. También se pidieron más inspectores de Sunafil.

“Si es que el Ejecutivo no actúa de manera objetiva, nosotros como CTP [coordinadora sindical a la que está afiliado Frentagri] vamos a presentar una denuncia a la Fiscalía con todas las evidencias [se refiere a los videos], porque tampoco podemos permitir que un empresario actúe de esa manera en pleno siglo XXI”, concluye Russell Nina, secretario de juventudes de la CTP. Y es cierto: el gamonalismo tendría que haberse erradicado hace 50 años.

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Abuso laboral, carlos villacorta, fundo luzmila, Sunafil
Por Cristian Rebosio

El presidente Pedro Castillo recién se acercó a la playa de Ventanilla el jueves y Repsol se pronunció el miércoles, ¿cuándo advierten ustedes que ocurrió el derrame?

Nosotros, como federación, nos enteramos el mismo día por los pescadores que venían regresando de su jornada de trabajo.

¿Alguna autoridad se acercó para ayudarlos o advertirles de los peligros del derramamiento de petróleo?

Más bien fuimos nosotros los que hemos avisado al OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), que no se ha tomado la molestia de responder. Le hemos enviado otro comunicado advirtiendo lo que está sucediendo ahora, para que no se siga insultando a la inteligencia del pescador artesanal ofreciendo canastas y trabajo para realizar la limpieza del desastre. Parece que en Repsol, además de no tener una alternativa para asumir sus responsabilidades, desconocen que los hidrocarburos son altamente tóxicos y el pescador nunca fue entrenado para su manipulación. Por lo tanto, en vez de generar una solución, estarían ocasionando mayores problemas.

¿La posibilidad de ser contratados por Repsol para limpiar el petróleo derramado no es del interés de los pescadores?

El trabajo más difícil que hemos enfrentado en plena pandemia ha sido que el pescador haya tenido que salir al mar sin una protección de parte del Ministerio de la Producción ni del gobierno. Si tenemos que ir a trabajar no le corremos al trabajo, pero estamos hablando de hidrocarburos que son altamente contaminantes. La correcta manipulación es para aquel que fue entrenado y no es nuestro caso. Esta empresa, si no sabe administrar estos recursos altamente tóxicos en aguas peruanas, debe retirarse no sin antes cumplir con lo que la ley exige. Repsol debe estar pensando en cómo asumir no solo el 100% de lo que está pasando con la parte superficial del mar, sino con las aguas medias, el fondo marino y la destrucción de todo el ecosistema. 

Tras el derrame de petróleo, ¿observaron que Repsol desplegara algún tipo de plan de contingencia?

Más rápido hemos reaccionado nosotros. Mientras ellos estaban pensando que iban a solucionarlo con una o dos embarcaciones pequeñas, nosotros estábamos pensando en una solución macro a todo esto. Pero se ha podido ver que poco o nada les está interesando. No hay una real intención de darle solución a esto.

La primera ministra, Mirtha Vásquez, y algunos congresistas se han reunido con representantes de Repsol, ¿los pescadores han tenido representación en estas reuniones?

Parece ser que a los señores de Repsol lo que les interesa es la gente que tiene carro, terno y corbata. Pero no hay ningún problema. Los hermanos pescadores también usamos terno y, si no lo tenemos, lo podemos alquilar. Y si no tenemos carro, tomamos un taxi. Nosotros estamos buscando que Repsol demuestre que es una empresa responsable. Está bien si no ha tenido alternativas de soluciones, pero de aquí en adelante tiene que remediar. Más de uno está pensando que esto va a pasar en cinco o seis meses. Nosotros no somos técnicos, pero hemos podido ver, con tanta experiencia en el mar, que este hidrocarburo ya se mezcló con el agua. Quién va a mejorar nuestro fondo marino y decir a nuestras especies que retornen. Han destruido nuestra única fuente de trabajo. Esto nos lleva a que desembarcaderos como el de Ancón estén cerrando y va a generar más hambre del que ya tenemos. 

¿No han podido tener reuniones con Repsol para manifestar estas preocupaciones?

Si Repsol tuviera bien puesta la camiseta de la bandera peruana, ya debería haberlo hecho [convocarlos a una reunión]. 

¿Han podido dialogar con representantes del gobierno?

Hemos conversado con el presidente de la Comisión de Producción, Bernardo Quito (Perú Libre). También nos ha llamado el congresista Abel Reyes (Perú Libre) de la Comisión de Inclusión Social. Mañana, como federación, nos estaremos apersonando a Ancón a las ocho de la mañana para una convocatoria [a una reunión] en esa caleta histórica y hacer respetar nuestros derechos.

¿Cuál sería una compensación aceptable para los pescadores?

Deben resarcir económicamente a los pescadores. Independientemente que deben asumir las responsabilidades al 100% de la catástrofe que han generado, deberían participar [se refiere a que deberían buscar soluciones] directamente con los pescadores que están en la zona de influencia para resarcir esta problemática. En Chancay también advirtieron que van a cerrar ese embarcadero.

¿Está conforme con el papel del gobierno actual en este desastre ecológico?

El gobierno ha dictado una medida de emergencia. Si hubiera estado el señor Alan García o Alberto Fujimori, llegaban a la prensa, hablaban de crisis y luego aplausos. Creo que el presidente Castillo, al haber firmado el decreto de urgencia ambiental, merece el mismo respeto.

¿Siente que se ha intentado blindar a Repsol?

Hasta ahora, por lo que he visto en televisión, no se da la misma importancia que a otros temas. Tengo la impresión que, si esto le hubiera sucedido a Petroperú, le hubieran dado duro día y noche. Pero ha sido Repsol y hay que darle, pero no tanto. Ahí hay un blindaje.

