Sólo en los tres primeros meses del año, la Policía de Piura reportó un incremento de denuncias por usurpación. En enero, fueron 32; en febrero, la cifra subió a 41; y marzo cerró con 47 de estas, puestas de propietarios o posesionarios contra presuntos invasores. “Ya sea mediante el uso de la violencia contra los posesionarios o a través de ventas ficticias, el fenómeno no se ha detenido”, advierte un documentado artículo del diario El Tiempo.
Mary Ann Reusche (54) es una de las denunciantes, aunque su caso no es reciente. Ella vive un calvario desde hace siete años. Un hombre, a quien nunca había visto en su vida, recurrió a la vía judicial para reclamar la posesión de un terreno de 30 hectáreas que ella había adquirido en la provincia de Paita, en Piura.
El sujeto, identificado como Luis Alberto Girón García, ha aludido a una supuesta compra que habría hecho cuando tenía tan sólo 18 años. Ahora tiene 35. Y a pesar de no contar con documentación que lo avale, Girón ha logrado que una jueza de la región le dé la razón en un proceso civil.
Se trata de la magistrada Ingrid Díaz Valverde. Sudaca pudo corroborar que esta funcionaria tiene una investigación fiscal abierta por los delitos contra la fe pública y omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. Pero la lista de irregularidades y cuestionables personajes en este caso es más extensa. El 2015, un comandante dirigió un desalojó contra un vigilante contratado por Reusche para cuidar su predio. El policía en cuestión fue detenido un año después por presuntamente integrar una organización criminal. El proceso judicial en su contra está en curso.
Luis Alberto Girón dice haber trabajado en una inmobiliaria del empresario Max Leigh, a quien la prensa local colocó como el beneficiario de una sospechosa venta de terrenos por parte del Gobierno Regional de Piura. Girón y Leigh, además, comparten una investigación penal.
VERSIONES ENFRENTADAS
En 2013, Mary Ann Reusche compró 30 hectáreas a la municipalidad de San Lucas de Colán, ubicada en la provincia de Paita (Piura). Para respaldar su posesión del terreno, muestra el certificado que obtuvo ese año por parte de dicha comuna distrital de Colán y una declaración de impuestos de enero de 2014.
También muestra fotos de la construcción de la casa, que datan del 2015. «Cuando lo compré, empecé a pagar todo lo que me correspondía y cerqué el perímetro del terreno. Recién en 2015, decidí mejorarlo y hacer una casa», comenta Reusche. Luego añadió un corral para pollos y pavos, dejando aún el resto del terreno vacío.
Uno de los requisitos para registrar el predio en Sunarp bajo el mecanismo de prescripción adquisitiva (la modalidad que corresponde en este caso) es que la posesión haya sido pacífica. Pero sobre este terreno hay, hasta el día de hoy, una disputa sobre quién es el dueño.
La versión que se enfrenta a la de Reusche es la de Luis Girón, un contador público de 35 años. Para apropiarse del terreno, él inició dos procesos judiciales en 2015 contra Reusche: uno civil y otro penal. En estos, Girón asegura que la señora lo despojó del predio que había adquirido hace más de una década, cuando recién pasaba la mayoría de edad y aún no culminaba sus estudios de Ciencias Contables.
Como pruebas en el juicio civil, Girón presentó un certificado de zonificación de la municipalidad Provincial de Paita, pero con fecha posterior a la compra de Reusche. También presentó una supuesta constancia de verificación del terreno firmada por el juez de paz Felipe Remigio. Pero este lo desmintió luego de que Reusche le enviara una carta notarial pidiéndole explicaciones.
Remigio asegura en su respuesta que la constancia de Girón no se llegó a regularizar porque este nunca entregó pruebas que “acrediten su posesión”. Además, el juez afirma que es la mujer quien mantiene la posesión del terreno desde, al menos, el 2014, año en que este funcionario hizo la inspección.
Girón, por el contrario, presentó al juzgado civil dos inspecciones policiales realizadas en abril de 2015. Dos inspecciones realizadas, como era de esperarse, bajo un extraño procedimiento.
La primera ocurrió el 10 de abril. En esta, los efectivos se dirigieron al lugar luego de que el abogado de Girón fuera a denunciar un supuesto desalojo. Ahí, la policía constató la presencia de seis personas construyendo una plataforma de 50 metros cuadrados, con columnas. Entre ellos, se encontraba un guardián que aseguraba haber sido contratado por la familia Reusche.
La inspección tomó revuelo con el accionar de la Policía. “Ellos llegaron al final de la tarde, cuando la gente de la obra se estaba retirando. Aprovecharon de llegar a esa hora para llevarse a mi vigilante y dejar el terreno vacío”, recuerda Reusche.
