Existe una preocupante escalada de violencia contra las mujeres cis y trans que ejercen la prostitución en Perú: el país ostenta cifras alarmantes de homicidios, desapariciones y secuestros de trabajadoras sexuales. Solo en 2023 se reportaron 11 asesinatos a meretrices, aparentemente relacionados con el cobro de cupos y una mujer trans permanece desaparecida.
El primer asesinato tuvo lugar el 20 de enero en la región La Libertad. La víctima fue Erika Quintana Ávalos, de tan solo 20 años de edad. Dos días después, en Arequipa, Ale Castillo Limache (22) fue asesinada al igual que su compañera. El 12 y 13 de febrero, en Lima, asesinaron a Priscila Aguado Huatuco (30) y a Ruby Ferrer (30), respectivamente. Lo mismo sucedió con Cataleya en Amazonas y el 17 de febrero asesinaron a Camila Sánchez (20) en Lambayeque.
“Las mafias nos están matando en complicidad con el gobierno que lo permite y lejos de darnos la seguridad ciudadana y el reconocimiento, nos criminaliza y fomenta el odio hacia nosotras. Un antes y un después ha marcado la ejecución de nuestras compañeras trans y cis”, afirmó Ángela Villón Bustamante, coordinadora del Movimiento de Trabajadoras Sexuales del Perú.
Operativo perjudicial
El 10 de febrero, efectivos de la Policía Nacional, junto a personal de la Municipalidad de Lima, realizaron un operativo entre los jirones Chancay y Larrabure en Cercado de Lima para intervenir a personas involucradas en el presunto delito de trata de personas y proxenetismo.
El teniente alcalde, Renzo Reggiardo, declaró ante los medios de comunicación que diferentes establecimientos fueron clausurados. Sin embargo, la infructuosa intervención no solucionó el problema y trajo terribles consecuencias para las mujeres trans de la zona.
“El operativo fue en la zona en que mujeres de origen venezolano ejercían la prostitución. Cierran los locales de sus cuadras, eso las obligó a moverse a las zonas ocupadas por mujeres trans peruanas. Desde ahí se formaron los primeros enfrentamientos. Una mala intervención generó todo, es lo típico: levantar la alfombra y botar la basura debajo”, sostuvo la periodista y activista trans, Gianna Camacho.
Las disputas entre trabajadoras sexuales venezolanas y trans quedaron registradas en video. En un clip difundido en redes sociales se observa a las meretrices discutir fuertemente hasta llegar a las agresiones físicas. “Nosotras hemos fundado (la plaza) hace muchos años. Ni tú ni nadie va a venir a decirme dónde yo me puedo parar, ¿me entiendes?”, reclamó una mujer trans.
Tres días después del pírrico operativo, el conflicto trajo consigo el cruel asesinato de Ruby Ferrer, mujer trans que ejercía la prostitución en los jirones Zepita, Cañete, Inclán y Chancay, a manos de ‘Los Gallegos’ del ‘Tren de Aragua’, organización criminal de origen venezolano. “Las chicas venezolanas avisaron sobre la situación [con las mujeres trans] a los proxenetas. Es ahí que estos delincuentes para ahuyentarlas, mataron a Ruby”, acotó Gianna Camacho.
La noche del 13 de febrero, Ruby Ferrer fue secuestrada y llevada Carabayllo, sus últimos momentos de vida fueron grabados por su propio verdugo, quien acribilló a la mujer mientras le rogaba misericordia. El material audiovisual fue hecho del mismo teléfono de Ruby y subido a sus estados de ‘WhatsApp’ para que sus contactos lo vieran. Desde ese trágico hecho van cinco trabajadoras sexuales trans asesinadas a manos de ‘Los Gallegos’.
Semanas después del asesinato de Ruby, la Policía capturó a Eglismar Andreína Reyes Sojo (19), alias ‘Andrea’. De acuerdo a las investigaciones de la PNP, Reyes Sojo pertenece a ‘Los Gallegos’, organización criminal que cobra cupos a trabajadoras sexuales en varios puntos de la capital. Sin embargo, Gianna Camacho dijo a este medio que desde la captura de la ciudadana venezolana no hay celeridad en el proceso por encontrar al resto de responsables de los asesinatos y extorsiones cometidos este año.
