En el Perú existen muy buenos abogados, muy buenas abogadas, excelentes especialistas en derecho constitucional y en derechos fundamentales; profesionales de derecha, de centro y de izquierda, de diferentes partes del país. Basta leer sus artículos o escucharlos en eventos jurídicos para identificarlos.
Se trata de gente muy capaz con largos años de estudio, que ejercen la docencia y el litigo, y que tienen una trayectoria respetable en la defensa de derechos y en causas de interés público. Uno puede discrepar con ellos, pero siempre con base en argumentos jurídicos.
Es una lástima que estos abogados y abogadas, que son las que ayudan a desarrollar la justicia constitucional, no se hayan presentado al Tribunal Constitucional.
Estos juristas no se presentan, pues saben que estamos ante procesos que no son auténticamente meritocráticos, en donde además de ser maltratados y vapuleados, se convierten en una repartija, donde los partidos políticos negocian y se reparten los cupos con la finalidad de copar el Tribunal Constitucional para asegurarse impunidad. Es decir, los partidos políticos tratan de poner a sus amigos como magistrados para que el tribunal no falle en contra de sus intereses. Saben que el TC tiene la última palabra en temas legales, que revisa en ultima instancia amparos contra las reformas, contra las leyes, contra las prisiones preventivas, etc.
Esto se puso en evidencia en la entrevista que hizo la Comisión a los candidatos a magistrados del TC. No eligieron a la gente que sabía más de derecho, que más había publicado o que más había contribuido al desarrollo del derecho, ni tampoco a la gente más intachable; sino a aquellos con quienes tenían mayor afinidad de ideas.
El Congreso no ha elegido a los mejores juristas sino a sus mejores amigos. Salvo algunas excepciones, este Congreso ha terminado eligiendo a candidatos que no se ajustan al perfil de lo que debe ser un magistrado del Tribunal Constitucional.
Antes se elegía como magistrados del TC a juristas con una trayectoria democrática y con peso político. Magistrados que habían defendido la democracia ante golpes de Estado, que se habían opuesto a gobiernos corruptos y a la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; juristas de solvencia moral y académica que habían aportado al derecho y que eran conocidos por defender a ciudadanos del abuso del poder.
Quizá pedíamos un imposible: que un Congreso mediocre, golpista y vacador; que está impulsando contrareformas como la de educación y la de transportes, elija a magistrados realmente idóneos que el Perú necesitaba.
