Los ministros, desorientados, solo hablaron. Que la segunda reforma agraria ya saldría pronto, que el país con un par de ajustes podría autoabastecer la alimentación nacional, que tenían un proyecto que conseguiría que no tuviésemos que importar petróleo. Como si se tratara de promesas electorales, los ministros hablaron sin sentido ni sustento y sólo ofrecieron la peligrosa reducción de precios. Jamás mencionaron a las personas que murieron durante el paro hasta ese momento: al adolescente que perdió la vida por esconderse en el río de la policía, a la comunera atropellada, al transportista accidentado, al paciente de diálisis que no llegó al hospital. Tampoco de las políticas ante la crisis económica y alimentaria. No presentaron proyectos de ley. 

Querer esconderse, ocultar nuestra pobreza, ignorarnos y callarnos pidiéndonos que nos encerremos solo ha conseguido que la realidad, la violencia y sus promotores tomen las calles del país. Jugar a ser presidente ha sido demasiado irracional. Ya llegó el momento de tomarse en serio el trabajo que ha recibido o reconocer que es necesario dar un paso al costado, disculparse y facilitar un nuevo proceso electoral. No se esconda más.

5 de abril de 2022

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Pedro Castillo, protestas, sociedad

La posibilidad de que unas nuevas elecciones puedan traer esperanza, nos encuentra con grupos políticos divididos, venidos a menos, con acusados de corrupción envalentonados. Si realmente queremos rescatar nuestro país y si hay un tema que sí debiera unirnos, que debiera ser el primer gran acuerdo que tomemos todos juntos es proteger a nuestra actual generación de escolares. Son nuestro futuro, merecen ser acogidos con cariño y respeto, debemos cuidarlos como nunca antes se ha hecho, y en lugar de ofrecerles módulos prefabricados, que gane las siguientes elecciones un gobierno que los escuche, los respete y haga de ellos los mejores profesionales que hayan podido soñar ser cuando sean grandes. 

23 de marzo de 2022

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Educación, sociedad

20 años después, nuestras calles están llenas de delincuentes, se ha triplicado la producción de coca vinculada al narcotráfico, mueren asesinadas trabajadoras sexuales migrantes y nuevamente se puede ser profesor universitario sin necesidad de estudios de posgrado. Somos el único país que dejó dos años sin estudios a sus estudiantes. Profesionales de la informalidad, hemos conseguido que el mando de los presidentes dure sólo un año y que el periodismo lo justifique.

Nos esperan momentos duros si es que queremos detener esta vorágine. Y sí se necesita una nueva constitución que enfrente este problema, está en nuestras narices: si queremos continuar convirtiéndonos en un país de sálvese quien pueda, o empezar a reconstruirnos democráticamente en pro de un futuro que asegure nuestras vidas.

 

Lima, 9 de marzo de 2022

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Fujimorismo, Gobierno, sociedad

 

Hablar sobre el aborto o interrupción del embarazo es un tema muy tenso en el Perú. Buena parte de la población peruana, usualmente de formación católica o evangélica, se opone tajantemente porque lo considera tanto crimen como pecado. Otra parte de la población, considera que puede haber razones válidas para llevarlo a cabo en las primeras 14 semanas, pero que se trata de un tema íntimo a la par que violento y por ello es mejor esconderlo. Tocar el tema entonces, es per se una agresión que, apenas salta a la luz, de inmediato se debe acallar. Es una cuestión de creencias encontradas que puede dividir familias, separar amistades y enfrentar movimientos anti aborto contra las marchas a favor de un aborto libre. No se habla en los colegios ni en las universidades, la prensa escrita se atreve en tanto replica noticias de otros países, pero no lo discute el periodismo televisivo. La prensa religiosa es además muy dura cuando trabajadoras del sector eclesial comparten alguna publicación en redes sociales a favor del aborto libre.

Los estudios de las organizaciones que defienden el derecho de las mujeres sobre su cuerpo se acumulan desde la década de 1970 en el Perú, pero el aborto continúa penado desde 1863. Es cierto que desde 1924 se declara fuera de castigo el aborto terapéutico, pero fue ignorando hasta que recién el año 2014 se aprobó el reglamento para que pudiera ejercerse. Así que hasta hoy sólo es aprobado cuando es el único medio para salvar la vida o evitar un daño grave y permanente en la salud de la mujer, quedando como delito cuando el embrazo es producto de una violación sexual, cuando existen malformaciones fetales incompatibles con la vida extra uterina, y cuando se trata de una inseminación no consentida.