La federación que usted representa le envió una carta a la primera ministra, Mirtha Vásquez, pidiendo declarar en emergencia la pesca artesanal en la zona afectada, ¿recibieron alguna respuesta?

Sinceramente, no.

Muchos pescadores han visto perjudicada su actividad económica, ¿están evaluando la posibilidad de demandar a Repsol?

Sí. Nosotros, como federación, lo estamos evaluando y también las mismas organizaciones. Pero, en caso los hermanos no pudieran hacerlo, estamos coordinando con técnicos y profesionales para poder hacer la denuncia que corresponde.

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Por Julio Rospigliosi y Alessandro Azurín

La carrera política de César Combina ha estado marcada por un verbo: abandonar. Forzadamente, a veces, como cuando lo ‘desfederaron’ en la PUCP; o por voluntad propia, como la vez que dejó el proyecto de APP con el que se pensaba que llegaría a ser gobernador regional. “No hay un caso como el de César Combina, por el que se haga tanto trabajo para que después termine en otro lugar”, dice José Miguel Álvarez, quien fue parte de esa última aventura en Junín.

Su paso por la política se caracteriza por el cambio de camisetas a granel: primero fue el PPC, luego el fujimorismo y más tarde un movimiento regional que llevaba su apellido. El 2020 llegó al Parlamento con Alianza para el Progreso (APP) y ahora ha vuelto a recalar en tienda naranja. A todo eso habría que agregarle la fundación de un partido de derecha en su época estudiantil y, según documentos y testigos, su incursión en un movimiento universitario llamado Falange Reformista.

Para este perfil Sudaca entrevistó a excompañeros y rivales políticos de Combina, quienes en los últimos 19 años han sido testigos de ese sistemático tránsito entre agrupaciones, de las que casi siempre sale peleado. El hoy precandidato de Fuerza Popular para Lima Metropolitana también responde.

 

LA VERDAD DE LA RENUNCIA

Combina ha dicho recientemente que la primera vez que dejó el fujimorismo lo hizo por su rechazo a Joaquín Ramírez. “Yo fui uno de los más duros que se enfrentó a él [Ramírez] a la interna y, por lo tanto, tomé la decisión de no afiliarme a Fuerza Popular, pese a la invitación de esta agrupación”, declaró sobre su salida de Fuerza Popular de hace 7 años. Había llegado como invitado. En esa época, Ramírez, embarrado por investigaciones fiscales y periodísticas, era secretario general del partido.

Los archivos y los testimonios apuntan, sin embargo, en otra dirección: Combina era mal visto por varios dirigentes fujimoristas de Junín. “Lo conocían apenas en la selva de esa región, donde tiene una casa, pero no en la capital, Huancayo”, cuenta César Merea, exalcalde fujimorista de la provincia de Satipo. “Él no vivía en Junín, venía esporádicamente”, aclara José Miguel Álvarez, actual consejero regional. 

Cuando César Combina llegó allí, en el 2014, faltaba poco para las elecciones municipales. Él era la ficha para ganar el cargo de gobernador, pero quedó cuarto. “Nosotros teníamos un candidato regional y, de la noche a la mañana, el comité ejecutivo decidió que el señor Combina sea quien vaya a la gobernación. Hasta cierto punto lo veíamos con desconfianza y una actitud que yo no compartí”, dice Merea.

Luego de los comicios, quedó como coordinador regional del partido. Pero no pasó mucho tiempo para que su relación con los militantes se rompiera definitivamente. El 19 de junio del 2015, el diario ‘Primicia’ sacó una nota titulada “César Combina llamó ‘regordeta y retardada’ a Keiko Fujimori”. La nota decía: “Indignación se vive en un sector del fujimorismo en Junín tras conocerse que el excandidato a la presidencia regional calificó de regordeta y retardada a Keiko Fujimori, además de otros calificativos y cuestionamientos que aparecieron publicados en su blog de internet ‘La Combi de Combina’”.

nota primicia
Nota del diario Primicia del 2015, que da cuenta de las acusaciones contra César Combina de parte de un sector del fujimorismo.

“Se puede leer por ejemplo: ‘¿por qué no a la regordeta? Pues porque no está preparada y la gente que la acompaña es de la peor calaña. Imaginen a una retardada de presidente, que lo único que sabe decir es besho abasho, con un séquito de chupasangres’”, reseña el informe periodístico.

La nota cita también a Augusto Lara Pérez, entonces secretario del comité provincial de FP en Huancayo, quien detalló que los calificativos fueron publicados seis años antes, en el 2009. Dijo que la verdadera intención de Combina era “infiltrarse en el fujimorismo para promover la división y el caos partidario”.

El blog había nacido en medio de una crispada situación al interior de la Universidad Católica (PUCP), donde César Combina hizo sus pininos políticos. Y un excompañero de aulas, cuya identidad mantendremos en reserva, comenta acerca del antifujimorismo de Combina como estudiante. “Cuando inició su carrera política, tenía una postura bastante crítica al fujimorismo, lo que era natural en la universidad. Además, en esa época militaba en el PPC, que por aquellos años confrontaba al fujimorismo”, cuenta.

César Combina niega haberse referido a su lideresa en esos términos y dice que nunca se identificó como “antifujimorista”. La nota periodística ocasionó, de todos modos, que los secretarios provinciales exijan la inmediata destitución de Combina como coordinador regional.

Esa semana de junio del 2015, Correo informó de una carta firmada por el secretario provincial de Chanchamayo, Marino Aroni Calderón. “Respaldan la solicitud 5.289 firmas recolectadas en Chanchamayo. Según el documento Combina viene ‘fomentando el divisionismo y la anarquía conformando coordinaciones provinciales y distritales paralelas a las ya existentes’”, se lee en la nota del diario.

