[EN LA ARENA] En las últimas marchas que se han convocado contra el Congreso, la Fiscal de la Nación, la Presidenta de la República y el indulto a Alberto Fujimori, se ha sentido la poca participación de jóvenes y adolescentes. Varias explicaciones puede haber al respecto. Una, por ejemplo, se vincula a haberlo vivido, haber estado ahí. Si no se estuvo, ¿se sentirá lo mismo? Por ejemplo, tener 18 años cuando Fujimori comenzó su primer gobierno, implicó haber crecido con apagones, con bombas, espionaje, relatos de torturas y familiares desaparecidos. Tener 28 al terminar su gobierno, cuando se reveló la información sobre la corrupción, el tráfico de armas y drogas, las masacres, supuso salir a marchar y, con la evidencia de los vladivideos, exigir la verdad, enardecidos.

Hoy, una persona de 18 años ha crecido con violencia, robos, extorsiones y asesinatos. Los medios de comunicación de alcance nacional les han mostrado interminables documentales sobre un terrorismo que ya no existe y que solo puede ser vencido por Alberto Fujimori y familia, la razón por la que hay que liberarlo y devolverles el poder. O también puede ser que sus profesores vivieron la toma de sus escuelas por parte de Sendero, y no han querido mencionar el tema en las aulas por temor a la reacción familiar. No vayan a ser denunciados. Y con el sistema judicial que tenemos, quizá sus profesores hayan preferido callar.

Hoy, el Congreso está compuesto en gran medida por parlamentarios que encabezan mafias y diversos grupos de poder informal, como el de los dueños de universidades sin licencia para titular. También en 1990 el Congreso peruano estaba muy mal. Y Fujimori se recuerda como aquel presidente que tuvo el coraje suficiente como para dar un golpe de Estado y frenarlo. (Gesto que quizá pensó Castillo iba a funcionarle a él también.) Ese pragmatismo deja de lado que luego Fujimori convocó a una constituyente, que copada por su partido, consiguió hacer una Constitución adaptable a los intereses del Poder Legislativo (hoy no queda la menor duda) y velada por el Tribunal Constitucional.

Ese “dejar de lado” quiere decir ocultar información. Siguiendo esta argumentación, el silencio político juvenil respecto del indulto podría entonces estar ligado a carecer de referencias que los indignen. ¿Cómo saber que me están contando la historia de manera tergiversada? Más aún, si el mismo Congreso y sus aliados, como el alcalde de Lima, se dedican a satanizar, a caviarizar, a las personas que sí recuerdan los crímenes cometidos. Si los acusan de mentir, de sólo hablar “ideología”, nada mejor que dejar de pensar en temas vendidos como alerta de pobreza socialista.

Esta vieja falacia siempre será efectiva porque un tema doloroso como la verdad ocurrida cuando hay crímenes de lesa humanidad, tan angustiante como la violencia y la corrupción, nos obliga a vivir en un mundo centrado en la desconfianza y ningún joven quiere sentirse así. Es el momento de enamorarse, de construir, de poder proyectarse hacia el futuro. Y para eso se necesita confiar. Suficiente desconfianza hay con las mafias y delincuentes que salen todos los días en televisión. Que quedan libres y de los que tienes que escapar diariamente.

Contra eso tampoco salen a las calles a protestar. ¿Será porque las mafias les son tan naturales como a los mayores de cincuenta un apagón? La marcha contra Merino hizo pensar a todo el país en una generación comprometida a defender su futuro en las calles, y de pronto, ¿dónde está la generación de Inti y Brian? ¿Dónde están aquellos jóvenes de la UNI y San Marcos que apoyaron al Perú que vino a reclamar a Lima las masacres de Boluarte? ¿Será un efecto de la pandemia? ¿Qué tendrían que haber hecho la Fiscal de la Nación y su mafia parlamentaria para conseguir indignarlos y sacarlos a protestar? O si se indignan,  ¿se ha agotado el poder de la marcha?, ¿creerán que carecen del poder para logarlo? O será que está naciendo una nueva forma que aún nos resulta invisible.

Qué será, como dice la canción, será.

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[EN LA ARENA] Como en una película americana, los fiscales que investigaban la corrupción en el congreso infiltran a un parlamentario en el círculo de la Fiscal de la Nación, quien negociaba los votos de los congresistas. Para protegerse, la Fiscal denuncia a la Presidenta de la República. Es turno de que la Junta Nacional de Justicia, que la eligió para ser Fiscal, pero que luego fue amenazada por ella coludida con el Congreso, la suspenda de sus funciones durante el proceso disciplinario.

