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Perú Libre sigue haciendo de las suyas en Junín

Un informe de la Contraloría da detalles sobre otro presunto faenón relacionado con la obra de un puente en la región en la que Perú Libre se hizo fuerte. Según el órgano de control, funcionarios del gobierno de Junín –donde manda el partido del lápiz– favorecieron de manera indebida a un consorcio con el que estaban impedidos de contratar, por una norma del mismo GORE. Para sacar de carrera a otros postores se recurrió a justificaciones absurdas. ¿A cuánto asciende el perjuicio? Cerca de S/4 millones.

Los funcionarios de Perú Libre siguen haciendo de las suyas en Junín. En un reciente informe, la Contraloría General de la República (CGR) advierte nuevos hechos irregulares en la adjudicación de contratos que tienen como responsables a funcionarios de confianza del Gobierno Regional de Junín (GORE Junín). Uno de ellos fue contratado por Vladimir Cerrón cuando aún era gobernador de dicha región, en 2019. Los otros dos, por su sucesor Fernando Orihuela. El perjuicio económico, según la Contraloría, asciende a S/3.977,620.

Según el documento de la CGR, los funcionarios descalificaron a postores con excusas carentes de sentido para beneficiar al consorcio integrado por la ingeniera Ana Ríos Padilla y la empresa Servicios de Consultores Andinos (Serconsult). La licitación era para encargarse de la supervisión de la construcción del Puente Cantuta, que beneficiará a más de 209 mil pobladores. También hay indicios de que este consorcio se encontraba impedido de contratar con el GORE Junín, de acuerdo al órgano de control.

EXCUSAS RIDÍCULAS

A inicios del 2021, se llevó a cabo el concurso público para la contratación del consorcio que se haría responsable de la supervisión del Puente Cantuta. Para ello, se conformó un comité de selección, presidido por el gerente regional de Infraestructura, Luis Ángel Ruiz Oré, funcionario de confianza contratado por Vladimir Cerrón. Este personaje no es nuevo en los informes de la Contraloría. Como ya contó Sudaca en un reportaje, el año pasado Ruiz fue hallado responsable de causarle al Estado un perjuicio económico de más de S/1 millón al simular trabajos que nunca se realizaron en una carretera en Junín. En ese entonces, la favorecida fue una empresa donde el apoderado era el tío del ‘chaleco’ de Cerrón.

El otro integrante del comité es Carlos Alberto Pérez Rafael, militante de Perú Libre desde hace ocho años. Actualmente ocupa el cargo de subgerente de Supervisión y Liquidación de obras, en el GORE Junín. Es hermano de Patricia Pérez Rafael, conocida por, supuestamente, tener conversaciones subidas de tono con el fundador de Perú Libre. El último miembro es el administrador Luis Ángel Hinostroza Bastidas, anterior subdirector de Abastecimientos y Servicios Auxiliares de dicha institución. Ambos funcionarios de confianza fueron contratados por el perulibrista Fernando Orihuela, mientras este ocupó el cargo de gobernador regional, luego de que Cerrón fuera inhabilitado para ejercer cargos públicos.

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De izquierda a derecha, los miembros del comité de selección: Luis Ruiz Oré, Carlos Pérez Rafael y Luis Hinostroza Bastidas. Según la Contraloría, los tres son responsables de favorecer indebidamente a un consorcio.

Según la Contraloría, los tres fueron los encargados de conducir y desarrollar el concurso, “donde se ha evidenciado que el comité de selección no admitió a uno de los consorcios y descalificó a otro injustificadamente”. Los argumentos usados para excluir a los participantes carecen de lógica, a la luz del informe del órgano de control.

Por ejemplo, en la etapa de presentación de la oferta técnica no se admitió a uno de los postores porque, supuestamente, presentó información “inexacta e insubsanable” al no especificar que se encargaría de la supervisión de la obra. De este modo, el comité resolvió que se estaba “alterando el alcance de las obligaciones que corresponden”. Sin embargo, luego de una revisión detallada, la Contraloría halló que el consorcio especificó que se haría responsable de “todas las obligaciones directamente vinculadas al objeto de la contratación”, lo que incluye la consultoría de supervisión del proyecto, “motivo por el cual esta oferta debió ser admitida”.

Otro ejemplo, más burdo, tiene que ver con el tamaño del papel en el que se imprimió una de las propuestas. Y es que el dichoso comité descalificó a otro de los postores por, aparentemente, haber presentado un calendario de trabajo “ilegible”. Sin embargo, la Contraloría se dio la trabajo verificar, y dijo que el “fue descargado sin ningún problema y es legible”. La explicación del porqué para los tres funcionarios este documento era ininteligible linda con lo ridículo: resulta que imprimieron el calendario en una hoja A4, en vez de hacerlo en una A3.  