César Combina dice que detrás de aquellos esfuerzos por castigarlo estaba Joaquín Ramírez. “Las pugnas empiezan con un sector de la región Junín vinculado a Joaquín Ramírez y Alas Peruanas, que funcionaba en Huancayo. Pensaban que yo iba a ser precandidato al Congreso. Pero yo había decidido no lanzarme para permitir que los dirigentes participen en ese proceso”, se defiende Combina.

“Aroni, que era gerente municipal de Chanchamayo, presentó firmas. Pero los firmantes no eran representantes de Fuerza Popular, era un padrón de beneficiarios de la municipalidad [donde Aroni trabajaba]”, añade.

En agosto, la cúpula fujimorista le bajó el dedo y lo removió de su cargo de coordinador. Sin protagonismo y enfrascado en peleas internas, un mes después Combina anunció que no seguiría el partido. Dijo que Joaquín Ramírez había “empoderado a personajes nefastos en cargos dirigenciales en Junín”.

-¿No sabía que ya, desde el 2014, la Procuraduría tenía en la mira a Joaquín Ramírez?- le preguntamos.

-Yo acepté [ser invitado a FP] porque en la provincia de Chanchamayo, mi provincia, tres alcaldes eran de Fuerza Popular. Fueron ellos los que me invitaron. Durante toda la campaña [del 2014 al gobierno regional] no tuve contacto con Joaquín Ramírez. Sí lo tuvo el candidato de Pasco, por ejemplo.

-Pero usted no necesitaba mayor contacto para saber que Joaquín Ramírez era de la cúpula de Fujimori.

-Sí, pero no tenía mayor información sobre él. Fue recién el 2015, cuando fui coordinador, que empecé a tener reuniones orgánicas y tuvimos roces con él sobre su visión.

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Combina le echa la culpa a Joaquín Ramírez de los pedidos para que lo destituyan. (Foto: Congreso de la República)

 

LA COMBI Y LA FALANGE

La carrera política de César Combina empezó el 2006 en la PUCP, cuando asumió la presidencia del Centro Federado de la Facultad de Letras. Iba a Antropología, estaba becado y era militante del Partido Popular Cristiano (PPC), que aquel año lanzaba como candidata presidencial a Lourdes Flores.

Quienes lo recuerdan, señalan que se ausentó de las labores del cargo por su compromiso con el partido. Entonces, fue removido por su propia mesa directiva.

En el 2007, fundó -junto a un grupo de amigos, algunos de las filas del PPC-, Unión Estudiantil (UNES), un movimiento de derecha que aún existe en la universidad. Aquel año llegó a ser Representante Estudiantil ante la Asamblea Universitaria (REA), cargo que le permite al alumnado tener voz en la máxima instancia de gobierno de la casa de estudios.

De la REA, sus opositores recuerdan a un Combina también ausente. “Ahí tu única obligación es ir a la asamblea. Yo me maté yendo un año ahí, pero él desapareció por completo. A mitad del mandato, se va de intercambio a otro país y entonces, es el segundo cargo sobre el que podría decirse que sale ‘vacado’. Primero ocurrió en Letras”, cuenta Ricardo Sifuentes, que también fue miembro de la REA. Los excompañeros de Combina en UNES, en cambio, dicen que la presión de otros grupos les impedía participar de las comisiones activamente.

De UNES, sin embargo, Combina también se alejó tras discrepancias internas. Cuando en 2009 quiso lanzarse a la presidencia de la Federación de Estudiantes (Fepuc), sus compañeros de partido se manifestaron en contra. “No era el momento y queríamos concentrarnos en otras cosas. Además, ya había diferencias sobre su forma de hacer campaña. Él tenía un estilo mucho más populista, que apelaba a la imagen de las personas más que a las protestas”, recuerda uno de ellos sobre su salida.

Combina se lanzó con una lista de “independientes”, pero perdió. Luego se dedicó a lanzar ácidas críticas a la gestión ganadora. En medio del boom de los blogs, el entonces militante del PPC tenía el que ya hemos mencionado: La Combi de Combina. “El sacó su blog y nos insultaba. Dos, tres veces a la semana. Inventaba mil situaciones estúpidas y así fue durante un año”, dice Sifuentes, quien le ganó las elecciones a la Fepuc.

Sus ataques llegaron demasiado lejos y eso le costó la expulsión del gremio estudiantil. Combina realizó falsas acusaciones sobre el proceso electoral que venía preparando la universidad a fines del 2009 y fue ‘desfederado’. “La Fepuc quiere más delegados allegados para copar la Asamblea y bloquear denuncias, acusaciones y censuras. Todo un verdadero mecanismo de defensa, al fiel estilo fujimontesinista”, escribió en su blog. Hoy no tiene problemas en posar junto a Keiko.

Combina nunca se retractó, como él mismo confirma a Sudaca. “Mi proceso de ‘desfederación’ [que le impidió asumir más cargos de gremio estudiantil] se da justamente por posiciones que tuve contra el copamiento que desarrolló el ala que luego se convirtió en Fuerza Social, de Susana Villarán”, asegura.

En medio del proceso disciplinario, su nombre apareció en una lista para la Fepuc llamada Falange Reformista Universitaria, un término que hace referencia al partido fascista español que mantuvo en el poder Francisco Franco (RAE dixit). De acuerdo al portal La Mula, en el Facebook de esta agrupación se incluían mensajes como “¡Brazo en Alto Falangistas! ¡Por una PUCP sin rojos!», «¡Camaradas, a quemar la San Marcos, el mejor comunista es el que está boca abajo!”, entre otras.

