El sistema de justicia pasa por una profunda crisis institucional, de ética, de moralidad y de credibilidad ciudadana. Tras el estallido del caso Cuellos Blancos se habló de la necesidad de refundar el sistema de justicia. Por impulso del presidente Martín Vizcarra se modificó la Constitución, se hizo desaparecer el Consejo Nacional de la Magistratura y se lo sustituyó por la Junta Nacional de Justicia, una institución que ha sido muy severa para destituir a fiscales y jueces supremos involucrados en los audios de la vergüenza y muy débil para sancionar a algunos magistrados que han falsificado documentos (certificados de estudios) para acceder a los máximos cargos del Ministerio Público.
Pese a los cambios y controles adoptados, que pasan en gran medida por el posesionamiento de nuevos magistrados en el Poder Judicial y en la Fiscalía, parece que la crisis de la justicia se agudiza debido a que algunos malos fiscales convierten a la justicia en un servicio delivery que se pone a disposición de empresarios y ex jueces que en su condición de supuestos colaboradores eficaces expanden su poder corrosivo y corruptor haciendo que quienes deben perseguir el delito se conviertan de pronto en auténticos abogados defensores de los delincuentes que deben perseguir.
Ello ha pasado en el caso de la empresaria Sada Goray, quien luego de pagar una coima de mas de 9 millones de soles a funcionarios del gobierno de Pedro Castillo, logró contratar como su abogado defensor a Telmo Zavala, un ex fiscal adjunto, que era la mano derecha durante muchos años de la fiscal Marita Barreto, la fiscal coordinadora del Equipo de la corrupción contra el poder y que inexplicablemente hizo que a su capricho y antojo los fiscales encargados de investigarla viajen a tomar su declaración a República Dominicana y Estados Unidos cuando la propia Fiscalía de la Nación había dado el ejemplo de tomar la declaración de Sada Goray de manera virtual a través del aplicativo Google Meet. La historia la contamos en el artículo “SADA GORAY LA DUEÑA DE LA FISCALÍA” publicado el 19 de febrero del 2023.
Hoy asistimos a un hecho mucho más grave, vergonzoso e intolerable que tiene como protagonistas a los Fiscales provinciales del primer despacho del Equipo Especial del Caso “Cuellos Blancos”: Andy Junior Rodríguez Domínguez y Max Alessandro Castro Huamán.
EL PEDIDO DE LA REUNIÓN VIRTUAL VÍA GOOGLE MEET REALIZADA PARA FAVORECER CON UN ARCHIVO FISCAL A WALTER RÍOS MONTALVO.
Al medio día del 16 de marzo del 2023 los fiscales Andy Junior Rodríguez Domínguez y Max Castro Huamán realizan coordinaciones administrativas con la finalidad de lograr una reunión virtual (vía Google Meet) con el encargado del despacho fiscal de la Tercera fiscalía corporativa de Santa Rosa, Abelardo Caycho Ramis, quien ha sido designado en el cargo el 10 de marzo del 2023 en reemplazo de la Fiscal Melissa Chinchayán Sato.
En dicha reunión virtual los fiscales del Equipo Especial del caso Cuellos Blancos muestran su interés particular y una injerencia indebida en la tramitación de la Carpeta Fiscal N° 60-2020 a cargo del Fiscal Abelardo Caycho, que es una investigación preparatoria (proceso penal) que tiene como imputado a Walter Ríos Montalvo a quien le atribuyen la comisión de los delitos de denuncia falsa y encubrimiento personal. La denuncia en su momento fue presentada por el abogado José Luis Castillo Alva contra Walter Ríos en la Primera Fiscalía Suprema Anticorrupción quien derivó la denuncia a la Presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima y esta a su vez lo deriva a la Fiscalía de Santa Rosa (Ancón) teniendo en cuenta el lugar de comisión del delito que es la Fiscalía más próxima al Penal de Piedras Gordas I lugar donde se encuentra recluido Walter Ríos Montalvo.
