Sudaca conversó con Carlos Casas, investigador en política fiscal y Decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico sobre la medida anunciada por el presidente Francisco Sagasti.
Por Samanta Alva
En noviembre de este año, el presidente Francisco Sagasti indicó en RPP que el Gobierno tendría que endeudarse en más de S/ 30,000 millones hacia el 2021 de modo que el Presupuesto General de la República pueda ser cubierto, tomando en cuenta la caída de la recaudación fiscal en 30%. Precisó que el crecimiento del presupuesto sería solo de 3,5%. “Vamos a tener que ser muy cuidadoso de priorizar las necesidades de quienes realmente lo necesitan y desgraciadamente explicar que muchas demandas van a quedar insatisfechas, nos guste o no”, añadió.
Dado que la deuda pública del Perú ya asciende al 27% del PBI, es preciso preguntarnos la viabilidad de esta medida de endeudamiento. Carlos Casas, Decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, explica que la deuda indicada por el presidente Sagasti ya se encontraba dentro del marco macroeconómico multianual. “Tenemos que recordar que ya estaba pronosticado que la deuda iba a subir del 27% al 35% del PBI. Hacia el próximo año iba a subir hasta 38%”, indica el economista.
Deuda: economía básica
Como indica el economista e investigador en política fiscal, la deuda funciona en principio para cubrir crisis temporales y eso es justamente lo que estamos atravesando en este contexto de pandemia por COVID-19. “Estamos pasando por un shock que ha provocado la caída de la actividad económica y una fuerte caída en la recaudación fiscal. Si no se pagan impuestos, hay que financiar con deuda, que más adelante va a tener que ser pagada con impuestos. La deuda es un principio económico que se maneja en las finanzas públicas”, recuerda Carlos Casas.
Soluciones frente a la caída de la recaudación
Para Humberto Correa, decano del Colegio de Economistas de Piura, ciudadanos de pie y empresarios tendrán que pagar más impuestos en algún momento para cubrir lo que se está gastando, según lo mencionó al portal web infoMercado. “Pasaremos de 18 a 19% en el IGV, o se pagará más autovalúo a las municipalidades. Ahora todo el mundo lo va a negar para no encender pasiones, pero en el largo plazo tiene que pasar”, aseguró.
Por su parte, Carlos Casas considera el aumento del IGV como una medida fácil, pero de última instancia. Recordemos que la última vez que esta medida se aplicó fue en 2011, cuando el IGV era de 17%. “Antes de llegar a eso, deberíamos hacer que la gente pague sus impuestos. No solamente las grandes empresas que ya están bastante supervisadas, sino también a las empresas pequeñas. Muchos profesionales como médicos o dentistas no dan boleta y quieren que se les pague en efectivo. Es un tema que se tiene que empezar a supervisar mucho más”, sugiere. Uno de los principios de la política tributaria es que los impuestos deben ser estables, por lo tanto, los cambios en las tasas no son deseables.
Sobre el impuesto a la renta, el economista precisa que un aumento desalentaría a la inversión y es lo que justamente el país más necesita en este contexto de crisis. “Por el lado de subir las tasas, siempre hay espacio para considerarlo pero no es lo recomendable por más que se diga que es transitorio. En el Perú lo transitorio se vuelve permanente. Si en última instancia, hay que romper el vidrio y usar la manguera para apagar el incendio, habrá que hacerlo”, apunta Casas.
Para el investigador en política fiscal, veremos una recuperación del crecimiento económico a mitad del segundo semestre de 2022. Considera que afirmar una recuperación para el año entrante es pecar de optimista. Sectores que ayudarán en este proceso serán el minero, construcción y comercio digital que ha visto un fuerte crecimiento durante los últimos meses.
Dinero repatriado
Este miércoles 16 de diciembre, el Perú suscribió un acuerdo con la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo para la repatriación de más de US$26 millones que provienen de actos de corrupción. Ante la recuperación de estos fondos, que serán usados en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, entre otras cosas, el economista indica que muchas veces la población puede cuestionar el por qué no usarlo en, por ejemplo, programas contra la pobreza, pero recuerda que en ese contexto US$26 millones no mueven la aguja presupuestal de miles de millones de dólares. “Creo que afianzar estos temas anticorrupción es bastante importante. Si se trata de dinero que provino de la corrupción pasada, usarla para combatir la actual es una buena señal”, finaliza.
