Cuando las empresas tienen un gran poder de mercado pueden surgir monopolios, situación en la que en términos prácticos una sola compañía produce para todo un mercado casi en ausencia de competidores. Bajo competencia monopolística se entiende que las empresas pueden aumentar los precios de los bienes y servicios que ofrecen, es decir, no son precio-aceptantes como en una situación de competencia perfecta; y los precios tienden a ser más altos que lo necesario para cubrir los costos económicos de la empresa, lo cual aún dejaría espacio para que haya ganancias financieras desde un punto de vista contable. Por lo tanto, los precios son más altos y se produce menos, de modo que los consumidores que compran los productos pagan más, y más consumidores quedan excluidos de las compras. El dinero y, en consecuencia, los recursos que se transfieren de los consumidores a las grandes empresas podrían idealmente haber sido utilizados para la compra de otros productos y servicios que habrían creado más puestos de trabajo y aumentado el bienestar social de las familias de los consumidores y trabajadores. ¿Por qué debería importar esto? Por un lado, los consumidores compran un bien si lo valoran suficientemente. Sin embargo, cuanto más necesario el servicio o producto, más inelástica es la demanda, es decir, los consumidores pueden reaccionar mucho menos a los aumentos de precios a través de ajustes en las cantidades que consumen; lo cual es común si se trata de productos de alta necesidad. Por otro lado, los monopolios tienden a cobrar precios más altos en comparación a los precios considerados socialmente eficientes. Aquellos hogares de bajos recursos que aún logran pagar por los productos y servicios de los monopolios tienen una mayor pérdida de bienestar.
Además, si hay pocas empresas en una industria o mercado específico, esto significa que hay menos compradores para los factores de producción, como materias primas, maquinarias y mano de obra. Cuando surge esta situación, los precios de estos factores de producción tienden a ser más bajos y la cantidad comprada es menor. Un escenario como este se denomina competencia monopsónica y conduce también a pérdidas de bienestar social. No tenemos que ir muy lejos para entender esto. Toda persona que trabaja bajo contrato para una empresa está sujeta hasta cierto punto a esta dinámica. Si un trabajador tiene habilidades y conocimientos que son muy específicos a una industria, o al perfil de una sola empresa, el salario que reciba es probable sea inferior a un salario socialmente eficiente que refleje su productividad. Por lo tanto, también hay implicaciones para los mercados laborales, ya que la competencia monopsónica empuja los salarios y los niveles de empleo a la baja. Si tenemos monopolios y monopsonios en ciertas industrias, esto significa que terminamos pagando más por los bienes y servicios que compramos y recibimos salarios más bajos de lo que deberíamos, en comparación a alternativas socialmente más favorables. Esta dinámica, consecuencia del poder de mercado, se entiende como una falla del mercado.
Sin embargo, hay situaciones en las que los monopolios están justificados. Ese es el caso de los monopolios naturales. Para este caso, existen grandes costos de entrada que solo pueden ser cubiertos a través de niveles de producción enormes, de modo que es más barato que una sola empresa produzca una cantidad especifica a si dos o más la produzcan. Un problema desde el punto de vista regulatorio es que el precio socialmente eficiente no puede ser alcanzado a través de regulaciones de precios a menos que la empresa incurra en pérdidas. Un primer paso para los formuladores de políticas antimonopólicas es separar la paja del trigo, es decir, identificar los monopolios naturales de los convencionales, de modo que estos últimos puedan estar sujetos a regulaciones de precios, leyes antimonopolio y otras políticas públicas que mejoren la entrada libre de nuevas empresas al mercado. Pero no todo es blanco o negro, a veces, desde una perspectiva a largo plazo, los gobiernos otorgan derechos y mecanismos institucionales a las empresas para que estas obtengan y mantengan posiciones monopólicas. Este es el caso de las patentes las cuales dan incentivos a que las empresas inviertan en investigación y desarrollo; y el caso del copyright o los derechos de autor que protegen la generación de nuevos contenidos e información; lo cual es socialmente deseable en ambos casos, más aún si se genera innovación vertical.