Como señaló Elizabeth Salazar Vega (Ojo Público, 2019), en nuestro país, las mujeres y adolescentes que sólo lo pueden realizar de manera ilegal son perseguidas por el Estado. Y quienes las denuncian son las personas a quienes acuden precisamente a buscar ayuda: personal de hospitales, policías y fiscales. Son ellos quienes las denuncian amparados en los artículos 114 y 120 que establecen desde tres meses hasta dos años de cárcel para ellas. ¿Y por qué lo hacen? Porque el artículo 117 establece que los profesionales que “abusen de su ciencia o arte para causar el aborto”, tendrán pena privativa de libertad de 1 a 5 años, dependiendo del consentimiento de la paciente, y serán inhabilitados para ejercer su profesión y privados de grados policiales, títulos honoríficos y demás distinciones propias de su oficio.

Desde fines de los años 90 en adelante, el espacio donde sí se discute a pesar de que no quisieran muchos congresistas, es en el ámbito legislativo. Pronto sabremos del debate en la comisión de Justicia y Derechos Humanos, pues en diciembre del año pasado, congresistas encabezados por Ruth Luque presentaron nuevamente el proyecto de Ley para despenalizar el aborto por violación, y una semana después, la congresista pastora evangélica María Jáuregui, presentó como contraparte el proyecto de Ley que reconoce los derechos al concebido.

Colombia aprobó el aborto el año 2006. Lo que ha ocurrido el lunes pasado es que la Corte Constitucional lo ha despenalizado hasta la semana 24, acción que se ha celebrado en la región, pero que levantó preguntas en las redes del por qué se aprobó hasta el segundo trimestre del embarazo si, como es sabido, es un estado de gestación que pone en riesgo la salud, es más doloroso e implica una prolongada recuperación. La Corte no puso plazo por dos razones: porque hay casos en los que la vida de la madre se pone en riesgo recién al final de la gestación, como en el caso de la mortal preeclampsia que solo se puede diagnosticar después de la semana 20. Y porque son tantos los obstáculos que establecen muchas veces las familias y las instituciones, públicas y privadas, que el plazo de 14 sólo se cumple en los países donde los programas llevan décadas y el personal está capacitado. Colombia ahora pondrá sus esfuerzos en la educación sexual. Ojalá que aquí perdamos miedo de mentarlo y aprendamos a escuchar.

 

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Aborto, Colombia

 

Durante décadas, en los libros de historia se representaba la organización social de toda cultura mediante una pirámide dividida en estamentos. La organización del virreinato, por ejemplo, distribuía los niveles del triángulo por grupos raciales: en la cima estaba el español, seguido de criollos y mestizos, luego indios y en la base más ancha, negros y mulatos. Una vez terminado el año en que se estudiaba el periodo colonial, los escolares nunca más volvíamos a encontrarnos con una pirámide similar sobre la sociedad contemporánea. Aparentemente, gracias a la democracia, una organización así y sus relaciones de poder habían quedado en el pasado,

Se suponía que al convertirnos en una república y considerarnos iguales, el Perú había conseguido reemplazar la pirámide por una escala alfabética de niveles socioeconómicos, de la A hasta la E, como suele aparecer en los informes estadísticos. Los hitos de ese logro habían sido resultado de la independencia, la liberación de los esclavos y de la tardía reforma agraria. Pero como bien nos hizo notar Gonzalo Portocarrero, en una sociedad donde la ley pública jamás llegó a tener prestigio, la independencia solo consiguió que otros extranjeros y los criollos más blancos reemplazaran a los españoles, que la prohibición de la esclavitud no pusiera fin a la discriminación racial y a la pobreza de la población afrodescendiente, y tampoco consiguió que la reforma agraria lograra terminar con la pobreza de la población indígena y su acceso a educación de calidad.

Doscientos años después de la independencia, la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, le demanda a la alcaldesa de un distrito rural arequipeño que cambie el tono de voz porque está prohibido en “su casa”. El recurso de considerar su casa al Congreso, el lenguaje corporal que utilizó y el silencio posterior a los reclamos de demás autoridades públicas, dan cuenta de cómo con ese discurso ella se coloca en la blanca cima de la vieja pirámide y le quita la voz a la autoridad de una localidad rural. Con este acto, Alva pone a Marilú González en la base inferior de la pirámide y transparenta cómo su reclamo no puede ser aceptado porque rompe con el orden establecido. Se ha metido a su casa a protestar, sin importar que sea justo o no.