El Fiscal Junior Rodríguez y su adjunto Max Castro en la reunión virtual vía Google Meet que realizó abordó tres temas: 1) La necesidad de que el fiscal Abelardo Caycho, quien conduce la investigación contra Walter Ríos, le precisara una fecha tentativa de conclusión de la investigación y del pronunciamiento final, 2) La necesidad de que se emita una pronta decisión en la carpeta de Ríos Montalvo ya que con anterioridad hubo una reunión con la ex fiscal del caso Melissa Chinchayán Sato quien le habría señalado su posición (según Andy Junior Rodríguez) de ordenar el sobreseimiento del caso y 3) Que esta investigación habría sufrido dilaciones innecesarias, lo cual le causaría retrasos a la investigación a su cargo en la que se encuentra en calidad de investigado el ciudadano José Luis Castillo Alva.
El fiscal Abelardo Caycho le respondió al fiscal Andy Junior Rodríguez que veía estrictamente necesario que antes de pronunciarse debía realizar, como corresponde, un estudio exhaustivo de la carpeta fiscal para emitir un pronunciamiento adecuado y que su decisión iba cumplir con los plazos establecidos en la ley.
Luego de esta reunión virtual vía Google Meet sorpresiva e irregular de los fiscales provinciales del caso Cuellos Blancos en la que se mostraba un interés directo y una interferencia indebida en una concreta carpeta fiscal (60-2020) por el archivo de la investigación en contra de Walter Ríos Montalvo, el fiscal Abelardo Caycho pasó a elaborar un acta fiscal de fecha 16 de marzo del 2023 teniendo como hora 12.30 pm, en donde relata los pormenores de su reunión con los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro e informa mediante oficio a la secretaria General de la Fiscalía de la Nación.
EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y LOS ILÍCITOS DISCIPLINARIOS COMETIDOS POR LOS FISCALES
Según fuentes del Ministerio Público manifiestan que la conducta de los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro no solo es un hecho irregular; sino un delito y al mismo tiempo un ilícito disciplinario muy grave que representa una evidente injerencia en una investigación en curso en la que se pretende influir tanto en el tiempo como en el sentido de una decisión fiscal final.
Los fiscales consultados anotan que lo que han hecho los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro es un claro ejemplo de la comisión del delito de tráfico de influencias, debido a que buscan intervenir de manera indebida e ilícita en el archivo a favor del procesado Walter Ríos Montalvo y para ello presionan a los fiscales encargados de la carpeta fiscal N° 60-2020 y, además, exigen que sea en el tiempo más breve posible.
En los diversos niveles e instancias del Caso Cuellos Blancos hay varios ejemplos de que a las personas se las investiga y procesa solo por haber hecho llamadas e interesarse en un determinado caso. Los fiscales provinciales del caso “Cuellos Blancos” abusando de su poder y lejos de respetar los límites de la competencia funcional, como es pedir información siguiendo los canales oficiales como los oficios, las providencias, los informes, etc., toman temerariamente atajos y hacen lo que mejor les parece, dado el poder que tienen, llaman a otros fiscales de otros distritos fiscales para presionar, interferir y dirigir hacia un determinado resultado las decisiones de casos que les interesa.
Esta situación tan grave lleva a que, además, ambos fiscales hayan violado el artículo 39.7 de la Ley de la Carrera Fiscal N° 30483 que sanciona al que busca: “Influir o interferir de manera directa o indirecta, en el resultado de las investigaciones fiscales que no estén a su cargo” y que constituye una falta muy grave del artículo 47.6 de la Ley de la Carrera Fiscal al castigar al que “Interfiere en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano fiscal o la función fiscal” y el artículo 47.13 de la misma Ley que establece como falta muy grave: “Incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo”.
Diversos magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público nos señalan que si bien está permitido que se hagan coordinaciones entre fiscales o jueces, lo que se prohíbe de manera radical es que se quiera influir, se presione veladamente o se busque interferir en una concreta investigación fiscal o en un determinado proceso penal, ya sea para obtener un acortamiento de los plazos en la tramitación de una carpeta fiscal o que se quiera explícita o implícitamente influir en la decisión final de un caso.
