El presente semestre académico la mayoría de las universidades ha iniciado el camino de retorno a la presencialidad y, a juzgar por las cifras descendentes del COVID, al menos las que nos muestran, el proceso continuará irreversible el segundo semestre del año. La tendencia parece clara: para 2023, todos seremos presenciales de nuevo.
Aunque estos datos ocultan la aún incierta remisión de la pandemia mundial, inclusive en el caso de que esta se confirme, dejan algunos cabos sueltos sobre ciertos cambios y fenómenos socioeducativos que tuvieron lugar mientras el COVID – 19 arrasaba con las poblaciones del Perú y el mundo. La situación específica, que quiero referir en estas líneas, es la posibilidad de muchos jóvenes peruanos y peruanas del interior del país, principalmente de distritos rurales o alejados de sus capitales provinciales, de acceder a la escasa oferta de educación de calidad que existe en el país.
Para nadie es un secreto que, con honrosas excepciones, la mejor educación del Perú se encuentra en Lima y se concentra en algunas universidades. La mayoría de estas, no todas, son privadas y sus costos de matricula y mensualidad son bastante altos. En el caso de las poblaciones de provincias, estos centros de estudios solo estaban al alcance de familias con cierta holgura económica, capaces, no solo de sufragar los gastos de enseñanza, sino la estancia de sus hijos jóvenes en la capital. Algunas, inclusive, se han animado a adquirir departamentos en la capital, los que se ubican cerca a los campus universitarios seleccionados por sus hijos, otros alquilan departamentos y otros ya utilizan el estilo del roommate, muy popular en Estados Unidos, Europa y otras latitudes.
Pero la virtualidad abrió las puertas de estas universidades a otros públicos. Como he señalado líneas arribas, estudiantes de distritos del interior el país, de capas medias bajas y bajas, y ya no solo de capitales provinciales y sectores socioeconómicos acomodados, ahora pueden pagar la pensión de universidades de alto rendimiento si esto no significa, además, la inversión en el traslado y manutención de sus vástagos en la capital del país.
Recién el Congreso de la República ha atentado seriamente contra la independencia de la SUNEDU, una de las pocas instituciones bien hechas en un medio caracterizado por la precariedad institucional. Toda vez que el Estado no puede garantizar, a través de sus propias universidades, valgan excepciones, una educación de calidad a la mayoría de sus jóvenes ciudadanos, harían bien el Gobierno y el Congreso en tomar conciencia de esta nueva situación, y posibilidad, surgida de la pandemia, para protegerla y promoverla. Así, el establecimiento de una cuota preestablecida de cupos de educación remota en las carreras que ofrecen los centros de educación superior, destinada prioritariamente a jóvenes de los distritos del interior del país debería establecerse y reglamentarse como parte de un programa a la vez educativo y de inclusión social.
En un país con tantas limitaciones, reconocer e impulsar las oportunidades que la propia ciudadanía encuentra en los recovecos de un sistema que ofrece tan pocas, parece una obligación impostergable. Hagámosla realidad.
