La actual crisis política, económica, social, institucional y moral que el Perú atraviesa, no tiene precedentes.
Los que tenemos más de 40 o 45 años vivimos en carne propia la hiperinflación en el primer gobierno de Alan García, causada por políticas populistas y el desproporcionado ego del entonces gobernante. También fuimos testigos, durante el decenio de Fujimori, de una primera crisis institucional en el año 1,992 con el cierre del congreso y de una segunda, de corte moral, que desencadenó la caída del régimen fujimorista en el año 2,000.
En la actualidad, en esta tormenta perfecta de incompetencia, corrupción y cinismo, seguimos todavía discutiendo quién tiene la culpa de este fracaso como nación, si fue Keiko con sus 73 congresistas obstruccionistas, PPK que no tuvo la sabiduría de ofrecer el premierato a Keiko para hacer un gobierno de cohabitación a la francesa, Vizcarra con su nefasto referendo y el cierre arbitrario del congreso, Merino “el golpista” de la “DBA“ o Sagasti, supremo líder de la “izquierda caviar“.
Mirar hacia atrás solo debe convencernos de que no podemos cometer los mismos errores, pero es hacia adelante donde tenemos que enfocarnos y buscar una solución viable y de consenso entre las fuerzas políticas, los medios de comunicación y la sociedad. De esta manera, podremos no solamente desterrar la corrupción que nos gobierna, sino también y, sobre todo, sentar las bases de un país inclusivo y participativo, con desarrollo social y económico sostenido, y con principios básicos de honestidad, respeto y solidaridad.
En ese horizonte, la llave la tienen 3 actores principales; la sociedad civil con sus demandas y activismo, la prensa con su influencia mediática y el congreso con el poder de los votos que nuestra democracia representativa le otorga.
Existen varias alternativas que se han venido barajando, desde la vacancia, la inhabilitación constitucional y las elecciones generales adelantadas. Por lo visto en las últimas semanas, hay un consenso político, social y mediático en “que se vayan todos“, el tema es cómo, quiénes y en qué plazo.
Si bien la vacancia de Castillo era un improbable hace algunas semanas, el cúmulo de evidencias de corrupción de su círculo familiar más cercano estaría convenciendo a algunos reticentes congresistas, a inclinarse por la vacancia para no dejarse envolver en este alud de podredumbre que los arrastrará al abismo en las próximas elecciones regionales y municipales.
El camino parece ser el siguiente. Vacado Castillo entre setiembre y octubre de este año, asumiría la presidencia Dina Boluarte, que, aunque tiene también serios cuestionamientos, pareciera contar con el blindaje de al menos 44 congresistas y también con una parte de la clase política y medios de comunicación, en la medida que sea solamente la presidente de transición.
Faltaría entonces la reforma constitucional y sus disposiciones transitorias, que con el voto de 87 congresistas en dos legislaturas ordinarias consecutivas (la actual de 2022 y la primera del 2023 que habría que adelantarla para enero), permitiría elecciones generales con primera vuelta a fines de mayo y la segunda a fines de junio. Dentro de las reformas constitucionales para este efecto, es imprescindible permitir la reelección de congresistas, así como un acuerdo político sobre los plazos y para tener nuevas autoridades en el JNE y la ONPE para que no haya dudas de la transparencia de este nuevo proceso electoral.
Esta propuesta no va a contentar a todos, pero toma diversas inquietudes de la ciudadanía que la clase política y los medios deben asimilar para buscar los consensos que nos lleven a una transición democrática. De no hacerlo, será el fin del estado de derecho, la continuidad de la corrupción que solo traerá más miseria y nuestras libertades serán, solamente, un nostálgico recuerdo o una triste canción.
