Promesas que ilusionaron a sus electores y qué desilusionaron a todo un país. Sí, un país dividido entre opiniones a favor y en contra de las decisiones del gobierno de Pedro Castillo que pusieron en cuestión su liderazgo, experiencia y autoridad en medio de una sociedad golpeada por la pandemia de la COVID-19 y de las cotidianas crisis políticas generadas por los últimos gobiernos. Sin embargo, ¿quiénes fueron los impulsores de sus decisiones? Los más cercanos fueron sus ministros.
Cada cartera ministerial estuvo liderada por cuestionables personajes que estuvieron inmersos en investigaciones por violencia, corrupción y antepasados políticos que la encabezan sus ex premieres. Bettsy Chavez es investigada por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado. Anibal Torres fue el último personaje político que acompañó a Castillo Terrones hasta su caída tras un fallido golpe de Estado y que es investigado por esta misma causa.
Sin embargo, entre los ministros que figuran en la línea de investigados también se encuentra Walter Ayala, quien asumió la cartera de Defensa en medio de la algarabía por la asunción del presidente del “bicentenario”. Pero este personaje no fue más que un ministro añadido a la lista de investigados por el Ministerio Publico.
La familia presidencial: Bruno Pacheco
La participación de Bruno Pacheco en la gestión del docente cajamarquino trajo varios escándalos que involucraron al mismo mandatario y sus ministros. Y es que agentes del Ministerio Público se apersonaron en las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia de la República para allanar documentos y dispositivos en general. Tras la diligencia, lo que impactó a la opinión pública es que se encontrara en el baño de la oficina del hombre de confianza de Pedro Castillo la suma de US $20.000.
Pacheco declaró que no era un dinero ilegal, sino más bien una fuente de ahorros personales y su sueldo (25.000 soles mensuales- US$6.250). Estas diligencias en la secretaría eran parte de una investigación de tráfico de influencias que inició tras las renuncias de los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea. Justificaron su decisión tras acusar a Pacheco de presionar e interferir en los ascensos de las FF.AA con personas allegadas al presidente.
Y esas personas allegadas alcanzaron al titular del Mindef de ese entonces: Walter Ayala Gonzales. Esta problemática se intensificó tras las declaraciones del comandante general del Ejército, José Vizcarra, que había asegurado las presiones por parte de Ayala y Pacheco para ascender irregularmente a dos coroneles.
Renuncia irrevocable
Mientras en el Legislativo se cultivaba una de los tantos intentos de vacancia presidencial, Ayala presentaba su renuncia al mando del Mindef: “Asumo total responsabilidad política del mismo, por ello como demócrata renunció irrevocablemente a Mindefensa”, mencionó en su tweet.
Tutela de derechos rechazada e investigaciones en curso
El ambiente político tenía una sola voz “vacancia presidencial”. Las acciones de Pacheco, los ascensos y el accionar de otros ministros pusieron en aprietos al exmandatario. Walter Ayala presentaba al Congreso una acción de amparo en contra del Legislativo para plantear la suspensión del trámite de vacancia presidencial que fue planteada el 25 de noviembre.
El documento también menciona que Ayala planteaba que el Congreso debía abstenerse de solicitar una vacancia presidencial hasta que el juez constitucional defina “el concepto de la causal de vacancia por incapacidad moral permanente”. Parece que Ayala no ha tenido mala suerte en este tipo de solicitudes. Y es que en julio de este año, Ayala Gonzales presentó una medida cautelar al Poder Judicial para que aceptara la suspensión del trámite de elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso anterior.
No todo ha sido favorable para Ayala. El 25 de octubre del presente año, el Poder Judicial rechazó su pedido para anular la decisión de la Fiscalía de la Nación que había ampliado la investigación en su contra por el presunto delito de organización debido a presuntas irregularidades en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas, en el año 2021.
El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró “infundado” un recurso de tutela de derechos presentado por el mismo. Mencionó que no había motivaciones para que el fiscal disponga su inclusión en la presunta red criminal en el gobierno de Pedro Castillo, por ello, el delito imputado en su contra “no calzaba” en su caso.
En el proceso de esta investigación, el último lunes, el Ministerio Público informó que el Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales allanó la vivienda y oficina del exministro de Defensa y de un grupo de generales de la Policía Nacional que son investigados por los presuntos ascensos irregulares en las FF.AA. El operativo se dio en horas de la madrugada y dándose la detención de tres oficiales generales de la policía y otras personas. Resultado de esto también se allanaron 27 inmuebles en distintos puntos del país.
La Inspectoría General de la Policía Nacional también remarcó su competencia funcional para la determinación de responsabilidades administrativas disciplinarias. Por su parte, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, realizó un operativo contra los generales investigados por la entrega de dinero para ascender de rango en el 2021, en la investigación se detalla que fue con autorización del expresidente Pedro Castillo.
El Ministerio Público detalló a la opinión pública: “El Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales allanó la vivienda y oficina del exministro Walter Ayala, incautando documentos y dispositivos, en el marco de la investigación por los presuntos ascensos irregulares de policías y militares en el 2021”, manifestó a través de Twitter.