Combina niega su afiliación a Falange Reformista y dice que “fue una creación difamatoria”. “Prueba de ello es que no tenemos un certificado de inscripción. Esta es una situación que yo aguanté muchos años, una situación bastante cruel que revive cada vez que me lanzo [a algún cargo]”, agrega.

Pero Sudaca habló con dos miembros de aquella lista, quienes recuerdan el rótulo de Falange Reformista. De hecho, el arquitecto Andrés Rieckhof, amigo universitario de Combina, envió ese año una carta a la Fepuc indicando que lo habían colocado sin su autorización.

“En ese momento César era mi amigo. Era muy payasín, muy risueño, todo lo tomaba a broma, pero [la inclusión en Falange] no era así. Yo le dije que no pertenecería y que no podía estar en algo que probablemente podía explotar a la larga”, explica Rieckhof a Sudaca.

Otro examigo de Combina que integró la lista admite el nombre, pero lo matiza: “La postulación era un bluf, no era seria, nunca tuvo intención de postular realmente”. Falange Reformista no llegó a participar de los comicios. 

Entre dimes y diretes, Combina terminó la universidad en el 2010. Ese año, se postuló como regidor por Lima en la lista de Lourdes Flores. Compañeros de esa época dicen que el partido no le abrió más espacios de representación, por lo que empezó a saltar de bando en bando.

pruebas falange
Izquierda: En la lista de Falange Reformista Universitaria aparece el nombre de César Combina como «Presidente». Derecha: el pedido de uno de los integrantes de esa lista para que lo retiren de ahí, porque no dio su autorización. Esta persona corroboró la veracidad del documento.

 

DESLEALTADES EN JUNÍN

Luego de su paso por la universidad y de dejar su militancia en el PPC, César Combina se concentró en Junín, donde tiene familia. Encontró en el fujimorismo, al que había criticado en sus años universitarios, una vitrina importante. Y, como hemos visto, salió de ahí en medio de acusaciones de ida y vuelta el 2015. Dos años después, fundó un movimiento personalista. El nombre: ‘Combina Junín’.

Para las elecciones regionales del 2018, movimientos incipientes como el suyo debían buscar aliados. “Ese año se acerca el joven César Combina, cuyo movimiento estaba en proceso de formación. Como era joven, podía ser un buen político, una buena promesa. Así que él fue parte de Caminamos Juntos [el partido por el que postuló el 2018]”, cuenta Dimas Aliaga, quien ese año postuló a la provincia de Huancayo con el mismo partido.

Aliaga no tiene el mejor recuerdo de Combina, que encabezó la lista al gobierno regional. “Le diré que se portó extremadamente mal. Muy mal a pesar de que lo invitamos. Por ejemplo, él puso de candidatos a consejeros y al vicegobernador a su antojo, lo que no representaba el consenso del partido”, apunta.

Combina replica: “Deberían ser un poco más agradecidos con nuestro movimiento, que nos sumamos, que lo reflotamos. Yo pagué todos los gastos de ese reflote y me da pena recibir este tipo de maltratos a cambio”

Combina logró el segundo lugar, por debajo de Perú Libre. Consiguieron, además, meter a tres consejeros que siguen hasta hoy. Uno de ellos es José Miguel Álvarez, quien tampoco tiene un grato recuerdo del hoy nuevamente fujimorista.

José Miguel Álvarez (izquierda) y Dimas Aliaga. Ambos tienen pésimos recuerdos de Combina en las alianzas que hicieron con él.

“Había buenas referencias, todo indicaba que el próximo gobernador sería él”, cuenta Álvarez, que el año 2020 pasó a inscribirse en APP, ya con miras a las elecciones del 2022. Combina también se pasó al bando de los Acuña, como invitado. “El objetivo de la alianza con APP era tener la oportunidad de postular y no depender de movimientos regionales, porque siempre había problemas ahí. La intención era que Combina aguardase a postular a la región”, cuenta Álvarez.

Pero Combina se mandó por la libre. “Cuando salió [vacado] Vizcarra, le dijimos que no postulara, porque eso iba a ser un gran error e iba a poner en peligro su candidatura regional”, asegura Álvarez. Combina no escuchó. “Vimos que no tenía intención de retornar, que quería quedarse en Lima. Parece que Junín solo era una pantalla, un trampolín. La gente que lo acompañó siente que los ha utilizado como vitrina”, agrega Álvarez.

Combina niega que haya habido un acuerdo con ellos. “Si bien ellos pensaban que yo sería candidato una tercera vez, no era algo que yo había confirmado. Y él [Álvarez] tiene aspiración a gobernador regional. Así que acá no hay ninguna traición”, apunta.

-¿Cómo explica usted su salto de partido a partido, este cambio compulsivo de camisetas políticas? – le preguntamos.

-Se me puede acusar de tener cambios de camiseta, pero lo que existe es una misma línea. Yo nunca seré de izquierda. Me parece que el camino está en el centro y para mí hay puntos innegociables: si en el camino uno tiene que dejar una tienda política para mantener los principios mínimos de no ceder ante las mafias y de luchar contra la izquierda, ese ha tenido que ser mi devenir.

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Por Melissa Pérez Huaringa

Hace seis años Patricia Chirinos Venegas, fallida promotora de la vacancia presidencial y entusiasta de los hornos para incinerar corruptos, fue señalada de tener estrechos lazos con el hampa. El 11 de setiembre del 2015, un testigo protegido de la Fiscalía contó que, durante su gestión como alcaldesa de La Perla, la actual tercera vicepresidenta del Congreso le pagaba cupos a la organización criminal “Barrio King”, liderada por el peligroso Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol”. Lo habría hecho, según el delator, a través de una empresa municipal de limpieza pública: ESLIMP Callao.

