A diferencia del 2016, uno de los hitos de Keiko Fujimori para esta nueva campaña electoral ha sido la reconciliación con su padre, el exdictador Alberto Fujimori. De hecho, hace una semana la candidata reconoció que recibe consejos de este y, a inicios de abril, señaló que lo iba a indultar “si es que se me da la confianza”
Sin embargo, el expresidente aún tiene millonarias deudas con el país. De acuerdo a información oficial de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción que obtuvo Sudaca, Alberto Fujimori no ha pagado las reparaciones civiles por tres procesos penales en los que fue condenado.
Casos
El primer caso corresponde a un proceso por peculado doloso y falsedad genérica en los que quedó demostrado que Fujimori se apropió ilegalmente de S/52,5 millones junto a su exasesor Vladimiro Montesinos y los exministros Carlos Boloña Behr, Carlos Bergamino Cruz y Guillermo Salas Guevara Schultz.
Por estos hechos, Fujimori fue condenado en julio de 2009 a 7 años y 6 meses de pena privativa de la libertad y la inhabilitación por 2 años y 10 meses para ejercer cualquier cargo público. En aquella oportunidad se le fijó una reparación civil de S/3 millones que debían pagar entre todos sus cómplices. A la fecha, sólo se han saldado S/876.618.
Teniendo en cuenta los intereses generados desde la condena, la Procuraduría le atribuye a Fujimori una deuda de S/5.142.824,98.
El segundo caso corresponde a un proceso de peculado doloso, cohecho activo e interferencia o escucha telefónica. La condena está relacionada con el control de medios de comunicación, como fue la adquisición de canal 10 y la compra de la línea editorial del diario Expreso, con el objetivo de alcanzar la fraudulenta reelección del 2000.
Asimismo, junto con Montesinos, los ministros de Defensa, del Interior y el jefe del SIN, ejecutaron el ‘Plan Emilio’, que consistía en interceptar las comunicaciones de periodistas, políticos y demás personajes incómodos al régimen.
En setiembre de 2009, Fujimori fue condenado por este caso a 6 años de pena privativa de la libertad efectiva y se le fijó una reparación civil de S/.24.060.216. Hasta el 2017, por el incumplimiento en el pago, la deuda creció a S/45.859.447,47.
Además, se resolvió que Fujimori pague S/107.000 a cada uno de los 28 agraviados (unos S/3 millones en total), entre los cuales figuran César Hildebrandt, Cecilia Valenzuela, Alberto Borea, Javier Pérez de Cuéllar y Javier Diez Canseco. En la documentación enviada por la Procuraduría no se precisa si se ha realizado el pago a estos personajes.
La tercera arruga que tiene Alberto Fujimori con el Estado tiene que ver con una condena por usurpación de funciones, por la cual se le impuso una reparación civil de S/400.000 y dos años de inhabilitación en cualquier cargo público. El caso está relacionado al teatro que armó el expresidente para, supuestamente, capturar a su asesor Vladimiro Montesinos. Para el “operativo” se llegó a suplantar al representante del Ministerio Público y se allanó la casa del “doc” sin orden judicial. Los intereses han hecho que la deuda se incremente a S/687.010,39.
En total, según el informe de la Procuraduría Anticorrupción, Fujimori tiene una deuda de S/51.689.282,84, incluyendo los intereses solicitados que representan casi la mitad (S/24.229.066,84) y que están pendientes de una pericia en la Vocalía Suprema de Instrucción del Poder Judicial desde el 2017.
Sin embargo, el exmandatario “no ha abonado ningún monto por concepto de reparación civil”, apunta el documento. La Procuraduría precisa que Fujimori no cuenta con ningún bien que amerite interponer alguna medida cautelar, aunque se ha enviado un oficio a la Universidad Agraria La Molina (UNALM), para embargar su pensión de excatedrático; y al Congreso, para verificar si es que cobra su pensión como expresidente.
La UNALM informó que, a partir de julio de 2017, se reactivó la pensión de cesantía a favor de Fujimori por S/1.589, pero de acuerdo al Código Procesal Civil dicho ingreso no se puede embargar. Por el lado del Congreso, la respuesta fue que “no existe disposición de reconocimiento de pensión a favor del señor Alberto Fujimori Fujimori, ni ha recibido solicitud al respecto”.
El autor de este artículo se contactó con el abogado del expresidente, César Nakazaki. Este señaló que, al sólo tener ingresos por pensión o regalías que puedan generar sus cuadros o algún libro, “las reparaciones civiles millonarias no se establecieron para ser pagadas, sino con el único propósito de alargar la carcelería». Evitó referirse así a los intereses generados durante estos años y si su patrocinado ha decidido pagar o no su deuda con el país.
Otros deudores
Por otro lado, del elenco corrupto que protagonizó el régimen de Fujimori, quien lidera el ranking de deudores es justamente su exasesor Vladimiro Montesinos con S/548,1 millones de los cuales sólo ha pagado S/10,7 millones.
Le sigue César Victorio Olivares, quien fue gerente general de la Caja de Pensiones Militar Policial, con una deuda de S/340,6 millones, de los cuales apenas ha pagado S/10.000. A continuación, están José Francisco Crousillat Carreño y José Enrique Crousillat, quienes deben aún S/79,5 y S/77,1 millones respectivamente.
La lista la integran también los tristemente célebres hermanos Winter con un saldo por S/12,4 millones de soles; Víctor Joy Way, con S/9 millones; y el publicista Carlos Raffo, con S/2,3 millones de soles de saldo pendiente. Raffo ha sido relacionado por varios medios de comunicación como consejero de Keiko Fujimori en temas publicitarios para esta campaña.
La candidata Keiko Fujimori ha manifestado que su padre no será funcionario, pero que sí es motivo de orgullo contar con sus consejos. Quizá tendría más orgullo si es que el exmandatario decidiera cumplir con sus deudas.
