Quizás, algún día, deje de ser noticia. Pero por lo pronto ya es más o menos habitual que alguna personalidad peruana reconozca públicamente su homosexualidad. Artistas como Adolfo Aguilar o políticos como Alberto de Belaúnde son dos ejemplos recientes. En general, la visibilidad de las personas LGTBIQ+ es cada vez mayor. Pero eso no implica que estén plenamente integrados en la sociedad; por el contrario, en el Perú ser parte de este colectivo supone un recorte de derechos fundamentales.
La congresista Susel Paredes y su esposa son protagonistas de un caso que sirve de ejemplo. Ellas han anunciado que acudirán a instancias internacionales, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara improcedente su solicitud para inscribir su matrimonio civil en Reniec, en junio pasado. Ya a finales del 2020, el Tribunal había rechazado un pedido similar del ciudadano Óscar Ugarteche, quien lucha desde el 2012 para que se reconozca su matrimonio civil realizado en México.
Estas controversias legales son reflejo de un problema mayor. La falta de un consenso estatal, sumada a la ausencia de estadísticas oficiales, convierten los intentos para que estas personas se sientan completamente representadas en su propia nación, en iniciativas aisladas.
A cuenta gotas
A diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, en el Perú los esfuerzos por proteger a esta población vulnerable se caracterizan por la lentitud. Y eso no es nuevo. “Nosotros hace más de cinco años establecimos en un informe que existía un gran atraso en políticas públicas en favor de las personas LGTBIQ+. Desde entonces hemos hecho seguimiento. Los avances registrados son pocos”, dice Percy Castillo Torres, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.
Castillo alude al “Informe Defensorial N° 175: Estado Actual de los Derechos de las Personas LGBTI”, publicado en el 2016 y que tuvo una segunda versión en el 2018. En este documento se analizó, institución por institución, las medidas que debían implementarse. La conclusión, en todos los casos, es que se ha hecho poco.
La situación no ha cambiado. Ejemplos sobran. Uno de los más recientes es el accionar del TC que, como ya se mencionó previamente, rechazó por mayoría la inscripción del matrimonio civil de la congresista Susel Paredes y su pareja, realizado en el extranjero.
Esta decisión se dio antes de la reciente renovación de la mayoría de integrantes del TC. Marianella Ledesma, una de las magistradas que estaba a favor del pedido, fue durísima con sus colegas en su voto singular. “La mayoría del Tribunal Constitucional ha actuado como si fuese un Tribunal de la Santa Inquisición”, expresó.
El fallo desconoce los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De hecho, este tribunal falló en contra del Perú en el caso de Azul Rojas Marín el 12 de marzo del 2020. El caso data de 2008. Rojas, mujer transgénero, fue intervenida por policías que la llevaron a la Comisaría de Casa Grande, La Libertad. En la dependencia policíal abusaron de ella física y sexualmente.
Como parte de la sentencia, la corte ordenó al Estado peruano implementar diversas medidas para que no se repitan estos actos deplorables. Entre estas obligaciones se incluyó la implementación de un protocolo para investigar los casos judiciales sobre personas LGTBI, capacitaciones dirigidas a funcionarios de la Policía, el Ministerio Público y los serenazgos para respetar la orientación sexual, y elaborar un sistema de datos sobre casos de violencia contra esta comunidad. El Estado peruano tenía dos años para hacerlo, pero nada de eso se ha implementado, como hizo público la Defensoría del Pueblo en marzo.
Para Jorge Apolaya, vocero del Colectivo Marcha del Orgullo, fallos como el del caso Paredes son durísimos para la comunidad LGTBIQ+. “Es super preocupante tener un TC que vota en contra de nuestros derechos. Otra vez tendremos que ir a instancias internacionales para que la Corte nos diga qué implementar”, asegura. Apolaya tiene la esperanza de que los nuevos magistrados piensen diferente, pero como ya ha reportado Sudaca previamente, todo parece indicar que el nuevo TC tendrá una orientación más conservadora que el anterior.
