El Ministerio Público ha entrado en la recta final de una investigación preliminar contra Jorge Muñoz Wells, supuesto alcalde de Lima. La fiscal anticorrupción Rosario Quico tiene el ojo puesto en una adenda que amplió por 25 años la concesión de un terreno a favor del exclusivo Club Terrazas de Miraflores. El contrato se firmó cuando Muñoz era burgomaestre de ese distrito, el 2014.
La investigación tuvo como punto de partida un informe de Contraloría que alertaba de una serie de irregularidades en torno a este acuerdo. Por ejemplo: la comuna no convocó a un concurso público −como estaba establecido por ley− para la ampliación del contrato y el club Terrazas no cumplió con las obras que se había comprometido a realizar. Sobre Muñoz, el documento de control institucional concluye: “Los hechos configuran la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito”.
El favorecimiento al club se hizo con una velocidad poco vista en el ahora alcalde de la capital.
MUÑOZ ACOMEDIDO
En 1989, el club Terrazas recibió −en concesión, por 25 años− dos terrenos que suman, en conjunto, más de 6.000 metros cuadrados. Uno está ubicado en el malecón Cisneros, donde instaló un ‘centro promotor’ para jugar tenis; y el otro, frente a la playa Makaha, que se convirtió en un lugar de esparcimiento para sus socios. A cambio de la concesión, el club debía realizar obras como la construcción de un puente peatonal, un depósito para tablas hawaianas, un tópico de primeros auxilios, una ciclovía, entre otros.
Dos días antes de que se venciera el plazo de la concesión, el 15 de abril del 2014, el entonces presidente del Terrazas, Eduardo Ángeles de Rivero, le mandó una carta al alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, donde le pedía o bien la ampliación de la concesión sobre los dos terrenos o únicamente la del de la playa Makaha.
Ese mismo día, Muñoz pidió a distintas gerencias que emitieran una opinión. El consenso de estas oficinas fue que debía aceptar sólo la propuesta de ampliar la concesión de la sede de la playa Makaha. La gerencia de Obras y Servicios Públicos, por ejemplo, opinó que esto era una oportunidad para que finalmente el club cumpliera sus “obligaciones pendientes”. Y es que, luego de 25 años, el Terrazas no había entregado el íntegro de las obras a las que se comprometió.
No pasaron ni dos semanas cuando, el 28 de abril de aquel 2014, Jorge Muñoz convocó y dirigió el Consejo Municipal que aprobó ampliar dicha concesión. Entonces, los regidores eran mayoritariamente de Somos Perú, el partido que llevó a Muñoz al sillón municipal. En aquella sesión, Luis Molina, entonces regidor de Solidaridad Nacional, sostuvo en minoría:
“Quiero sustentar mi voto, señor alcalde. Primero, yo me abstengo […] Existiendo un informe legal de mi parte, mi sugerencia y conclusión es que se debe pedir, para hacer más transparente la decisión del Consejo, un informe del Colegio de Abogados y un informe del Colegio de Arquitectos. El Club Terrazas, que hace 25 años firmó esta concesión y después, el 2012, firmó una [primera] adenda, ¿ha cumplido o no ha cumplido con los compromisos?”.
Muñoz ignoró el pedido de Molina y le dijo que ya la votación había acabado, según el acta de aquella sesión. Luego, pidió a los miembros del Consejo “la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata del acuerdo”. El entonces alcalde de Miraflores parecía estar bastante apresurado. Este “acuerdo” implicaba la firma de una segunda adenda a favor del club, pues el 2012 ya se había otorgado una primera que cambió algunos aspectos de fondo.
Con la mayoría de regidores en el bolsillo, Muñoz dirigió en mayo de ese año un segundo Consejo Municipal para aprobar finalmente la Adenda N°2, que ampliaba por 25 años más la concesión de la sede de la playa Makaha. El 28 de ese mes, finalmente, se firmó el nuevo contrato entre el club y la comuna miraflorina. La Contraloría detectó, sin embargo, una grave irregularidad.
En el contrato original no se había hablado de la posibilidad de renovación de la concesión. Fue con la primera adenda del 2012 que se señaló expresamente que un nuevo otorgamiento de la concesión será evaluado por la municipalidad “a fin de ponerlas en concurso”. Esto último no se hizo, como explican desde la Procuraduría.
“En la primera adenda se estableció que, en el caso de que el club cumpliera sus compromisos, podía pretender presentar una solicitud de ampliación de concesión. Claramente se estableció que la municipalidad evaluaría esto, pero para someterla a concurso. Y la ley orgánica de municipalidades vigente establece que se realice por subasta pública, es decir, un concurso. Eso no se llevó a cabo”, dice a Sudaca Pedro Hernández Navarrete, procurador de la Municipalidad de Miraflores.
