Una cosa es la declaración de un colaborador eficaz y, otra, la documentación que acredita todos los detalles que se ocultan detrás. Hace más de dos años, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, dijo que su empresa había aportado dinero de procedencia ilícita a Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Fue un día clave para el proceso, pero no era –en absoluto– suficiente. Desde entonces, el equipo especial ha logrado encontrar el camino que el dinero habría seguido de la contabilidad paralela de Odebrecht al partido político que todavía busca llegar al poder. Con ello, el círculo se sigue cerrando.
“Odebrecht participó de la campaña de la señora Keiko Fujimori haciendo un aporte [el primero, de US$500 mil] en la campaña del 2011 […] Después, justamente por haber apoyado al candidato Ollanta Humala, me sentí en la obligación de aumentar. Incluso por una sugerencia de Marcelo, quien me dijo que, si estaba sintiéndome mal por haber apoyado a Ollanta, “aumente la participación” de la contribución a Keiko Fujimori. Y aumentamos US$500 mil más a Keiko Fujimori”, dijo Barata ante el fiscal José Domingo Pérez en marzo del 2018.
La delación permitió a la fiscalía, cuyas investigaciones estaban aún en etapa preliminar, avanzar con mucha mayor velocidad. A partir de ese testimonio se pudo continuar con diligencias que permitieron identificar el papel de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya como receptores de US$1 millón, y llegar luego a los aportantes fantasma que habría usado el fujimorismo para esconder el dinero de la constructora brasileña.
Ya era conocido, entonces, el camino que empleó el partido para ocultar los aportes. Según la tesis fiscal, una vez recibido el dinero, Jaime Yoshiyama Tanaka, entonces secretario general, contactó a su sobrino Jorge (quien acaba de oficializar un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía) para que reclute falsos aportantes y que estos ingresen el dinero a las cuentas del partido en Scotiabank.
Lo que no se conocía, sin embargo, era la ruta exacta que habría seguido el dinero desde que salió de Odebrecht hasta que llegó a Fuerza 2011. ¿Cómo pasó del Departamento de Operaciones Estructuradas, llamado ‘Caja 2’, a las manos de Yoshiyama y Bedoya? Solo con esa información se puede acreditar la procedencia ilícita de los fondos.
A poco de finalizar la investigación, el equipo especial ha logrado reconstruir el esquema que habría usado la constructora para financiar la candidatura de Keiko Fujimori. Esto, mientras sobre su partido, hoy, está pendiente un pedido fiscal de suspensión por dos años y medio. Si el juez Víctor Zúñiga le da la razón a la fiscalía, Fuerza Popular no podrá participar de las elecciones del 2021.
La ruta
Sudaca ha podido acceder a documentación bancaria que registra el ingreso de dinero desde Panamá al Perú: reportes de transferencias, retiros en efectivo y emisión de cheques. El exprocurador Antonio Maldonado consideró que todo ello permitiría corroborar “los supuestos que están tipificados sobre criminalización de lavado de activos, actos de conversión y transferencia”.
La información tiene como personaje principal al empresario Gonzalo Monteverde Busalleu, identificado por la fiscalía como el ‘doleiro’ peruano de la constructora. Es decir, quien escondía y entregaba el dinero en efectivo. Su empresa, Construmaq SAC, fue utilizada por Odebrecht para ingresar dinero al país. Monteverde se encuentra hoy prófugo de la justicia.
Para entender el camino que recorrió la plata es necesario volver a recordar el testimonio de Jorge Barata ante el equipo especial. “El dinero venía de alguna forma, a través de nuestro Departamento de Operaciones Estructuradas”, declaró. La Caja 2 fue creada por Odebrecht para el pago de sobornos y de aportes a partidos políticos. Dichos fondos provenían de actos ilícitos cometidos por la empresa, como los sobrecostos de los proyectos que tenía a su cargo. Barata continuó: “Exactamente de dónde, cuál de las empresas, no tendría como informar. Imagino que eran empresas offshore”.
La Constructora Internacional del Sur S.A fue creada el 11 de octubre de 2006 en Panamá, con un capital social de US$10 mil, según los documentos a los que accedió Sudaca, y fue una de las offshore utilizada para el pago de coimas. Según la tesis fiscal, también sirvió para la entrega de aportes de campaña al fujimorismo. A través de un acta de reunión extraordinaria de junta de accionistas realizada el 3 de diciembre de 2006, se acordó autorizar a Olivio Rodrigues Junior, exoperador principal de la Caja 2, a firmar documentos de apertura de cuentas, otorgar, firmar y entregar cheques, giros, pagarés, entre otros, a nombre de Constructora Internacional.
En su declaración de febrero pasado ante fiscales peruanos, Luiz Da Rocha Soares, extesorero de la Caja 2, ya había explicado verbalmente cómo llegó el dinero de Odebrecht al Perú. Su testimonio resulta clave: dijo que fue Gonzalo Monteverde, mediante su empresa, quien se encargó de esconder los pagos. Da Rocha Soares confirmó que transfirió dinero a las cuentas de las empresas de Monteverde mediante Olivio Rodrigues Junior, el mismo a quien se le dio poder en Constructora Internacional, la offshore de Odebrecht.
En diciembre de 2009, Gonzalo Monteverde abrió una cuenta para su empresa Construmaq SAC en el Credicorp Bank de Panamá, muestran los documentos revisados por este medio. Él y María Isabel Carmona figuraron como los apoderados. En la declaración de apertura de cuentas de depósito de Construmaq aparece como principal cliente depositante la Constructora Internacional del Sur y se precisa que la procedencia de los fondos para abrir la cuenta son transferencias internas de la offshore de Odebrecht.