Doscientos años después de la independencia, los electores peruanos dieron preferencia a un maestro rural sindicalista para que fuera presidente, mostrando su hartazgo por la heredera de la mafia fujimorista que azota al país desde los años noventa. De la base fue llevado hasta la cima. Pero el presidente no quiso esa casa. Prometió que la convertiría en museo y mantuvo otra casa en Breña para visitas, yendo directamente contra la ley, desconociendo sus verdaderas funciones, pero con la esperanza de transmitir “al pueblo” que no lo traicionaba, sino que sufría el no saber cómo gobernar junto con él.

Estas buenas intenciones son para él razón suficiente para justificar el sentirse víctima de los grupos de poder que promueven sistemáticamente su vacancia, pero el querer permanecer en la base piramidal no tiene por qué justificar que se lave las manos, que eluda sus principales tareas, que dé sus cargos a personas sin experiencia en el sector o, peor aún, que los mantenga sabiendo bien que están implicados en mafias viejas o nuevas de los sectores informales y delincuenciales del país.  En ninguna de las dos casas, el Palacio de Gobierno o el Congreso de la República, alguno de sus dirigentes ha sido capaz de pedir disculpas. Lo único que se ha conseguido es que el presidente se quite el sombrero.

8 de febrero de 2022

 

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Congreso, Maricarmen Alva

La Secretaría de comunicación estratégica de la Presidencia de la República siempre debe fortalecer el liderazgo político del presidente porque todo país democrático comprende que gobernar es saber hacia dónde lo dirigen. Un buen ejemplo peruano fue el de Martín Vizcarra, quien, desde el primer día del estado de emergencia, proyectó dar una conferencia de prensa diaria para informar sobre las medidas del gobierno para contener la expansión del coronavirus. Sus mensajes se realizaban en vivo alrededor del mediodía a través de la mayoría de canales de señal abierta y a través de una empresa de cable y Youtube. Acompañado del gabinete, el cual era presentado como el equipo que lideraba, Vizcarra se concentraba en explicar las medidas que se estaban tomando en función de las cifras y los últimos estudios. También explicaba las razones de los cambios de ministros y de las medidas que iban redimensionado la pandemia y las restricciones sociales. La estrategia era muy funcional: no tenía por qué responder él mismo a las preguntas de los periodistas, sino que las derivaba a los ministros especialistas, utilizaba un lenguaje muy claro y directo, e incluía la traducción simultánea en lengua de señas. En un contexto de muerte continua, crisis económica y sobre todo de incertidumbre, el traductor fue celebrado, pues transmitía directamente el mensaje de cuidado y solidaridad muy necesario en el momento. Apelar a la lucha y compromiso de todos, de pronto elevó la ciudadanía en el público que se acostumbró día a día a esperar las noticias que oscilaban entre el temor y la esperanza. Los periodistas entregaban previamente sus preguntas para responderlas de manera ordenada y se recogían algunas pocas del público por las redes. El poder ejecutivo alcanzó así, un claro dominio sobre la conducta de los periodistas que debían acatar las reglas establecidas para las conferencias. 

La iniciativa no era nueva en América Latina. En México, Andrés Manuel López Obrador la desarrolló durante el tiempo que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, entre los años 2000 y 2005, consiguiendo muchísima popularidad. Actualmente, mediante las conferencias llamadas las «mañaneras» (7 am), el gobierno anuncia los programas sociales, responde a los periodistas y da mensajes políticos a todo el país. Esta estrategia le ha permitido construir la popularidad que lo caracteriza, pero, sobre todo, dar instrucciones que con mucho ingenio le permiten construir la agenda política, de tal manera que la opinión pública y sus rivales políticos siempre deben responderle a él y no a la manera inversa, como, lamentablemente, parece estar ocurriendo con Pedro Castillo y sus malas relaciones con la prensa peruana e internacional. 

En las tres entrevistas, Castillo ha dejado en claro que ahora sí se siente dispuesto a responderle a la prensa tras meses de silencio que él justifica diciendo que se había visto muy afectado por cómo había sido maltratado por los periodistas durante la campaña electoral. Ahora, siguiendo a López Obrador, parece que ya no teme a las preguntas incómodas, no obstante, sigue manteniendo un victimismo que lo aleja simbólicamente de la postura del líder que se le reclama. Dice él estar aprendiendo a ser presidente, pero una de sus tareas debe ser discutir con su secretario de comunicación estratégica, su paisano Rodolfo Jaime Idrago, cómo encontrar una manera de contener a la prensa y marcar la agenda política del país. Que lo sigan vinculando con el terrorismo o matengan la presión sobre el caso de Karelim López, en lugar de que Castillo ponga sobre la mesa la corrupción universitaria, el narcotráfico, la salud del país o el bienestar de la población, es la razón por la que continúa bajando en las encuestas. 

