Hace pocos días escuchando a Marta Lagos, Economista chilena y Directora fundadora de la Corporación Latinobarómetro, en una de sus charlas en el Programa de Gobernabilidad e Innovación Pública que organiza la CAF en asociación con 17 universidades latinoamericanas, lanzó este concepto de “Fraude Social“ que llamó mucho mi atención tanto por lo que significa como por el impacto mismo que la conjunción de estas dos palabras implica.
Dentro de su análisis, apoyado por datos estadísticos, Lagos desarrolla una narrativa de cómo la sociedad latinoamericana ha ido evolucionando aceleradamente en estos últimos 25 años con un crecimiento económico sostenido, mayor libertad y educación, y una hipercomunicación alentada por el cada vez mayor acceso a internet. A estos fenómenos se les une una secularización de los pueblos con una disminución de la fe católica, un crecimiento de las religiones evangélicas y del agnosticismo.
Esta mezcla potente, que lleva a un empoderamiento de las personas, exige a los gobernantes acciones más concretas en aras de lograr una efectiva reducción de las desigualdades, algo que a pesar del crecimiento económico no se ha reflejado en el bienestar de la población.
El mantenimiento de la desigualdad, según Lagos, genera desconfianza en todos los niveles: del ciudadano con el gobierno, del uno con el otro, y al no verse resultados, vivimos entonces en un constante “Fraude Social”, donde no existe confianza desde temas tan triviales como pasarse la luz roja, usar al amigo para conseguir una entrada al estadio y más arriba, la gran corrupción pública que empuja el círculo vicioso de una eterna desconfianza.
Si bien cada país tiene sus propias características y unos tienen mayor civismo que otros, el mantenimiento de las desigualdades y el constante sentimiento de desconfianza han desencadenado una ola de protestas del ciudadano empoderado. Por ejemplo, en Chile, se generó una revuelta violentísima que solamente fue atenuada por la capitulación del presidente Piñera al aceptar el camino hacia una nueva constitución y por la llegada de la pandemia del Covid-19 que mandó a millones a refugiarse en sus casas por casi dos años.
Este descontento popular ha llevado a un giro político hacia la izquierda en la mayoría de los países y si vemos el mapa de Sudamérica, con la reciente victoria de Petro en Colombia y el posible regreso de Lula en Brasil, solo Paraguay, Uruguay y Ecuador (que enfrenta importantes revueltas indígenas que buscan sitiar Quito) han sobrevivido a la marea roja.
Aun así, con presidentes de izquierda, algunos progresistas y otros marxistas, continúa la desconfianza y el desaliento por la alta expectativa que se tenía sobre ellos. En Chile, Boric tiene la más alta desaprobación de un presidente desde el 2014, y en Perú, Castillo también bate récords de desaprobación, ambos a menos de un año de gestión, lo que puede llevar a un rebote pendular hacia la derecha en una próxima elección. Pero sin políticas públicas efectivas, sin transparencia e integridad, más cerca estaremos al caos de la anarquía y hundiremos a nuestros conciudadanos en el hambre y la miseria.
Debemos entender que hay una nueva dinámica entre los ciudadanos, más jóvenes y mujeres empoderados, con información, con redes para expresarse, con la inquietud de ingresar de alguna manera en política en una democracia más participativa que representativa y con el ojo puesto en el funcionario público para que no solamente cumpla con sus labores, sino que lo haga con integridad y sentido social.
Dentro de esta América Latina convulsionada está el Perú, enfrentado por extremos, sufriendo de una flagrante corrupción institucional que ya ni sorprende, donde los intereses individuales o de camarillas priman al bienestar social y donde el péndulo hacia la derecha no servirá de nada si no hay una propuesta de consenso.
La participación de toda la sociedad civil tiene que ser escrupulosa en la radiografía de integridad de sus actores políticos y con un nuevo gobierno que priorice las políticas públicas para reducir las desigualdades, porque es el Estado, a través de sus gobernantes, quien tiene la responsabilidad de redistribuir los ingresos proveyendo servicios públicos de calidad en educación, salud, seguridad y justicia, asistiendo a los más necesitados y apoyando el emprendimiento privado para generar más empleo.
Nuestro país no merece ser un fraude social ni una sociedad inviable donde prima la desconfianza y la corrupción. Depende de cada uno de nosotros el unirnos, buscar consensos y ser efectivos en crear riqueza, reducir desigualdades y generar mayor bienestar para todos los peruanos.