En medio de este destape de prebendas entre los poderes del Estado, de pronto irrumpe, escrachando la pizarra, la noticia de que el Tribunal Constitucional permitirá el indulto a Alberto Fujimori. La película se pone cada vez más intensa. De pronto, los especialistas en justicia salen a los medios a explicar que el Tribunal no ha emitido esa declaración. Que se continuará respetando la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declara que Fujimori debe continuar cumpliendo su condena. ¿Cuál es el fin de escandalizar con el tema del indulto a los medios? ¿Para qué alarmar con titulares a decenas de instituciones y a miles de personas con una falsa noticia durante la investigación a la Fiscal de la Nación?

Algo que caracterizó al gobierno de Alberto Fujimori fue el uso de campañas psicosociales. Vladimiro Montesinos contrató al psiquiatra Segisfredo Luza para que se encargara de la primera. Era 1991, después del paquetazo, cuando en medio de la crisis económica llega la epidemia del cólera y causa estragos en la población. 40,000 personas murieron de un momento a otro; y de pronto, una imagen de la Virgen María empieza a llorar sangre en el Callao. Su tiempo en los medios fue suficiente para palear el sufrimiento económico. El año siguiente, un día en el mes de setiembre, mientras Fujimori estaba pescando en Iquitos, el Grupo Especial de Inteligencia Nacional (GEIN) de la Policía capturó a Abimael Guzmán. Fujimori ni siquiera estaba al tanto de la operación. Sin embargo, el 12 de setiembre, apareció el demonio de Sendero Luminoso vestido con un traje a rayas, dentro de una jaula. De inmediato Palacio de Gobierno se atribuyó el éxito de la operación. Hasta hoy día, cerca de la mitad del país continúa creyendo que fueron Fujimori y el SIN y no la Policía Nacional y los ronderos quienes acabaron con Sendero Luminoso. Otro hecho significativo fue el giro de los programas de televisión cada vez más violentos, sexualizados, humillantes que primaron durante su dictadura. Con animadoras y cantantes prestos a crear cortinas de humo y tergiversar los hechos según los intereses de Fujimori gestionados por el SIN.

Su hija Keiko, que creció su adolescencia entre Palacio y el SIN, decidió continuar con el legado de su padre y no cesó de postular a la Presidencia de la República. Investigada y con pocas herramientas para crear grandes psicosociales, se restringió a un solo recurso que fue el de acusar de fraudulentas a las elecciones. Indudablemente no tuvo éxito. Pero hace poco, ella y su familia resurgieron mediáticamente: hubo un divorcio, ella estilizó su figura, comenzó a dar charlas motivacionales, mientras el padre de sus hijos intentó involucrarse en programas de entretenimiento á lo Fujimori, para trabajar como influencer. Este cambio de lo político a lo mediático, alcanzó hasta a su hija adolescente. Como en otra película, hoy de streaming, la hija revivió el sueño de su madre por ser modelo pero no lo consiguió. La presencia en las redes de una familia ahora vacía de contenido electoral, tampoco ha conseguido ocultar la amenaza constante bajo la que viven los fiscales que la investigan. El supuesto indulto a su padre, también ha fracasado, no pasará de un día. ¿Será que estaremos visionando como una mafia tan grande pueda estar llegando a su fin? Veremos; por lo pronto, esta historia continuará.

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Corrupción en el congreso, Fiscal de la Nación, Indulto a Alberto Fujimori, Junta Nacional de Justicia

[EN LA ARENA] Una semana atrás el Congreso aprobó por insistencia el Proyecto de Ley que reconoce los derechos del concebido. Aprobar por insistencia significa que aunque el poder ejecutivo lo rechazó, el pleno del congreso volvió a votar a favor de su promulgación. Como este proyecto atenta directamente contra el derecho al aborto terapéutico e implica cambiar el Código Civil y toda la legislación vinculada, ya se habían pronunciado instituciones como la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales con sustento en determinaciones del Tribunal Constitucional. Cada una de estas organizaciones había emitido informes de rechazo con impecable argumentación jurídica y sin embargo, 73 congresistas prefirieron optar por la sustentación que presentó Milagros Jáuregui, la pastora evangélica de Araujo, para atacar nuevamente los derechos de nuestras niñas, de aquellas que crecieron en duros entornos de abuso sexual.