Por todas razones, el informe de control concluyó que el comité de selección tuvo un “trato discriminatorio” con ambos postores, violando el principio de igualdad de trato y transgrediendo el principio de transparencia e imparcialidad. Al respecto, el exfuncionario Luis Ruiz Oré respondió a Sudaca que “la verificación de los documentos se realizó respetando la igualdad de trato para todos. Tanto es así que ninguno de los postores apeló ante el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE”. 

Luego de las cuestionables exclusiones, quedó un único postor: el consorcio integrado por la empresa Serconsult y la ingeniera Ana Bertha Ríos Padilla, y el comité le otorgó la buena pro. Así, en junio de 2021, el GORE Junín y la misma Ríos Padilla, en su calidad de representante legal alterno, firmaron el contrato por un total de S/3.977.620.

Según el buscador de proveedores del Estado, el director de la empresa beneficiada es Álex Starost Gutierrez, quien fuera abogado del exministro de Transportes Juan Silva y asiduo visitante del presidente Pedro Castillo. Consultado por este medio, Starost sostiene que desde el 2017 dejó de tener contacto con Serconsult. Afirmó, además, que le quedaron debiendo. “No hemos terminado bien”, asegura.

Otro detalle que no debe pasar desapercibido es que la empresa en mención fue sancionada hasta siete veces por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La primera de las sanciones data del 2014, cuando se le acusó de presentar documentación falsa o inexacta. En el 2021, fue castigada cuatro veces más por incumplir injustificadamente con sus obligaciones y por presentar, nuevamente, información falsa. Este año, el Tribunal volvió a sancionarla en dos oportunidades y, actualmente, se encuentra impedida de contratar con el Estado hasta junio de 2023. Además, ha sido penalizada con un total de S/365,101 por incumplir sus obligaciones contractuales.

SERCONSULT ana rios padilla gore junin
Luego de descalificar a otros postores con excusas carentes de sentido, el comité de selección conformado por los funcionarios del Gore Junín le dio la buena pro al consorcio conformado por Serconsult S.A. y la ingeniera Ana Ríos Padilla.

La empresa no respondió los mensajes de este medio. Quien sí contestó fue la ingeniera Ana Ríos –quien en el 2014 fue suspendida por seis meses para licitar con entidades públicas por no suscribir un contrato de manera injustificada–. Mediante correo electrónico, dijo que “el comité es el único que debe decir qué vio en el proceso de contratación”.

¿IMPEDIDOS DE CONTRATAR?

Pero los argumentos absurdos para descalificar a los competidores no son la única observación que formula la Contraloría en el caso de la supervisión del puente Cantuta. También advierte que el consorcio ganador se encontraba impedido de ejecutar la supervisión del proyecto de construcción, pues uno de sus integrantes –Ana Bertha Ríos Padilla– había sido contratada por la empresa Sima Perú para elaborar el expediente técnico del mismo puente. 

Se trata de un señalamiento hasta cierto punto controvertido, discutible desde un punto de vista jurídico. Para entender mejor el lío, debemos remontarnos hasta el año 2019, cuando el mandamás de Perú Libre todavía era gobernador regional.

La trama comienza cuando Vladimir Cerrón firmó, en febrero de 2019, un convenio de colaboración con Servicios Industriales de la Marina (Sima Perú). Dicha iniciativa fue posible gracias a la venia de la mayoría de los consejeros regionales que pertenecen a Perú Libre. El consejero José Villazana Flores explica que, en cambio, él no estuvo a favor de la suscripción del convenio. “Junto a otro consejero votamos en contra porque la empresa Sima tiene antecedentes de entregar obras malogradas, paralizadas, en la región Junín. Bajo esa premisa, nosotros votamos en contra”, explica.

En efecto, Sima Perú no es una compañía desconocida para los medios ni para el ideólogo del partido del lápiz. Como dice Villazana, en Junín la empresa es señalada como responsable por las demoras y deficiencias en la construcción de los puentes. Y razón no falta para creer esto. Por ejemplo, en el 2017, la Contraloría advirtió de irregularidades en un convenio anterior –firmado durante el primer gobierno de Cerrón– entre esta empresa y el GORE Junín, para la ejecución del puente Comuneros. A pesar de las denuncias, el exgobernador no ha ocultado su preferencia por dicha empresa. 

El objetivo del convenio firmado en el 2019 era “aunar esfuerzos” y “establecer compromisos que las partes asumirán” para la construcción del puente Comuneros, según se lee en el documento suscrito entre ambas partes. En el 2020, cuando Fernando Orihuela asumió el puesto de gobernador, se acordó que, en el marco de dicha alianza, Sima Perú debía evaluar, y de ser el caso, reformular el expediente técnico de dicho proyecto, el cual ya había sido aprobado anteriormente por el gobierno regional.

puente comuneros
En el 2019, la empresa estatal Sima Perú firmó un convenio con el entonces gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, para la construcción del puente Comuneros

La empresa presentó a la entidad un informe en el que concluía que los detalles del expediente técnico primigenio eran escasos, por lo que este debía ser reformulado. Para hacerlo, en octubre de 2020, Sima le delegó dicha tarea al Consorcio Puente Cantuta por medio de una adjudicación directa –un proceso en el que hay un único postor–. Dicho consorcio estaba conformado, entre otros, por Ana Bertha Ríos Padilla, a la que se le designó como jefa de estudio.