Si el señor Idrogo quiere detener las entrevistas en las que los periodistas, por más famosos que sean, sólo se dedican a acorralar al presidente, debe investigar primero cuál es el sesgo mediático del medio del que provienen, y así evitar a personajes como Fernando del Rincón, cuya única fuente citada durante toda la entrevista no fue otra que el diario El Comercio, medio decidido a convencernos hasta hoy día que debe triunfar la vacancia. 

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Comunicación, Pedro Castillo, política peruana

La condena a Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel por haber cometido delito contra el honor de Cesar Acuña por unas frases citadas en el libro Plata como cancha (Penguin Random House Perú, 2021) ha sido de inmediato considerada dentro y fuera del Perú como un atentado contra la libertad de expresión. Eso significa que la resolución del juez Raúl Jesús Vega ha puesto en dilema dos derechos humanos que debieran ser complementarios: el derecho al honor que nos otorga nuestra dignidad como personas, y el derecho a la libertad de expresión, a poder hablar libremente sobre los temas públicos que necesitamos identificar para que nadie que esté en el poder saque provecho del resto. De lo contrario, no hay verdadera democracia. 

Si ambos son derechos de toda persona, ¿qué ocurre cuando en casos como este parecen los derechos contradecirse entre sí? ¿Hasta dónde sé es libre para criticar a personajes públicos y hasta qué punto el honor puede ser razón para que un juez castigue a quienes investigan a políticos acusados de abuso y corrupción? He ahí el problema principal de la resolución del juez Jesús Vega que se concentró en proteger el honor de Acuña, ocultando que se trata de la obra fiscalizadora de un periodista que cuidadosamente ha presentado todas sus fuentes de información. Y siendo el sello editorial el que debiera brindar seriedad a la publicación, con total indiferencia, el juez condena también al director, Jerónimo Pimentel. 

Que el juez y el abogado de Acuña, Enrique Ghersi, apelaran al honor para así poder castigar al periodista y a la editorial, resulta pues, sorprendente, dado que se trata de un personaje importante de la política peruana, vinculado a diversos cargos de gobierno y legislación, dueño de universidades, y que, por lo tanto, la prensa y toda la ciudadanía peruana tiene derecho a compartir información que advierta acerca de sus acciones. Así lo entiende la legislación sobre este tema en el mundo entero. El honor solo es recurso cuando se afecta el de una persona en el ámbito privado. A ello hay que sumar (literalmente) que en lugar de haber pedido rectificación de la información, como suele ocurrir con los querellantes de honor ofendido, lo que se ha pedido en esta ocasión es sólo prisión suspendida y dinero como reparación civil. Esto trae pues, una segunda pregunta quizá mucho más importante que la anterior, y es ¿en qué consiste entonces el honor para Jesús, Ghersi y Acuña?

El honor es el derecho a ser respetado por los demás, por eso tiene dos aspectos, uno individual, personal, “cómo la persona se valora a sí misma” en tanto se siente respetada, y el otro, es el de la reputación, de “cómo los demás valoran a la persona”, cuánto la respetan. Y cuando pensamos en Acuña, esta pregunta nos conduce de inmediato a otra contradicción, pues sin duda Acuña tiene una valoración de sí mismo muy distinta de la que tenemos las peruanas y peruanos que hemos tomado conciencia a lo largo de los años de la cantidad de denuncias judiciales que ha tenido en Trujillo y en Lima, de testimonios de funcionarios condenados por corrupción, de la indignante manera en que ha convertido la formación universitaria en un negocio electoral. Cabe añadir las desconcertantes y risibles frases de un hombre que se jacta de haber contratado un equipo cada vez que tuvo que hacer una tesis para que la escribiera por él. 

