El Gobierno, a través de un extraordinario decreto de urgencia publicado en la noche, ha comunicado que otorgará un apoyo económico a los deudos de las personas fallecidas y heridos de gravedad, civiles y policías, durante las protestas sociales realizadas entre diciembre del año pasado y febrero de este año. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y una comisión multisectorial se harán cargo de la entrega: S/ 50 mil por cada persona fallecida en las movilizaciones, y S/ 25 mil para cada persona herida de gravedad. Como este pago es clara evidencia del tener que resarcir el trágico daño producido, de una manera desconcertante, el Ejecutivo ha decidido evadir las responsabilidades civiles y penales respecto de estas muertes simplemente “aclarando” en la norma que el apoyo económico es tan sólo una subvención y que por eso no tiene naturaleza resarcitoria ni reparatoria. Le queda grande el nombre del ministerio a José Tello, porque no hay mayor fundamento que afirmaciones como las del ministro Alberto Otárola que niega la responsabilidad del gabinete. Eso es todo. Mientras tanto, Amnistía Internacional ha documentado 46 casos de violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes.
Cuando Alberto Fujimori dio el golpe de Estado el año 1992, prestó mucha atención a fingir durante el primer quinquenio una imagen de protector de los derechos humanos, pues, de lo contrario, sería fácilmente acusado de dictador. Hasta recurrió a un “Congreso Constituyente Democrático”. Tres décadas después, es tan grande la negación de los derechos humanos por parte del fujimorismo contemporáneo (ahora que presume de haber conseguido el control de todos los poderes del estado) que ya casi ningún integrante del gobierno siente vergüenza de que alguna autoridad civil, nacional o internacional los acuse de por los crímenes cometidos. Aldo Borrero, el presidente de Avanza País (afín al fujimorismo) y Alejandro Cavero propusieron una amnistía a efectivos de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) durante las protestas. “Porque no podemos abandonarlos, teniendo en cuenta que ellos, cuando el Perú más los necesitó, salieron al frente y defendieron nuestra democracia”, dijo Borrero disfrazando con este discurso las masacres cometidas. De pronto, debido a las voces civiles que de inmediato acusaron el blindaje, se dieron cuenta, de que al hacerlo estaban asumiendo la responsabilidad de ambas fuerzas en las muertes ocurridas. Entonces, retiraron la iniciativa, diciéndolo directamente: no lo hacemos porque no queremos responsabilizarlos, porque para protegerlos, hay que negar los hechos.
Sorprende el infantilismo con el que los poderes del Estado utilizan como estrategia la negación de los derechos humanos en nombre de un enemigo imaginario terrorista. Pero sorprende también como amplios sectores del país consideran que es lo correcto y que lo más apropiado, como señala el marino Jorge Montoya, es iniciar “los procedimientos de denuncia de la Convención Americana y el retiro de nuestro país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Cómo no va a ser entonces la precariedad de los derechos humanos a la que hemos llegado en el Perú la razón por la que la población demanda una asamblea constituyente. Porque es indiscutible que tal como estamos, las condiciones y normas básicas de relación entre peruanas, peruanos y la sociedad están rotas, carecemos de protección por parte del Estado. Necesitamos un gobierno que nos devuelva los derechos que son irrenunciables y realmente iguales para todos. Y necesitamos que las docentes, los docentes de todo el país empiecen el año escolar enseñando cuáles son nuestros derechos y por qué no debemos dejar que nos los nieguen. Hoy más que nunca debemos entender que la ciudadanía jamás se debe dejar engañar.
*Fotografía perteneciente a terceros
