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Desafuero al Congresista Freddy Díaz, un agresor menos en el Congreso | Sudaca - Periodismo libre y en profundidad
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Desafuero al Congresista Freddy Díaz, un agresor menos en el Congreso

“Aunque la sanción penal corresponde a otro fuero, el Congreso como segundo poder del Estado no puede ponerse de espalda a los hechos; por lo tanto, debe promover la máxima sanción ética que en este caso es el desafuero por haber infringido con sus actos la constitución política. Fredy Diaz deberá responder a la justicia como un ciudadano común y no como funcionario estatal. Esto es lo mínimo que el Congreso puede hacer para coadyuvar a la lucha contra la violencia hacia las mujeres.”

Al iniciar el año y en el marco de un contexto complejo y penoso, por fin, una buena noticia. El Congreso de la República, vía la comisión permanente, aprobó la inhabilitación del congresista Freddy Diaz para el ejercicio de la función pública. Concretamente esto implica el desafuero del espacio legislativo. 

Recordemos que el congresista Diaz, está siendo investigado por violación sexual en agravio de una de sus trabajadoras, hecho ocurrido en las instalaciones del legislativo en julio del año pasado.  Tal como hacen otros agresores, Fredy Diaz ha tratado de deslegitimar a la víctima, afirmando que fueron relaciones consentidas, victimizándose en medios de comunicación.

Recordemos, además, que por aquellos días congresistas como Wilmer Elera y Fredy Acuña, se mostraron tolerantes con lo ocurrido, justificando las agresiones al culpar a la sobreviviente, con declaraciones indignantes como que “las mujeres provocan”, insinuando que los espacios públicos son de hombres o que se trata de un “error” y no de un delito. 

Si bien es cierto el proceso penal continua y la víctima tiene un largo camino para alcanzar justicia, es indignante que desde el segundo poder del Estado no se tomaran medidas para rechazar los hechos y emitir una sanción inmediatamente.  La suspensión de 120 días que se le dio al Congresista está por vencer, por lo cual, de no ser desaforado se reincorporará a sus actividades parlamentarias con total normalidad, sumando a lo que es un Congreso completamente cuestionado por no responder a las demandas y preocupaciones de la población. 

Una violación sexual es un crimen atroz, un hecho que provoca un profundo sufrimiento en las victimas, que las estigmatiza y cambia sus vidas para siempre. Según diversos organismos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la violencia sexual es una experiencia traumática, que genera daño severo no sólo físico sino también emocional, dejando secuelas psicológicas y sociales; al punto que este crimen puede equiparse con la tortura. 

Por lo tanto, las autoridades están en la obligación de tomar medidas para sancionar los hechos, rechazar la estigmatización o la revictimización de las personas agraviadas, y, tomar acciones para evitar las repetición de estos crímenes. 

Aunque la acusación de infracción constitucional no se refiere exactamente al delito de violación, es claro que se le sanciona por haber incumplido su obligación de respetar el ordenamiento jurídico como funcionario público y la ética como parlamentario, al haber vulnerado derechos fundamentales. 

La inhabilitación de Fredy Diaz será definida por el Pleno del Congreso, por lo que es preciso recordar a los/las parlamentarios/as que es su obligación velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad. Somos uno de los países en la región latinoamericana con más altos índices de violencia sexual y en donde la impunidad es un denominador común que fortalece a los agresores.

Un agresor impune, sin sanción es un peligro para todas las mujeres. 

Aunque la sanción penal corresponde a otro fuero, el Congreso como segundo poder del Estado no puede ponerse de espalda a los hechos; por lo tanto, debe promover la máxima sanción ética que en este caso es el desafuero por haber infringido con sus actos la Constitución Política.   Fredy Diaz deberá responder a la justicia como un ciudadano común y no como funcionario estatal. Esto es lo mínimo que el Congreso puede hacer para coadyuvar a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

 

Tags:

Congreso de la República, Lucha contra la violencia hacia las mujeres, Mujeres en Perú

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