[EN LA ARENA] La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue una iniciativa de 51 países que al finalizar la Segunda Guerra Mundial decidieron conformar la Organización de las Naciones Unidas. La Unión Soviética no aceptó firmarla porque más allá de los derechos en sí, la Declaración se convirtió, sobre todo desde el primer Pacto de 1966, en el primer tratado internacional que estableció la obligatoriedad de su cumplimiento por parte de los países firmantes. En ese contexto, el nazismo y el fascismo derrotados bautizaron tal injerencia de las Naciones Unidas como “globalismo”. De ahí que ese sea el nombre con el que la extrema derecha ha bautizado desde entonces a la “ideología” del liberalismo que obliga a los países a dejar de lado sus verdaderos intereses como nación, su forma propia de gobernarse y a doblegar el espíritu identitario de su patriótico pueblo para cumplir con ese horrendo complot internacional.
Aunque al comienzo se prestó mucha atención a los derechos civiles vetados a las mujeres y a los afrodescendientes, pronto se confirmó que estos derechos resultaban inseparables de derechos económicos, sociales y culturales, pues de nada valía el voto de la mujer si continuaba su dependencia económica al no poder trabajar, o si al igual que la población afrodescendiente o indígena estaba sometida a la discriminación social, sin acceso a una formación educativa de calidad. Como los países se vieron comprometidos a cumplir con los derechos de grupos sociales minoritarios, hubieron de cambiar muchas normas de convivencia social, incluido el lenguaje público en los años 70 y 80, para malestar de una pequeña extrema derecha defensora de las tradiciones sociales arraigadas en la cultura hegemónica de su país, prohibida de expresar con libertad su odio supremacista.
El fin de la opresiva Unión Soviética y el perturbador 500 aniversario del “Descubrimiento” de América, reforzaron la protección de los derechos humanos de las diversas poblaciones minoritarias con la Declaración y Programa de Viena el año 1993, justo cuando Alberto Fujimori debía demostrar al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que no éramos una dictadura, sino un país que cumplía con los derechos humanos, pues de lo contrario no podríamos salir de la profunda crisis económica. Y sí que lo supo hacer. Con su estilo perverso, fue capaz de consolidar con la creación del ministerio de la Mujer su gran discurso en la Conferencia Mundial de Beijing, mientras daba forma a una violenta campaña que forzó a más de 200 mil mujeres a ser esterilizadas. Cabeza de un sanguinario grupo paramilitar, robó la figura del captor de Abimael Guzmán a la Policía Nacional. Tras su renuncia, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, develó la crueldad con la que los derechos de la población rural e indígena del sur y centro del Perú fueron violentados por el terror de Sendero Luminoso y del Estado Peruano. Fue quizá cuando la extrema derecha peruana lanzó sus primeras declaraciones contra el Informe Final de la Comisión el año 2003 y empezó a acusar de caviares a quienes defendían los derechos de las miles de familias que sufrieron la guerra interna, que los derechos humanos empezaron a ser mostrados como una agenda de la izquierda en el Perú.
Lo cierto es que poco tiempo después, tanto en Europa como en Estados Unidos, la crisis financiera del 2008 y las crisis migratorias del 2015, dieron sustento a la ya creciente extrema derecha y su nacionalismo para que pudiera triunfar Donald Trump, que puso a los migrantes como el principal enemigo de su nación y dio sustento para que gobiernos como el de Joao Bolsonaro y ahora el de Dina Boluarte, puedan apelar a resolver los problemas de pobreza y delincuencia ansiando romper el Pacto de San José e imponer, de una vez por todas, la pena de muerte. Masacre más, masacre menos en las tierras de la población quechua hablante y aimara del país, lo que importa es su Patria.
Los derechos humanos, pues, no son de izquierda, eso es un invento de la extrema derecha que repite sin pensar. Nuestros derechos están por encima de cualquier ideología. Es el deber de nuestro Estado protegerlos y deber de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evitar que se retroceda. La ONU ya se ha pronunciado, pero sin importarle, el Congreso sigue emitiendo leyes contra los derechos de la mujer, contra la educación pública, contra los migrantes, a favor de la corrupción. Mientras tanto, los brazos más violentos de la extrema derecha cuentan con la anuencia del gobierno para atacar. Total, como dijo el hoy silenciado cardenal del Perú, aquí los derechos humanos son una cojudez.
