Hay cada vez más voces parlamentarias que señalan, sotto voce, que para marzo, cuando se vea la segunda votación de la propuesta de adelanto de elecciones para abril del 2024, la protesta social ya habrá amainado y que, en consecuencia, no será imperativo el susodicho recorte y no se lograrán los 87 votos para consolidar la reforma constitucional.
Quienes eso calculan, no están poniendo en su justa dimensión la magnitud de la indignación y hartazgo ciudadanos respecto de la clase política y el Congreso en particular (14% de aprobación según Ipsos, 9% según IEP) y malcreen que una decisión semejante pasará por aguas calmas en la ciudadanía.
Sería bueno que el gobierno y la presidenta Dina Boluarte prevengan semejante situación. Primero, coordinando con las diversas bancadas para asegurarse que dicha reforma sea efectivamente ratificada y pueda plasmarse el adelanto de elecciones, sin el cual, la protesta social no se reducirá. Segundo, evaluando si, preventivamente, hace cuestión de confianza de ese proyecto de ley. Y tercero, si se diera el caso de que un Congreso díscolo y frívolo soslaya el clamor popular, presentar de inmediato su renuncia y obligar a que el sucesor congresal convoque de inmediato a elecciones.
No es admisible que alguien pretenda que el statu quo, con el Ejecutivo y el Congreso actuales, dure hasta el 2026, como, es verdad, le correspondería constitucionalmente. La crisis política desatada luego de la salida abrupta de Castillo del poder conlleva la necesidad de ponerle fin a sus remanentes institucionales y procesar una transición (felizmente Dina Boluarte lo entendió rápidamente así y reculó respecto de su intención inicial de gobernar hasta el 2026).
Este Congreso ha dado sobradas muestras de mediocridad e ineptitud. Por eso, la ciudadanía lo repudia y pide su cierre inmediato (lo cual, no se puede hacer, por cierto, salvo con un golpe de Estado). No ha aprobado reforma importante alguna, se ha dedicado a cosas menudas y bronquitas histéricas sin ninguna relevancia, a payasadas o performances teatrales, y cuando ha legislado en serio lo ha hecho yendo a contrapelo de lo correcto.
Tanto es el desprestigio del actual Congreso que, inclusive, dos reformas políticas importantes, como la bicameralidad o la reelección, bien podrían dejarse para más adelante. Hoy por hoy, que el actual Legislativo las apruebe podría ser combustible para atizar la hoguera de la protesta social y la ira popular.
