El Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, ha terminado por hacer lo que el Congreso debió haber hecho hace mucho tiempo y que aún está a tiempo de hacer: ponerle freno al apetito voraz del Movadef y del presidente Castillo por capturar y destruir una entidad privada que funciona cabalmente, como es la Derrama Magisterial.
En resolución del pasado 14 de noviembre, la Sala dispone suspender provisionalmente los efectos de las modificaciones al Estatuto de la Derrama Magisterial realizadas mediante Decreto Supremo 009, Minedu, y suspende provisionalmente los efectos de la Resolución Ministerial 356, Minedu, y sus modificatorias.
Es una medida cautelar que se atiene al principio de que la Derrama Magisterial es una persona jurídica de derecho privado y que las pretensiones del gobierno son írritas.
De esta forma, aunque la medida es apelable aun, se suspende la estrategia malévola y vengativa del sector radical del magisterio por hacerse de una entidad que ha costado décadas reflotar y que este sector pretendía, como lo ha señalado desde los inicios de su lucha sindical, desaparecer.
Le toca al Congreso clausurar este despropósito llevando nuevamente al Pleno la derogatoria del decreto supremo que da origen a este descomunal atentado contra el derecho empresarial y la libertad asociativa. Ya la Comisión de Constitución ha tomado posición al respecto. Corresponde que ahora lo haga el Pleno y no se repita la indecorosa conducta de algunos parlamentarios que se pusieron de costado, en anterior ocasión, y permitieron que el Fenate-Movadef siguiera adelante en sus torvos propósitos.
Corresponde a la mayoría opositora ponerle coto a los desmanes del Ejecutivo. Esa es su tarea primordial. Y en este caso en particular, al abuso de poder que implicaba la participación directa del presidente Castillo y de su dócil ministro de Educación.
Por decretos supremos no se puede intervenir en las decisiones estatutarias de empresas privadas. Se sentaría un precedente nefasto para la confianza de los agentes empresariales. Y eso es lo que pretendía el gobierno, sin ningún sustento legal ni constitucional.
La Corte Superior ha fallado en justicia suspendiendo los alcances del decreto de marras. Es la hora de que el Congreso selle lo actuado derogando la susodicha norma, poniendo el Estado de Derecho por encima de apetitos sindicales particulares y afanes de venganza primarios que involucran al primer mandatario.
