“10% del presupuesto municipal irá destinado para auxiliar a las ollas comunes”, fue una de las principales promesas del entonces candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga. Sin embargo, a tres meses de asumir el cargo, la gestión del burgomaestre genera descontento en las representantes de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, quiénes afirman sentirse engañadas por el alcalde.
Las ollas comunes en Lima Metropolitana se encuentran en situación precaria, ya que no pueden acceder a los alimentos más nutritivos: carnes, frutas o verduras. “La situación sigue en inseguridad alimentaria, porque al no tener un acceso económico o de accesibilidad supone una situación de hambre que se ha podido agudizar”, aseveró Jessica Huaman, presidenta del Colegio de Nutricionistas de Lima y parte del equipo técnico de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana.
Esta situación se vio agravada el 30 de enero cuando las ollas comunes dejaron de recibir los alimentos que el mercado Emmsa de Santa Anita les brindaba con normalidad. Esta medida, según denunciaron, habría sido dispuesta por la nueva gestión de la Municipalidad de Lima sin previa notificación. De acuerdo con las afectadas, cerca de 60.000 familias se verían afectadas con esta escasez de alimentos, sobre todo, menores de edad y adultos mayores en estado de riesgo.
A la espera de la reglamentación
La gestión de Rafael López Aliaga enfatiza en redes sociales que la recuperación de alimentos es un logro de su mandato, pero esta iniciativa es llevada a cabo por las ollas comunes desde el inicio de la pandemia. “Tal vez el alcalde querrá hacer creer que él dispuso que se recuperen los alimentos”, cuestionó Fortunata Palomino.
Las ollas comunes de Lima, en trabajo conjunto con el Concejo Municipal anterior, lograron que se firmara la Ordenanza Municipal N° 2498-2022 en septiembre de 2022. La iniciativa promueve la recuperación de alimentos del mercado de abastos y mercados mayoristas de Lima. Además, aprueba el programa ‘Lima Recupera y Alimenta’ que crea brigadas de recuperación que se puedan acreditar por parte de la Municipalidad y se sume en alimentación nutritiva y saludable a ollas comunes y comedores populares.
“El hecho de que la gestión anterior no haya realizado una buena publicidad sobre estas iniciativas no quiere decir que no se haya hecho antes. Es importante resaltarlo porque fue un esfuerzo de la gestión anterior”, puntualizó Jessica Huaman, quien fue impulsora de la iniciativa.
Asimismo, la ex regidora mostró su preocupación en que la actual gestión no reglamente esta ordenanza. “Es bueno que recuperen alimentos pero solo lo hacen como meras intervenciones. Al ser reglamentada, se hará una recuperación de manera efectiva”, complementó la nutricionista.
En ese sentido, Fortunata Palomino puntualizó que el trabajo de recuperación de alimentos que se hace desde la Red de Ollas Comunes de Lima es distinto al de la Municipalidad. “Recuperamos alimentos en bruto y los clasificamos. Ellos dicen que donan 7 millones de toneladas de alimentos, pero es falso porque con las mermas y desperdicios no se llega a esa cifra. Después de clasificar los alimentos se tienen cerca de 4 millones de toneladas”, agregó la representante de la organización.
Palomino contó Sudaca que llevó todo el trabajo que las ollas comunes tienen esquematizado desde que recuperan alimentos a la reunión con la gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima, Isabel Ayala. Los materiales fueron entregados, pero el resultado no fue el esperado.
“En vez de trabajar en conjunto parece que la Municipalidad lo ha utilizado para hacer el trabajo solo. No nos está dejando ingresar al mercado mayorista. Nos dice [Isabel Ayala] que debemos entrar todos los días con ella a hacer la recuperación, pero no es de la forma en la que queremos trabajar. Es como si las compañeras trabajaran para la Municipalidad de Lima y no podemos dejar que nos utilicen”, señaló la afectada.
Al respecto, Jessica Huaman sostuvo que “se entiende que la recuperación de alimentos se realiza a través de una gerencia de la Municipalidad pero las representantes de las ollas comunes también quieren tener el contacto con el mercado mayorista para articular con los mismos comerciantes”. En esa línea, resaltó que es importante que la Municipalidad cuente con los profesionales idóneos que conozcan acerca de los procesos ligados a la nutrición y alimentación.
Promesa inviable
La exclusión de las ollas comunes en la recuperación de alimentos no es la primera acción que el alcalde de Lima ha mostrado en perjuicio de esta organización. Durante su campaña electoral prometió que destinaría el 10% del presupuesto de la Municipalidad de Lima para “auxiliar” la problemática que padecen, pero la realidad indica que no podrá lograrlo.
Para el exregidor de Lima, Carlo Ángeles, destinar el 10% de la Municipalidad Metropolitana de Lima es una “promesa inverosímil en estos momentos”. El presupuesto para Lima Metropolitana en 2023 está destinado para tres puntos: 73% en gasto corriente (planillas, operaciones y pagos judiciales), 14% en pagos de la deuda que se heredó de la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio y 13% en proyectos de inversión.
Además, según la normativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ejecución y la programación presupuestal es multianual. Eso quiere decir que la programación del año 2023 al 2025 ha sido aprobada en el año 2022. “Un cambio como el que propuso el alcalde requeriría necesariamente de la aprobación y evaluación del MEF y el Consejo Municipal, lo cual debió haberse dado este primer trimestre y sabemos que no ha sido presentado a la fecha”, acotó Ángeles.