Si 73 congresistas peruanos prefieren hoy argumentación religiosa, ¿alguna vez conseguimos que un “espíritu laico” primara en nuestra normativa social? Si miramos los últimos cien años de búsqueda de modernidad, muchos de nuestros partidos políticos estuvieron vinculados con la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la Teología de la Liberación, o con órdenes religiosas de violenta tradición conservadora. Los protestantes, por razones de convenios políticos con sus países,  participaron de muchos proyectos estatales de desarrollo, pero no tuvieron mayor protagonismo político, aunque sí influencia ideológica, como en el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre. Sin embargo la directa irrupción de la religión y del cristianismo en la política peruana comenzó en 1990 cuando ingresaron los evangélicos con sus propias organizaciones políticas al Congreso.

Las iglesias evangélicas (a diferencia de las protestantes que llegaron con los colonizadores europeos de Estados Unidos) nacieron y se expandieron por todo el continente americano a lo largo del siglo pasado, derivando algunas de ellas en el movimiento que hoy se denomina Neopentecostal. Este movimiento religioso y político está compuesto por empresas familiares de fe lideradas por la sus pastores. En sus sermones utilizan fragmentos de la Biblia sin contexto, sin sustento teológico o ético, pero con la fuerza para atraer y crear redes sociales y económicas a las que añaden poder político. Su discurso sustenta el libre emprededurismo, la disminución del control estatal y la estratégica negación un conjunto de derechos humanos para el sometimiento de amplios sectores excluidos de la población. Por eso ha resultado muy sencillo establecer en todo el continente alianzas políticas y económicas entre el Estado, el diezmo de sus fieles y los emprendimientos de narcotraficantes, servicios paramilitares y diversas formas de lavado de activos. La congresista Milagros Jáuregui y su esposo, conocidos como los Araujo, tienen su propia iglesia evangélica. Ella sólo terminó el colegio y hoy es una exitosa pastora. Es congresista porque fue la segunda en la lista de Renovación Popular, el partido de Rafael López, el católico alcalde de Lima que más ha invertido en participar de eventos en contra del aborto en la historia de la capital. Esa es nuestra realidad política.

Dudo que existan países en los que las ideologías (aquellos conjuntos de principios que proponen los partidos políticos como base para la convivencia social) puedan estar realmente libres de afinidades religiosas, pero al otro extremo hay algunos estados, como Israel o la India que aún basan su sistema de justicia en normativa religiosa. Pareciera que el sueño moderno de un estado laico se ha podido establecer en muy pocos países, a lo que cabe sumar que algunas ideologías, sobre todo las totalitarias, culminan en éxtasis religiosos narcisistas que imponen creencias sin mayor sustento que el de surgir de su autor, como el presidente Bukele en el país, que no casualmente, se llama El Salvador.

En el Perú ya hemos visto que hay políticos que hasta monumento a sí mismo se han levantado. Otros han planteado por escrito la creación de una nueva religión étnica. Los nuevos partidos se reúnen para orar y los viejos, como el Partido Aprista y Acción Popular, de pobre postura religiosa y sin líder narcisista, ya quedaron en abandono. Si queremos replantear nuestro sistema político, debemos partir de que aquí, como en todo el continente, la religión, el abuso y la política han resultado inseparables, por encima de cualquier proyecto de gobernabilidad. Mientras no resolvamos este dilema, nuestros derechos, los de nuestras niñas y niños permanecerán acosados.

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[EN LA ARENA] Buena parte de la música criolla le canta al amor perdido. Cada canción expone alguna de las razones que explican por qué la pareja llegó a su fin: desde la condición de humilde plebeyo hasta considerarse una nube gris. Pero una de las razones de ruptura más duras en la Lima y las ciudades costeñas de antaño que fue poco atendida en las canciones populares fue la huida del matrimonio infantil. Probablemente porque en los tiempos en los que se producían esas canciones estaba naturalizado. Lo cierto es que el matrimonio de niñas y adolescentes (que sólo requirió hasta 1984 de la autorización de cualquier familiar para que la hija tuviera que casarse) terminaba cuando las chicas de catorce años o menos escapaban de las violencias con las que sus maridos les golpeaban el cuerpo y el alma, y quedaban con pocos recursos para sobrevivir.

Hasta mediados del siglo pasado a la mujer no le quedaba otra forma de vivir sino dentro del matrimonio (o el convento). En las ciudades algunas terminaban primaria, en las zonas rurales ni siquiera. Viudas o separadas debían realizar oficios vinculados al hogar y el panllevar. Eran muy pocas quienes terminaban secundaria y que estudiaban alguna profesión, que sí o sí seguía muy parecida al hogar. Fuera de esta élite, las demás debían casarse y según el nivel de pobreza, lo antes posible. Por tanto, separarse era para la mujer poner en riesgo su vida y la de sus hijos también.

