Las diversas opiniones emitidas por autoridades, políticos, actores sociales y lideres de opinión, para intentar explicar la convulsión social por la que el país ha venido transitando sufren, casi inevitablemente, de los sesgos propios de la subjetividad militante con que suelen juzgarse los hechos que ponen en cuestionamiento el concepto hegemónico de “orden social”, sin olvidar por supuesto, las maniobras de ocultamiento y tergiversación llevadas a cabo por quienes defienden intereses particulares. En un país como el Perú, donde todo se olvida y nada se aprende, un aspecto relevante sobre el que pensamos resulta imprescindible reflexionar, es el concerniente a las consecuencias que estos meses de movilizaciones -que algunos consideran el inicio de un nuevo tiempo político- podrían significar para la vida nacional.
Un verdadero movimiento social
Los movimientos sociales, por definición, están constituidos por colectividades excluidas del poder institucional, económico y político, que entran en escenarios de conflicto (movilización social) contra las élites dominantes, en busca de cambios. Lo que caracteriza a estos grupos, es el poseer una fuerte identidad colectiva, basada en diferentes elementos tales como la etnicidad, el territorio, la cultura, la clase social, pero es el sentimiento de exclusión y el convencimiento de ser el blanco de agresiones provenientes de las esferas del poder, lo que da forma a lo que se denomina propiamente un movimiento social. Nuestra larga historia de exclusión y violencia, dirigidas principalmente, aunque no únicamente, contra la población indígena, generaron diversos movimientos sociales y políticos de envergadura en el pasado siglo. Sin embargo, en este siglo XXI y como consecuencia del declive de sindicatos y partidos políticos, las protestas de los sectores sociales desfavorecidos, carecieron de planteamientos ideológicos de transformación del orden social, limitándose, casi exclusivamente, a simples reivindicaciones económicas o a políticas de corto alcance. La protesta social de estos meses constituye pues un hecho excepcional, tanto por la complejidad de su organización, como por sus reivindicaciones políticas, lo que la acerca de manera sensible, a la categoría de verdadero movimiento social y aunque al momento actual, no podemos saber si su impulso ha terminado por agotarse, su influencia se dejará indudablemente sentir, de manera importante, en la política peruana.
¿Un fracaso?
No es frecuente que los movimientos sociales alcancen el éxito en la aceptación de sus demandas, y esto debido justamente a su condición de estar constituidos por colectividades marginadas, sin peso político ni económico, a las que las elites gobernantes y sus grupos afines, suelen ignorar o invisibilizar.
William Gamson, brillante sociólogo norteamericano, estableció dos simples parámetros para medir el éxito de un movimiento social, los que enunciados aquí en forma de pregunta son: ¿Consiguió el movimiento ser aceptado por las elites como un opositor legítimo? y ¿Obtuvo satisfacción a sus demandas? Analizado desde esta sola óptica, el actual movimiento social ha sido, hasta hoy, un fracaso, y ello por una razón principalísima: Sus demandas, exclusivamente de orden político (renuncia de Boluarte, nuevas elecciones generales y convocatoria a una Asamblea Constituyente) son absolutamente inaceptables para una ultraderecha que ha capturado el poder y que viene desplegando una intensa actividad inconstitucional, para asegurarse el control y/o la neutralización de todas las instancias capaces de oponerse a sus trapacerías, cometidas en el desesperado intento de mantener incólume el status quo político y el “exitoso” modelo económico neoliberal, consagrado en la Constitución del 93.
Las causas
Mucho se ha señalado la carencia de liderazgos visibles en las protestas y la ausencia de representantes con quienes el gobierno hubiera podido sentarse a negociar para encontrar soluciones. Pero estas negociaciones, como el gobierno lo dejó muy en claro desde el primer momento, se habrían limitado a los habituales ofrecimientos económicos y a las bien publicitadas firmas de los eventuales acuerdos alcanzados, los que, en su mayoría y como de costumbre, nunca serían respetados. No es extraño en los países latinoamericanos, que los líderes sociales permanezcan en el anonimato, al menos durante algún tiempo, por temor a las posibles represalias, más aún en un país como el nuestro, en el que, durante mucho tiempo, fueron víctimas de la violencia senderista y de las fuerzas represivas del Estado.
También se ha criticado duramente, algunas de las acciones emprendidas por los manifestantes, tales como bloqueo de carreteras, intentos de ocupación de aeropuertos y de otros “activos estratégicos”, lo que, en el argot sociológico, se conoce como “acciones disruptivas”. A este respecto cabe señalar, que son los Estados mismos, quienes ejercen una influencia determinante en el tipo de organización y formas de acción de los movimientos sociales. Así, en los países de democracia consolidada, las protestas y movilizaciones populares que siguen al fracaso de negociaciones en un marco institucional, son toleradas como parte del juego democrático y la represión, de ser necesaria, no alcanza elevados niveles de violencia. Para el caso de países como el nuestro, importantes investigadores, como el ya mencionado Gamson y otros más (Cloward, Piven), han llegado a la conclusión de que los grupos excluidos, únicamente pueden lograr cambios sociales mediante acciones masivas disruptivas y de gran impacto mediático, tanto más si cuentan con el apoyo de la opinión pública. Hagamos notar que en el último Latinobarómetro, uno de los principales bancos de datos de opinión pública en América Latina y el Caribe, se señala que el 65% de la población de nuestro país, muestra un acuerdo general hacia las protestas sociales, solamente por detrás de Paraguay (84%) y Chile (71%) y que, en las encuestas del último mes de febrero, el 58% de los peruanos se sentía identificado con las movilizaciones, principalmente en el sur del país (71%).
La respuesta del ultraderechista y antidemocrático gobierno Boluarte/Otárola al movimiento social, es ya de todos conocida, tanto en el Perú como en la comunidad internacional, la que esencialmente ha consistido, en lo que el filósofo postmarxista argentino Ernesto Laclau, denominó “la denigración de las masas”, que vincula los movimientos sociales al quehacer de desquiciados, criminales, engañados y manipulados, y esto asociado a una brutal represión con numerosas ejecuciones extrajudiciales. A la vista de todo esto ¿podemos considerar que la lucha y la muerte de nuestros hermanos de las regiones, se ha saldado en un fracaso? Pretender responder a esta interrogante, tomando únicamente en cuenta los resultados inmediatos, es desconocer la propia naturaleza de los movimientos sociales y del impacto relevante que pueden tener en asuntos de gran importancia como ciudadanía, transformación social, participación política y democracia. De esto justamente, hablaremos en una próxima nota.
