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Una red de tráfico de migrantes en la base de la Marina | Sudaca - Periodismo libre y en profundidad
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Una red de tráfico de migrantes en la base de la Marina

La Policía Nacional, con apoyo del FBI, ha descubierto que once subalternas de la Marina le mintieron a la embajada de Estados Unidos. Pidieron visas para falsos convivientes que, tras viajar a ese país, se quedaban como ilegales. Cinco de ellas realizan labores de inteligencia. Recibían US$450 por ‘cliente’. En el 2020, la Fiscalía inició una investigación con “carácter secreto” a esta presunta red criminal.

Escándalo en la Marina. El 23 de julio del 2019, la técnica de tercera Alejandra Angulo Rueda se presentó a la Embajada de Estados Unidos para solicitar una visa de turismo y negocios B1/B2, que tiene una vigencia de diez años. Llevó a su supuesto conviviente, Guzmán Julca Estela. La solicitud fue aprobada para ambos.

Menos de dos meses después, el 9 de septiembre de aquel año, Angulo y Julca viajaron juntos a Nueva York en un fingido viaje de pareja. Ella regresó al Perú a la semana siguiente, sola, y él se quedó en Estados Unidos como ilegal, según un documento fiscal que Sudaca pudo revisar. En ese país, Julca Estela ya tenía a otros dos hermanos indocumentados, Claribel y José.

Alejandra Angulo Rueda
Técnica tercera de la Marina, Alejandra Angulo Rueda, señalada como otra reclutadora para captar persona en el ente naval. Pidió visa para ella y su supuesto conviviente, quien viajó y nunca más volvió. Fuente: Facebook de Alejandra Angulo.

Lo llamativo del asunto es que, el 6 julio del 2019 −17 días antes de presentarse ante la embajada− Guzmán Julca había publicado en sus redes sociales una foto abrazando a otra mujer. Aún así, pidió y obtuvo la visa como ‘conviviente’ de Alejandra Angulo.

Este es apenas uno de los casos relatados en la investigación que, en setiembre del 2020, le abrió la fiscalía especializada en trata de personas a una red de tráfico de migrantes hacia tierras norteamericanas. La pesquisa tiene “carácter secreto” porque una de las partes agraviadas es la Embajada de Estados Unidos. Alcanza a once subalternas de la Marina de Guerra del Perú, cinco de las cuales se desempeñan en labores de inteligencia. Ninguna pertenece al alto mando. 

Secreto
2020. Disposición fiscal que le otorga “carácter secreto” a la investigación por una presunta red de tráfico de migrantes a Estados Unidos, en la que están involucradas once miembros del personal de la Marina.

De acuerdo a las indagaciones, la presunta red criminal cobraba hasta US$16.000 a los ‘clientes’ que buscaban obtener la visa americana. A las oficiales de la Marina, quienes habrían sido captadas entre el 2018 y 2019, les caía −como mínimo− un pago de US$450 por conseguir la luz verde. Las once subalternas solicitaron visas de turismo y negocios para convivientes que, según los documentos, no eran sus reales parejas. Y que además, presentaban información falsa. 

“Los presuntos convivientes declararon ser profesionales de diferentes especialidades en sus solicitudes de visa, habiéndose constatado que ninguno de ellos registra título académico en Sunedu y, según algunas denuncias registradas en la Policía Nacional, han declarado ser choferes. Igualmente, estas parejas han declarado domicilios conyugales que no corresponden e, inclusive, algunos variaron su información en Reniec, antes de efectuar el trámite de visa, para aparentar residir en un distrito de mejor condición económica respecto a su real domicilio”, detalla la carpeta fiscal que revisó Sudaca.

“Una vez que la pareja consigue la visa, el ‘cliente’ viaja solo en la mayoría de los casos o, si viaja en pareja, la acompañante regresa a los pocos días para reincorporarse a su trabajo [en la Marina]. Igualmente, habrían personas de contacto en los Estados Unidos que reciben a los ‘clientes’ hasta lograr su cometido y que estos se queden viviendo ilegalmente en el país”, se agrega en los papeles.

El caso fue investigado, en un primer momento, por la División de Investigación contra el Crimen Organizado Internacional de la Policía, que envió su informe al Ministerio Público. Esta dependencia policial concluyó que el caso tiene asidero. Contó, además, con la cooperación de la Embajada de Estados Unidos, especialmente de la oficina del FBI (Buró Federal de Investigaciones, son las siglas en inglés) que existe en esa sede diplomática. Así lo dicen fuentes conocedoras del caso. 

Las pesquisas ubican al abogado José Pachas Arana, un civil de 40 años, como la presunta cabeza de la red criminal. Él lo niega. “La situación es muy incómoda para mí. Yo nunca he estado envuelto en nada de estas cosas ni en nada parecido. Mi hoja de vida es intachable. Esto me afecta mucho en mi ámbito personal, emocional, familiar y demás. Espero me entienda. Esto no tiene para mí ni pies ni cabeza y no quiero entorpecer las investigaciones”, dice.

Jose Pachas
José Pachas Arana, abogado, considerado pieza clave en la presunta red de tráfico de migrantes. Él niega cualquier vinculación.

Pachas, de acuerdo a los documentos, habría contactado a la técnica de tercera Alejandra Angulo, cuya historia abre este reportaje. Ella es considerada por la Fiscalía como uno de los nexos para captar personal en la Marina. Este portal la buscó para pedir su descargo, pero sin éxito. 