El TC no es el único frente legal donde hay que poner el ojo. En el Legislativo también escasean los esfuerzos. Son tres las iniciativas respecto a la comunidad que hoy están encarpetadas en las comisiones del Congreso.
La que lleva más tiempo empolvándose es la Ley de Identidad de Género, propuesta presentada inicialmente por el Frente Amplio en el 2016. De acuerdo a su expediente, el proyecto llegó a tener un dictamen favorable de la Comisión de la Mujer y fue dispensado de lo mismo en la Comisión de Constitución, pero fue enviado al archivo en agosto del año pasado. A pedido de legisladores como Susel Paredes y Elvis Vergara, ha vuelto a ponerse en discusión. Desde el 1 de junio se encuentra nuevamente en manos de la Comisión de Constitución.
Otro proyecto pendiente desde periodos pasados es el que busca prohibir medidas como las ‘terapias de conversión’ y otras que atenten contra la identidad de género. Esta iniciativa fue presentada por el Partido Morado en febrero del año pasado. Desde entonces, no ha tenido mayor desarrollo en las comisiones de Justicia y Salud, donde ha sido derivado.
La propuesta que más avances ha tenido es la Ley del Matrimonio Igualitario, presentada por la congresista Ruth Luque en octubre del año pasado. Su destino también está en manos de la Comisión de Justicia, pero todavía no se agenda para su debate. Como parte del proceso para elaborar un posible dictamen, el proyecto ha recibido opiniones institucionales, según su expediente. Una de ellas, la de Reniec, merece una mención especial.
En su respuesta por escrito a la comisión, Reniec se opone al proyecto, pues asegura que Constitución “no admite el matrimonio entre personas del mismo sexo”. En cambio, propone crear un estado civil particular para este tipo de uniones. De esta forma, Reniec adopta una postura contraria a la del Poder Judicial.
También a solicitud de la misma comisión, el PJ opinó que “desde el punto de vista jurídico” la iniciativa debía seguir su trámite. En su análisis remarca que “negar el derecho a la pertenencia a una institución social [el matrimonio] representa una merma en el proceso de inclusión social de este segmento poblacional homosexual”.
Ambas instituciones ya se han enfrentado por temas similares. El pasado 28 de junio, Día Internacional de la Identidad de Género, la Corte Superior de Justicia de Lima Sur informó que el magistrado Frank Flores García falló a favor de un ciudadano transexual que pidió a Reniec aceptar su cambio de sexo femenino a masculino en su DNI. El magistrado le dio la razón, según reportó el área de imagen institucional de la corte.
Para Susana Chávez, directora de Promsex, ONG que impulsa políticas por la igualdad de género, el Reniec falta a sus funciones al mostrarse en contra del matrimonio igualitario. “Es el garante de la identidad. Lo que hace es faltar a su responsabilidad. Eso es grave. El matrimonio no es un derecho especial, todas las personas deberían optar por ellos. No solo es una interpretación restringida, sino que vulnera derechos que ya han sido reconocidos por otros Estados”, asegura. En la región, países como Colombia, Argentina y Uruguay ya reconocen la unión de personas del mismo sexo.
No reconocer este derecho nos puede poner en aprietos otra vez con la Corte de San José. “El Estado tiene el deber de cumplir con la opinión consultiva OC-24/17 de la Corte sobre el tema del matrimonio. La unión civil es un tema discriminador [por crear estados civiles paralelos]. Se cree que se puede ir por partes en estos aspectos, pero no es así. Es un absoluto error. Otros países han adecuado sus requisitos administrativos, ¿por qué Perú no podría?”, pregunta Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
El tira y afloja de las instituciones que conforman el Estado peruano es agobiante para los LGTBIQ+, aunque tal vez lo más preocupante es que las entidades públicas ni siquiera parecen estar interesadas en conocer a fondo su realidad.
