Hay, desde hace tres años, una leyenda corriendo entre el establishment empresarial limeño: Telefónica tiene un edificio lleno de empleados que ya no necesita, pero de los que no puede deshacerse. “La legislación laboral es tan rígida, que han tenido que meterlos a una suerte de call center para tenerlos haciendo algo”, se comentaba en los after-office de ‘Lima moderna’ pre-pandemia. Dicha unidad −remataban abogados corporativos y administradores con proyección− vendría a ser el símbolo de un país en el que hacer empresa formal es una tarea titánica por los costes laborales.
Ahora Telefónica ha decidido acabar con la historia detrás de aquella leyenda, que −como todas− tiene parte de mito y parte de realidad. La decisión incluye el despido de cientos de trabajadores. Antes de que ello ocurra, si el Ministerio de Trabajo (MTPE) les da la venia, Sudaca investigó y cuenta los detalles detrás del plan de la compañía española.
Un hueco sin salida
El edificio de marras existe. Es un bloque del complejo de oficinas que Telefónica tiene en Surquillo, a la espalda de las canchas de fútbol ‘La Once’ y el centro comercial ‘Open Plaza’ de Angamos, en la Calle Domingo Martínez Luján. Allí, efectivamente, se embutió hace tres años a cientos de trabajadores que cumplían distintas funciones en la empresa. Muchos de ellos eran técnicos de calle, especialistas en cableado. A la unidad se le llamó, porque hasta a los huecos hay que ponerles un nombre corporativo, el COM: el Centro de Operaciones de Movistar. ¿Qué es? Un back-office, una unidad de apoyo a los requerimientos internos de la empresa.
En este nuevo puesto de trabajo, los empleados del COM recibieron entre sus nuevas tareas la de llamar clientes. Si alguna vez usted solicitó cancelar su servicio y recibió una llamada para efectuar “validaciones”, vino de allí. A la división, Telefónica le proporcionó el equipo típico de un call-center: un software, audífonos, un micro. Y para estar seguros de no contravenir ninguna norma laboral, se mantuvieron los sueldos que los trabajadores habían alcanzado en sus posiciones previas. Mientras que los teleoperadores de afuera ganan, con suerte, S/1.200, en el COM se pagó un promedio de S/4.000, según fuentes de la compañía. Ello, más beneficios de planilla y jornadas recortadas de verano (37,5 horas semanales).
Esa disparidad, aunque provechosa, siempre tuvo una dimensión incómoda. Era un recordatorio, quizás el principal, de que los inquilinos del COM probablemente no escalarían un centímetro más dentro de la empresa. Podían ganar más que el mercado en lo que estaban haciendo, pero terminarían sus días haciendo crecer esa cifra solo mediante negociación sindical.
¿Por qué, si no, Telefónica movería personal de calle a operaciones para las que no está preparado? ¿Por qué conformaría la plana de teleoperadores mejor pagada del país? ¿Acaso era para convertirlos en gerentes?, se preguntan trabajadores reasignados con los que Sudaca pudo conversar y pidieron la reserva de sus identidades. El futuro laboral, desde el COM, se veía gris tupido.
Pero la inexistencia de una línea de carrera es una noción que los trabajadores adquirieron cuando ya tenían los audífonos puestos. Porque para reubicarlos −un proceso progresivo de los últimos tres años− la compañía les envió cartas en las que hablaba del “compromiso con la reconversión y empleabilidad interna” y les pedía que cambiasen de área “pues con su perfil y capacidades podrá continuar desarrollándose y aportando aún mayor valor a la compañía”. Hoy muchos se sienten engañados.
Lo que sí: Telefónica se ocupó de darle capacitación a sus nuevos back-officers. Les ofreció inducciones de una semana y les colocó ‘sombras’, colegas que los acompañarían en sus labores mientras ganaban experiencia.
