En la provincia de Jaén la preocupación por la situación de su universidad es creciente, al punto que ya puede calificarse de indignación. En julio pasado llegaron al Congreso y al Ministerio de Educación sendos oficios, firmados por más de 100 personas de esta provincia de la región Cajamarca, entre docentes, autoridades municipales, representantes de diferentes instituciones y ciudadanos de a pie. En ambos documentos se alerta sobre los graves problemas que enfrenta la Universidad Nacional de Jaén (UNJ) y se demanda la remoción de los integrantes de su comisión organizadora. A la larga lista de carencias que allí se enumeran se suman graves denuncias de corrupción, algunas de ellas ya judicializadas.
El panorama que pintan esos oficios es desolador. La UNJ tiene previsto iniciar el 22 de agosto su primer ciclo académico 100% presencial luego de la pandemia, pero su infraestructura no está preparada. Según el documento, no hay proyectores, y los salones no tienen cortinas o persianas. En algunas aulas –esto lo ha podido constatar Sudaca mediante fotos tomadas esta semana– ni siquiera hay carpetas ni pizarras. Según el docente y exdefensor universitario de la UNJ, Nicanor Alvarado, cada edificio de especialidad (en total son 5) solo cuenta con 2 o 3 salones con carpetas. Por si fuera poco, Alvarado detalla que el agua potable viene en cisterna solo dos días a la semana y resulta insuficiente para la demanda de la población universitaria, que incluye a más de 2 mil alumnos.
Pero estas carencias son solo uno de los trece puntos que se reclaman en los oficios. La lista de irregularidades en procesos de contratación, cobros indebidos y otras acciones no permitidas de estos últimos años es extensa, y la mayoría apunta como responsable a la más alta esfera de la universidad: la Comisión Organizadora, que ahora mismo está conformada por dos personas (normalmente deben ser tres). Algunos de estos casos ya cuentan con expedientes en el Poder Judicial. Otros aún se encuentran en etapas previas, como la denuncia que llegó el 21 de julio a la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque.
Hasta el momento, la Comisión de Educación del Congreso no ha respondido al oficio enviado desde Jaén. La Dirección de Educación Superior Universitaria (Digesu) del Ministerio de Educación sí ha organizado dos reuniones para tratar el tema, pero hasta ahora eso no se ha traducido en medidas concretas. Ante la falta de respuestas, en el concejo provincial se está evaluando la posibilidad de viajar a Lima para seguir ejerciendo presión.
Eterna comisión organizadora
La Universidad Nacional de Jaén (UNJ) fue creada mediante una ley en diciembre de 2008 y empezó sus clases en 2012. Al ser constituida por el Ministerio de Educación, esta institución debía ser liderada temporalmente por una Comisión Organizadora, hasta establecer sus órganos de gobierno, como la Asamblea, el Consejo y el Rectorado. Esta Comisión, integrada por un presidente y dos vicepresidentes, también está encargada de aprobar el estatuto, los reglamentos y demás documentos administrativos.
El problema de la UNJ es que ya ha cumplido una década de funcionamiento y sigue siendo dirigida por una comisión organizadora (la tercera hasta el momento). Como suele pasar en el Perú, lo temporal tiende a convertirse en permanente. Como aún no cuenta con docentes que cumplan con los requisitos para poder asumir el rectorado (como cantidad de años laborando en la institución), la Comisión sigue llevando las riendas. “No hay participación de los docentes ni de estudiantes mediante los órganos de gobierno, sino que la comisión hace lo que cree conveniente. Solo deciden tres personas y los administrativos designados por ellos”, explica Teodomiro Santos, presidente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup), sobre estas universidades. No es una situación excepcional: de las 49 universidades públicas que actualmente hay en el Perú, 22 están a cargo de comisiones organizadoras.