¿El pago a los criminales significaba que las autoridades eran víctimas de extorsión o más bien -a la luz de las políticas de Chim Pum Callao- se había montado una red clientelar para favorecer y favorecerse de los delincuentes? El fiscal a cargo del caso nunca lo averiguó. Tres meses después de brindar su manifestación, el 2 de diciembre, el testigo fue acribillado de 25 balazos por dos sicarios al servicio de “Caracol”.

De acuerdo a la página 234 de la sentencia judicial del caso “Barrio King” -del 25 de febrero del 2019-, el hombre que cantó los detalles de esta trama criminal era el exconvicto Wilbur Castillo Sánchez. Le habían asignado el código S/N-2-2015

Sus deudos acusaron directamente a Chirinos, la ‘Woman’ del Callao, de ser una de los autores intelectuales del crimen que aún sigue sin resolver. Pero ese homicidio no es el único escándalo del caso. El fiscal que pudo haber desentrañado los vínculos entre Barrio King y las autoridades chalacas demoró tres años en archivar todo lo concerniente a los cupos en la empresa de limpieza pública. 

Con tanto tiempo perdido, ciertos políticos, hoy vigentes -así como  jueces y fiscales-, podrían haberse salvado bajo un manto de impunidad. Esta es la historia.

 

LOS PAGOS A ‘BARRIO KING’

Wilbur Castillo Sánchez era el testigo estrella del fiscal supraprovincial de crimen organizado Víctor Raúl Luna Castillo. Luna estaba a cargo de investigar a los 34 miembros de “Barrio King” acusados de asesinato, hurto agravado, asociación ilícita y extorsión de varias empresas, entre ellas la Empresa Municipal de Servicio de Limpieza Pública (ESLIMP) del Callao.

En noviembre del 2015, el fiscal ya reconocía (en su formalización y continuación de investigación preparatoria)  que existían  «elementos que direccionan la influencia de la organización criminal ‘Barrio King’ en cargos públicos o personas en la esfera política, funcionarios de la administración pública”. Luna hablaba expresamente de funcionarios penitenciarios y de la municipalidad de La Perla, ESLIMP, regidores, jueces y efectivos de la PNP.

El escrito agregaba: “Si bien es cierto su finalidad primordial [la de ‘Barrio King’] es la obtención de beneficios económicos a través de la extorsión -cobro de cupos- o cualquiera de las diversas formas de influencia política, social o económica, esta también se ve condicionada a futuros favores como paralizaciones, apoyo en campañas y otras”. Es decir, el fiscal sabía que más allá de la extorsión, el pago a los criminales significaba un intercambio de favores para las autoridades.

Fue Wilbur Castillo quien reveló al fiscal Luna los estrechos vínculos de “Caracol” con autoridades locales del Callao, entre ellas ‘Patty’ Chirinos. Dijo también que los pagos a los delincuentes se hacían a través de la empresa de limpieza de la municipalidad provincial del Callao -la mencionada ESLIMP-, donde un regidor oficialista de la gestión de Chirinos era el gerente.

“La señora Patricia Chirinos Venegas, ahora alcaldesa de La Perla, paga cupos a los integrantes de ‘Caracol’ como si estos fuesen trabajadores. [Lo hace] a través del señor Cochella, quien es su regidor y a la vez gerente general de la ESLIMP Callao”, contó.

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Declaración de Wilbur Castillo: «La señora Patricia Chirinos Venegas, ahora alcaldesa de La Perla, paga cupos a los integrantes de ‘Caracol’ como si estos fuesen trabajadores».

El testigo se refería a Joaquín Cochella Maldonado, gerente general de ESLIMP entre el 2011  y el 2019, y regidor del municipio de La Perla en la gestión de Chirinos entre el 2015 y el 2018. Ambos llegaron a sus cargos públicos cobijados por Chim Pum Callao. Ella era militante chimpunera y él fue invitado. “El señor Cochella entregaba 100 sobres de S/1.500 al ‘Cholo Papo’ para que este entregara a los sicarios de ‘Caracol’. Últimamente, este ya no entregó […] Ese es el motivo de la muerte de este sujeto”, le dijo Castillo al fiscal Luna. El ‘Cholo Papo’, Jorge Luis Vargas Villa, figuraba como “locador de servicios” de la empresa de limpieza. Fue asesinado el 1 de julio del 2015.

El testigo protegido explicó que la red criminal de ‘Caracol’ estaba “incrustada” desde la municipalidad de La Perla hasta el mismo Gobierno Regional del Callao. “La gran ambición de ‘Caracol’ es tener el control de todo el Callao, el cobro de cupos, sacar el dinero de las municipalidades y Gobierno Regional”, dijo. Y contó que las autoridades del gobierno regional “forman supuestos programas de ayuda social para los barrios del Callao para sacar el dinero” de sus arcas.

¿A qué se refería con eso último? Para ese momento, dirigentes sociales del Callao, extrabajadores de ESLIMP y exfuncionarios de la región ya habían denunciado que sus autoridades pagaban cupos en planillas fantasmas a criminales a cambio de protección, apoyo en sus campañas y amenazas a sus opositores.

De hecho, en su gestión como alcalde provincial, entre 1996 y 2006, Alex Kouri creó el programa de resocialización de exconvictos que terminaban brindando seguridad en los municipios. Entre ellos estaban Wilbur Castillo y el conocido delincuente Federico “el Loco” Perochena. Luego, como gobernador regional, Kouri logró obtener la gestión del penal Sarita Colonia gracias a un convenio con el Ministerio de Justicia.

La protección continuó años después. El exgobernador regional Félix Moreno promovió que se contrate excriminales en los hospitales chalacos. Un caso es el del Hospital de Ventanilla, donde se denunció la contratación de personal fantasma.

