En octubre de 1981, durante el gobierno de Acción Popular (1980-1985), ante el alza del costo de vida, miles de ciudadanos protestaron en diferentes lugares del país y Cusco no fue la excepción. El día 23, el estudiante cusqueño Marco Antonio Ayerbe fue detenido por la policía. Horas después, medios locales de comunicación confirmaron su deceso. José María de la Jara, entonces ministro del Interior, asumió la responsabilidad política por la muerte de Ayerbe y renunció. El presidente Fernando Belaunde aceptó su renuncia.
Cuarenta años después, la policía y el ejército ejecutaron extrajudicialmente a 49 ciudadanos y ciudadanas de Apurímac, Ayacucho, Puno, Arequipa, La Libertad, Junín, Cusco y Lima en el marco de las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, ni el ministro del Interior ni el de Defensa renunciaron, ni fueron destituidos por la presidenta Boluarte. Por el contrario, designó a Alberto Otárola, ministro de Defensa de su primer gabinete, presidente del Consejo de Ministros. Es decir, siguió confiando en él.
Como se sabe, la responsabilidad política nace de la confianza que un presidente deposita en una persona para que desempeñe la función de ministro. El ministro, en tanto, es responsable frente al presidente porque es él quien le otorga dicha confianza. A poco más de cien días de gobierno de la presidenta Boluarte, ¿49 ejecuciones extrajudiciales no son suficientes causales de responsabilidad política de los ministros del Interior, de Defensa y del presidente del Consejo de Ministros?
Un ministro es responsable tanto de los aciertos como de los errores de su gestión. Es responsable no solo de su desempeño sino también de la actuación de todos los funcionarios adscritos a su ministerio. Es así porque se supone que se comportan de una manera determinada acatando órdenes o con su conocimiento o con su aprobación. No es tan fácil de eximirse de tal responsabilidad. Sin embargo, para la presidenta Boluarte y sus ministros pareciera que sí. Al respecto, el 22 de diciembre del año pasado, Pedro Angulo, ex presidente del Consejo de Ministros, minimizando su responsabilidad política por las muertes ocurridas, declaró que “[haría] un mea culpa si es que como dicen en los memes o los que son los críticos de siempre, nosotros hubiéramos dicho: orden de disparar al cuerpo. Eso jamás ha existido. (…) Esa es la más absoluta mentira”. Mientras que el 24 de enero de este año, la presidente Boluarte señaló que “no es la Policía la que ha disparado. Los fallecimientos no ocurrieron donde estaba concentrada la Policía, sino en las inmediaciones de las calles” y agregó “la mayoría de los impactos fueron con un arma artesanal denominada Dum Dum”, “armas letales” que no son usadas por las fuerzas del orden. Por último, el 3 de marzo se filtraron las declaraciones de Alberto Otárola brindadas a la fiscalía sobre su gestión como ministro de Defensa. Él responsabilizó a las Fuerzas Armadas por las ejecuciones extrajudiciales indicando que “no brindó ninguna instrucción” y “no tenía conocimiento” de los “planes operativos”. “Reitero que lo que nos informaba a los ministros eran el resultado de las acciones de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, pero no sobre los planes operativos, porque la dirección y ejecución de los planes operativos no corresponde al ministro de Defensa”, puntualizó.
Según la narrativa gubernamental, los ministros no son responsables porque no se ordenó “disparar al cuerpo”, porque las muertes se produjeron por el impacto de proyectiles de armas artesanales “Dum Dum” y porque los “planes operativos” fueron dirigidos y ejecutados por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, si buscan eximirse de tal responsabilidad debe quedar claro para todos los ciudadanos que no autorizaron ni explícita ni implícitamente las ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, es insuficiente señalar que no se sabían lo que hacían sus subalternos. Esto, por el contrario, evidenciaría un control meramente formal de sus ministerios y revelaría su incompetencia para el cargo. Si los responsables políticos de las ejecuciones extrajudiciales hubieran tenido firmes convicciones democráticas hubieran renunciado. Si la presidenta Boluarte hubiera asumido que eran responsables políticos los hubiera destituido sin dilación alguna. No fue así con lo cual se sigue erosionando nuestra precaria democracia. Con justa razón en cada movilización ciudadana contra el gobierno de Boluarte se corea que “esta democracia ya no es una democracia”.