La velocidad con la que actuó Jorge Muñoz contrasta con su letargo en el sillón de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Recientemente, la regidora Jéssica Huamán contó en La Encerrona que el Consejo presidido por Muñoz demoró un año en poner en discusión el proyecto de una ordenanza que creó el sistema alimentario de la capital. Desde diciembre pasado, Huamán busca que se apruebe otra ordenanza para recuperar alimentos frescos de los mercados y abastecer así a las ollas comunes, pero Muñoz hasta ahora no dice esta boca es mía.
SIN OBRAS
Pero eso no fue lo único que detectó la Contraloría. Como dijimos, el club aún tenía pendientes. Para el año en que acabó la concesión, el 2014, el Terrazas aún no había cumplido con entregar cuatro obras a las que se había comprometido en el contrato original y en la primera adenda: el remodelamiento del estacionamiento público frente a la playa Makaha, un centro de servicios comunitarios que incluya el tópico de primeros auxilios y el depósito de tablas de surf, una ciclovía en el malecón Cisneros, y un puente que conecte la playa y el mentado centro de servicios comunitarios.
Todas estas obras incumplidas se incluyeron como nuevas en la cuestionada Adenda N°2. Y aunque algunas se hicieron con posterioridad, no estuvieron exentas de observaciones por parte de la Contraloría. La comisión auditora, por ejemplo, realizó una visita a la ciclovía y verificó que presentaba fisuras y desniveles. Lo más grave es que fue la municipalidad la que se encargó de reparar esas deficiencias y no el club, según el informe de control de fines del 2018.
Por lo tanto, la Contraloría consideraba que la ampliación del contrato sólo era beneficiosa para los socios del club y venía “ocasionando una afectación a su finalidad pública”. El ejemplo más claro es el inexistente centro comunitario que el Terrazas se había comprometido a construir para uso de los bañistas.
En el contrato y en la Adenda N°1 se señaló que dicho centro debía construirse “al interior del terreno que la sede de la playa viene ocupando”. Pero la Adenda N°2 le permitía hacerlo fuera de este terreno. “Al acordar en la Adenda 2 que dicha obra se construya en la zona adyacente a la playa y no en el terreno concesionado significó en la práctica que el club tenga una extensión mayor del terreno concesionado”, se lee en el informe de Control que es la base de la investigación fiscal.
El club nunca pudo construir el centro comunitario, pues esto hubiese enfrentado las normas urbanísticas que rigen sobre la Costa Verde. Es algo que ambas partes no tomaron en cuenta (o no quisieron hacerlo). “Como se puede advertir, se acordó la construcción de obras sin antes considerar si técnica y legalmente estas eran posibles de ser ejecutadas”, concluyó la Contraloría.
Sudaca pidió una entrevista con el área legal del Terrazas, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
El informe también es claro en advertir que no había justificación para ampliar la concesión por tantos años. “No existe ningún sustento técnico-legal que justifique el plazo de renovación de 25 años más y si este corresponde a la inversión que haría el club en contraprestación”. Y añadió algo peor: “Tampoco se incluyó ninguna cláusula que precise las garantías que debía dar el club a favor de la municipalidad en caso de incumplimiento”.
El órgano de control responsabilizó a Muñoz por dirigir los acuerdos que llevaron a favorecer al club Terrazas con la ampliación de la concesión. Por lo tanto, concluyó que este “incumplió sus atribuciones como alcalde establecidas en el Manual de Organización y Funciones”. Lo mismo les achacaron a siete regidores, entonces de Somos Perú, y al gerente de asesoría jurídica, Greem Leiva Abanto, quien tuvo la suerte de ser jalado por Muñoz para su gestión en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Leiva fue, hasta el 2020, subgerente de fiscalización de la Empresa Municipal de Mercados S.A.
Pero el problema no es administrativo, sino penal. La fiscal Rosario Quico investiga de manera preliminar a los personajes mencionados en el informe de control. Lo hace por los presuntos delitos de colusión y, alternativamente, por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. También está comprendido en la indagación el mencionado Eduardo Ángeles de Rivero (expresidente del club).
El despacho de Quico abrió la carpeta fiscal a inicios del 2020, pero la pandemia impidió el avance. Actualmente, explican fuentes con conocimiento del tema, a la fiscal sólo le falta culminar algunas diligencias para decidir si hace suya la denuncia de la Contraloría y arrancar así una segunda fase de investigación antes de acusar.
La mala gestión de Jorge Muñoz, además, ha llevado a la comuna miraflorina a enfrentar un arbitraje contra el club. “La gestión actual de Molina, para dejar sin efecto esta concesión de ampliación, ha entablado un proceso arbitral. Y eso está en trámite”, dice el procurador Hernández.
Sudaca se comunicó con el área de prensa y relaciones públicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero no aceptaron darnos una entrevista con el alcalde. Muñoz vuelve a hacer de la técnica del avestruz su política más efectiva.