En una fotografía que aún sobrevive en redes sociales, el mismo Wilbur Castillo aparece sosteniendo una radio de comunicación a distancia junto a la actual congresista Patricia Chirinos y otros personajes ataviados con camisas azules. Alberto Paz de la Vega, dirigente de la Coordinadora Recuperando al Callao, indica para este informe que el 2012 Chirinos presentó al grupo «Los azules  de La Perla», liderados por Castillo, como los que se encargarían de brindar seguridad a dicho distrito. Ella era en ese entonces consejera regional del Callao.

La relación entre Wilbur Castillo y Patricia Chirinos, sin embargo, luego estuvo marcada por denuncias de ida y vuelta. Castillo fue detenido en enero del 2013, luego de que la actual parlamentaria lo denunciara por extorsión. Castillo denunció entonces que en su detención, los policías, entre ellos Francisco Samamé, le sembraron un arma. Samamé también fue investigado en el caso ‘Barrio King’.

Castillo salió libre en enero del 2014, con Chirinos aún como consejera del Gobierno Regional del Callao que encabezaba Félix Moreno. Ese mismo año, denunció que la entonces militante de Chim Pum Callao y candidata a la alcaldía de La Perla amenazó de muerte a su madre. 

El 2015, Wilbur Castillo decidió colaborar en la investigación que Víctor Luna Castillo seguía contra ‘Barrio King’. El día de su asesinato, en diciembre del 2015, su hermano Robert dijo en Canal N: “Acá hay una mafia que la manejan la presidencia de la región, la comisaría, un general. ‘Caracol’ trabaja con Samamé [el suboficial Francisco Samamé Vidal], que es policía, con Patty Chirinos y Félix Moreno”.

El hombre denunció a Moreno, Chirinos y a Rogelio Canches (entonces congresista) de ser los autores intelectuales del crimen y “haber contratado a sicarios y mafias del Callao y crear un narcodistrito”. Robert Castillo fue asesinado de diez balazos en el 2020.

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Wilbur Castillo junto a Patricia Chirinos. Un dirigente de la Coordinadora Recuperando al Callao indica para este informe que, el 2012, Chirinos presentó al grupo «Los azules de La Perla», liderados por Castillo, como los que se encargarían de brindar seguridad a dicho distrito.

 

VERGONZOSO ARCHIVAMIENTO

Luna tenía, además del testimonio de Wilbur Castillo, escuchas telefónicas registradas entre mayo y setiembre del 2015 que revelaban la trama de corrupción en ESLIMP. En una de ellas, los miembros de “Barrio King” mostraban su preocupación porque “Renzito” (Renso Brisolesi Espinoza, líder de una organización rival) “había chapado ESLIMP con Cochella”.

En otro audio, “Colorao” (Juan Romero Echevarría), a cargo del cobro de cupos, le indicó a Alexander Joel Muñoz Vásquez, lugarteniente de “Barrio King: “Necesito el libro para hacer los documentos y dejárselo a Cochella. Los camiones de ESLIMP están trabajando en la Municipalidad de La Perla”.

El 16 de octubre del 2018, tres años después, el fiscal Luna presentó su acusación penal ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Denunció a “Caracol” y a los demás miembros de su organización de varios delitos por los que hoy purgan prisión, pero increíblemente pidió sobreseer la investigación contra “Caracol” por la presunta extorsión a la empresa de limpieza pública. ¿Qué había pasado?

Luna no buscó desentrañar la intromisión de “Caracol” en los municipios chalacos, ni en el Gobierno Regional, ni buscó saber qué autoridades y políticos estaban influenciados por “Barrio King”. Tampoco escarbó en los apoyos que recibieron los políticos del puerto en sus campañas. Para Luna, “la manifestación del testigo con clave de identidad S/N-2-2015 no ha sido corroborada con otros datos objetivos”. 

Para ese 2018, Luna había reducido el caso a una simple extorsión. Y para el fiscal, las víctimas de aquella extorsión eran los que supuestamente pagaban los cupos de trabajadores fantasmas: el gerente general de ESLIMP o la propia Chirinos. No se percató, o no quiso hacerlo, de que los cupos también podrían significar una alianza entre autoridades y delincuentes, como él mismo lo sugería en su formalización de investigación preparatoria del 2015, mencionada líneas arriba.

Por supuesto, los involucrados negaron todo. Joaquín Cochella dijo a la Fiscalía que la alcaldesa de La Perla no le dio dinero para pagar cupos de trabajo y negó haberse reunido con “Colorao”. ¿“Renzito»? Pues dijo no conocerlos. Chirinos declaró recién el 26 de abril del 2017, a año y medio de abierta la investigación. Dijo no haber sido víctima de coacción o extorsión por “Caracol” o algún miembro de “Barrio King” para el pago de cupos.

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El fiscal Luna archivó todo lo concerniente al caso ESLIMP en 2018.

Contradictoriamente, el 15 de octubre del 2015, cuando Luna ya estaba a cargo de este caso, la actual parlamentaria había dicho a los medios que su comuna era víctima de extorsionadores que le exigían cupos de trabajo y que había despedido a 20 trabajadores fantasmas.

En setiembre del 2016, 50 serenos del municipio de Chirinos denunciaron que dicha comuna les quería hacer firmar irregulares contratos de trabajo quitándoles beneficios y que además habían encontrado en la planilla a trabajadores fantasmas.

Y el 21 de enero del 2019, el entonces alcalde electo de La Perla, Aníbal Jara Aguirre, declaró que a solo días de asumir el cargo, su gestión ya había detectado 200 trabajadores fantasmas en su comuna, en las áreas de serenazgo y mantenimiento, por los que se desembolsaban mensualmente S/200.000. Jara agregó que en la provincia y distritos chalacos se pagaban planillas fantasmas desde hacía más de 20 años.

