Luego de la segunda vuelta presidencial del 2021, el fiscal José Domingo Pérez abrió una nueva investigación contra Keiko Fujimori por el financiamiento de su campaña. Lo hizo tras la difusión de los llamados ‘Vladiaudios’ y de haber recibido otra grabación protagonizada por dos empresarios que hablaban de financiar a Fuerza Popular «por fuera».
Lo avanzando hasta hoy, sin embargo, podría quedar en nada. El próximo 30 de junio, a las 10 de la mañana, la Corte Superior de Justicia de Lima llevará a cabo una audiencia para discutir una demanda de amparo presentada por la lideresa de Fuerza Popular.
El objetivo es anular las disposiciones fiscales que determinaron el inicio de las investigaciones por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Fujimori, quien ingresó este pedido en agosto del año pasado, pide que todo lo avanzado pase a otro despacho del Ministerio Público. José Domingo Pérez tendrá que llevar sus mejores argumentos para que la carpeta no cambie de manos.
AUDIOS Y CONTRAATAQUE
En junio del 2021, una serie de conversaciones de Vladimiro Montesinos, el militar en retiro Pedro Rejas Tataje y el abogado Guillermo Sendón salieron a la luz. En una de ellas, entre Rejas y Sendón, a este último se le oye decir: “Ayer han recibido un montón [de] plata, pero se la han tirado en cojudeces. Miki Torres [en referencia al excongresista fujimorista] ha estado pidiendo un millón, un millón a varias personas y nadie ha estado pagando a ninguno de los abogados”.
Otro audio revela una conversación entre Montesinos y Rejas. Ambos aluden a Guillermo Sendón, quien tendría contacto con tres jueces del JNE. “Sería bueno que lo localizaras a él para que él pueda apoyar y, bueno, se tiene que meter un poco de gasolina. Ya tú me entiendes, ¿no?”, dice el ‘Doc’, en clara referencia a una coima.
El siamés de Alberto Fujimori también le dice a Rejas: «Pero tú hazle entender, al papá o a la chica, no sé, con quien hables, que no quiero contaminarme. Estamos tratando de ayudar en un objetivo común. ¿Yo qué gano en esto? Nada. No me interesa y tampoco jamás les voy a pedir nada. Simplemente, estoy tratando de ayudar porque, si no, se joden: la chica terminará presa y el otro señor se morirá ahí donde está. Esa es la situación, ¿ya?”.
José Domingo Pérez también recibió del abogado Raúl Noblecilla el audio de una conversación entre dos empresarios inmobiliarios. Uno de ellos, identificado como Juan Carlos Tassara, le dice a su interlocutor: “Ellos [Fuerza Popular] también necesitan efectivo. Entonces, vamos a hacer una ‘chancha’ para que puedan repartir plata a sus personeros”.
Con todo ese material, en julio del 2021, el Equipo Especial Lava Jato decidió abrir el expediente. El fiscal José Domingo Pérez sostenía que la captación de dinero ilícito de Fuerza Popular no había acabado en las campañas del 2011 y 2016 -por las que ya emitió acusación- sino que habría continuado el año pasado.
Keiko Fujimori, sin embargo, no se quedó tranquila y presentó un recurso de amparo en agosto de aquel año. En el escrito, señala que se habría vulnerado su derecho al debido proceso, después de que los fiscales emitieran disposiciones «manifiestamente inconstitucionales».
Según Fujimori, el Equipo Especial carece de competencia para investigarla por la campaña del 2021. Asegura que el grupo liderado por Rafael Vela está autorizado «únicamente a realizar diligencias preliminares o avocarse a noticias criminales que se encuentren vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht».
«El despacho fiscal no tiene una resolución de la Fiscalía de la Nación que lo haya convertido en un fiscal ‘Ad Hoc’ para investigar los casos de Keiko Fujimori, por lo que su avocamiento resulta vulneratorio al derecho a no ser desviado del procedimiento establecido en la ley», agrega la demanda.
Fujimori pide que todo lo avanzado en el caso pase a manos de otra fiscalía. «En consecuencia, al no subsistir los efectos de estas, [se solicita que] se ordene la nulidad absoluta de las disposiciones y se remita todos los actuados a la fiscalía competente», añade la demanda.
Sin embargo, al abrir la investigación, José Domingo Pérez ya había establecido por qué era pertinente que este nuevo caso lo lleve su despacho. Y es que él ha investigado el financiamiento de las campañas del 2011 y 2016.
En la disposición fiscal de junio del año pasado, Pérez señala que «el Primer Despacho del Equipo Especial [el despacho de Pérez] ya tendría un conocimiento previo de información relevante vinculada con los hechos que ahora se denuncian”.
Para Pérez, este bagaje de información “optimiza los recursos humanos y logísticos que se tiene en el Equipo Especial, centrando la investigaciones en despachos fiscales que tienen similares o vinculando hechos materia de investigaciones, evitando así duplicidad de investigaciones y fijando una estrategia conjunta».
Keiko Fujimori busca evitar a como dé lugar que el fiscal que ya la acusó por el pitufeo de sus campañas pasadas vuelva a escudriñar sus cuentas.
Fotoportada: Darlen Leonardo