“Estos compañeros, que se habían dedicado muchos a hacer trabajos de campo, no habían tenido mucho contacto con la informática. Por supuesto que tenía que haber una etapa de acompañamiento. Es como si al de oficina le digas, “ya papá, ahora te toca cablear, te voy a dar clases y luego vas y lo haces solo. ¿Qué va a cablear?”, dice Walter Díaz de la Vega, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Telefónica del Perú (Sinattel) y miembro de la coordinadora sindical de la compañía.
A Walter, en la izquierda de Juntos por el Perú, le dicen ‘Walas’. El apodo es por el soldado escocés Willian Wallace, de la película.
La modernidad
Del COM, Telefónica ha decidido quedarse con solo 3 áreas y eliminar 44. Ha juntado estas con otras 7 áreas que operan en provincias y ha emprendido un proceso de cese colectivo inicialmente para 844 trabajadores, más del 20% de la fuerza laboral que reportó en el 2020. El pasado 6 de abril, la ‘telco’ envió cartas a sus sindicatos informando del inicio de la movida y llamándolos a la etapa de diálogo. Un requisito legal.
“El motivo de este planteamiento es que Telefónica del Perú se encuentra en la necesidad de implementar una nueva estructura organizacional debido a los nuevos desarrollos tecnológicos y transformación digital, y de esa manera asegurar la sostenibilidad de la operación a nivel nacional”, ha respondido a Sudaca Georgette Page, gerenta “de experiencia empleado y business partner” de la compañía.
El cese colectivo es una figura de despido masivo que admite la legislación laboral peruana, no sin previa aprobación del Ministerio de Trabajo. Ha sido usada pocas veces en la historia, debido a un consenso entre abogados laboralistas de que el MTPE suele tener voluntad política de rechazarlos. Si se aprueba, el trabajador únicamente recibe sus beneficios truncos y puede retirar su CTS. Nada más. Para que ello ocurra, sin embargo, se deben sustentar razones concretas agrupadas en distintas categorías.
Dos son importantes para entender, en sencillo, este artículo: las ‘estructurales’ y las ‘económicas’. Estas responden a un severo problema de números en la empresa, mientras que aquellas, a un cambio en el mercado que hace que las posiciones a eliminar ya no tengan sentido. Telefónica ha optado por argumentar lo segundo: nuevas tecnologías que hacen obsoleto el trabajo de los empleados del COM. El ejemplo que citan es el ‘Dr. Speedy’: un servicio de asistencia técnica remota mediante el cual los técnicos ayudaban, por ejemplo, a pasar un antivirus a las máquinas de los clientes. Ya casi no sirve.
Fuentes de la compañía aseguran que la mayoría de las otras actividades son sumamente técnicas y que serán digitalizadas. Fuentes con conocimiento del proceso de cese, sin embargo, afirman que una parte pasará a ser realizada por máquinas, pero otra se tercerizará. En su carta a los sindicatos, la empresa española detalla además lo deteriorados que están sus indicadores financieros y operativos en el Perú: parte por la pandemia −explican− y parte por la competencia de otros operadores móviles (Claro, Entel, Bitel).
En el 2020, Telefónica del Perú tuvo una caída de 16,6% en sus ingresos, respecto al 2019, y una pérdida operativa de S/466 millones, según información bursátil.
“Toda causal de cese colectivo [para que se apruebe] debería tener una consecuencia en la viabilidad [económica] de la empresa, porque es una suerte de última ratio. Incluso cuando tengo que implementar cierta tecnología, también debería suponer una afectación a la viabilidad de la empresa. Siempre hay un criterio económico”, explica Guillermo Boza, profesor de derecho laboral de la PUCP y ex viceministro de Trabajo del MTPE. Por eso, Telefónica también ha adjuntado a los sindicatos sus estados financieros.