No era la separación de la mujer un tema romántico que alguna persona quisiera tararear o cantar en una fiesta, pero hubo algunos aportes en los que se denunció la violencia aunque no la edad de la mujer, pues les era indiferente. Son canciones que sólo conocen especialistas, con poco espíritu de difusión. No obstante, aunque nos faltaron las canciones, sí hubo vidas que nos pueden contar cómo fue. Una de ellas es la de Lucha Reyes. La precariedad y violencia que sufrió su madre, la hizo cantar desde niña. Sin recursos para mantener a sus quince hijos, tuvo que entregarla a un convento, donde estudió algunos años de educación primaria. Trabajó como su mamá de lavandera y otros oficios que pudo ofrecer como niña. El año 1950 tenía 14 años. Segura de su voz, concursó en un programa de Radio Victoria. Cantó un vals muy conmovedor, “Abandonada” de Sixto Carrera, en el que una mendiga le cuenta a un desconocido, que por el maltrato del marido tuvo que abandonar a su hijo y se encuentra viviendo en la calle. Él reconoce a su madre, la recoge y la abraza. Quizá había un mensaje de la adolescente Lucila Sarcines Reyes para su mamá, pero quien irónicamente le responde es su primer esposo, un policía del que se separó para lograr sobrevivir. Con su siguiente esposo quedó embarazada y dio a luz a su primer hijo a los 16. La maternidad no la salvó de una nueva relación violenta, de la que también consiguió escapar. Pocos años después se convirtió en Lucha Reyes una de las cantantes peruanas más reconocidas en el mundo entero.

Mucho nos hubiera servido escuchar canciones criollas donde las adolescentes compartieran sus padeceres. Porque así, generaciones del siglo pasado y del presente quizá hubiésemos quedado advertidas de las uniones forzosas, de los embarazos no deseados y quizá, sabríamos cómo atender a mujeres aún tan niñas que hoy siguen sufriendo en el Perú la violación de sus derechos más íntimos y elementales; porque setenta años después, cuando el Congreso recién se debatirá el Proyecto de Ley para erradicar el matrimonio infantil, el presidente de la Comisión de Educación, José María Balcázar, se opone. Dice que las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer. Porque setenta años después, en las oficinas del Ministerio de la Mujer un psicólogo abusa sexualmente de una adolescente, una trabajadora social impide el aborto terapéutico de otra abusada por sus abuelos. Ojalá el Congreso lo apruebe pronto, porque cada día de espera, cada día, dos niñas han dado a luz en nuestro país.

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[EN LA ARENA] La guerra ha sido la herramienta con la que Israel decidió hacerse del territorio cedido por el gobierno británico y ampliarlo en la medida de todo lo posible, provocando que la migración se haya prolongado dolorosamente en el territorio del Levante (Siria, Líbano, Palestina). En estos días, la población de Gaza huye hacia las fronteras y gobiernos y organizaciones internacionales demandan que se abran corredores hacia países que los puedan recibir. Cómo no huir de la crueldad con la que el gobierno Israelí está vengando el ataque de Hamas, duplicando las cifras de personas muertas y heridas en guerras anteriores, lanzando misiles contra hospitales… Y esta guerra recién empieza.

¿Cómo es posible que judíos que sufrieron persecuciones, víctimas de genocidio, que pasaron de una diáspora a otra, no puedan comprender en el recuerdo de ese sentir la dimensión del daño que están causando? ¿Cómo es posible que palestinos que sufrieron cacerías religiosas, que se saben de armamentismo precario, puedan regir y asesinar en nombre de su fanatismo islámico? Lo cierto es que es en esos contextos cuando sólo queda migrar.

Así fue como llegaron a nuestro continente. Los judíos expulsados por los Reyes Católicos al finalizar el siglo XV y perseguidos por la Inquisición creada para combatirlos con saña, llegaron para refugiarse en México, Brasil y Surinam. Cuando el zar Alejandro III dio rienda suelta al antisemitismo y los pogromos de fines del siglo XIX, llegaron hasta Argentina. Los palestinos vinieron cuando las autoridades turcas del Imperio otomano, al comenzar el siglo XX, empezaron a restarle derechos a los palestinos cristianos y a utilizarlos como carne de cañón en su ejército. Llegaron a Argentina, al nuevo mundo, con pasaportes turcos, pero decidieron trasladarse a Chile y algunos a Perú. Cuando en 1948 se creó el Estado de Israel el 80% de palestinos que ocupaban el territorio, 800 mil personas, tuvieron que ser forzadas a migrar, algunos consiguieron venir hasta aquí y reunirse.