El acta de inspección dice otra cosa sobre la reacción de los obreros, pues asegura que estos se fueron corriendo al ver llegar a los efectivos. Pero coincide con la versión de Reusche en que los policías llevaron a la comisaría a su guardián por carecer de documentación. Dejaron a cargo del lugar a otra persona que aseguraba también ser guardián, pero de Girón.
Según el acta de intervención policial, dicha persona llegó al lugar durante la inspección y se identificó como Gastón Sosa, un guardián contratado por Girón. Sosa contó a la policía que a las 5 de la mañana de aquel día “fue despojado de su caseta de material rústico, posteriormente sacado del lugar por seis sujetos desconocidos y que de inmediato en el lugar empezaron a construir”.
Su palabra fue motivo suficiente para que, luego de llevarse al guardián de Reusche, la policía lo dejara en el lugar “con la finalidad de cuidar el terreno eriazo”.
La última jugada vendría en la inspección del día siguiente. La policía volvió a encontrar obreros contratados por la familia Reusche y no al supuesto guardián de Girón. Esto fue una prueba “incuestionable” para el Juzgado Civil de Paita de que la mujer lo había desalojado. El 31 de marzo pasado, la jueza Ingrid Díaz declaró fundada la demanda de Girón y ordenó que se le devuelva el predio.
Reusche ha apelado esta decisión y, por el momento, no ha entregado la posesión del terreno. Y es que el proceso penal por estos hechos le ha dado la razón. La denuncia que Girón hizo por esa vía fue archivada porque estas inspecciones policiales no probaban ninguna posesión previa de su parte, así como tampoco actos de violencia o despojo por parte de Reusche. En la disposición final de este segundo caso, de abril del 2018, se afirma también que hay inconsistencias en las fechas de la documentación que presentó Girón.
Sudaca pudo corroborar que la jueza Ingrid Díaz se encuentra imputada en un caso penal por los delitos contra la fe pública y omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. Según la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Piura, el caso ha sido derivado a Control Interno.
Reusche asegura, además, que en todo el accionar policial estuvo el comandante Javier Gonzales. Así también lo señalan las actas de intervención del 2015. Un año después, este oficial fue detenido por presuntamente integrar la organización criminal ‘Los Cototos’, dedicada al sicariato, tráfico de drogas y favorecimiento a la prostitución. Si bien Gonzales salió de prisión preventiva hace dos años, continúa como imputado y el proceso se encuentra en etapa intermedia. Según la fiscal a cargo del caso, aún están a la espera de que el juzgado programe una audiencia para continuar el juicio.
«Yo creo que atrás de él [se refiere a Girón] hay más personas, pudientes, que están metidas en tráfico de terrenos», dice Reusche a Sudaca.
EL INVASOR Y EL EMPRESARIO
Sudaca también pudo acceder el récord de denuncias contra Luis Girón, quien ahora reclama la titularidad del terreno de la señora Reusche. Él está imputado en un caso que sigue la Fiscalía bajo los delitos de estafa, lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas. Lo más llamativo de este caso, que aún se encuentra en etapa preliminar, es su coinvestigado: Max Leigh García, un empresario de Piura dedicado al rubro inmobiliario, quien ha sido vinculado a un mediático caso de presunto tráfico de terrenos en la región.
Leigh fue uno de los beneficiados de una venta de más de 200 hectáreas por parte de un proyecto del Gobierno Regional de Piura. Según una nota del diario Correo, una ciudadana denunció haber sido despojada del terreno donde habitaba años atrás por parte de los funcionarios de este proyecto. Ellos le solicitaban que abandone el terreno, pues habían vendido “14 hectáreas del predio al ciudadano Max Leigh García.”
Actualmente, Leigh García es gerente general de Urbana Constructora Inmobiliaria y Constructora Inmobiliaria Sausalito, según información de SUNAT. También ocupó el mismo cargo en Global Constructora Inmobiliaria, una empresa que fue dada de baja en 2017. Según su página de Facebook, Girón reconoce haber trabajado un tiempo con Leigh, siendo administrador y contador de la primera empresa mencionada.
Intentamos comunicarnos con Girón y Leigh, les escribimos a sus redes sociales y llamamos a los teléfonos de sus respectivas empresas, pero no obtuvimos respuesta. Sólo contestó el celular una de las compañías donde Girón asegura ser gerente, pero el interlocutor aseguró no conocerlo. La jueza Ingrid Díaz, por su parte, tampoco respondió el correo en el que le solicitamos sus descargos.