Cifras nebulosas
En este tema, es claro que cada institución jala agua para su propio molino. El detalle es que el punto de partida para generar políticas públicas a favor del colectivo LGTBIQ+ es difuso. En el Perú no existen estadísticas actualizadas sobre este grupo vulnerable. Todos los datos oficiales son pre-pandemia.
El INEI, por ejemplo, realizó la “Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI” el 2017. Desde entonces, no ha hecho más. Y con el pasar de los años las cifras recogidas en este estudio se vuelven inútiles.
Como muestra, un botón. Según la encuesta, respondieron 12,026 personas LGBTIQ+ mayores de edad. Un número que se queda corto si se compara con la convocatoria de las Marchas del Orgullo de junio. “Si contamos Lima y regiones fácilmente llegamos a las 30 mil personas. Llenamos la Av. Wilson desde la altura de Colmena hasta Paseo Colón”, revela Jorge Apolaya, vocero del movimiento. En su vigésimo aniversario, las movilizaciones aumentaron su convocatoria. “En 2019 fueron 21 ciudades, este año han sido 28. Es una expresión de que la comunidad ya no aguanta más”, agrega.
Desde la Defensoría valoran el trabajo realizado por el INEI, pero exigen mayores esfuerzos. “Han impulsado acciones en favor de las personas LGTBIQ+, pero deben avanzar. Solo hicieron esa encuesta. En los siguientes censos deben incluir fórmulas para identificarlas y realizar políticas con esa data. Si no, nunca va a ocurrir”, dice Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos.
Las estadísticas oficiales más recientes son del 2019. Ipsos publicó la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos por encargo del Ministerio de Justicia ese año. Ahí se señala que más de 1.7 millones de peruanos adultos se identifican con una orientación sexual no heterosexual.
Otras conclusiones relevantes del estudio son que el 71% de peruanos cree que la comunidad LGTBIQ+ es victima de discriminación, el 19% considera la homosexualidad una enfermedad, el 31% considera al VIH/SIDA como una enfermedad de personas homosexuales o trans, y el 36% ve peligroso que un niño se quede con una persona homosexual. Sin embargo, la ausencia de mayores estudios gubernamentales deja en el aire otras circunstancias que vive esta comunidad.
“No se sabe cuántas mujeres trans se dedican a la prostitución en Lima. También hay muchas personas gays y lesbianas que viven con menos del sueldo mínimo. Por eso la marcha es importante, ahí se manifiestan. ¿Sin data, cómo van a implementar políticas en el país?”, reclama Jorge Apolaya. Sin ir muy lejos, el último 30 de junio se reportó que “Sharon”, una mujer trans que se dedicaba a la prostitución, fue baleada en el Cercado de Lima por negarse a pagar cupos a una red criminal.
La sociedad civil da más información. “Nosotros hicimos hace tiempo una encuesta virtual donde identificamos que el 87% de personas trans no cuenta con un DNI que reconozca su nombre y su expectativa de vida está reducida a los 48 años”, revela Susana Chávez, directora de Promsex.
Para la cabeza de dicha ONG la razón de que no existan estadísticas frescas no es descuido gubernamental. “No creo que sea desdén. Hay una agenda abiertamente opositora basada en machismos inaceptables. Hoy el Perú es un país retrógrado alrededor de nuestros vecinos”, afirma Chávez.
Frases, en tono de burla, como la del congresista Guido Bellido –que le propuso al periodista Jaime Chincha “ir de la manito” a la próxima Marcha del Orgullo– le dan algo de razón. El panorama es sombrío para estos peruanos que reclaman que el Estado –del que también forman parte– los proteja. Pero eso no los detendrá. Serán cada vez más visibles. Aunque las autoridades se escandalicen y el gobierno quiera hacerse el distraído.
**Fotoportada por Darlen Leonardo