Los últimos días de diciembre de ese año, se aprobó el nuevo expediente técnico, en el que Ríos figuraba como jefa del proyecto. En dicho documento, se consideró una inversión total de S/130.300,000 para la construcción del proyecto, casi medio millón de soles más por encima del monto original. También, se incrementó el presupuesto para la supervisión del proyecto en S/1.400,000. Otro detalle importante es que la resolución del GORE Junín que aprobó el expediente estipula que, “en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas, en la elaboración y/o evaluación del expediente técnico reformulado, será de responsabilidad de Sima-Perú, conjuntamente con el jefe de estudio ing. Ana Bertha Ríos Padilla”.

Como fue parte del equipo que elaboró el estudio técnico, la Contraloría considera que Ríos Padilla no podía formar parte de un consorcio dedicado a supervisar el mismo proyecto. La aludida responde, sin embargo, que ella no tiene ningún impedimento, pues según el OSCE y la Ley de Contrataciones, cualquier persona que participó en la elaboración del expediente técnico de una obra, si bien es cierto no puede encargarse de la ejecución de la misma, sí puede ser responsable de la supervisión. 

Sudaca consultó al respecto al abogado Cristian Castillo Luna, experto en contrataciones del Estado, quien considera que la respuesta de Ríos Padilla tiene asidero. Sin embargo, la Contraloría contraargumenta que existe una directiva general aprobada por el mismo Gobierno Regional de Junín en el 2018, que establece que “el proyectista que realizó el estudio o la elaboración del expediente técnico de la obra, no podrá participar como el supervisor o ejecutor de la obra”. Por ello, asegura la CGR, Ana Ríos y su consorcio no se encontraban aptos para participar en la licitación conducida por los funcionarios de Perú Libre. “Es una normativa interna que limita el libre ejercicio de la profesión”, dice Castillo Luna, pero acota que “este tipo de normas internas suelen crearse para evitar los casos de corrupción”.

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El GORE Junín tiene una normativa interna que prohíbe que el proyectista que realizó el expediente técnico participe como supervisor de la obra. Ese es el caso de Ana Ríos, por lo que la Contraloría afirma que su consorcio está impedido de supervisar la construcción del puente Cantuta. La aludida lo niega.

Como fuese, la prohibición dentro del GORE Junín –entidad responsable de la construcción del Puente Cantuta– existe. Y el informe de control señala otra situación que se agrega a los problemas derivados de esta contratación: lo normal es que el supervisor (Ana Ríos y Serconsult) haga consultas al proyectista sobre cualquier aspecto de la obra. Y en ese caso, quien debería absolver estas consultas sería la misma Ana Ríos, en su calidad ya no de supervisora, sino de jefa del estudio del expediente técnico. Es decir, en palabras de la CGR,  “siendo juez y parte del citado procedimiento”. 

Consultamos con la aludida si es que tenía conocimiento de dicha directiva, a lo que respondió que no, y “que las leyes estaban por encima de las directivas internas”. Explicó también que “es un absurdo que a la vez voy a ser jefe de estudio y supervisor” porque su trabajo como jefa de estudio terminó en el 2020, cuando entregó el expediente técnico. Aseguró, además, que ya interpuso una demanda por abuso de autoridad contra el equipo que elaboró el informe de la Contraloría.

La entidad no considera a Ríos responsable por los hechos presuntamente irregulares, pero sí a Luis Oré porque él, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, aprobó el expediente elaborado por la ingeniera. Por lo tanto, sabía quién era ella y que se encontraba impedida de contratar para la supervisión de la obra. Consultado por la Contraloría, el ahora exfuncionario alegó que recién tomaba conocimiento de que Ana Ríos Padilla formaba parte del staff contratado por Sima Perú para la elaboración de la reformulación del expediente técnico. 

También  reconoció que, efectivamente, “el consorcio estaba impedido de ejecutar la supervisión de la citada obra, y que pese a que la citada ingeniera conocía de tal impedimento, decidió transgredir el principio de presunción de veracidad al presentar documentación falsa o inexacta en el proceso de contratación”. Sin embargo, en comunicación con Sudaca, Ruiz Oré se contradijo y sostuvo que el órgano de control ha interpretado las normas de forma incorrecta. 

Los otros responsables penales son los funcionarios del GORE Junín Carlos Pérez y Luis Hinostroza. Nos comunicamos con ambos por medio de Facebook y Linkedin –pues sus números telefónicos se encuentran fuera de servicio–, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Es posible que pronto tengan que hacerlo, pero ante un fiscal anticorrupción.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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