Pero la Comisión Organizadora de la UNJ, además, está descabezada. El 31 de marzo de 2022 Oscar Gamarra Torres renunció al cargo de presidente y desde entonces solamente la integran dos personas: los vicepresidentes Abner Barzola Cárdenas y Víctor Carril Fernandez, quien quedó encargado de la presidencia. Bajo el mando de estas dos personas se han aprobado distintas obras y contrataciones de personal que ahora están bajo la lupa por presuntas irregularidades. Esto ha llevado a que los firmantes de los oficios ya mencionados pidan sus renuncias, aduciendo “falta de catadura moral”.
UN ROSARIO DE ACUSACIONES
La lista de denuncias señaladas en los oficios enviados al Minedu y al Congreso es extensa. El caso más reciente, que se encuentra ya en la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, se trata de irregularidades ocurridas en la aprobación de obras. Sudaca pudo acceder a la denuncia en cuestión, cuyo autor prefiere guardar el anonimato por motivos de seguridad: en la narración de esta denuncia se afirma que la UNJ, en la construción del módulo de administración, aprobó ampliaciones de plazos para la obra y montos adicionales “valiéndose de sustentos técnicos inoficiosos”.
Según se detalla en la Resolución Presidencial 017-2022-UJN (una de las que aprobó las ampliaciones referidas), el Consorcio Selva –encargado de la ejecución de la obra– incurrió en una serie de incumplimientos. Por ejemplo, en un primer momento, este consorcio no levantó las observaciones que le realizó el supervisor sobre el expediente técnico, lo que le generó una penalización económica de 2,200 soles. Por más que luego subsanó este pedido, lo hizo fuera de plazo: el supervisor le notificó nuevamente las observaciones el 22 de diciembre de 2021 y le dio tres días calendario para que pueda levantarlas; sin embargo, el consorcio recién lo hizo el 5 de enero de 2022. Además, el 27 de enero se identificaron más deficiencias en el expediente técnico entregado. Pese a todo esto, la solicitud del adicional terminó siendo aprobada.
Otra irregularidad que se menciona en los documentos enviados al Minedu y al Congreso es la contratación de la nuera de Victor Carril, cuando este era vicepresidente de investigación. Una resolución de la universidad de julio de 2019 aprobó el nombramiento de Yajaira Carrasco como docente asociada a tiempo completo, tras presentarse en un concurso público. En la declaración jurada que había adjuntado, Carrasco –con domicilio legal en Trujillo– negó tener alguna incompatibilidad con la ley de nepotismo (la cual prohíbe la contratación de parientes hasta el segundo grado en el caso de afinidad), lo cual era falso.
Recién fue en enero de 2020 que, tras advertir estas sospechas de parentesco, la universidad le solicitó el acta de matrimonio a Carrasco, la cual constataba que está casada desde el 2007 con el hijo del vicepresidente en cuestión. Debido a esto, un mes después se declaró nulo el nombramiento. Carrasco no solo fue multada por emitir una falsa declaración jurada, sino que también fue denunciada penalmente por la universidad. Estas medidas fueron adoptadas por el entonces presidente de la Comisión, Oscar Gamarra. El suegro de Carrasco, sin embargo, continuó en el cargo y en 2022 asumió como presidente encargado tras la renuncia de Gamarra.
El otro vicepresidente, Abner Barzola, también se vio envuelto en una controversia en febrero de 2020. El primer día de ese mes, dos miembros del área administrativa del centro preuniversitario de la UNJ denunciaron que el exdirector Domingo Martínez cobró 50 soles adicionales a los padres de familia, supuestamente dirigidos a la adquisición del material educativo. El problema es que este cobro no correspondía, pues en el presupuesto original ya se contemplaba dicho rubro. Los denunciantes afirman que, cuando le pidieron explicaciones a Martínez sobre este cobro irregular, él les aseguró que tenían el visto bueno del vicepresidente Barzola.
El caso llegó al área legal de la universidad. Barzola se defendió alegando que en el informe de los descargos del exdirector no se le menciona específicamente en la parte del material educativo. Este informe, cabe resaltar, se emitió el 7 de febrero, casi una semana después de que las denunciantes mandaran el primer documento.