¿Cómo es entonces que nos valoramos los demás y no Acuña? En casi todas las legislaciones suele aparecer como sinónimo de honor la palabra honra. La honra es el nivel más alto del honor y por eso permite construir en cada sociedad un conjunto de valores vinculados al orgullo. Retornando a la dignidad, podemos identificar que aquello que nos brindan nuestros derechos y nos dignifica como personas es la libertad, es decir, la capacidad de poder decidir y de hacernos cargo de nuestras responsabilidades en relación con los demás, dejando así con estas acciones nuestro honroso legado a la sociedad. ¿Qué honroso legado le debemos a Acuña? ¿Miles de estudiantes manipulados electoralmente? ¿Jueces comprados? ¿En qué honor entonces pensaba el Juez si para él se trataba de una reputación que valía el ingreso mensual del ofendido? Ojalá pronto se escuche la voz de sus estudiantes porque gracias a la libertad de expresión podrán leer el libro, tomar conciencia y protestar por la realidad a la que Acuña los ha conducido. 

 

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“Plata como cancha”, César Acuña, Christopher Acosta

Falta poco para que termine el año y si miramos atrás, nos sorprende el haber sobrevivido a un periodo tan intenso: el dolor de la pandemia, la primera vuelta electoral, las vacunas, el desconcertante triunfo de Pedro Castillo, la búsqueda del fraude electoral, la lucha de Perú Libre por el poder en el ejecutivo, la ruptura de Perú Libre en el congreso, la información distorsionada por el periodismo peruano, la búsqueda de la vacancia presidencial, la caída de ministros, la profunda crisis de la educación nacional.

Y justo en el momento en que la crisis socioeconómica en la que se encuentra el mundo entero nos absorbe, Pedro Castillo sigue comportándose como si se encontrará en campaña electoral y aún no gobernara. Un duro desafío para la gestión de un Estado tan inestable, cuando en este contexto, las prioridades debieran tener claro cómo será el retorno a las clases presenciales, el tener listo el sistema de salud para atender al alto número de contagiados con la última variante del virus, el haber empezado un plan para conseguir el retorno de capitales y reactivar la economía de la manera más justa posible, el poner sobre el tapete nuevas políticas de seguridad para enfrentar al narcotráfico y la delincuencia urbana, el tener diseñadas con diversos medios campañas sociales y  culturales a favor de la convivencia sana y solidaria que necesitamos más que nunca.

Contra la urgido, el presidente cierra el año desaprobado, bajo la vigilancia de fiscales debido a sus desconcertantes reuniones fuera de palacio de gobierno, a sus vínculos con funcionarios de estado bajo sospecha de corrupción gracias a que la prensa se encarga de indagarlo. Y más allá de si la información es verdadera o no, la indiferencia del presidente nos desafía cada vez que en lugar de dar razones o justificar lo acaecido, responde tan solo mediante consignas de movilización popular, alimentando el misterio sobre las preguntas que nunca se responderán. Como contraparte, este año nos ha confrontado con un Congreso de la República que hasta la fecha ha realizado pobres y pocas propuestas legislativas creadas para favorecer la informalidad y la corrupción. El resto del tiempo, sus integrantes se han dedicado a deshacer y rehacer alianzas en contra del Ejecutivo y sus ministros. Por supuesto, más desaprobado que el presidente, se encuentra el Congreso.

Esta falta de representación recogida en las encuestas realizadas por diversas agencias, debe alertarnos porque el resultado en cualquier sociedad es sin duda la anomia, el sufrir la carencia de normas capaces de regularnos: los cultivos de coca para el narcotráfico se han multiplicado, los robos a mano armada y los homicidios han aumentado, la violencia de género en los hogares y los problemas de salud mental se han elevado de manera angustiante, la defensa de la informalidad y la evasión tributaria se han posicionado políticamente, la difamación y manipulación abusiva de la información se han vuelto pan de cada día.

Las únicas figuras públicas que han conseguido mantener cierta estabilidad en nuestra sociedad a pesar de esta inmensa ola alimentada por el conflicto de poderes han sido el ministro de Economía y la presidenta del Consejo de Ministros. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ya indicó que la economía peruana se encuentra entre las mejor preparadas para el próximo año en la región y el ministro Francke ha cerrado el año anunciando que el crecimiento del producto bruto interno del 2021 ha sido también el más grande en nuestro continente, superando las proyecciones al comenzar el año. La Primera ministra Mirtha Vásquez, reconocida como la auténtica encargada del actual gobierno, ha conseguido como el mayor logro de este año, el reencausar los conflictos con distintas mineras heredados de gobiernos anteriores. Las Bambas sea quizás el más difícil de todos hasta la fecha, pero los resultados mostrados desde el mes de octubre, nos dan esperanza para el desarrollo de la mesa de diálogo que mañana jueves 30 comenzará a trabajar. Que Renovación Popular con apoyo de la prensa no cese de pedir que Vásquez se retire es un ejemplo de cómo en un contexto tan delicado, la oposición política sólo se dedica a alimentar el caos y no nos permite responder solidariamente a las prioridades que tanta falta nos hacen.

