Paul Jaimes Blanco no cumple los requisitos para ejercer el cargo de secretario general en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Así lo determinó un informe de la Oficina de Control Interno de esa cartera que Sudaca pudo revisar. Con ello, Jaimes se convierte en uno de los primeros funcionarios del gobierno al que le pasa factura una reciente ley que establece condiciones mínimas para ejercer cargos públicos. Todos sus actos administrativos desde el 17 de marzo son ilegales.
Se trata de un personaje que, de por sí, ya carga un rosario de cuestionamientos. Recientemente intentó comprarse un sofá cama para descansar en su oficina con dinero del Midagri. La Procuraduría quiso investigar este hecho, pero fue impedida de hacerlo. El abogado de profesión, además, ha sido señalado por la prensa de tener denuncias policiales y una acusación porque dos de sus colaboradores intentaron ingresar, con amenazas y de madrugada, a la sede del ministerio.
UN CV INSUFICIENTE
La publicación en El Peruano de la Ley 31419, el último 15 de febrero, le puso la soga al cuello a varias instituciones estatales. Si antes cada entidad establecía sus propios requisitos, esta norma homogeneiza las exigencias mínimas para los cargos públicos de alto rango. El objetivo es garantizar la idoneidad de las personas designadas, un rasgo del que adolece ampliamente este gobierno.
La ley incluye –entre otros– a viceministros, gerentes municipales, servidores de confianza y también a secretarios generales de ministerios, como Jaimes, quien había asumido apenas cinco días antes de que el texto entrase en vigencia. Eso, sin embargo, no lo salva. La norma le dio 30 días de plazo a los servidores que ya estaban en funciones para que se adecuasen a los nuevos requisitos. Caso contrario, no podrían seguir en sus cargos.
Dicha tregua venció el 17 de marzo. Entonces, la OCI del Midagri pidió información al ministerio sobre las medidas que había adoptado para asegurar la implementación de la nueva ley. Cuando recibieron la respuesta, hallaron que Paul Jaimes no cumplía los requisitos mínimos para seguir siendo secretario general.
Y es que, según la norma, para ocupar dicho puesto se debe tener, cuando menos, cinco años de “experiencia específica” en puestos similares, ya sea en el sector público o en el privado. Y Jaimes no los tiene. Lo extraño es que la OCI recibió dos informes del ministerio: uno del área de recursos humanos y otro de la oficina de talento humano. El primero decía que Jaimes alcanza cinco años, seis meses y 17 días de experiencia en cargos similares al de secretario general. La segunda oficina, sin embargo, aseguraba que tenía cero años.
La amplia diferencia obligó a que la OCI hiciera su propio diagnóstico. Para ello revisaron el legajo de personal de Jaimes. El resultado fue que sólo tiene dos años, cinco meses y un día de experiencia en cargos similares al de secretario general. Ese tiempo se divide entre su paso como jefe del área de logística de la empresa ASAP Solutions y su dos años como jefe del área legal de la empresa M&N Consultora, entre 2015 y 2017.
“El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego no ha cumplido con adecuar el cumplimiento de los requisitos exigidos en dicha ley respecto al secretario general en funciones en el plazo ya establecido, ya que éste no cuenta con los cinco años de experiencia específica en cargos de directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado”, dice el informe de la OCI del Midagri, publicado el 1 de abril y que Sudaca revisó.
La OCI, además, recalca un aspecto de la norma en cuestión que debería acabar en la remoción de Jaimes. La Ley 31419 señala que, “vencido el plazo antes mencionado sin haberse cumplido con la adecuación a que se hace referencia en el párrafo precedente [se refiere al plazo de 30 días para adecuarse], quedan impedidos de seguir ejerciendo el cargo, bajo responsabilidad funcional”
Sin embargo, no parece que esto vaya a ocurrir pronto. El ministro Óscar Zea –quien también es congresista de Perú Libre– protege a su secretario general, de acuerdo a una fuente confiable del Midagri. Los hechos respaldan tal afirmación: Jaimes fue, hasta antes de asumir en el ministerio, su asesor en el Congreso. De hecho, recientemente Zea ha enviado a Jaimes al extranjero: el último miércoles el secretario general se fue a Bolivia para cerrar una compra de úrea del país vecino.
