Una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es el retorno de la inflación a tasas que no veíamos desde el 2008. Esta erosión de la capacidad adquisitiva de los peruanos tiene origen externo y es realmente poco lo que las autoridades económicas pueden hacer para paliar la situación. A las presiones inflacionarias atribuibles a la crisis de los contenedores y las disrupciones de las cadenas globales de suministro se ha sumado un severo shock en los mercados internacionales a raíz de la invasión rusa de Ucrania con grave repercusión en las cotizaciones de petróleo crudo, cereales y fertilizantes. Estos factores, no solo han incrementado las cotizaciones internacionales de dichos productos sino también los costos de los fletes nacionales e internacionales. Es así como la inflación de alimentos y combustibles, que representa la mitad de la canasta básica de consumo, alcanzó una tasa anualizada de 12% y con tendencia al alza. A la par, la economía se viene desacelerando sostenidamente luego del “rebote estadístico” registrado el año pasado. Lamentablemente lo que sí ha aumentado es el empleo inadecuado, el subempleo y una creciente percepción que el bienestar está retrocediendo.
¿Qué pueden hacer las autoridades económicas ante esta situación? El Banco Central de Reserva está incrementando la tasa de referencia para anclar las expectativas inflacionarias y el Ministerio de Economía y Finanzas amplía los subsidios a los combustibles importados. El reciente anuncio del Gobierno de incluir nuevos combustibles en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FPEC), con el objetivo de atenuar los efectos de la volatilidad de la cotización del petróleo y su impacto sobre los combustibles derivados y los fletes, solo mitiga la afectación negativa sobre los consumidores de manera temporal. El gran limitante de este tipo de política es la capacidad de la caja fiscal de asumir contingencias fiscales que podrían ser muy significativas. En función del precio promedio del crudo y si se cumple la inclusión de estos nuevos combustibles en el FPEC solo por un trimestre, el costo fiscal anual de estos subsidios ascendería entre S/ 710 y 2800 millones, según estimaciones oficiales. Si se prolongaran estos subsidios o si el precio del crudo repuntara aun más, las contingencias serían mayores y dificultarían el manejo fiscal.
No obstante, para reducir la angustia de la población por la pérdida de su capacidad adquisitiva, lo que sí pudiera hacer el Gobierno es tomar en serio la generación de empleo y de mayores ingresos de los trabajadores. Esto no se logra por decreto, pero si reduciendo las fuentes de riesgo regulatorio que han deprimido las expectativas empresariales y explican porqué la inversión privada no crecería los próximos años. En los últimos meses hemos sido testigos de una serie de medidas que deterioran el entorno de negocios y hacen más difícil la creación de empleo de calidad.
Por ejemplo, las políticas laborales del Ministerio de Trabajo van en contravía de las tendencias internacionales de impulsar una mayor competitividad y especialización laboral. Por el contrario, son políticas sesgadas para favorecer al 5% de la PEA sindicalizada del país. Algunos ejemplos de estas medidas son la intención de incrementar la Remuneración Mínima Vital, que solo beneficiaría entre 350 y 400 mil trabajadores (de una PEA de 16 millones), y la imposición de limitaciones a la tercerización que podría hacerle perder el empleo a 250 mil trabajadores. Además, la fiscalización laboral ejercida por SUNAFIL no ha guardado un sentido de proporcionalidad y se concentra en el sector formal que representa menos de 30% de la actividad empresarial. No hay ningún planteamiento para racionalizar el cumplimiento de la extensa normativa orientada a manejar las relaciones laborales, que es costosa y compleja y desincentiva el crecimiento empresarial. Por ejemplo, resulta poco razonable que una micro o pequeña empresa pueda cumplir con más de 100 normas laborales vigentes. Peor aun, no se ha esbozado ningún planteamiento para reducir la informalidad o mejorar la productividad laboral.
En este marco, la semana pasada se realizó un evento organizado por la CONFIEP con la asistencia técnica de Organización Internacional del Trabajo en donde se presentó el estudio “Propuestas de políticas a favor del trabajo decente en el marco de la Agenda 2030”. La invocación a un debate equilibrado y participativo, y la discusión de estas recomendaciones, se hace imperiosa en vista de que la precariedad laboral se acentúa y las acciones del Gobierno agravan esta situación. En un contexto de elevada vulnerabilidad externa, es preciso que el Gobierno tome conciencia del delicado momento que atraviesa el país y que las estrecheces económicas comienzan a dominar al grueso de la población. De no quebrar esta parálisis reformista y persistir en la adopción de políticas desacertadas y demagógicas, el riesgo es cada vez mayor que entremos en un proceso de estancamiento económico y esto se constituirá en el legado de la administración actual.
*Luis Miguel Castilla es director de Videnza Consultores