“Supuestamente con ella [Eglismar Andreína Reyes Sojo] van a caer los demás, pero ya pasaron dos semanas del arresto y no hay nada hasta el momento. Las chicas que todavía trabajan en Cercado de Lima me cuentan que en las noches pasan hombres con motos y les gritan que serán las próximas en ser asesinadas. Las tienen marcadas a todas”, enfatizó la activista.
Las mujeres trans no son las únicas a las que se les cobran cupos. La presidenta de la Red de Trabajadoras Sexuales del Perú y secretaria general del primer sindicato de este oficio, Azucena Rodríguez del Corzo, declaró a este medio que sumado a las matanzas de las mujeres trans, también se están asesinatos hacia compañeras de otros países.
Según el Informe Global de trata de personas de la UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) del 2018, la mayoría de las mujeres que son sometidas a la explotación sexual son migrantes en situación irregular (documentos) o en condiciones de pobreza o pobreza extrema.
“Hay chicas que son traídas de Venezuela por mafias, les cobran los gastos del viaje y dejan algo de dinero a sus familias para que después tengan que devolver todos los gastos, a eso se suma el cobro de cupos de S/200 a S/350. A la que no quiere pagar la amenazan enviándole fotos y audios”, detalló Rodríguez del Corzo.
Criminalización e invisibilización
A pesar del contexto de violencia visible, Azucena Rodríguez indica que no es el único abuso por el que tienen que pasar las trabajadoras sexuales. «Siempre hubo abuso de autoridad policiaca y de serenazgo. Habían redadas y llevaban a las compañeras a la comisaría, les pedían dinero para que puedan dejarlas libres. Si a uno de los policías les gustaba una chica, las violaba”, afirmó la sindicalista.
A la violencia de las autoridades, también se suma la criminalización sistemática que cometen hacia las trabajadoras sexuales. El último hecho sucedió el 15 de febrero en El Agustino, Richard Soria, alcalde de este distrito, criminalizó y amenazó a un grupo de meretrices detenidas tras un operativo liderado por la comuna y la Policía Nacional. La acción fue criticada por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y por diversos colectivos.
“Ese tipo de acciones e intervenciones son inservibles porque la prostitución no es un delito en Perú. De nada sirve que las detengan, solo sirve para las cámaras que un alcalde exponga a menores de edad y las redes sociales del Municipio, pero no para resolver el problema de fondo”, aclaró Gianna Camacho.
Azucena Rodríguez envió un documento al alcalde para que se disculpara por los actos cometidos a sus compañeras, pero la respuesta no fue la esperada. “Nos dijo que no le importaban las trabajadoras sexuales, lo único que quería era que no estén en las calles donde hicieron su operativo porque hay mucho comercio y eso molesta a los vecinos”, detalló la representante.
Ante estos hechos, Walter Ávila, jefe del Programa de Personas Privadas de Libertad, la Seguridad Ciudadana y la Seguridad de la Defensoría del Pueblo declaró a este portal que la situación del trabajo sexual debe verse en la agenda de las políticas públicas del Estado con un enfoque multisectorial. “No solo se trata de un problema de inseguridad, hay un trasfondo que debe ser atendido por el Estado”, acotó el funcionario.
Asimismo, informó que se hicieron requerimientos formales a la Policía para investigar los recientes asesinatos a trabajadores sexuales y las denuncias de las intervenciones policiales sin motivo justificado. “Estamos a la espera de la respuesta de las Comisarías acusadas”, apuntó Ávila.
Azucena Rodríguez afirma que los abusos de los que son víctimas sus compañeras se deben a que no hay una ley que las respalde. “El trabajo sexual no es ilegal en Perú, sabemos que no podemos irnos presas y no hay penas por ejercer el meretricio. Pero como no hay ley todavía hay abuso de autoridad y de los mismos vecinos”, señaló la líder sindical.
El último esfuerzo por una ley en favor de las trabajadoras sexuales sucedió en 2019, Indira Huilca y Marisa Glava presentaron el proyecto de ley luego del consenso con diversas representantes de las meretrices, pero el expresidente Martín Vizcarra cerró el Congreso y todo el esfuerzo volvió a foja cero.
“No hemos podido volver a presentarlo porque los ministros son cambiados constantemente y el contexto político es inestable. El Estado nos ha dado la espalda, cuando estábamos en cuarentena no nos ayudaron nunca. Tuvimos que trabajar por nuestra cuenta”, concluyó Rodríguez del Corzo.