FALSOS AMORES

En esta telaraña de tráfico de personas también figura la oficial de la Marina Jacqueline Guerrero Lezama, quien es identificada por los investigadores como otra “reclutadora” en la entidad castrense. El 3 de agosto del 2018, se acercó a la embajada a solicitar visas para ella y Eduardo Palacios Guevara, a quien presentó como su conviviente.

Palacios declaró ser contador con título, aunque no existe registro de ello en la base de datos de la Sunedu, según pudo constatar Sudaca. Vale precisar que, si bien están obligadas a hacerlo, algunas universidades aún no han regularizado todos los títulos de sus graduados previos al 2015. De todos modos, los americanos les dieron la visa a los dos.

El 23 de noviembre del 2018 Jacqueline Guerrero y Eduardo Palacios viajaron juntos a Estados Unidos. La oficial regresó sola una semana después, el 1 de diciembre de aquel año, “[…] lo cual evidencia el trámite fraudulento de visa con el propósito de facilitar el ingreso de Palacios Guevara a los Estados Unidos y que permanezca de ilegal en el país”, dice el documento fiscal.

“Se han inventado cosas. Me he sentido afectada por cosas que dijeron y que son falsas. La embajada no tiene por qué estar inventado cosas donde no hay”, dice Jacqueline Guerrero a Sudaca. Al ser consultada sobre si Eduardo Palacios Guevara fue o es su conviviente, respondió: “Esas son cosas personales. […] Yo no sé la situación de él. Yo hablo por mí. Yo no sé su situación de él ni estoy detrás”.

Jacqueline Guerrero
Técnica de la Marina, Jacqueline Guerrero Lezama, considerada como una reclutadora en el caso. Ella es acusada de pedir visa a la embajada de Estados Unidos con un falso conviviente. “Se han inventado cosas”, dice Guerrero.

¿La embajada de Estados Unidos no verifica la información que le entregan quienes solicitan la visa de turismo y negocios? “Debido a que hay una investigación en curso, no podemos dar declaraciones”, asegura a Sudaca un vocero de la misión diplomática.

Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación afirman que como las once mujeres forman parte de la Marina −y algunas inclusive realizan labores de inteligencia−, ello pudo haber influido en que les den la visa con facilidad y sin corroborar los datos. El trámite para obtener este permiso de ingreso a Estados Unidos dura entre veinte días y un mes, normalmente.

Hay algunos casos en los que los falsos tortolitos presentaron la solicitud para viajar juntos, pero sólo uno despegó a la tierra de Mickey Mouse. Un ejemplo es el de la técnica de tercera Vanessa Capuñay Ramos, quien presentó como conviviente a Hoover Huamán Echeverre. Él dijo ser ingeniero de minas y seguridad industrial, aunque no existe evidencia de ello en la Sunedu.

La solicitud fue presentada el 28 de noviembre del 2018. Casi un mes después, el 21 de diciembre de aquel año, Hoover Huamán Echeverre cogió sus maletas y se fue solo a Estados Unidos. No se sabe si a Disneylandia. Nunca más regresó, de acuerdo a las investigaciones.

Metodología similar aplicó Carmen Salas Ruiz, auxiliar en el sistema administrativo de la Marina. El 24 de junio del 2019, ella presentó como conviviente ante la embajada a Dandy Obregón Rivas, quien dijo ser ingeniero informático graduado en San Marcos. Sunedu tampoco registra información sobre él.

El 13 de agosto de ese año, Dandy Obregón viajó solo a Estados Unidos, “no regresando a la fecha”, según el documento fiscal. En su cuenta de Facebook, Obregón coloca que vive en la ciudad de Virginia. Pero en sus redes sociales no hay rastro de Carmen Salas Ruiz como su pareja.

También está el caso de la oficial Marisabel Rondon Huarocc, quien en la sede diplomática presentó como su conviviente a Junior Pepe Gómez Cabanillas. Fue el 16 de noviembre del 2019. Junior Gómez dijo ser ingeniero de sistemas y que obtuvo su título en la universidad San Ignacio de Loyola. La embajada les dio la visa. El 30 de diciembre de aquel año, él solo se mandó mudar a Estados Unidos. Vive allí como indocumentado.

El 2 de diciembre del 2019 la técnica Mary Carrión Lilaconza llegó acompañada de Jaime García Correa. Ambos declararon ser convivientes. García dijo ser profesor de educación física y entrenador en la academia Cantolao. Les dieron la visa a la velocidad del rayo: el 19 de diciembre. Pero la falsa convivencia quedó al descubierto cuando Jaime García Correa viajó solo pocos días después y nunca más regresó, conforme a la investigación.

Hay cinco oficiales más cuyos casos muestran el mismo modus operandi. Todas ellas hoy son investigadas por el delito de tráfico de migrantes agravado.

Pantallazo
2020. Parte de la resolución donde la Fiscalía especializada en el delito de trata de persona, equipo 2, abre investigación por un caso de tráfico de migrantes. Ahí detallan el rol de once subalternas de la Marina en la trama.

Sudaca consultó a la Marina sobre esta investigación. Una fuente −que pidió anonimato− respondió que el alto mando de la institución castrense no está comprometido en el caso y que las subalternas actuaron, en todo caso, por su cuenta. “Somos respetuosos de las investigaciones y esperaremos su conclusión para tomar acciones”, subrayó la fuente.

En la entidad naval confirman que al menos cinco de las investigadas realizan labores de inteligencia, pero no pueden ser identificadas como tales por cuestiones de seguridad. El caso, como hicieron hace unos años los ‘clientes’ de la red de trata, ha despegado. Ahora falta el aterrizaje.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

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Marina de Guerra del Perú, USA

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