La interferencia funcional cometida por los fiscales provinciales del caso Cuellos Blancos es doble. Por un lado, está la interferencia con la fiscal anterior del caso, Melissa Chinchayán Sato, quien les habría señalado que su posición era el ordenar el sobreseimiento en beneficio del procesado Ríos Montalvo y, por otro lado, se encuentra la clara presión al fiscal Abelardo Caycho al pedirle expresamente que “emita una pronta decisión” en la carpeta fiscal N° 60-2020 que estaba a su cargo, sin ser parte en el proceso, y recordarle en un direccionamiento e interferencia manifiesta de su decisión que la anterior fiscal del caso (que ellos no investigan) les había indicado que se inclinaba por el sobreseimiento del caso. ¿Por qué los fiscales del caso Cuellos Blancos tendrían que violar la reserva de una conversación privada mantenida con la anterior fiscal, y que el nuevo fiscal no tenía por qué saber, si no es para orientar y dirigir la decisión final del caso en un determinado sentido?.
Lo grave es que previamente a la reunión a través del aplicativo Google Meet los Fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro habían enviado, a solicitud de Melissa Chinchayán Sato, un Informe acerca de la carpeta fiscal a su cargo en donde habrían reportado sobre las principales diligencias, señalando el estado de la investigación y, además, la información pertinente; asimismo, ellos habían recibido por conducto regular igual información de la carpeta fiscal 60-2020. Si toda la información de ambas carpetas había sido tramitadas de manera fluida y oficial, ¿qué necesidad había de hacer una video llamada y presionar al nuevo fiscal que tenía a su cargo la carpeta fiscal para que dicte la resolución de archivo del caso favorable a Walter Ríos Montalvo?
Los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro no pueden negar la reunión virtual efectuada a través del aplicativo Google Meet debido a que fue su propio despacho fiscal la que creó la cuenta con la que luego se sostuvo la videollamada. Igualmente, juega en su contra el hecho de que nunca coordinaron previamente por un canal oficial (v. gr. la coordinación del Equipo Cuellos Blancos, la Fiscalía de la Nación o la Presidencia de la Junta de Fiscalía de Ventanilla) y nunca se citó formalmente a una mesa de trabajo conjunto y menos se mandó un oficio (o algún documento) que formalice la reunión. Algunos fiscales especialistas en casos de corrupción de funcionarios nos señalan que si los fiscales Rodríguez y Castro hubieran actuado de modo transparente y de acuerdo a sus funciones, ellos tendrían que haber tomado la iniciativa y pedir –dada la unilateralidad de la solicitud de la reunión virtual vía Google Meet– que se realice y se suscriba un acta fiscal dejando constancia de dicha reunión y el no haberlo hecho es un elemento clave para demostrar la conducta manifiestamente irregular. Justamente, frente a la actuación clandestina de la llamada que no sigue ningún protocolo formal, el fiscal sorprendido y el receptor de tamaña comunicación es quién procedió a elaborar un acta fiscal.
Sin embargo, las cosas no quedaron allí. El Fiscal provincial Abelardo Caycho la semana pasada envío una comunicación a la máxima instancia del Ministerio Público en la que reporta los hechos contenidos en el acta fiscal de fecha 16 de marzo del 2023. En el Oficio N° 01-2023 -MAR-3°FPPC-2°D-ACR-CF-60-2020 ha señalado en el punto 2: “Conforme lo indicado por los señores fiscales Rodríguez Domínguez y Castro Huamán, la carpeta fiscal de la cual soy responsable (60-2020) guarda estrecha relación con la que se encuentra a su cargo. DEMOSTRANDO TENER UN INTERÉS DIRECTO EN CUANTO A LA TRAMITACIÓN Y EL RESULTADO DE DICHA INVESTIGACIÓN, CUYO PLAZO SE ENCUENTRA PRÓXIMO A VENCER. POR LO QUE CONSIDERO CORRECTO PONER ESTE HECHO A SU CONOCIMIENTO POR SER DE TRASCENDENCIA. Asimismo, para garantizar el derecho de defensa de las partes y la autonomía funcional de los fiscales en el ejercicio de sus funciones”.
