La Defensoría del Pueblo es una institución clave en toda democracia real. Es una instancia cuyo rol es la defensa de nuestros derechos, impulsa y vigila el accionar estatal. Se trata de una institución que promueve que tanto los servicios públicos y las autoridades cumplan con sus obligaciones, limitando el poder del Estado y poniendo por delante los derechos fundamentales.
Por ello, el Defensor o Defensora del Pueblo debe ser una persona preparada para esta función, con legitimidad, con reconocimiento social y compromiso, sin cuestionamientos éticos y con garantías para cumplir su labor con transparencia e independencia política.
Cuando una democracia empieza a debilitarse se socavan a sus instituciones, se intenta quebrar todo aquello que pueda ser una barrera para la corrupción y los autoritarismos. En ese sentido, no es casual que uno de los puestos que disputan sectores contrarios a la igualdad y a los derechos humanos sea el de Defensor o Defensora del Pueblo.
En los últimos años se intenta – frecuentemente- usar mecanismos institucionalizados y aparentemente “legales” para desvirtuarlos. El uso político de las instituciones democráticas es el indicador más claro del escenario de riesgo en el que nos encontramos, y que amerita respuestas contundentes de parte de la ciudadanía organizada, de las organizaciones sociales de base, de las y los ciudadanos de a pie.
El Sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo, así como organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, vienen denunciando las violaciones a la ley y a la independencia judicial, por quienes en el Congreso están impulsando un proceso poco transparente, sin participación ciudadana y en donde se negocia la elección del Ombudsman.
Tal es la preocupación que, se ha presentado una medida cautelar contra la presidenta del Congreso y los parlamentarios integrantes de la Comisión Especial encargada de la designación de candidatos/as a Defensor/ra. Así mismo, existe otra demanda de amparo para que se deje sin efecto el procedimiento actualmente iniciado, pues no cumple con los principios de transparencia, meritocracia y participación de la ciudadanía.
Se espera que el Poder Judicial dé la razón a los demandantes y se evite el debilitamiento de una institución y un cargo fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos.
Es importante visibilizar y limitar el avance de sectores oscurantistas que intentan asirse de las instituciones del Estado para sentar las bases de una sociedad contraria al bienestar común. Los derechos de mujeres, pueblos indígenas, discriminados, periodistas; víctimas de la corrupción, de las violencias y de la ineficiencia del Estado, están en franco peligro.
