El abogado Juan Antonio Fernández Jerí, exjuez, exfiscal, ex alto comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, acaba de ser elegido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como el nuevo Jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANCMP). La JNJ, que contra viento y marea ha evaluado y destituido a varios magistrados supremos del caso “Cuellos Blancos”, y que está construyendo nuevos parámetros de selección y evaluación para dotarnos por fin (y luego de varios sucesos de corrupción en el ex CNM) de los mejores jueces, juezas y fiscales, lo ha elegido, y con ello ha puesto en frente suyo los retos que aún debe afrontar como parte del sistema de justicia.
¿Por qué? Porque, a pesar de que la JNJ construyó un reglamento que busca evaluar la capacidad, el compromiso y la trayectoria idónea e incuestionable de quien sea elegido como nuevo Jefe de la ANCMP, ha nombrado a quien tiene gravísimas sindicaciones aún por responder. La norma del proceso de selección es buena, pero el resultado evidencia que debe seguir mejorando. Hay algo crucial para ello: la voluntad institucional de la propia JNJ para, en este proceso de mejoramiento continuo de sus funciones, escuchar las voces de ciudadanos y ciudadanas que alerten de los peligros y, sin detenerse en formalidades, priorizar su objetivo central de dar al país funcionarios que legitimen, impulsen, y defiendan la independencia de la justicia.
Luego del nombramiento de Fernández Jerí y la programación de su juramentación como nuevo Jefe de la ANCMP para el miércoles 20 de abril, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el periodismo de investigación de Latina, revelaron que fue denunciado en 2014 por cohecho y corrupción; y que habría intermediado (según la denuncia) por el ex fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, para interferir en el caso del asesinato del vicepresidente del gobierno de Amazonas, por 80 mil soles. Asimismo, el año pasado habría sido abogado de un juez de Amazonas que está siendo investigado por un caso muy similar a los “Cuellos Blancos”.
¿Cómo es posible que esta información no fuera preguntada en la entrevista pública de Fernández? Latina indica que la información no la tenía la JNJ. El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen el deber de dar todos los expedientes y legajos relacionados con el postulante; y el postulante tiene el deber de informar sobre sus patrocinios, para prever los conflictos de interés en la función pública a la que postula. Nada de eso pasó.
Hace décadas que el sistema de justicia tiene el serio problema de los huecos de información y orden de los casos que investiga y enjuicia, incluyendo los casos que procesa el aparato contralor. Esos vacíos ya no pueden existir porque la falta de información puede ser letal para el debido ejercicio de las funciones de la JNJ, institución que, por esa misma razón, y en defensa de sus funciones, tiene el legítimo interés de impulsar reformas en ese sentido.
Otras preguntas urgentes son: ¿la denuncia del 2014 está archivada? Si lo está, ¿cuáles fueron las diligencias fiscales que así lo determinaron? La denuncia del 2014 hablaba de la existencia de audios como prueba de lo denunciado: ¿qué decían los audios, cuándo fueron actuados por el órgano contralor de la fiscalía? ¿Fue diligenciada prontamente tratándose de una denuncia que involucraba al Fiscal de la Nación y a su mano derecha?
La JNJ tiene autonomía, y puede y debe buscar las respuestas a estas preguntas porque la denuncia es grave. No puede valer aquí el “está archivado”, primero porque suele sonar a perfecta excusa de los investigados (abusando del derecho), y segundo, porque ya hemos visto casos en que el sistema de control (por ejemplo, el administrativo) dejó en impunidad evidentes violaciones a la ley. No hay que ir muy lejos: la OCMA archivó el caso en el que se buscaba investigar y sancionar a Hinostroza Pariachi por no declarar un inmueble de Miami. El ex CNM (no la composición del 2015), ejerciendo su autonomía para cumplir con sus funciones, evaluó lo actuado y evidenció que la OCMA decidió contra la ley. Así, el CNM, antes del grupo liderado por Guido Aguila, rechazó nombrar como fiscal supremo a Hinostroza. La decisión de archivamiento en la OCMA no varió, pero el CNM (evidenciando por qué no se seguía de ese archivamiento) cumplió con no nombrar como supremo a quien no daba las garantías de cumplir con los deberes de los magistrados (en ese caso, el declarar todos sus bienes).
La denuncia del 2014 ya echa una sombra razonable sobre la intachabilidad de Fernández. Conocer qué pasó con esa denuncia por completo ayudará a desvirtuar o a reforzar esa sombra. De ser lo segundo, la incuestionabilidad se rompe. ¿Es esa la garantía, la apariencia de intachabilidad que debe existir en el primer Jefe de la ANCMP, por ejemplo, para la lucha contra la corrupción? El impacto puede ser letal sobre los y las fiscales que, a contracorriente, están haciendo bien su trabajo en casos de crimen organizado, corrupción, lavado de activos y otros serios delitos: ya el Relator de Naciones Unidas para la Independencia de la Justicia ha evidenciado que las amenazas para el trabajo de los fiscales bien pueden venir de la misma institución vía el sistema de control. Y en efecto, lo vimos en “La Centralita”; lo vimos en “Cuellos Blancos”.
Además de la carpeta y expediente de control interno fiscal que se generó ante la denuncia del 2014, lo que hay que analizar son los diversos elementos del escenario de esa investigación; más aún cuando lo denunciado fue un presunto (y grave) hecho de corrupción. Así lo plantea el Informe Corrupción y Derechos Humanos del 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y elementos de ese escenario acentúan las alertas. El caso habría pasado por las gestiones de los siguientes fiscales supremos de control interno: Nora Miraval (quien se jubiló a los pocos meses de asumir el cargo), Pedro Chávarry y Víctor Raúl Rodríguez Monteza. Chávarry y Rodríguez han sido destituidos por la propia JNJ por “Cuellos Blancos”. Y una de las tesis fiscales de este megacaso es que se buscaba acaparar el sistema de justicia desde dentro para promover impunidad. Otro elemento del escenario: el fiscal que archivó parte de la investigación en Amazonas (como lo informó Latina), es el fiscal Ñope Cosco, también destituido por la JNJ (por acoso sexual). Estos elementos exigen que la denuncia del 2014 sea escudriñada al milímetro, pues las autoridades fiscales que participaron no dan la garantía de haber hecho un buen trabajo.
Así estos dos casos, la denuncia del 2014 y la representación en el 2021 del juez Polo Huamán, pueden cambiar la historia de la elección de Fernández Jerí. Se debe saber todo lo que pasó. Hemos sido testigos de casos así, en los que nombramientos han sido suspendidos o se han caído: el nombramiento del ex consejero Alfredo Quispe Pariona, la juramentación del ex consejero Iván Noguera. Una historia que la propia JNJ al parecer no ha obviado al momento de elaborar su normatividad: el artículo 66 del reglamento de selección de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público plantea la posibilidad de excluir a un postulante por “ocultar información relevante que el/la postulante debió poner en conocimiento de la Junta y que determine su falta de probidad o idoneidad para su nombramiento. Se considera de especial relevancia la información sobre su conducta ética”; e incluso, la posibilidad de la nulidad del nombramiento.
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, de ser asignada a quien no cumple con un perfil incuestionable o no dé las garantías necesarias, nos regresará al punto inicial del largo camino que con mucho esfuerzo la sociedad ha transitado en las calles por un sistema de justicia absolutamente diferente. La JNJ ha avanzando mucho y con mucho esfuerzo, y debe procurar no retroceder en esta nueva etapa que ha abierto para el país.