“Creemos que dichos funcionarios carecen de la catadura moral y la capacidad de seguir dirigiendo nuestra universidad (…). Dejamos constancia que, de no alcanzar justicia, la población de Jaén se reserva el derecho universal a la legítima protesta pacífica”, concluye el oficio mandado al Minedu y al Congreso, luego de mencionar los puntos explicados en este informe y otros más, como presuntas acciones represivas, malos tratos a los profesores y falta de transparencia sobre los recursos que recauda la universidad.
De pasada por Jaén
Otra queja que recogió Sudaca en sus entrevistas tiene que ver con que los integrantes de las comisiones organizadoras pueden venir de cualquier parte del país. “Como son de otros lugares, se regresan después de asumir sus funciones y nadie los juzga después”, considera Nicanor Alvarado, docente y exdefensor universitario en la UNJ.
Es el caso de los vicepresidentes de la comisión actual. El domicilio legal de Víctor Carril se encuentra en Ascope, La Libertad. Sin embargo, él ha forjado gran parte de su carrera en la Universidad Nacional de Tumbes, donde llegó a ser decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, según un documento de la institución del 2010. Incluso, el 2017 participó en la elaboración de un informe de impacto ambiental para un distrito de esa región.
Por su parte, Abner Barzola tiene domicilio legal en Tarapoto, San Martín. Barzola, graduado como ingeniero mecánico, se quedó en su región para ejercer como docente en la Universidad Nacional de San Martín desde 1984 hasta, al menos, 2016 (según su declaración en Concytec). Por lo demás, Barzola ha sido imputado en tres casos fiscales bajo los delitos de usurpación (destrucción o alteración de límites), usurpación de funciones y peculado. Dos de ellos se encuentran archivados y el otro –el de peculado– se encuentra en sobreseimiento. Todas estas investigaciones fueron seguidas por fiscalías de San Martín.
“Lo peor es que en Jaén sí hay docentes principales que tienen el perfil para integrar la comisión, docentes de algunas facultades de la Universidad de Cajamarca que tiene su filial en nuestra provincia”, añade Nicanor Alvarado.
Cabe resaltar que los problemas de las universidades con comisiones organizadoras no son exclusivos de la UNJ. Según Teodomiro Santos, de la Fendup, también se ha tomado conocimiento de denuncias similares en la Universidad Nacional de Quillabamba y en la Universidad Nacional Diego Quispe Tito. “Yo le pedí personalmente a Juan Malpartida ,director de la Digesu [Dirección General de Educación Superior Universitaria], que revise qué está pasando en estas universidades. Esas dos son las que están en problemas más graves. Ahí, por ejemplo, las autoridades han puesto a sus familiares a trabajar en la institución. Pero no hay respuesta: en el caso de una de estas universidades, el director de la Digesu le recomendó a los colegas que reclamaban que ‘volteen la página’ y ‘trabajen juntos’”, detalla Santos.
Intentamos comunicarnos con los vicepresidentes Carril y Barzola, para que puedan dar sus descargos sobre estas acusaciones, pero hasta el cierre de este reportaje no han respondido.
Nota de edición: Después de ser publicado este reportaje, el vicepresidente Abner Barzola respondió, adjuntando un documento enviado al Congreso, refutando al oficio donde se le acusa de irregularidades. En esta respuesta, Barzola asegura que en julio de este año se cerró la compra de 300 carpetas (lo cual es una cantidad baja respecto a la población estudiantil) y casi 300 cortinas (las cuales no se han podido ver instaladas en las fotos de esta semana a las que accedió Sudaca). Sobre la falta de agua, afirma que desde junio de este año se cerró el trato con el contratista y que, pese a que han atravesado algunas dificultades, a día de hoy la UNJ cuenta con servicio de agua permanente.
Adjuntamos el oficio enviado por el vicepresidente Barzola:
**Fotoportada por Darlen Leonardo
