Mientras el incidente de Chadín, en Cajamarca, viene siendo investigado por el Ministerio Público, la prensa ha enfilado baterías contra un sector de la ciudadanía, las rondas campesinas, bajo un discurso abiertamente criminalizante. En este artículo se reflexiona no solo sobre los hechos ocurridos en Cajamarca, que a la luz de las semanas se podrá aclarar mejor, sino sobre el clima de estigmatización, polarización social e inestabilidad política en el que se ha desenvuelto este incidente. Un clima sobre el que los medios no han querido asumir responsabilidad alguna, haciendo mea culpa, sino más bien intentando sacar provecho político del mismo.
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El pasado 6 de julio, en la comunidad de La Palma (Chadín, Cajamarca), ocurrió un incidente entre las rondas campesinas y dos periodistas de América Televisión, Eduardo Quispe y Elmer Valdiviezo. Estos últimos se encontraban tomando declaraciones sobre Yenifer Paredes, hija del presidente Castillo, en torno a un presunto tráfico de influencias. Incomodados por la presencia periodística, algunos comuneros alertaron a las rondas para que se hicieran presente e intervinieran, lo que efectivamente ocurrió. En horas de la noche, apareció Quispe leyendo —transmisión en vivo— un comunicado en el que pedía disculpas y ofrecía una rectificación sobre las acusaciones hechas en el programa Cuarto Poder.
Desde Lima, una comprensible preocupación por los periodistas se hizo manifiesta, así como una indignación ante los hechos. Sin embargo, empezaron también una serie de discursos criminalizantes. En principio, a la intervención de los periodistas y su retención en la comunidad se le puso la etiqueta de “secuestro”. Esto no demuestra más que el desconocimiento, y también una mirada malintencionada, sobre la potestad que tienen las rondas campesinas en su territorio, incluso para recurrir a medidas coercitivas. Sobre si ha sido debidamente justificado el acto de retención, de eso se encargarán las investigaciones que deben recoger ambas versiones, pero la ligereza para juzgar por parte de la prensa —haciendo espíritu de cuerpo— ha sido preocupante. El secuestro es un delito sancionado con veinte años de cárcel como mínimo. Y no ha faltado por allí alguna infeliz comparación de las rondas con los grupos subversivos, a los cuales paradójicamente han combatido.
Eso no es todo. En redes sociales, ha podido evidenciarse el desprecio de un grueso por la facultad que tienen las comunidades de ejercer el derecho consuetudinario. Este es un derecho avalado por la Constitución y por una serie de tratados y convenios internacionales a los que nos encontramos suscritos, los cuales son vinculantes. Algunos periodistas, amparados en que existen derechos fundamentales que son para todos, y que la ley está por encima de todos, quieren obviar que los derechos de pueblos indígenas, comunidades nativas y campesinas también se encuentran regulados por la ley y que no se superponen a los derechos fundamentales, sino más bien les otorgan contexto y precisión.
¿Puede la prensa limeña darse la prerrogativa de asignar cuáles son o no los derechos de las comunidades campesinas? Esta ha sido la oportuna ocasión que muchos han tenido para destilar prejuicios sobre una realidad que desconocen. Lo sorprendente es que “ilustres” académicos se sumaron a este cargamontón desde un nada disimulado clasismo. Algunos se han atrevido a decir incluso que este no es el actuar común de las rondas y que habría detrás un elemento azuzador. Negar la agencia y las posturas políticas que pueden asumir las organizaciones sociales —nos gusten o no— es más bien el camino contrario del que se acusa al activismo: romantizar las rondas, o más bien tratarlas como sujetos infantiles, carentes de capacidad de decisión.
Miremos en panorámica. ¿Por qué ocurren hechos como este, y pueden volver a ocurrir? ¿Qué ha llevado a que una comunidad actúe de manera hostil contra periodistas? Para nadie es sorpresa la pérdida de credibilidad del periodismo peruano, y también el deterioro de su legitimidad frente a la sociedad en los últimos tiempos. La grosera postura política que asumieron los medios, durante la campaña presencial, y en particular contra Pedro Castillo, viene pasando factura. Y no es que el cargamontón contra el actual presidente sea solo una preocupación de sus simpatizantes, sino incluso de quienes estando descontentos con el Gobierno ven en el periodismo mismo un peligro contra los principios democráticos más básicos.
Esto, en efecto, es un duro golpe para la legitimidad de los medios. Y lo es peor cuando no existe control ni sanción sobre la prensa, o siquiera un proceso de autocrítica sobre su papel en este proceso de crisis política y fractura social. Frente a grandes retos se esperan grandes respuestas. Y los medios no han estado a la altura de las circunstancias, sino más bien respondiendo a intereses que llamaremos “particulares”, solo por utilizar un eufemismo. ¿Qué ha ocurrido? Se puede hacer un desfile de hechos: desinformación, ataques, criminalización, parcialización abierta, entre otros tantos. Los medios han sido actores activos de esta crisis, para nadie es sorpresa.
¿El papel de los medios justifica algún tipo de agresión contra ellos? Por supuesto que no, y desde esta tribuna lo rechazamos claramente. Pero sí ayuda a entender que los ánimos vienen caldeándose desde hace algún tiempo, y es necesario que los medios puedan asumir su responsabilidad sobre los mismos, haciendo mea culpa. Las comunidades tendrán que responder sobre su responsabilidad también; claro, si alguna vez les dejaran tener igual voz y resonancia que el poder mediático. ¿Se abrirá entonces un diálogo entre medios y sociedad civil intentando apaciguar este delicado momento de tensión y recuperando la legitimidad de los primeros? Me parece que están muy lejos de seguir ese camino y que se echará más leña al fuego, intentando aprovechar políticamente este incidente para desestabilizar al Gobierno. Y ya lo vienen haciendo. El detalle es que este fuego termina por quemarnos a todos, y los medios muy librados no están de su propio carácter corrosivo.