Seis meses después, en junio de 2010, la cuenta de Construmaq SAC en el Scotiabank (Perú) comenzó a recibir transferencias de dinero de la cuenta que Monteverde abrió para la misma empresa en el Credicorp Bank de Panamá. De acuerdo a un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) peruana, la cuenta de Construmaq en Perú recibió un total de US$5,828,216.
Pero como reveló Barata, Odebrecht destinó US$1 millón para Fuerza 2011, en dos armadas de US$500.000. De todas las transferencias, ¿cuáles concuerdan con el testimonio de Barata sobre los aportes realizados al fujimorismo? Los reportes de transferencias desde el exterior, emitidos por Scotiabank y también revisados por Sudaca, revelan que el 30 de junio del 2010 la cuenta de Construmaq en Perú recibió US$549,950. Además, al año siguiente, el 6 de mayo del 2011, se le entregó US$349,925. Ambos montos suman US$900.000.
Las dos fechas coinciden con lo mencionado por Barata, quien recordó ante la fiscalía los meses en los que pidió y entregó el dinero en efectivo para el partido de Keiko Fujimori. “Fueron 500 mil a mediados de 2010, cuando comienza la campaña política. Después […] acordamos entregar 500 mil más, para la segunda vuelta. Ese segundo aporte de 500 fue entregado una parte en nuestra oficina al señor Bedoya”, sostuvo.
De todo el dinero que llegó las cuentas de Construmaq en el país, Monteverde retiró US$1,197,227 en efectivo y la UIF reportó, además, la emisión de cheques por más de US$6 millones para el empresario. De la plata retirada en efectivo y en cheques habría salido todo el millón finalmente entregado al fujimorismo, según ha podido determinar la fiscalía.
La fiscalía sostiene que Monteverde fue el encargado de llevar el dinero para Fuerza Popular en maletas a Jorge Barata.Luego de recibir el dinero, el exejecutivo declaró haberse reunido con Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, quienes han sido sindicados como los receptores de los aportes ilícitos y parte de la presunta red criminal que se habría formado en Fuerza 2011 para darles apariencia de legalidad. Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Yoshiyama Tanaka, ya se ha encargado de contar cómo se ‘pitufeó’ ese dinero a través de empresarios como Gianrcarlo Bertini o Erick Matto Monge.
A Gonzalo Monteverde, aparte, la fiscalía le imputa el delito de lavado de activos por recibir el dinero ilícito de Odebrecht en las cuentas de sus empresas. No solo habría recibido aportes para campañas políticas, sino también sobornos para funcionarios públicos. Construmaq recibía montos diversos de Odebrecht desde su constitución.
Información que completa la tesis fiscal
En su momento, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, la ha defendido señalando que falsos aportantes “indicarían tan solo una acción de simulación”, pero no de lavado de activos. “Las declaraciones de supuestos aportantes y de Jorge Yoshiyama no corroboran el conocimiento de la señora Fujimori, elemento central para la configuración del tipo penal de lavado de activos. No se aportan mayores indicios de la participación directa de la señora Fujimori”, dijo durante las audiencias donde se evaluó el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.
En conversación con Sudaca, sin embargo, el abogado penalista Rafael Chanjan explicó que detectar la ruta del dinero que aportó Odebrecht al fujimorismo “robustece y afianza la hipótesis de lavado de activos” que tiene el equipo especial. “Sirve para que la fiscalía pueda reafirmar que Odebrecht no quería que este dinero fuera contabilizado. Era un dinero que tenía origen espurio y para que no sea detectado se sigue esta ruta offshore, son prácticas recurrentes para lavar dinero. Sirve para reafirmar que querían darle apariencia de legalidad. Sí es posible hablar de un origen ilícito y de que las personas que recibieron hayan podido presumirlo”.
Chanjan sostuvo que existen indicios, a partir de estos documentos, que pueden indicar que se pudo conocer el origen ilícito del dinero. “Por ejemplo, cómo te lo entregan, no bancarizado, luego lo pitufeas y lo diluyes en cócteles, son indicios que pueden llegar a indicar que podrías haber presumido el origen ilícito”, señaló.
En tanto, el exprocurador Antonio Maldonado consideró que la información revisada por Sudaca permite corroboraciones cruciales para la hipotesis de los fiscales. “Odebrecht convierte, transfiere el dinero de otra persona, la persona asume que el dinero iba para ella, y luego ese dinero es transferido al entorno cercano de Keiko Fujimori, con lo que se configuran los actos de ocultamiento y tenencia”.
El letrado explicó que los delitos de lavado de activos son siempre dolosos; es decir, aquellos actos que son cometidos a sabiendas de que van en contra de la ley. Dijo que Keiko Fujimori, por su nivel de formación, debía por lo menos presumir el origen del dinero.
“En base a esta información habría suficientes elementos de convicción, indicios que deberían ser constituidos como medios de prueba, y que deben ser sometidos a juicio. Son comportamientos que demuestran infiltración del dinero proveniente de actividades criminales, la entrega y el acto de recibir. Por lo menos el corazón del lavado de activos estaría ahí para ser desarrollado con los otros elementos que se tienen”, indicó. En el caso de Keiko Fujimori y su entorno, el equipo especial se acerca cada vez más a los momentos decisivos del proceso.
