Han pasado casi tres años desde que cientos de vecinos de la zona de Los Tusilagos, en San Juan de Lurigancho, vieron sus viviendas inundadas por primera vez. Fue un aniego enorme causado por la ruptura de un colector de desagüe. En aquella oportunidad, el Ministerio de Vivienda señaló como responsables a la tardía respuesta de Sedapal, y a las empresas contratadas para el mantenimiento y reparación de aquellos colectores: la española Acciona Agua y H&M Servicios Industriales.
Sin embargo, aspectos claves de lo ocurrido no se conocían hasta hoy. Diversos documentos revelan que Sedapal exoneró de responsabilidad a Acciona Agua S.A, al no exigirle que termine con la reparación de una tubería dañada en el colector ubicado en la zona de Canto Grande. Una tarea que estaba estipulada en el contrato, pero que ninguna de las partes cumplió.
Por el contrario, tomaron la decisión de apartar a la compañía del lugar, apuntalando una coartada pública que este medio desmontará a continuación.
Según el contrato firmado entre Sedapal y Acciona Agua en el 2017, las funciones que debió cumplir la empresa española eran «el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado». Es decir, el desatoro, la reparación de rupturas, el reforzamiento de tuberías, la limpieza mecánica y otros aspectos necesarios para el buen funcionamiento de los colectores. La autoridad a cargo de supervisar el servicio de la empresa contratada era Yuri Sanchez, actual jefe del Equipo de Recolección Primaria de Sedapal y presidente del comité que le dio la buena pro a la empresa española.
El contrato también indica que Acciona Agua daría mantenimientos a colectores de aguas residuales con diámetros entre 350 a 2.400 mm (milímetros). La tubería afectada del colector tenía 1.500 mm, por lo tanto se encontraba dentro del rango de responsabilidad y aplicación de trabajo establecidos en los términos de referencia.
RED DE MENTIRAS
El 2 de enero de 2019, Sedapal informó a la Municipalidad de Lima que iniciarían labores de rehabilitación de un colector en La Huayrona. Las obras, anunciaron, estarían a cargo de Acciona por el lapso de un mes.
Pero apenas iniciado el trabajo, el 3 de enero, Sedapal le pidió a Acciona retirarse del lugar y contrató, mediante un seguro del Estado, a la empresa H&M Servicios Industriales para que acudiese de emergencia a la zona. Así quedó registrado en un correo, donde Yuri Sanchez, funcionario de Sedapal, alertaba de una avería en el colector de Canto Grande, ubicado a pocos metros del de La Huayrona. ¿Qué había pasado?
Lo sabríamos poco tiempo después de la madrugada del 13 de enero, cuando ocurrió el aniego. En ese momento Sedapal admitió que se dio debido a un “represamiento” -un atoro- en el colector Canto Grande. El Colegio de Ingenieros precisaría un mes después, en un informe, que el colector tenía un forado en su superficie que permitió el ingreso de «una gran cantidad de conglomerado».
“El aniego fue un proceso que se incubó a lo largo de varios días. Se inició el 3 de enero de 2019 y derivó en el atoro del 13 de enero de 2019”, señaló la entidad. Es decir, que los trabajos en La Huayrona dañaron al otro colector, el que generó la inundación.
Sedapal nunca responsabilizó a Acciona por este hecho. Lo extraño es que la empresa estatal tampoco emplazó a su contratista para que -como lo estipula su contrato- repare la tubería dañada. Oficialmente todo quedaba en manos de H&M. Y a eso apuntó la empresa española.
En una nota periodística del diario Gestión, Acciona señaló que no habían tocado el mentado colector y que sólo estuvieron los días 2 y 3 de enero realizando trabajos en la zona. Es decir, desviaron la atención hacia H&M.
Las versiones de la empresa y Sedapal coincidían. Pero diversos correos enviados a Yuri Sanchez, jefe del Equipo de Recolección Primaria de Sedapal, evidencian que mintieron y que Acciona sí estuvo trabajando en el lugar por más tiempo.
Los días 7, 9, 10 y 11 de enero, el equipo de seguridad de Sedapal reportó que en el lugar del desastre se encontraba trabajando personal de H&M y también de Acciona. Además, se comunicó que ningún trabajador de la empresa estatal se encontraba en la zona supervisando los trabajos, una falta grave de la institución. Dos días después, San Juan de Lurigancho estaba cubierta de excrementos.
El exministro de Vivienda, Carlos Bruce, señala a Sudaca que, si Sedapal le ordenó a Acciona Agua que se retire, como aseguran en la nota de Gestión, la empresa no debió haber estado los demás días en el lugar del colector dañado.
Bruce recuerda el informe del Colegio de Ingenieros “en el que se demuestra el ingreso de materiales, piedra, basura a las tuberías del colector Canto Grande por la ruptura”. “Acciona Agua debió limpiar eso y no ocultarlo con una tabla, como indica el informe final», asegura.
Asimismo, Christian Castillo Luna, experto en contrataciones del Estado, señala que, si Sedapal decidió retirar a la empresa del trabajo en los colectores primarios, debió de cancelar el contrato por incumplimiento y ejecutar cartas fianzas. “Lo que me preocupa es por qué no se resolvió ese contrato, porque había daños que pagar”, agregó Castillo Luna.
El abogado apunta que la negligencia de Sedapal es evidente. “Al resolver el contrato, la española debía ser sancionada por el OSCE y, al suceder esto, la empresa ya no podría contratar más con el Estado, menos con Sedapal. Como que los han protegido con ese tema”, añade.
Sudaca se comunicó con el funcionario Yuri Sánchez, el protagonista de los correos, pero no quiso participar de este reportaje. También nos comunicamos con el área de prensa de Sedapal y enviamos un pliego de preguntas que no fueron respondidas. Con la empresa española tampoco hubo suerte. Este medio envió preguntas a la gerencia de proyectos, pero al cierre de esta edición ninguna fue resuelta.
La empresa Acciona, involucrada en el desastre que mantuvo bajo aguas residuales y por varios días a cientos de vecinos de San Juan de Lurigancho, continúa aún contratando con el Estado. En total son once contratos, de los cuales diez son con Sedapal por montos cercanos a S/1.000 millones. El negocio de la compañía española sobrevive en nuestro país gracias a la empresa pública de agua y desagüe.