Tanto en Perú como en Chile, los palestinos, por ser cristianos ortodoxos y al haber perdido un territorio a donde regresar, se integraron rápidamente a nuestras culturas. Por eso no fueron asociados a una cultura “oriental”. Por el contrario, rápidamente desarrollaron el comercio y la producción textil, destacando, como en todo el continente, en política, arte y deportes. En Chile, donde se encuentra la comunidad palestina más grande, de más de 150 mil, tienen un importante club de fútbol, el Deportivo Palestino.

Perú, por su catolicismo colonial, no acogió muchos judíos sino hasta finales del siglo XIX. Y aunque la comunidad judía tuvo un pequeño apogeo en los años 40, tras el gobierno de Fujimori y el enfrentamiento con Baruch Ivcher, su población, ya con claros destinos, se redujo a un poco más de mil personas. Por el contrario, los árabes en Perú han crecido y son hoy más de 10 mil. Mientras tanto, la migración peruana también ha crecido exponencialmente y fue por una guerra que empezamos a salir.

Más de tres millones de peruanos empezaron a migrar con la crisis económica que (irónicamente) provocó el alza del precio del petróleo que pusieron los países árabes para detener a Israel en la década de 1970. Pero el real impacto en Perú se produjo cuando los gobiernos de Belaúnde y Alan García se vieron sobrepasados por la deuda externa y Sendero Luminoso desató una cruenta guerra interna. Hombres y por primera vez, mujeres empezaron a migrar masivamente, cambiando los países de destino. Dejaron de ser la entonces exitosa Venezuela, Estados Unidos y España y se sumaron países como Italia, Argentina, Chile y Japón. Hoy, aunque hace una década parecía haber descendido la ola, tras la pandemia y el abandono del Estado en manos de mafias durante la celebración del bicentenario ya han migrado casi medio millón. En América Latina no son las guerras, sino el huir de la delincuencia y la pobreza la razón principal para escapar.

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[EN LA ARENA] La semana pasada, la muerte del congresista Hernando Guerra García, además de alertarnos sobre la creciente precariedad del sistema de salud nacional, despertó en las redes sociales un intenso debate acerca de si era correcto burlarse o celebrar su fallecimiento. Su carrera política se inició en la izquierda universitaria, pero su apuesta por el emprendedurismo y sus ansias de poder político lo condujeron a vincularse con el fujimorismo y el enclave de Luis Castañeda Lossio. Gracias a este giro, consiguió en el actual parlamento ser congresista vocero de Fuerza Popular y dedicarse a modificar la Constitución para fortalecer el desmedido poder legislativo del que ya abusan las organizaciones políticas para delinquir cada vez más y mejor.

Cuando muere una persona que daña (a una niña, a una familia, a una comunidad, al Estado) sus víctimas reaccionan de distinta manera.  En este caso, que se trataba de un congresista, una persona cuya labor es defender los intereses del país, el hecho de que se haya dedicado a malinterpretar la Constitución para defender los intereses de organizaciones corruptas genera dilemas porque conflictúa el vínculo con una persona en la que deberíamos confiar, pues su trabajo es velar por nosotros, pero que nos ignora para proteger al corrupto y sus secuaces.

El sentir alivio por la pérdida de alguien que se aprovecha de nosotros es algo normal, pero cuando se trata de familiares que nos deben cuidar o como en este caso, de gobernantes, el no poder hacer público ese respiro inevitablemente trae problemas al exigir respeto y observar rituales de velorio y entierro que lo celebran (dado que implica celebrar también su poder corrupto o violento). Es imposible entonces que no provoque problemas emocionales y sociales. Si no se cuenta con un sistema político con dinámicas saludables, es muy probable que se sienta que desde la tumba nos puede seguir haciendo daño, dado que las instituciones insisten en mostrarlo como si fuera un ser admirable.

Una de las reacciones psicosociales más conocidas que confirma que los más crueles gobernantes pueden seguir haciendo daño es la negación de su muerte. La muerte de Adolf Hitler, por ejemplo, fue anunciada con tal solemnidad (acompañada de la música de Wagner) que se creyó fingida. Algunos imaginaron verlo como ermitaño en una cueva en Italia, otros como pastor en los Alpes suizos. Lo vieron en también en Francia y en Irlanda. Stalin, tres meses después de su muerte, insistía con que Hitler seguía con vida en España o en Argentina. Años más tarde, lo vieron en Venezuela y después en Colombia. Que no nos extrañe que también lo hayan creído ver en Perú.

