Según la última encuesta del IEP, un 66% de la población considera ganador de las elecciones del pasado 6 de junio a Pedro Castillo. Eso quiere decir que al menos un 16% de los votantes de Keiko Fujimori cree que el ganador fue su adversario.
A la vez, según la misma empresa encuestadora, un 69% desaprueba la actuación de la candidata de Fuerza Popular después del día de las elecciones. Eso quiere decir también que al menos casi un 20% de los votantes de Fuerza Popular no está de acuerdo con el modo en que su candidata se ha venido comportando, alegando fraude e impugnando el resultado de la ONPE.
No hay hasta el momento, reiteramos, prueba fehaciente o indicio poderoso e irrebatible de que la jornada electoral haya estado teñida de irregularidades en masa que hayan hecho que el conteo rápido de Ipsos o el oficial de la ONPE hayan sido tergiversados, otorgándole un triunfo ilegítimo al candidato de Perú Libre.
Por cierto, hacemos votos para que el JNE acepte revisar todos los recursos de impugnación, inclusive los presentados después de la hora, y hacemos lo propio para que el hábeas data presentado por abogados allegados a Keiko Fujimori prospere y hagan que la ONPE muestre los padrones electorales y así permitan a cualquier veedor ciudadano o político confirmar o desmentir la tesis del fraude.
En tanto eso no ocurra, sin embargo, la reacción política que disputa los resultados está siendo interpretada por la ciudadanía como una pataleta picona de la perdedora. Y eso le resta inmensa legitimidad opositora a la derecha aupada detrás de la excandidata de Fuerza Popular.
La derecha congresal tiene 44 votos en el Legislativo, los suficientes para bloquear cualquier reforma constitucional, la elección de magistrados del Tribunal Constitucional o de directores del Banco Central de Reserva. Tiene un poder inmenso que un sector de la ciudadanía espera que ejerzan con rigor y al mismo tiempo con inteligencia.
Si la derecha parte del no reconocimiento del triunfo de Castillo y lo considera ilegítimo, sin pruebas de su creencia, lo más probable es que los siguientes años (los que dure el nuevo Congreso), la labor de este segmento ideológico de la clase política peruana sea una dedicada al sabotaje antes que a una oposición recia y democrática.
En esa línea pueden terminar haciendo realidad su propia profecía: la radicalización reactiva de Castillo y su confrontación total con el Legislativo que probablemente lleve a su cierre para llevar adelante la tesis máxima de la Asamblea Constituyente.
