Al mediodía del 7 de diciembre de 2022, en un mensaje a la Nación, el presidente Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso de la República y “la decisión de establecer un gobierno de excepción, orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia”. Asimismo, entre otras medidas, declaró en reorganización “el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional” con lo cual, de haber sido exitoso el golpe de Estado, se transitaba inexorablemente de una democracia a una dictadura.
Sin embargo, poco más de dos meses después, gracias a la acción de la presidenta Dina Boluarte, quien lo reemplazó, y del Congreso se ha ido configurando otra forma de dictadura, una dictadura constitucional. Un rasgo distintivo de la misma es la eliminación o erosión de los controles y contrapesos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, indispensables para garantizar la estabilidad y el equilibrio del sistema político. Característica que se expresa hoy, como señala Rosa María Palacios, en la capacidad del Congreso para destruir “todo mecanismo de contrapeso político utilizando a un Tribunal Constitucional elegido a su medida. Prohibido en los hechos, el Poder Judicial no puede hacer control constitucional de las arbitrariedades del Congreso”.
Otra seña de identidad se relaciona con la concentración del poder. En los casos tipo, se concentra en manos de una persona o en uno o más partidos políticos. Sin embargo, en nuestro caso, en algo así como una confluencia del Ejecutivo con intereses particulares de derechas e izquierdas con representantes en el Congreso o una “coalición informal de carácter populista y conservador” como la llama Martín Tanaka, a la cual se suma el Tribunal Constitucional. Coalición que no duda en seguir acumulando poder gracias a los fallos sui generis del Tribunal Constitucional o la promulgación de leyes ad hoc como la mal hadada “Ley que restablece la autonomía universitaria y la institucionalidad de las universidades peruanas” que facilita el desmontaje de la reforma universitaria. Coalición que pareciera sentirse orgullosa de lo que viene haciendo el día de hoy. Al respecto, basta con recordar lo señalado por la congresista Martha Moyano en un tweet: “Les a (sic) dolido a los caviares: Elección del TC [Tribunal Constitucional], SUNEDU, Consultorías, Defensor del pueblo y viene más! “Sancho, señal que avanzamos””.
Un tercer elemento es el reconocimiento como “enemigos” y no como “adversarios” a todos aquellos que protestan contra el gobierno, poniendo en cuestión el derecho a la protesta pacífica. Ciudadanos que, además, son denigrados de manera sistemática tipificándolos como “terroristas” o “vándalos” y acusados de haber pretendido tomar el poder “por las armas y la fuerza” como declaró el primer ministro Alberto Otárola en una entrevista reciente. Discurso oficial que ha servido de justificación para responder las protestas sociales de manera desproporcionada, sin control alguno y al margen de la ley como así lo atestiguan las presuntas ejecuciones extrajudiciales de 48 personas. En suma, la erosión de los controles y contrapesos entre poderes, la concentración de poder y estigmatización de ciudadanos que protestan configuran una dictadura constitucional que no dejara de ser cuestionada y desafiada tanto interna como externamente.