El Contralor General de la República alarmado, como buena parte del país, por el incumplimiento de los perfiles de algunas personas designadas para ocupar cargos en algunos ministerios, se reunió de inmediato con el presidente Pedro Castillo. Al concluir la sesión, pudo comunicar a la prensa que el jefe de Estado había ya dispuesto las medidas respectivas ante las faltas y que había acogido su propuesta de presentar una iniciativa legislativa para evitar se repitan este tipo de situaciones. La contraloría, nos dijo, se hará cargo de revisar que no exista ninguna irregularidad en la contratación y designación de funcionarios.
Pero mientras ocurría este encuentro en las salas del Ejecutivo, en el Congreso se estaban acordando los parlamentarios que dirigirían las comisiones permanentes. Y tal como en los irónicos listados de ministras y ministros que Fuerza Popular hubiese puesto en cada sector de haber ganado las elecciones, el perfil de sus cuatro congresistas también podría requerir de los métodos de la Contraloría para vigilar su desempeño. Las comisiones que Fuerza Popular ha recibido son cuatro: Relaciones Exteriores con Carlos Bustamante, Comisión Agraria a cargo de Leslie Olivos, Fiscalización y Contraloría bajo Alejandro Aguinaga y Constitución presidida por Patricia Juárez.
Ernesto Bustamante, biólogo y actual legislador de Fuerza Popular, es quien envió un oficio al presidente del Consejo de Ministros contra la vacuna Sinopharm, a la cual meses antes había calificado como “agua destilada”, ignorando los estudios y medidas de la Organización Mundial de la Salud y poniendo en riesgo a la población. A pesar de ese directo interés vinculado a sus intereses laborales, presidirá la comisión que dará pase a iniciativas legislativas e investigará el funcionamiento del Estado en materia de política exterior, relaciones y cooperación internacional.
La Comisión Agraria, de seguro carácter protagónico para las medidas que planteará el Ejecutivo este año, estará a cargo de la abogada Leslie Olivos. En las elecciones 2020, Leslie Olivos fue tachada por no haber declarado en la hoja de vida su sentencia condenatoria por los delitos de falsificación de documento y uso de documento falso. Para llegar al Congreso, en esta ocasión sí declaró el antecedente, pero omitiendo que fue condenada por falsificación y uso de documento falso en agravio del Congreso de la República. Olivos era la candidata auspiciada por el excongresista fujimorista Elard Melgar Valdez, quien para titularse como abogado por una universidad en la que no estudió, sustentó una tesis con más de la mitad de párrafos tomados de otras tantas, incluida hasta la dedicatoria.
La ineficacia que nos preocupa se agrava cuando se trata de congresistas que ya han hecho daño al país en instituciones públicas. Patricia Juárez tendrá a su cargo la Comisión de Constitución, la cual debatirá y aprobará los proyectos de reforma de la Constitución, interpretará y derogará leyes, e investigará la conducta política del gobierno. Patricia Juárez fue presidenta de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de Alto Nivel que estuvo a cargo de investigar el caso Comunicore durante la gestión de Castañeda Lossio. Al exburgomaestre lo encubrió y defendió públicamente hasta que fue sentenciado por recibir sobornos de Odebrecht. Solo entonces se distanció de Solidaridad Nacional.
Quizá lo más lamentable es que la Comisión de Fiscalización y Control que tiene como función principal el funcionamiento eficaz del Estado y toda la administración pública, haya sido entregada a Alejandro Aguinaga, el ministro de Salud de Alberto Fujimori, acusado de haber supervisado las intervenciones de esterilización forzada a centenares de mujeres. Las pruebas sustentan que estaba al tanto incluso de cómo se captaba a las mujeres sin su consentimiento. Aguinaga, hoy médico de cabecera de Fujimori, y su esposa formaron parte de la lista de las 487 personas que se vacunaron contra la COVID-19 antes de que comenzara el proceso de inmunización a nivel nacional.
Un Congreso que se atribuye el querer hacer hasta el plan de gobierno del Ejecutivo, apelando a un ofensivo paternalismo, distorsionando el terrorismo y sembrando miedo en los medios de comunicación para proteger sus intereses, debería contemplar primero si sus integrantes se encuentran preparados moral e intelectualmente para las tareas que las Comisiones exigen.