Augusto Pinochet, militar que amasó millones de dólares y jugó con la vida de miles de chilenas y chilenos, murió ya anciano. La máxima sanción que sufrió fue la prisión domiciliaria. En estos tiempos en que se han cumplido 50 años de su golpe de Estado y cuando un violento fascismo renace en el mundo entero, se estrena la película El Conde de Pablo Larraín, en la que Pinochet resulta ser un viejo vampiro, tan inmortal que su madre, la vampira Margaret Thatcher lo rejuvenece y pasa de ser un anciano a ser un escolar primarioso, ahora en Argentina que corre hacia la escuela entusiasmado meneando una peluca similar a la de Javier Milei.

Aquí en Perú hasta la fecha se pone en duda el suicidio de Alan García, algunos lo han visto en Suiza, otros en Panamá, otros dicen que en Francia. La fantasía que se encuentra en lugares donde un gobernante corrupto puede disfrutar de su dinero sin ser detenido. Sin duda hay inspiración en todo el tiempo que estuvo entre Francia y Colombia esperando que algunas de las denuncias por su primer mal gobierno prescribieran y que le permitió ganar por segunda vez las elecciones del año 2006.

Guerra García intentó ser presidente en varias ocasiones, con el partido de Susana Villarán, con el de Yehude Simon y con el de Castañeda Lossio. Si hubiera sido presidente y moría, ¿nos hubiéramos preguntado si fingía su muerte? Ya no importa. Como el congresista que fue, difícilmente estas fantasmas nos llenarán de ansiedades. Aunque si de ansiedad se trata, será su corpóreo reemplazo en el Congreso quien alerte nuestra suspicacia.

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[EN LA ARENA] Si usted vive en Sullana, en San Martín de Porres o San Juan de Lurigancho, a partir del martes 19 un soldado, un policía o varios de ellos,  podrán ingresar a su casa, registrar su casa sin que usted lo autorice, sin necesidad de mandato judicial. Desde el martes ya no tendrá permiso para vivir en su distrito, tampoco para entrar o salir de él sin la anuencia de las fuerzas de seguridad. Tampoco podrá reunirse pacíficamente después de las 12 de la noche. No habrá forma de que lo consiga, así la reunión sea en un local privado, abierto al público o en su casa. De nada servirá que ya haya avisado. Nada de disturbios en los espacios públicos. Ni siquiera considere que un grupo pueda alzar la voz y protestar. Eso genera desorden. Debe tener esto bien claro porque de lo contrario podrán a usted detenerlo, sin necesidad de que un juez lo solicite formalmente. Tampoco habrá plazos para que lo pongan a disposición de un juzgado, pues el terrorismo “urbano” como lo ha bautizado el Alcalde de Lima, permitirá que el Estado lo mantenga detenido el tiempo que mejor le parezca. Y nadie podrá defenderlo, pues durante su prisión, ninguna autoridad tendrá que dar cuenta al Ministerio Público y o al juez de le estará pasando durante la detención. (Ah, y estimado lector, no se queje de que no parezca que también me dirijo a las mujeres lectoras, pues como ya no se puede escribir con lenguaje inclusivo…)

Eso es el Estado de Emergencia que ha decretado un gobierno que todos los días en las noticias nos muestra cómo la Policía Nacional del Perú captura sicarios, ladrones y extorsionadores,  narcotraficantes y abusadores sexuales. La pregunta natural es entonces, ¿por qué aumenta y no disminuye el crimen? Y la respuesta inmediata es porque los detienen pocos días y luego los dejan libres. Algunos, quizás usted, saben además que aquellos que van a la cárcel, aunque sea poco tiempo, ingresan a una suerte de convención delincuencial, al núcleo comunal de los más osados delincuentes, con acceso a una coordinación sin precedentes a nivel territorial. Cuentan además con una camada de delincuentes comunes, abandonados en prisiones sin un debido proceso, prestos a servirles para sobrevivir en los hacinados penales del país. Sin espacio en las cárceles, surge entonces la pregunta, ¿la Presidenta quiere hacinar más las cárceles o ya existe alguno de esos grandes proyectos de construcción que gustan tanto los empresarios del gremio? ¿Dónde irán a parar los nuevos detenidos?

En todo caso, la Presidenta desquerida, animada ante la Asamblea de las Naciones Unidas, con este decreto parece querer posicionar su firmeza, aquella que la ha caracterizado desde los primeros días de asumir su mandato, siempre rodeada por integrantes de las Fuerzas Armadas. Y de seguro se preguntará usted, al igual que yo, cuál será entonces el papel de los militares en las calles de Sullana, de San Martín de Porres, ¡de San Juan de Lurigancho!, a donde se trasladaron varias mafias delincuenciales cuando los militares el año 2015 salieron a ordenar las calles de El Callao. Esa puede ser una razón por la que rápidamente sus burgomaestres han declarado no saber nada del plan de la Presidenta.