La Contraloría también halló irregularidades en la gestión de Chirinos como alcaldesa de La Perla respecto a distintas contrataciones. Por ejemplo, el personal CAS (de limpieza, promotores y serenazgo) contratado en el 2015 no tenía hojas de vida documentada y, a diciembre del 2018, los legajos del personal CAS no tenían DNI, partidas de nacimiento, antecedentes policiales ni penales, etc.

En junio del 2018, cuando ella había dejado el cargo para postular a la gobernación regional, hubo un robo de documentos de la oficina de la alcaldía, de recursos humanos y otras áreas. Noticias sobre pérdidas de documentos también han ocurrido en el municipio de Bellavista y en el Gobierno Regional chalaco.

 

GROSEROS YERROS DEL FISCAL

La muerte de Wilbur Castillo fue clave para enterrar esta investigación, pero no fue lo único. Increíblemente, Víctor Luna esperó tres años para poner en conocimiento a la fiscalía anticorrupción de sus hallazgos en el caso de ESLIMP. Recién el 2018 informó sobre los pagos indebidos de esta empresa a dos integrantes de “Barrio King” que cobraban sus sueldos mientras estaban presos: Wilmer Farfán Ruiz y Juan José Romero Echevarría, alias “Colorao”.

También dio a conocer las escuchas telefónicas atribuidas a dos trabajadoras del Gobierno Regional que hablaban sobre el manejo de cupos de trabajo y entregas de dinero a “Barrio King”, y dio información sobre el sembrado de pruebas falsas por policías del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista a los rivales de “Barrio King”.

Luna prefirió mirar a otro lado a pesar de que otras fiscalías ya habían puesto el ojo en ESLIMP y en funcionarios como Joaquín Cochella. En octubre del 2016, por ejemplo, la prensa había revelado contrataciones de miembros de “Barrio King”, por lo que la fiscalía anticorrupción abrió una investigación de oficio.

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Fiscal de Crimen Organizado, Víctor Luna. Pudo hacer mucho más.

Ese mismo año, la Fiscalía de Lavado de Activos del Callao también inició investigación contra Cochella, el exalcalde provincial Juan Sotomayor y exfuncionarios de ESLIMP y del municipio provincial que captaban recursos de la empresa de limpieza a través del pago de planillas y servicios fantasmas. Pedimos información al coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, sobre el estado de todas las investigaciones contra Cochella, pero no obtuvimos respuesta.

“En el caso ‘Barrio King’, el fiscal [Luna] debió derivar su investigación a la fiscalía anticorrupción en la etapa inicial. Hacerlo en la etapa de acusación, en el 2018, fue muy tarde y, estando muerto el testigo, no podía investigar”, dice un fiscal consultado especializado en este tipo de casos.

La misma fuente señala que Luna debió desacumular la declaración de Wilbur Castillo desde un principio, recabar más elementos para poder derivarla a sus colegas especializados en delitos de corrupción de funcionarios y que estos pudieran entrevistar al testigo. Otro camino era pedir al Fiscal de la Nación que ampliara sus competencias e indagar él mismo la trama de corrupción chalaca. “Luna no hizo nada de esto, no puede decir que no había elementos de convicción pues no los buscó”, señala el fiscal.

Otro despacho fiscal hizo lo que no hizo Luna. En enero del 2020, fueron detenidos preliminarmente los principales miembros de la organización criminal “Rich Port II”, liderada por Juan Sotomayor (alcalde provincial del Callao entre el 2010 y 2018) e integrada también por el excongresista Víctor Albrecht. Cochella tuvo suerte: la fiscalía pidió para él comparecencia restringida.

Esta investigación, sin embargo, analizó solo hechos ocurridos desde abril del 2019. Desde esa fecha, cuando Joaquín Cochella dejó la gerencia general de ESLIMP, la organización criminal “Rich Port II” extorsionó a la nueva gestión para que siga pagando planillas fantasmas. Según las pesquisas, sin embargo, Cochella habría seguido ligado desde afuera al manejo de la empresa de limpieza y habría tramitado dichas planillas. La red habría ganado más de S/6 millones hasta que cayeron. 

El cobro de planillas fantasmas era un hecho de larga data. Algo que no quiso ver Luna Castillo.

 

NO VIO A LOS “CUELLOS BLANCOS”

Fuentes fiscales con conocimiento del caso indican que Luna tenía interceptaciones telefónicas que revelaban cómo los miembros de “Barrio King” eran favorecidos por jueces y fiscales, y pudo haber identificado a la red judicial al servicio de “Caracol”. Dicha red fue descubierta el 2017 y -con el tiempo y el acceso a más escuchas- llegaba hasta “Los cuellos blancos del puerto”.

Desde el 17 de setiembre pasado, la autora de este informe pidió, reiteradamente, a través del área de prensa del Ministerio Público, entrevistas con los fiscales Luna Castillo, Jorge Chávez Cotrina (coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada) y Octaviano Omar Tello Rosales (coordinador de las fiscalías de corrupción de funcionarios), pero no respondieron.

Patricia Chirinos también optó por no participar de este reportaje. “No hay nada que decir, solamente que no conozco a esa gente. Gracias», escribió.

Moisés Vega de la Cruz, procurador especializado en delitos de orden público, señala que se debe analizar con qué argumentos se pidió el sobreseimiento sobre el caso de ESLIMP dado a conocer por Wilbur Castillo. Afirma que “habría que ver el caso ‘Rich Port II’ y pedir que se investiguen a los funcionarios públicos que se mencionaron en el caso ‘Barrio King’.

