A fines de octubre del año pasado, dos denuncias ingresaron a la mesa de partes del Indecopi. Señalaban supuestas irregularidades en un concurso público organizado por esta entidad, por más de S/5 millones, que terminó ganando el consorcio SWAT Security. Las acusaciones estaban dirigidas contra el Comité de Selección que se encargó del proceso.
Lo particular es que las dos denuncias ingresaron con solo tres días de diferencia, el 22 y el 25 de octubre, y eran casi idénticas. Ambos documentos señalaban tres cosas: que la propuesta de obligaciones del consorcio ganador −que brindaría el servicio de seguridad a las sedes a nivel nacional− no cumplía con los requisitos, que una de las empresas del mismo no estaba correctamente acreditada y que una de las bases del concurso público no era consistente.
Además, los dos escritos usaron las mismas capturas de pantalla de sus búsquedas en Internet, subrayaron las mismas partes y hasta cometieron los mismos errores gramaticales. Los supuestos autores de ambos fueron el ciudadano Fortunato Ccama y la empresa Pacific Security International SAC, que pertenece al consorcio ganador.
Pero cuando el Comité de Selección acusado descargó el PDF para responder a la primera denuncia, notó −dentro de las propiedades del documento− que el autor del archivo no era Ccama, sino Miguel Ángel Bardales Flores. ¿Quién es este personaje? Un funcionario del propio Indecopi, que ingresó en la era Palacín.
El comité plasmó estos hechos en un informe interno del 29 de octubre. Sudaca accedió a los detalles.
EL AMPAYADO
Bardales no es nuevo en el mundo de las licitaciones. Desde 2013 ha brindado servicios a varios ministerios, a la Sunafil y al Poder Judicial, siempre relacionados a tareas de abastecimiento o contrataciones. El 1 de octubre del año pasado, dos semanas después de que Julián Palacín tomase las riendas del Indecopi, ingresó a laborar a esta entidad. Lo hizo bajo una orden de servicio titulada “procedimientos de contratación pública que se realiza en la unidad de abastecimiento”, según el portal de Transparencia de la entidad. En su nuevo cargo, tenía como funciones −entre otras− la revisión de expedientes de contratación e integrar comités de selección (no participó en el comité del concurso para el servicio de seguridad).
Sin embargo, sus visitas al edificio de San Borja habían comenzado antes: el 21 y el 24 de septiembre, pocos días después de la polémica designación de Palacín, Bardales ingresó a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración y Finanzas, respectivamente.
Según el informe realizado por el Comité de Selección, Bardales −como el verdadero autor de la denuncia contra SWAT Security− habría infringido el Código de Ética de la Función Pública y los acuerdos contractuales. Esto, al interferir en un proceso de contratación de su propia entidad.
Fuentes internas del Indecopi aseguran que la Unidad de Integridad Institucional y la Unidad Legal de la entidad también emitieron informes sobre el caso. En febrero pasado, el organismo que vela por los consumidores, la competencia y la propiedad intelectual denunció a Bardales por cohecho pasivo.
“Yo no tengo nada que conversar con usted, yo no lo conozco a usted”, repitió varias veces Bardales en una breve comunicación con Sudaca, pese a que se le indicó los motivos por los cuáles se le contactó.
Bardales ya no presta servicios para Indecopi. Su último ingreso a esta entidad fue el 5 de noviembre. Pero no ha perdido el tiempo. Desde enero, se desempeña como jefe de Logística en el Instituto Nacional de Salud Mental del Minsa.
FANTASMAS
Por otro lado, Fortunato Ccama −supuesto autor de una de las dos denuncias idénticas− es un señor de 64 años que no consigna firma en el documento, a pesar de que su nombre figura como el que lo ingresó por Mesa de Partes Virtual el 22 de octubre. Sudaca llamó al número de celular que el denunciante incluyó en el formulario, pero contestó una señora que asegura no conocerlo.
Desde el correo electrónico que consignó en mesa de partes tampoco respondieron nuestras comunicaciones. Esta dirección de Gmail (smendozaj10@gmail.com), además, incluye iniciales y un apellido que no coinciden con el nombre de Ccama. Intentamos buscar al sexagenario en su dirección legal, pero no lo encontramos. Sus vecinos aseguran que no reside ahí y que solo va de vez en cuando.
La segunda denuncia fue ingresada por la empresa Pacific Security International SAC tres días después, el 25 de octubre. Una de las pocas diferencias con el primer documento es que sí se incluyó una firma al final: la del supuesto gerente general de la firma, Fredy Vargas.
Sin embargo, el Comité de Selección realizó un contraste de esta rúbrica con la que figura en el Reniec y encontró considerables diferencias. Otra irregularidad es que la gerenta general de la empresa desde el 2020 es Carolina Vargas Enriquez, según la Sunat, no su hermano Fredy.
Nota de edición: Después de publicado este reportaje, Fredy Vargas, de Pacific Security, se comunicó con nosotros. Nos confirmó que su firma fue falsificada, pues ni él ni su hermana la estamparon en la denuncia, y que no fue su empresa la que presentó el documento.
Y aquí lo peor: al día siguiente de que la empresa ingresó su denuncia, la Unidad de Abastecimiento le respondió que ese recurso de apelación no era válido, porque la empresa pertenece al postor ganador. Y es que Pacific Security International fue una de las cinco empresas de SWAT Security que participaron en el concurso público. De ser veraz su autoría de la denuncia, estaría cuestionando su propia propuesta de obligaciones y la buena pro del consorcio al que pertenece. Insólito.
SWAT Security registra dos contratos más con entidades públicas, de acuerdo al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Ambos fueron firmados con Cofopri y se dieron en los años 2020 y 2022.
Intentamos comunicarnos con la empresa Pacific Security International por distintas vías, pero no respondieron. Por su lado, Indecopi dio una respuesta negativa a nuestro pedido de descargos, asegurando que la única vía posible para comunicarse era el portal de acceso a la información. La gestión Palacín no parece muy interesada en que este caso se ventile.
Fotoportada: Darlen Leonardo