LOS FISCALES Y WALTER RÍOS
A los fiscales del equipo especial no les importa la defensa de la legalidad en el Ministerio Público y la rectitud de sus decisiones. Se sacrifican para poder lograr a toda costa una decisión fiscal de sobreseimiento del inefable y todopoderoso Walter Ríos Montalvo, el indiscutible cabecilla del caso “Los Cuellos Blancos”, que se encuentra procesado por denuncia falsa al haberle mentido al sistema de justicia.
Walter Ríos Montalvo ha sido condenado a una pena burdamente baja de 12 años de pena privativa de la libertad por los más de 50 delitos que dijo haber cometido; pero no deja de conservar su poder y manejo en cierto sector de la Fiscalía, en la que dos fiscales para limpiarlo de dos graves imputaciones, que no cubre su sentencia de colaboración eficaz, tratan de ayudarlo a costa y a riesgo de su propia carrera profesional, llamando a dos fiscales que tenían a su cargo una carpeta fiscal en la que se encontraba procesado.
Tanto es el interés de Walter Ríos Montalvo y su defensa en que el caso en el que se le procesa por denuncia falsa y encubrimiento personal sea archivado que es célebremente recordado las presiones que ejercían sobre el Fiscal Fernández Alarcón y sobre los demás fiscales de la Primera Fiscalía Suprema para que este caso pueda ser comprendido a toda costa en el acuerdo de su colaboración eficaz que tan rápidamente fue aprobado entre gallos y medianoche por el juez Núñez Julca y su asistente Castillo Nieto el 30 de diciembre del 2021, luego de una audiencia de solo dos horas de duración en que se analizaron los casi 50 casos de su delación y que trae como hecho anecdótico que el mismo día 30 de diciembre del 2021 el redactor de la sentencia de colaboración eficaz fue designado como Fiscal Adjunto provisional por la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1888-2021-MP-FN, publicada en el Diario Oficial “EL PERUANO”, evidentemente en un intercambio de prebendas: me ayudas con la sentencia de colaboración eficaz de Ríos y a cambio te nombro el mismo día Fiscal Adjunto.
Si Walter Ríos Montalvo fuera inocente de los cargos de denuncia falsa y encubrimiento personal, ¿por qué el año 2021 tendría que exigir y presionar a la Fiscalía Suprema que tramitaba su colaboración eficaz de que esta investigación también se comprenda en su acuerdo de colaboración eficaz como a varios fiscales del Equipo Especial de dicha instancia les consta? ¿Por qué dos años después (el año 2023) Walter Ríos y su defensa vuelven a la carga y se valen de algunos malos Fiscales de primera instancia para lograr consumar el archivo de la Carpeta Fiscal N° 60-2020 que el año 2021 no pudo ingresar a su acuerdo de colaboración eficaz?
El poder de Walter Ríos Montalvo no solo está vigente en cierto sector de la Fiscalía del sistema de justicia, sino que su capacidad de corrupción, influencia y de daño a las instituciones de justicia que se extiende como mancha de aceite, sigue vivita y coleando. El caso que se describe es mucho más grave e insólito que el caso de la Fiscal Superior Marita Barreto y su relación con la empresaria Sada Goray a través de su ex mano derecha Telmo Zavala, ya que una cosa es viajar fuera del país a tomar una declaración de una empresaria que decide confesar sus delitos, en las playas paradisíacas del Caribe y otra muy distinta es que dos fiscales llamen a otros fiscales de otros distritos fiscales para presionarlos, interferir y decir cómo deben fallar en un caso que no está dentro de su competencia y alcance, con el único propósito de favorecer y generar impunidad del Jefe de los Cuellos Blancos a través de presionar a una decisión de sobreseimiento.
EL PODER DE WALTER RÍOS MONTALVO: CONVENCIÓ A LA FISCALÍA SUPREMA PARA QUE SE LE PERMITA SALIR DE LA CÁRCEL POR 45 DÍAS
El año 2021 Walter Ríos convence a la Fiscalía Suprema a cargo de los fiscales Fernández Alarcón y Fanny Quispe de algo ilegal: solicita que se le permita su traslado a una casa de seguridad a cargo de la División de Alta Complejidad por el plazo máximo de cuarenta y cinco días.
