En junio de 2020, en plena pandemia, un convenio entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la filial peruana del Fondo de Cultura Económica de México hizo posible que la editorial mexicana invirtiera alrededor de 55 mil dólares en implementar una librería en la Ciudad Universitaria.
Así, llegó el día en que abrió sus puertas la librería José María Arguedas, un magnífico espacio de encuentro, diálogo cultural y lectura, tres actividades que no pueden disociarse de ninguna universidad que se respete. En el tiempo que lleva funcionando, la librería ha cumplido su función a cabalidad: no solo se trata de una librería moderna en un local diseñado para ese fin, es también un centro cultural, en el que se realizan presentaciones de libros y conversatorios.
Todo iba bien hasta que a fines del año pasado la rectora de San Marcos, sin ninguna razón aparente mas allá del revanchismo político (este convenio no se firmó en su gestión sino en el rectorado anterior) envió una carta al Fondo de Cultura Económica comunicando la resolución unilateral del convenio, como si estas cosas fueran un deporte o una actividad de ensayo/error. Lo cierto es que el convenio vencería recién en el año 2025.
Una decisión guiada sin duda por la sinrazón. Como fue sinrazón que la misma rectora aplaudiera la contrarreforma universitaria partiendo, claro está, del error de suponer que la autonomía universitaria es sinónimo de poder ciego y omnímodo, máxima que dirigió siempre los pasos de la nefasta ANR, que resucita a pasos agigantados con su mochila de mediocridad, abuso y mangoneo.
En su momento, yo fui de los que aplaudió que por primera vez en su historia San Marcos tuviera una rectora. Como exalumno, me sentí orgulloso de eso. Sin embargo, al tiempo transcurrido de su gestión, tengo cada día más razones para arrepentirme de esa alegría. La contraparte, el Fondo de Cultura Económica, ha cumplido escrupulosamente con todo lo que el convenio le exigía, aun a pesar de la pandemia misma, una razón más que nubla la comprensión de una decisión que solo confirma el perfil errático y arbitrario de su gestión, pues hasta donde se sabe la decisión de patear el tablero de este convenio no cuenta con aval del Consejo Universitario.
Entendería que una universidad remodelara un local, cambiara de destino o de uso alguno de sus edificios, ampliara algún ambiente, en fin, determinara racionalmente qué hacer con su infraestructura; pero de buenas a primeras exigir el cierre de una librería desconociendo un convenio vinculante –que incluyó remozar un local ruinoso y preexistente al convenio– lo que podría literalmente dejar un fondo de 15 mil libros en la calle y un depósito donde de guardan unos 50 mil libros más, es una música llena de abuso y barbarie. Con esto, el FCE perdería la inversión realizada y la Ciudad Universitaria se quedaría sin un espacio que privilegia la discusión y promueve la lectura, dos razones de ser para cualquier centro de estudios superiores.
Es penoso tener que relatar estos hechos, que solo abonan el creciente desprestigio de un gobierno universitario. Espero que en los próximos días los medios den cuenta de este lamentable desconocimiento de un pacto entre dos instituciones y se enfoquen, sobre todo, en quienes sufrirán el perjuicio mayor: estudiantes, docentes y lectores, que siguen sin gozar de una presencialidad plena en su campus, sabe Dios por qué.