Pero ‘Walas’ cuenta que los sindicatos no aceptan la hipótesis de la adaptación a las nuevas tecnologías. Asegura que, como la conectividad digital no es total en el país, una empresa como Telefónica siempre va a necesitar un pull de apoyo humano. También dice que la compañía solo quiere mejorar sus números, y la acusa de no estar dándole suficiente mantenimiento preventivo a sus redes tras sacar de la calle a los técnicos que terminaron en el COM. Fuentes de la ‘telco’ negaron esta última acusación y se comprometieron a enviar información que lo sustente, pero no lo hicieron al cierre de la nota.
“¿Cuál es nuestra conclusión? Habrían creado esta área [el COM] para, en el menor tiempo posible, desaparecerla por la figura del cese colectivo por razones estructurales”, argumenta el dirigente sindical. La cancha parece quedar lista para un partido de argumentos en el MTPE. ¿Quiénes son los que definirán el marcador? Los técnicos de la Dirección General de Trabajo, del viceministerio de Trabajo. El viceministro es exgerente de Telefónica.
Empresa emblemática
José Luis Parodi Sifuentes es viceministro de Trabajo desde el 8 de setiembre del 2020. Fue gerente de “Asesoría Laboral y Terceros” en Telefónica hasta el 23 de abril del mismo año, antes de darle el primer giro a la puerta para ser asesor del Ministerio de Economía. Según su hoja de vida, como empleado de Telefónica en el Perú, se dedicó a “eliminar/mitigar riesgos laborales” y a “implementar planes de acción aprobados para la gestión de riesgos laborales”.
La relación laboral con la empresa se remonta, en distintos periodos, hasta el 2008, cuando ingresó tras dejar el estudio de abogados Miranda & Amado, donde era el “abogado destacado al Grupo Telefónica”. Antes también ha trabajado en la consultora EY. Sudaca lo contactó pero, debido a una agenda recargada, prefirió responder por escrito.
Parodi aseguró que la dirección que resolverá la solicitud de cese de Telefónica depende de su viceministerio, pero que “de ningún modo supone que en mi calidad de superior jerárquico pueda influir sobre el sentido de las resoluciones que emite”.
También indicó que por transparencia ha informado del caso a sus subordinados y nos remitió un memo interno que no menciona la palabra “Telefónica”, pero sí habla de una Ayuda Memoria sobre la “segregación de funciones de los órganos del MTPE como garantía frente a posibles incompatibilidades y/o conflictos de interés de funcionarios públicos o servidores”.
“Lo que nos preocupa es que quien toma decisiones en el viceministerio de Trabajo es José Luis Parodi. Él ha sido nuestro adversario dentro de la empresa. Los últimos años lo hemos conocido básicamente por las cartas que firmaba a los trabajadores”, reclama ‘Walas’. Si bien las direcciones generales están facultadas a tomar la decisión sobre el cese colectivo de forma técnica y autónoma, sería insensato no ver la posibilidad de que haya un conflicto de interés.
En realidad, pocos abogados laboralistas son ajenos a Telefónica. “En un momento, gruesamente, del número de procesos laborales [del país], la mayoría correspondía a Telefónica”, dice Boza. Más allá de lo que ello muestre de la empresa, los sindicatos telefónicos −como se hacen llamar− son de los más fuertes del país. Telefónica es una empresa emblemática en el derecho laboral.
Y no es verso: Sudaca sondeó entre otros abogados laboralistas, quienes aseguraron que una sentencia del Tribunal Constitucional contra la empresa del 2002, el Caso Fretratel, es una piedra angular sobre la interpretación constitucional del derecho al trabajo. Más procesos contra Telefónica han apuntalado esa jurisprudencia, como los casos Llanos Huasco y Baylón Flores.
En corto, Boza explica que en el sindicato Fetratel consiguió que el TC anule un despido masivo de empleados en la empresa de telefonía, que heredó una planilla abultada tras la privatización del servicio durante el gobierno de Fujimori. Cuando el negocio era público, era casi imposible conseguir un teléfono.
