Escrito por Felipe Cantuarias, Presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos
Hace poco el ministerio de Energía y Minas dio a conocer las cifras de las reservas de hidrocarburos al 2021, los números fueron desalentadores. Las reservas probadas de petróleo sumaron el año 2021 unos 243 millones de barriles (MMSTB), lo que representa una caída del 67.2% frente a 741 millones de barriles (MMSTB) registrados en el 2013. Como se puede observar continuamos una tendencia decreciente que se acentúa cada vez más.
Frente a este escenario es importante analizar los factores que determinan la disminución de nuestras reservas, porque somos un país con inmensos recursos hidrocarburíferos en el subsuelo, pero con poca utilización de éstos por la ausencia de una decisión política que impulse el desarrollo de nuestra industria.
Uno de los factores es la falta de promoción de nuevas inversiones, para que podamos poner en valor los hidrocarburos que tenemos en nuestras 18 cuencas y depender cada vez menos de las importaciones, reforzar nuestra seguridad energética y cubrir progresivamente nuestra demanda interna.
En la actualidad de las 18 cuencas antes mencionada solo cinco se encuentran en explotación: Talara, Tumbes-Progreso, Marañón, Ucayali y Sechura. Nuestra demanda es de 250 mil barriles de petróleo por día y solo producimos menos de la cuarta parte, por esta razón tenemos que comprar combustible del exterior. Como lo señaló Carlos Gonzáles, experto en hidrocarburos, durante el año 2022 el Perú importó 225.3 mil barriles por día (Mbpd) de petróleo y derivados con un costo de US$ 10,512.7 MM, a un promedio de US$ 28.8 MM por día. Recursos que pueden y deben quedarse en nuestro país para satisfacer otras necesidades.
Como segundo factor y para dar cumplimiento a la promoción de nuevas inversiones, es necesario contar con seguridad jurídica y predictibilidad, aspectos claves en la competitividad de cualquier país. El respeto a las leyes es fundamental, las reglas de juego no pueden cambiarse repentinamente porque las inversiones que no llegan o no se quedan en el país se irán a otro que ofrezca mejores condiciones. En este punto es importante reiterar que la tramitología es uno de los obstáculos más frecuente para el desarrollo de nuevos proyectos. El tiempo que toma cada trámite a veces es eterno y desincentiva al inversionista, cuando lo recomendable es contar con procedimientos claros, breves, pero sin dejar de ser rigurosos ni relajar los controles.
En tercer lugar, es fundamental cultivar un escenario de paz social, ningún proyecto de inversión se puede establecer si es que no hay un clima apropiado y esto pasa por que el Estado cumpla con sus obligaciones de llevar los servicios básicos sobre todo con las comunidades más alejadas de las grandes ciudades. Según el reporte de la Defensoría del Pueblo de los 140 conflictos socioambientales activos y latentes registrados durante enero de este año, el 20% (28 casos) corresponde a conflictos relacionados a actividades hidrocarburíferas. En Loreto, por ejemplo, donde se encuentran el 45.4% de reservas probadas de petróleo, todavía no se hace efectivo el Plan de Cierre de Brechas ofrecido en gobiernos anteriores. Es respuesta las poblaciones muchas veces toman los lotes petroleros para llamar la atención del Estado y esto deja perdidas no solo para las empresas sino también para las mismas zonas cercanas a la producción.
Recordemos que el índice de reposición de reservas (IRR) de petróleo del año 2021 fue -2.99. Es decir, el grado en el que la producción del año ha sido restituida y/o incrementada mediante la adición de Reservas Probadas por nuevos proyectos, respecto a lo del año anterior fue negativo, en consecuencia, estamos utilizando las reservas que tenemos sin encontrar ni poner en valor otras nuevas.
En los últimos 20 años la industria ha aportado más de 19 mil millones de dólares en regalías y 10 mil millones de dólares en canon y sobrecanon, por lo que, apostar por su reactivación es necesario en la actual coyuntura por la que atravesamos.
Como gremio hemos presentado a las autoridades propuestas que apuntan a la reactivación del sector, una de las medidas tiene que ver con la aprobación del nuevo reglamento de regalías y retribución, con el objetivo de contar con un nuevo esquema para la determinación de los porcentajes de regalía y retribución, que contemple ajustes automáticos según la zona de producción, los volúmenes de producción y las constantes fluctuaciones del precio internacional de los hidrocarburos producidos.
Otro reglamento importante que se debe trabajar es el de exploración y explotación de hidrocarburos, en el cual se deben realizar las modificaciones necesarias que faciliten las inversiones offshore, simplifique procedimientos administrativos y permita poner en valor el potencial hidrocarburifero del país.
Otras de las propuestas es incorporar la aplicación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para exploración, que es una actividad localizada de pocos días, y que se adecúa a la realidad del sector que utiliza nueva tecnología y procesos que ha reducido ampliamente sus impactos.
Igualmente es importante la sostenibilidad y operatividad del Oleoducto Norperuano (ONP) el mismo que ha sufrido en el último año 14 ataques con más de 50 cortes intencionales, ocasionando la caída de la producción en los lotes de la selva y menos ingresos por canon para las regiones.
El ONP es la infraestructura clave para traer el crudo de la selva hacia la costa, es especial, hasta la refinería de Talara que nos ayudará a la transformación del petróleo en los derivados limpios y menos contaminantes que necesitamos en el país.
Gas natural
En cuanto a las reservas de gas natural se observa una disminución de 42% en los últimos cinco años como consecuencia de la falta de inversión en nuevos descubrimientos. Según las cifras oficiales el 2016 teníamos 16.1 TCF y el 2021 contamos con 9.3 TCF.
La situación del gas natural también debe mejorar, más aún si tomamos en cuenta que el gas natural es una energía verde, considerada así por el Consejo Europeo y es la puerta hacia la transición energética de nuestro país. Hoy contamos con gas que tiene que ser reinyectado al pozo porque no hay suficiente demanda. Según datos del MINEM actualmente, 1’857,007 hogares peruanos cuentan con gas natural y 404,565 vehículos usan gas natural a nivel nacional, estas cifras pueden aumentar si se toman las medidas correctas para incentivar la masificación de un recurso eficiente, amigable con el medio ambiente y de menor costo.
Para lograr este objetivo se necesita contar con una infraestructura adecuada que permitan llevar el combustible hacia las regiones del país. Para la SPH un actor importante en l masificación es el FISE (Fondo de Inclusión Social Energético) y el SISE (Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos) porque hay una serie de regiones donde llevar el gas natural no es económicamente rentable y donde se necesita que el estado tenga una participación directa.
Asimismo, el uso del Gas Natural Vehicular (GNV), puede impulsar nuestra independencia energética en el transporte y así no depender del precio de los combustibles y petróleo cuyo costo se fija en el mercado internacional. Nuestra propuesta es que todo el transporte público se convierta a GNV para disminuir costos y contaminación ambiental.
Al igual que en el sector petrolero se considera primordial aprobar normativas que amplíen los contratos vigentes del sector privado, a fin de darles continuidad a sus operaciones y, de esa manera, garantizar nuevos suministros de gas natural.
A pesar de este difícil panorama y lleno de retos para nuestra industria somos optimistas y dispuestos a seguir siendo aliados del desarrollo nacional. Tenemos la convicción de que esta puede ser la gran oportunidad para reactivar la industria de hidrocarburos, haciendo las reformas que se requieren pensando en el futuro de las nuevas generaciones.