Con este precedente (porque el del Presidente Castillo el año 2021 quedó en tan solo un intento), sólo nos queda recurrir a una hipótesis psicosocial. Es decir, que la Presidenta y allegados como el Alcalde López, piensen que con psicosociales podrán detener a la delincuencia (de hecho, el Alcalde confía en las macetas). La Presidenta optó por masacres para atemorizar a la población y consiguió mantenerse en el poder y amedrentar a los ciudadanía. ¿Cómo no amenazar a delincuentes y opositores (como el impulsivo Bukele) mostrando que se cuenta con una violencia de nivel superior, mucho más poderosa de la que creían? Mostrar especialistas en matar al enemigo es un recurso mediático, pero la delincuencia sólo se aviva con más y más violencia. Si se resuelve, es atendiendo las causas. Nadie se cura sólo combatiendo los síntomas.

Nosotros (cómo no mencionar a las mujeres) ya vivimos lo que fueron las torturas, asesinatos y masacres de los gobiernos de Belaúnde, Alan García, Fujimori enfrentando al terrorismo con terror. Las consecuencias fueron nefastas, decenas de miles de muertos y desaparecidos y sólo han pasado poco más de 50 años como para haberlo olvidado. ¿Lo que se hizo en Ayacucho ahora en Lima se quiere repetir? Hay alcaldes que están pidiendo ser declarados en Estado de emergencia. ¿Está seguro, querido lector, que desea usted que las mafias del país sean enfrentadas de esa manera?

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Amenaza Militar, Más Violencia, Plan Boluarte

[EN LA ARENA] La educación es un dispositivo fundamental para el gobierno de un país porque hace real el vínculo que ha establecido, acordado o impuesto para su población. Nos pueden educar como ciudadanos pero también como súbditos. Ese es un gran reto que la República peruana en muy pocas ocasiones se lo ha tomado realmente en serio. Los niveles de analfabetismo y carencia de escritura en lenguas orales (valga la redundancia) fueron tan altos en los siglos XIX y XX que la Constitución de 1979 tuvo que explicitar que las personas analfabetas también podían votar, pues de lo contrario se estaba negando la condición de ciudadanía a grandes porcentajes de población.

También podríamos reconocer que en los últimos cincuenta años ya casi no existe población que no pueda leer y escribir, pero debemos admitir, como siempre nos lo indican las pruebas internacionales, que de poco ha servido, pues no se comprende lo que se lee y, lo que se escribe, no trasciende aquello que podemos compartir en un chat. Conocido como el analfabetismo funcional, lo que ha ocurrido en el país es que lo único que hemos conseguido es que este se expanda, al punto de llegar al mismísimo gobierno y conseguir el control del Estado.

Como evidencia tenemos a la actual Comisión de Educación liderada por tres congresistas sumamente cuestionados por sus ataques a la educación nacional: el Presidente de la Comisión, José María Balcázar, temido por su defensa al matrimonio infantil, es egresado y docente en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, una de las universidades cerradas por la Sunedu por no cumplir con los mínimos de calidad para obtener su licenciamiento. Ahora en el poder, socavando lo poco que resta del serio profesionalismo de la Superintencia, es uno de los autores del proyecto de Ley que busca que las universidades consigan un licenciamiento indefinido y permanente, con los nuevos criterios que ellos proponen. Y el Secretario Esdras Medina, pastor evangélico, activo integrante de Con mis hijos no te metas, acusado (pues la denuncia fue retirada) de maltrato a su esposa e hija, nos entrega el sustento: es que la Sunedu es una Gestapo, una suerte de policía nazi que persigue a las pobres universidades marginadas por su sencillez. Para completar el triunvirato, tenemos a Paul Gutiérrez Ticona, el Vicepresidente de la Comisión quien basado en la decisión personal que ha tomado de no dar pensión alimenticia su hija porque ha desaprobado cursos en la universidad, ha presentado un proyecto de ley para modificar las causales de exoneración de pensión de alimentos para los estudiantes de bajo rendimiento.