La Fiscalía Suprema se come el cuento y solicita que el Poder Judicial autorice la variación de la medida de aseguramiento personal del interno y colaborador eficaz 060F-2018 (Walter Ríos), consistente en su traslado a una casa de seguridad. La Fiscalía sustentó su pedido de que, en el marco del proceso especial de colaboración eficaz, el interno con clave 060F2018 ha realizado diversas e importantes declaraciones contra jueces, fiscales, empresarios y abogados, que en su momento han sido debidamente corroboradas y oportunamente agregadas a las diversas carpetas fiscales de la Fiscalía Suprema recurrente y/o derivadas a distintas carpetas fiscales conforme a la competencia de las mismas. Agregó que, como medida de aseguramiento a su favor, ha sido ubicado en un Área de Prevención del Establecimiento Penitenciario Ancón I, aislado de la población penitenciaria; sin embargo, por situaciones acontecidas en casos relacionados con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, su identidad se ha visto expuesta y ha sido conocida por otros internos involucrados, por lo que han sido objeto de hostigamiento y amenaza que pone en peligro su integridad. También destaca que el cambio del colaborador a otro ambiente del mismo recinto penitenciario o el cambio de lugar de los internos hostiles o agresores no garantizan el cese de los actos de hostigamiento o amenaza, por lo que la autoridad penitenciaria sugiere la posibilidad de variar el lugar de la medida de aseguramiento.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema conoce el recurso de apelación N.° 63-2021 que fue resuelto el 31 de enero del 2023 presentado por la Fiscalía Suprema y deniega el pedido de Walter Ríos y de la Fiscalía por considerar que no había base legal que amparara la solicitud presentada, se trataba de una medida ilógica, ya que pedir que Ríos quede fuera del control penitenciario asignado al INPE, no solo contraviene la normatividad expresa, sino que además se sale de la eficacia del propio proceso de colaboración eficaz y que si bien podía existir actos de hostilidad contra Ríos no se evidencia que tales actos tengan la intensidad que se alega.
La Corte Suprema señala que se debe distinguir que el traslado de los internos de establecimientos penitenciarios (incluyendo los colaboradores eficaces), en coordinación e incluso bajo custodia de la Policía, para un fin específico, puntual y único, es razonablemente posible; y otra cuestión es el traslado temporal con fines generales de prevención de integridad que exigen una nueva residencia temporal que solo podría realizarse en ambientes bajo control o sometidos a la seguridad penitenciaria.
Walter Ríos Montalvo, tiene un manejo a su antojo de un sector de la Fiscalía que se allana a sus caprichos, como buscar una cárcel dorada, plagada de comodidades y lujos; para ello chantajea con que si es que no se accede a sus pedidos no va a declarar en las investigaciones. Con ese mismo poder de querer salir del penal sin que haya norma legal alguna que lo permita, ahora Ríos utiliza a ciertos fiscales que se adhieren a su voluntad para archivar y sobreseer procesos penales e investigaciones en el que el mismo Ríos sabe y es consciente de que ha cometido delitos.
Se trata de una justicia delivery y a la medida en la que los supuestos colaboradores eficaces ponen condiciones ilegales y chantajean al mismo sistema de justicia, activando mecanismos de impunidad para conseguir lo que se les antoja y les viene en gana.
En SUDACA hemos develado hace poco el plan siniestro de algunos malos fiscales en contra de la Fiscal de la Nación para destituirla del cargo utilizando la plataforma de la Junta Nacional de Justicia. Por ello, con la misma autoridad moral que nos da tomar una posición acerca del Ministerio Público, exigimos que se tome medidas correctivas urgentes a fin de evitar que esta institución medular sea tomada por asalto por pseudo colaboradores eficaces y se convierta en una coladera en la que los criminales ya no busquen ni contraten abogados, sino que se consigan a fiscales que actúen como sus representantes legales para ayudar a archivar sus casos, obtener beneficios ilegales y les concedan un trato privilegiado que cualquier persona inocente le gustaría tener.