Por lo tanto, en el año 2023 no se podrá destinar el 10% del presupuesto municipal para apoyar a las ollas comunes. “Si no se mueven los engranajes esto se quedará en palabras. Lamentablemente podemos decir que así como las 10.000 motos para Lima Metropolitana esto quedará únicamente en promesas”, concluyó el exregidor.
En esa línea, Jessica Huaman afirmó que si la Municipalidad de Lima quiere asumir la responsabilidad de hacerse cargo de las más de 2000 ollas comunes será complicado, ya que hasta el momento no se tienen georreferenciada cada olla común de la capital. Sobre asignar el 10% del presupuesto, la exfuncionaria considera que se debería haber propuesto una alianza con el sector privado o cooperación internacional para sumar apoyos.
A raíz de estos hechos, las representantes de las ollas comunes consideran que el alcalde no está cumpliendo la promesa que les hizo y todavía no empieza a trabajar con ellas. “Lo que hace es engañar”, apuntó Fortunata Palomino. Hasta el momento, la organización ha enviado dos documentos a mesa de partes de la Municipalidad de Lima para que puedan conversar directamente con Rafael López Aliaga, pero no obtienen respuesta alguna. “Nos derivan con Isabel Ayala, pero no se qué problema tenga que no quiere que nos reunamos con el alcalde. Hasta ahora no nos recibe, pero si lo ha hecho con otras organizaciones. No entendemos el porqué.”, afirmó Palomino.
Funcionaria cuestionada
Isabel del Rocío Ayala Melgarejo fue designada como gerente de Desarrollo Social y gerente de Mujer e Igualdad de la Municipalidad Metropolitana de Lima el 1 de enero de 2023, a pesar de que la funcionaria cuenta con una investigación por por los delitos de cohecho pasivo propio y peculado doloso en agravio del Estado cuando fue gerente de Desarrollo Humano y Social en la Municipalidad de Independencia.
El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa de Lima Norte formalizó investigación preparatoria contra Ayala Melgarejo y otros funcionarios, el 15 de noviembre de 2021. Dicha investigación fiscal inició por el un informe de la Contraloría General de la República publicado el 29 de enero de 2021. El ente rector detectó indicios de corrupción que generaron pérdidas de S/ 775.771 en agravio del Estado peruano. Los delitos se habrían cometido entre el 30 de marzo y el 14 de mayo de 2020, durante el estado de emergencia decretado por la llegada del coronavirus al Perú.
Ayala Melgarejo debía realizar un informe técnico para conocer a cuántas familias les correspondía la canasta básica. También tenía que proponer qué iba a contener cada canasta y el costo de estas. De acuerdo al informe de la Contraloría, la funcionaria no contaba con la cantidad de personas que debían acceder a este producto e improvisó un número de beneficiarios con estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de la aplicación InfoMIDIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
La actual gerente de Desarrollo Social de Lima concluyó que el número de beneficiarios serían 9739 familias, a pesar de que el cálculo improvisado que realizó carecía de criterio técnico y objetivo, pues estos datos no revelaban realmente la cantidad de familias que debían recibir la canasta básica. En consecuencia, la Municipalidad de Independencia gastó S/ 275.711 de sus propios recursos, además de los S/ 500.000 que el gobierno entregó específicamente para la compra de canastas. Curiosamente, de los 9739 supuestos beneficiarios, la gerencia a cargo de Isabel Ayala solo empadronó a 3127.
Según detalla el informe de la Contraloría, las actas donde debían registrarse los datos de los 3127 beneficiarios evidencian que el proceso se habría hecho de forma irregular: en 156 actas, el ente rector encontró firmas que no provienen del puño del titular y huellas dactilares que no corresponden a los ciudadanos que recibieron las canastas. Otras actas cuentan con DNI de personas fallecidas, ciudadanos que residen fuera del Perú o en una jurisdicción distinta a la de Independencia, que ya habían recibido canastas de parte de otros municipios. Asimismo, se detectó la entrega de 19 canastas a funcionarios de distintas entidades públicas a los que no les correspondía porque percibían ingresos mayores a S/ 1408.
Sumado a esto, la investigación fiscal halló que las cuatro empresas que participaron en el concurso público para ofrecer las canastas básicas familiares tenían relación, pues sus representantes eran familiares. Además, el fiscal a cargo detalló en la investigación que el 30 de marzo de 2020, el padre del dueño de la empresa Corporación Peruana Arrocera Atencio S.A.C., que ganó la buena pro, depositó 11 mil soles en la cuenta bancaria de la entonces gerente de Desarrollo Humano y Social de Independencia.
Este portal pudo constatar que Isabel Ayala fue señalada como presunta responsable penal y administrativa en otros tres informes de la Contraloría. El primero, cuando fue regidora distrital del Rímac, entre 2018 y 2019, y entregó un terreno de 870 metros cuadrados de la comuna a favor de una empresa privada, a pesar de que no se especificó la finalidad social del contrato. El segundo, cuando ocupaba el cargo de gerente de Desarrollo Humano y Social y subgerente de Programas Alimentarios, y adjudicó la buena pro a una empresa pese a que incumplieron los requisitos de las bases.
Sudaca intentó comunicarse con Isabel Ayala para recoger sus descargos sobre las investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta alguna.