Según la OCI, por no cumplir con los requisitos, las decisiones tomadas por Jaimes desde el 17 de marzo carecen de legalidad, incluyendo las resoluciones secretariales que ha firmado. Entre las más importantes hay dos modificaciones presupuestales. Una por S/17 millones en favor del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), para mejorar su servicio de recarga hídrica en 14 departamentos; y otra por S/7,6 millones para el Programa Subsectorial de Irrigación (PSI), con el objetivo de ampliar el sistema de riego en dos localidades de Ancash.
En comunicación con Sudaca, Jaimes niega que le falte experiencia. “Cuando soy designado, no existía esta ley. Yo presenté lo mínimo según el clasificador de personal del Midagri”, apunta. Agrega que ha pedido una revaluación a la Contraloría para que acrediten su experiencia como asesor en el Congreso y en diversos cargos dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, esos trabajos fueron descartados por la OCI del Midagri en su informe de orientación porque no eran compatibles con los requisitos establecidos por la norma.
MÁS CUESTIONAMIENTOS
Ignorar la falta de credenciales para ejercer como secretario general es sólo una de las perlas de Paul Jaimes. Sudaca pudo conocer que –a pedido de este señor– la Oficina de Abastecimiento hizo gestiones para adquirir un sofa cama de la marca Said, el último 3 de marzo, en la tienda de tapicería y decoración MultiTop de La Victoria. El costo de este bien, según la web de la empresa, es de S/599.90. El mueble ya está en su despacho, de acuerdo a una foto que Sudaca obtuvo.
Esto sería algo anecdótico de no ser porque, según un funcionario del Midagri que pidió anonimato, para adquirir el sofá se habría echado mano de la caja chica de la cartera. Este fondo es exclusivo para “gastos menudos y urgentes que por su finalidad no puedan ser programados” para su adquisición. Esto incluye, por ejemplo, gastos por movilidad y la compra de bienes menudos, previa acreditación de que no hay stock de lo solicitado en el almacén del ministerio.
Jaimes admite que solicitó el sofá a la Oficina de Abastecimiento, pero señala que la compra fue “observada”. Dice que, finalmente, él mismo tuvo que hacer el gasto. “Yo tenía miedo de ponerme la tercera vacuna porque la segunda me chocó. Cuando me puse [la tercera dosis] al día siguiente estaba descompuesto, pero fui a trabajar. Le pedí el favor al jefe de abastecimiento que compre un pequeño sofá porque me maltrato el cuerpo firmando 18 horas. Después me entero de que es un sofá cama, pero si usted lo ve parece 100% recto. El pedido del jefe de Abastecimiento estaba observado, al final pagué con mi propio peculio” asegura. No da detalles sobre el uso de la caja chica.
Otra denuncia involucra al entorno de Jaimes. El pasado 19 de marzo, los señores Oswaldo Monteza Rodríguez, contratado como conductor desde febrero, y Gino Martínez Álvarez, quien trabaja como asistente del área de patrimonio desde el 9 de marzo, pidieron ingresar a la sede del Midagri de La Molina a las 2:35 de la madrugada. Señalaron que iban a recoger a Jaimes, quien debía salir del local unas horas después. Al recibir la negativa de los vigilantes, ambos personajes los amenazaron con llamar al secretario general para que los cambie de puesto, según reveló el programa ‘Al Estilo Juliana’.
Sudaca pudo conocer que la Procuraduría Pública del Midagri tomó conocimiento de ambos hechos –la compra del sofá cama y el altercado de madrugada– y pidió información a la Dirección General del ministerio para evaluar la toma de acciones legales el pasado 1 de abril. Sin embargo, fueron impedidos de hacerlo por la Oficina de Abastecimiento. Según un informe interno del ministerio del 8 de abril, el director de esta oficina, Frank Puyen Guzmán, se negó a brindar información a la Procuraduría. La excusa fue que estarían usurpando funciones.
Para Puyen, autor del informe, la compra del sofá cama y el incidente con los locadores allegados a Jaimes no eran denuncias en las que resultaba agraviado directamente el Midagri. Dijo que, en todo caso, le correspondía a la OCI y no a la Procuraduría investigar los hechos.
Sudaca pidió los descargos respectivos al Ministerio de Agricultura, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Las sombras sobre Jaimes, sin embargo, dan para más. Según el portal El Foco, la hermana del secretario general lo denunció en una comisaría del Rímac por agresión física y verbal en la vía pública, en agosto del 2010. En respuesta a estas acusaciones Jaimes asegura que su hermana es “super amiga” y que no tiene ningún problema con ella.
**Fotoportada por Darlen Leonardo