De esta manera se confirma que con docentes que no pasan las pruebas de nivel básico en las escuelas y universidades estafa que reciben a sus estudiantes, sí se puede llegar muy alto: se puede ser congresista, dueño de una universidad, dominar a las mujeres desde que son pequeñitas. De poco valieron el proyecto de modernización educativa de Manuel Odría o el proyecto de educación liberadora de Juan Velasco. Proyectos de esa magnitud, urgentes para transformar el país resultan hoy inverosímiles para un gobierno que ha conseguido, con el beneplácito de la oligarquía, dejar en manos de personas que sólo buscan el interés personal el futuro de nuestras niñas y niños. Ojalá algún día nos lo perdonen.

 

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Comisión Educación, Educación Nacional, Magnet Márquez, Ministra Magnet

[EN LA ARENA] La fama del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se asemeja a la ganada por Fujimori a mediados de los años 90, cuando vendió la imagen de haber derrocado tanto a Sendero Luminoso como a la crisis económica. Hoy sabemos que fue un equipo de policía del gobierno anterior el que atrapó a Abimael Guzmán y que fueron las poblaciones locales víctimas del terrorismo las que se organizaron para vencerlo. Sabemos que las medidas para salir de la crisis económica, recetadas por el Concilio de Washington, provocaron un reacomodo en los grupos de poder económico del que surgió el actual sistema de corrupción que sufrimos. Entonces, las peruanas, los peruanos, sí sabemos que el populismo es una fachada que encubre decisiones irresponsables con terribles consecuencias para un país. Y a pesar de ello, con entusiasmo, algunos dejan de lado ese saber y piden que se apliquen las veloces y efectivas medidas de Bukele en el Perú.

Antes de la pandemia, la violencia de El Salvador y de Perú era muy distinta, basta ver que las tasas de homicidios eran enormemente distantes (36 y 8,5 respectivamente). Actualmente,  Bukele ha conseguido reducir su tasa a 7,8 y Perú ha retornado a la tasa del 2019, manteniéndose aún en el rango de países de América del Sur con menos homicidios. Para ese cambio extremo, Bukele decretó régimen de excepción y reformó el Código Penal limitando los derechos de defensa y de presunción de inocencia que según las bases del derecho ni siquiera se puede hacer en estado de excepción. De las más de 66 mil personas juzgadas, más de la mitad han sido detenidas sin orden de detención o por encontrarse en flagrancia. Como lo señala el informe de Amnistía Internacional (2022), para juzgarlos bastó que fueran percibidos como criminales de acuerdo con los discursos de estigmatización del gobierno: tatuajes, parentesco con un pandillero o vivir en una zona controlada por una pandilla. En los juicios sumarios, que han llegado a ser de hasta 500 acusados a la vez, se les ha dado de 20 a 30 años de prisión. Cuando los jueces se han opuesto ante la falta de evidencia, han recibido reprimendas de funcionarios judiciales de alto nivel, exigiendo dictar detención provisional como regla general. Por supuesto, los periodistas que han informado sobre el fenómeno de las pandillas y la existencia de negociaciones secretas con el gobierno han tenido que cambiar de domicilio o salir del país. Algunas investigaciones sostienen que ya son más de doscientas personas las que han muerto en las cárceles.

Con estas medidas, Bukele está fortaleciendo que las pandillas tengan el control de las prisiones. El Tren de Aragua, la pandilla venezolana de mayor impacto en América del Sur, creció cuando su líder, el sindicalista extorsionador Héctor Guerrero entra a la prisión de Tocorón. Una vez que alcanza el liderazgo dentro de la cárcel, establece alianzas con las cabezas de los grupos criminales más importantes de las regiones aledañas, luego construye una fundación con fines sociales para negociar con el gobierno y toma el control de una zona de Aragua. Esa forma de controlar la organización criminal también tiene tradición en el Perú. Hay estudios y reportajes sobre el poder de las pandillas en cárceles como Lurigancho o el penal de Barbadillo. La Policía Nacional estima que unas 40 mil personas entre los 13 y 23 años forman parte de una pandilla (en Lima y Callao hay más de 400). Y una vez detenidos, las extorciones, secuestros y otras actividades ilícitas las organizan desde la prisión. Su poder como autoridad no se reduce, sino que se profesionaliza.

Si ya superamos el 200% de hacinamiento en nuestras prisiones, ¿por qué deseamos un régimen de excepción y una modificación del código penal? ¿Para poder detener sin pruebas? ¿Para facilitar los vínculos entre pandilleros y con autoridades corruptas del Estado? Es probable que la ansiedad peruana ante la violencia en ascenso nos gane pidiendo soluciones rápidas y radicales, pero tengamos cuidado con los engaños. Que valga la enseñanza que nos dejó Fujimori: el populismo barato, sale caro y doloroso también.

 

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