Solsiret Rodríguez fue una de las activistas de la primera marcha Ni Una Menos, que se organizó en distintas ciudades del Perú en agosto del 2016. Si lo recuerdan, la marcha fue liderada por Arlette Contreras, Lady Guillén y otras sobrevivientes. Todo el país estaba indignado ante la excarcelación de Adriano Pozo, pues lo teníamos ahí, en un video, atacando a Arlette en un hotel en Ayacucho y dejándole dañada una de sus piernas. Fue la marcha más grande en la historia del Perú: más de 250,000 personas llenamos con nuestro reclamo cuadras de cuadras en el centro de Lima.
Diez días después de la marcha, Solsiret desapareció. Su expareja, Brian Villanueva, ese mismo día la denunció por abandono de hogar a pesar de que no se había llevado ninguna de sus pertenencias. Obviamente era sospechoso. La Dirección de Investigación Criminal de la Policía recién detuvo en el 2020 a Andrea Aguirre y a su pareja, Kevin Villanueva, el gemelo de Bryan quienes confesaron el crimen. Seis años después, en mayo de este año, el Poder Judicial los condenó a 28 años y 30 años de prisión. También ordenó la cárcel para Brian y su madre Yolanda Castillo por encubrimiento. En junio la Policía Nacional los capturó.
Seis años después, la primera marcha feminista en Lima después de la pandemia se ha realizado el sábado pasado 26 de noviembre, al día siguiente del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta ocasión, junto con las activistas feministas marchaban voluntarias de programas de refugiados y migrantes, familiares de hijas desaparecidas, agrupaciones de mujeres venezolanas (hay más de medio millón de venezolanas en el Perú) y trabajadoras sexuales organizadas. Había peruanas, ecuatorianas, venezolanas, colombianas. Ya van más de setenta asesinatos denunciados en lo que va del año. Y por alguna extraña razón, sus muertes no se consideran feminicidios, porque si sumásemos, cada vez hay más mujeres muertas y desaparecidas en el Perú y en todo Latinoamérica. Y sabemos la causa. Este sinsentido ocurre en medio de los enfrentamientos entre mafias nacionales y extranjeras por adueñarse del micro comercio de drogas y la explotación sexual en nuestro país. Las “mafias del sexo” suelen estar integradas por proxenetas colombianos y venezolanos que están sembrando el terror no solo en Lince, San Martín de Porres, sino en todo el país y en el continente. Debido a las necesidades que fuerzan la migración, cada país está cruzado por rutas controladas por organizaciones criminales que enganchan con deudas a hombres y mujeres. Luego, para poder pagarles, les obligan a comercializar droga o prostituirse. El Tren de Aragua está integrado por miles de sicarios distribuidos en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. Sea donde sea, a quien no cumpla con pagar la deuda, les espera la muerte.
Estas dimensiones requieren de un compromiso de parte del gobierno con su población, con las personas que migran y que vienen a refugiarse, así se encuentren vulnerables de paso hacia otro país, como Chile o Brasil. No se puede continuar jugando con los ministerios de la Mujer, Relaciones Exteriores y del Interior, hablamos de cada vez más y más vidas. También se requiere de una férrea voluntad para establecer de la mano con los demás países involucrados en estas rutas una forma de enfrentar la violencia que no termine apelando a una mera militarización en el Sur, como está ocurriendo en México, Guatemala y El Salvador, porque aquí sabemos cuáles podrían ser las consecuencias.