El tribunal consideró que no se había seguido el debido proceso para acreditar una causa objetiva de despido y también que se estaba atentando contra los sindicatos.
La sentencia del 2002, que habla sobre el derecho al trabajo y la libertad sindical, dice que “resulta coincidente que las personas con las que [Telefónica] concluyó unilateralmente la relación laboral haya sido precisamente las que conforman tanto el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica y de la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú. Como se aprecia, es el criterio de afiliación sindical el que ha terminado la aplicación del despido”.
De los 844 trabajadores que Telefónica planeaba cesar esta vez, más del 90% está afiliado a un sindicato, según la relación a la que tuvo acceso este medio. En la empresa, con más de 4.100 trabajadores, la tasa de sindicalización es solo de alrededor del 50%, según fuentes de la misma.
Telefónica presentó la solicitud de cese colectivo ante el MPTE el último viernes para 775 empleados. La diferencia respecto a la cifra inicial se debe a que en la negociación previa un grupo de trabajadores aceptó las condiciones del plan de retiro voluntario propuesto por la compañía. El riesgo es irse con nada. Pero se trataría de personal no sindicalizado, en su mayoría. Según ‘Walas’, la coordinadora sindical ha decidido adoptar la posición de la “defensa del puesto de trabajo”.
Al otro lado del mundo
Para terminar de entender la historia, es importante saber qué pasa con la ‘telco’ española a nivel global. En julio del año pasado, la compañía aglutinó todos sus activos en América Latina, salvo los de Brasil, bajo el paraguas societario de Hispam. La razón: separar sus negocios estratégicos y rentables en cuatro países −Alemania, Brasil, España y el Reino Unido− de sus dolores de cabeza latinoamericanos. Uno de esos es la operación en el Perú.
El plan, según reportes del suplemento económico de El País, Cinco Días, y de la agencia EFE, es vender los negocios cuando baje la marea. Para eso es necesario hacerlos más rentables. Y entre otras cosas, eso implica reordenarlos y quitarles toda la ‘grasa’. El plan estratégico elaborado por la matriz, que acaba de estrenar nuevo logo para ‘mirar hacia el futuro’, tiene dos prioridades: el precio de la acción y reducir su deuda.
La reorganización global cuesta. El plan de retiro voluntario (PRV) que Telefónica ofreció a los trabajadores incluye “incentivos económicos”, cobertura médica por hasta 5 años, asesoría para la recolocación o para el retiro personal, y mantener los descuentos en productos Movistar. De acuerdo a la declaración enviada por Georgette Page, 275 trabajadores hubieran recibido el equivalente a 60 sueldos de haber aceptado el retiro voluntario. Se trata de personal que, en algunos casos, viene desde la privatización.
Como no han aceptado la zanahoria, la empresa ha pasado al palo. Junto a la formalización del proceso de cese colectivo, a los telefónicos les ha llegado el aviso de que entrarán en suspensión perfecta de labores. “No realizarás ninguna tarea y, por tanto, no corresponderá el pago de remuneraciones”, dice la comunicación.
“En un contexto de pandemia, como dirigentes lo que valoramos es el empleo estable. Eso te permite tener un ingreso fijo permanente y la seguridad social. Valorar lo económico no es malo, pero si un balón de oxígeno te cuesta S/4.000, ese dinero pierde valor. Ofrecen cinco años de cobertura médica, pero los trabajadores tienen dependientes que no estarían cubiertos”, responde ‘Walas’.
“No estamos en contra del retiro voluntario. Pero esto ya no es un retiro voluntario. Con las condiciones de cese colectivo, es un retiro presionado […] Seguimos en la política del ‘cholo barato’, no es que al trabajador lo veamos de igual”, agrega.
Los sindicatos telefónicos y la ‘telco’ española tienen todavía una larga pelea por delante.
Fotoportada: Leyla López