Vega se comprometió a realizar acciones. “Vamos a revisar este caso. Voy a conversar con el fiscal y, si nos da mayor información sobre los cuadernos de colaboración eficaz, veremos qué acciones podríamos hacer como Procuraduría. Cabe la posibilidad que el Ministerio Público amplíe denuncias en el caso ‘Rich Port II’ por hechos vistos en ‘Barrio King’ o ampliar otros hechos contra más personas […] Si aparecieran testigos que involucren a Chirinos, se puede investigar”, apunta.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, también conoce de las sindicaciones contra Chirinos en el caso “Barrio King”. El 9 de agosto pasado, la Coordinadora Recuperando al Callao y la Mesa de Lucha contra la Corrupción de esa región le pidieron que le solicite a Chirinos un informe sobre su situación en este caso y que pida al fiscal Luna detalle de sus hallazgos. También fueron notificadas las bancadas de Perú Libre, Juntos por el Perú, Acción Popular y el Partido Morado.

Los fantasmas del pasado, en forma de testigos con clave, pueden volver para atormentar a la exchimpunera.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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barrio king, Callao, crimen organizado, Fiscalía, Patricia Chirinos

Por Julio Rospigliosi y Alessandro Azurín

Cuando las cámaras de América TV se acercaron, se escondió detrás de las rejas de su domicilio y apenas atinó a decir: “Yo voy a visitar a mis amigos, nada más”. Minutos antes de aquella madrugada del 21 de octubre, este huidizo personaje había salido de la casa del jirón Sarratea, en Breña, que el presidente Pedro Castillo usa para sus irregulares reuniones nocturnas.

A insistencia del reportero, el misterioso sujeto se presentó como Carlos Ponce. Debe haber sido el primer nombre que se le ocurrió, porque en realidad se llama distinto: Elmer Marino García Gutiérrez. Es el flamante subgerente de distribución y almacenamiento en la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (Ceabe) de EsSalud, y también un personaje cercano al cuestionado mandamás del seguro social, Mario Carhuapoma. 

¿Por qué no dijo la verdad? “Seguro por apuro lo dije, pero ya tienen mi nombre [real]”, es la inverosímil respuesta que da a Sudaca.

PROVEEDORES DEL ESTADO

Elmer García, como Carhuapoma, es químico farmacéutico. Dice que conoció a su actual jefe en la universidad. Pero lo más interesante es su experiencia laboral. El hombre que mintió sobre su identidad ha trabajado recientemente en empresas proveedoras del Estado. Una de ellas es Quimtia SA, donde estuvo en el área de “aseguramiento de calidad” desde el 2013 “hasta la actualidad”, según su LinkedIn. García asegura, sin embargo, que ya no labora en esa empresa.

Nota de edición: Luego de publicado este informe, Quimtia envió un comunicado señalando que el señor García Gutiérrez dejó de tener vínculo laboral con esta empresa en febrero del 2017. Cabe aclarar que el señor García se limitó a decir en la entrevista que ya no era trabajador de esta compañía sin precisar la fecha. A continuación reproducimos la carta de Quimtia.

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Quimtia ha ganado 66 licitaciones públicas en los últimos cinco años, la mitad con EsSalud. Sólo en el período de Pedro Castillo, logró 12 contratos con el seguro social por un monto total de S/653.400, según el buscador del OSCE. Los últimos tres contratos se cerraron el 29 de octubre, una semana después de que García pasara por Breña, y son para la “adquisición de material de laboratorio” destinado a la red de salud de Piura.

No es la única compañía proveedora a la que estuvo ligado García. Según LinkedIn, fue gerente comercial de Cromilexming EIRL, que ha tenido contratos con EsSalud y el Instituto de Enfermedades Neoplásicas en el 2019, y en sus redes sociales promocionaba los trabajos de Erel Farmadroug SAC en diversos centros de salud del país hasta un mes antes de que asumiera este gobierno. El 2021, antes de la primera vuelta, mostró -vía Facebook- sus simpatías por Pedro Castillo. 

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Elmer García, posando con una casaca de la empresa Quimtia en una foto subida en noviembre del 2020.

Ya con el profesor en el poder, pasó del sector privado a ser funcionario público. Desde agosto, su nombre figura en el portal de Transparencia como subgerente de la Ceabe, la central encargada de la “programación, contratación, almacenamiento, distribución y redistribución de bienes estratégicos, como productos farmacéuticos, dispositivos médicos, equipos médicos y ropa hospitalaria”, según el reglamento de organización y funciones de EsSalud publicado en mayo del 2021.

Consultado por su versión, García dice que no le compete la función de adquirir bienes. Asegura que la subgerencia de la Ceabe en la que está contratado, la de almacenamiento y distribución, se mantiene al margen de aquellos asuntos. Por estas tareas percibe un sueldo de S/10.816.

Pero el químico farmacéutico es un personaje con bastante llegada al Ejecutivo. García estuvo presente en la transferencia de la cartera de salud de este gobierno, como reveló él mismo en una fotografía que subió a su Facebook. 

Ya en el cargo, visitó el jirón Sarratea, de Breña, la noche del pasado 21 de octubre, cuando fue captado por Cuarto Poder. El 26 de ese mes, también ingresó a la oficina del congresista Waldemar Cerrón, representante del ala más radical de Perú Libre. Un mes antes, lo había hecho en el despacho del oficialista Edgar Tello.

Le enviamos al personaje un pliego amplio de preguntas sobre estas visitas, pero prefirió no responder. “Podrían preguntar sobre lo bueno que hacemos en la entidad”, nos espetó. Él podría haber dado su nombre real a la prensa, pero eligió no hacerlo.

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ESSALUD, Pedro Castillo, Reuniones en Breña
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