Mis mejores deseos para que el 2022 tengamos un respiro con un Congreso y un Ejecutivo dispuestos a trabajar de verdad. 

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Congreso de la República, Gobierno, propuestas legislativas

Al anunciarse por distintos medios que el presidente Castillo ha solicitado el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la inmediata reacción de muchas lectoras y lectores peruanos encontró en este gesto nuevas razones para hacer público su desprecio por el presidente Castillo: otro acto de debilidad ante los problemas que debe afrontar, un recurso más de victimización ante las críticas a su incapacidad como gobernante. Esa reacción es resultado de un profundo desconocimiento de la trayectoria de López Obrador, quien sin duda siente empatía por el presidente Castillo, pues ha vivido campañas mediáticas en su contra que sembraron el miedo sobre sus orígenes regionales y su postura política. López Obrador, dispuesto a fortalecer su gobierno, le ofrece seguridad a Castillo: que se vea como un Benito Juárez, le dice, primer presidente mexicano de origen indígena. Pero la brecha formativa entre López Obrador y Castillo es social y políticamente tan grande que da qué pensar.

López Obrador nació en la selva del sureste de su país, en la costa del golfo de México, junto a Guatemala, lejos de la capital y en una economía rural. Pero a diferencia de Castillo, él pudo estudiar la secundaria en la capital de Tabasco y luego ir a la universidad en el Distrito Federal, la capital de México. En los años setenta, ingresó al Partido Revolucionario Institucionalizado (que tuvo el poder durante setenta años consecutivos desde 1930). Mientras culminaba su tesis sobre el proceso de formación del Estado nacional mexicano en el siglo XIX, ocupó una serie de cargos del PRI en Tabasco que lo vincularon con su población indígena y que fueron la pieza clave para su postura, pues optó por separarse del PRI junto con los partidos de izquierda que conformarían pocos años después el Partido de la Revolución Democrática. Tras ocupar la presidencia del PRD en Tabasco y luego a nivel nacional, el Partido se fortaleció y ganó las elecciones para la gobernación del Distrito Federal. Durante su gestión, fue tal el éxito de sus programas sociales con la población vulnerable, la mejora del sistema de transporte urbano, la contención de la delincuencia y su apoyo a la educación que se ganó una envidiosa oposición del Congreso. Bastó que López Obrador ignorara una decisión judicial que impedía el uso de una parte de un terreno baldío para trazar la salida vial de un hospital universitario, para que sus opositores demandaran su desafuero. Uno de sus efectos, si bien no consiguió que ganara las elecciones presidenciales inmediatas, fue que fortaleció su imagen de un líder que defendía los derechos de la población vulnerable de Tabasco, del DF y de todo el país. Pero también generó la respuesta mediática de la derecha neoliberal que pasó a manipular la información y exagerarla hasta el punto de sembrar el miedo al “comunismo” de López Obrador.

Así como Mario Vargas Llosa se opone y busca reducir intelectualmente a Pedro Castillo, en México fue el historiador Enrique Krauze quien sembró el miedo hasta en el mundo académico, cuestionando los enfoques históricos de López Obrador. Krauze, acusado por los medios de liderar ocultamente la campaña mediática sobre falsos vínculos “comunistas” con Rusia (?) y Venezuela, cometió su mayor agresión cuando, indignado por el respaldo que recibió López Obrador de parte de sus seguidores en el Zócalo, firmó en su artículo “El Mesías tropical” (Letras Libres, 2006), que López Obrador era un hombre impulsivo y violento por ser tabasqueño y “tropical”, dejándolo como un primitivo y bárbaro político de pensamiento religioso proveniente de la selva mexicana. 

Quince años después López Obrador es un presidente con buena aprobación nacional e internacional. Ojalá los funcionarios enviados por el presidente mexicano puedan ayudar a Castillo a salir de la situación mediática similar en la que se encuentra, pero deberá aprender –y pronto–  que mientras López Obrador se encuentra confrontando a su universidad, a la UNAM, la más grande universidad pública de todo América Latina, por haberse derechizado, aquí su gobierno se hace de la vista gorda con el proyecto de ley contra la Sunedu que permitiría la reapertura de las universidades de los congresistas corruptos dedicados a estafar a nuestra juventud estudiantil

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