Suscribo plenamente el reciente pronunciamiento de la comunidad de politólogos y científicos sociales:
“Expresamos nuestro más enérgico rechazo al rumbo autoritario que viene adoptando el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola. Acciones de represión y violencia desproporcionada rompen los principios del Estado de derecho y han dejado un saldo doloroso de 55 compatriotas fallecidos y más de 1200 heridos. Además, se ha intervenido de manera injustificada locales sindicales y partidarios y se ha criminalizado la posesión de literatura de ciencias sociales. Este fin de semana se intervino violentamente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizando casi 200 detenciones arbitrarias, sin presencia del Ministerio Público e impidiendo el trabajo de abogados defensores. Expresamos nuestra solidaridad con la comunidad sanmarquina.
Después de seis semanas de gobierno sin rectificación ni reconocimiento de los abusos, resulta claro que estos no son hechos aislados sino un patrón de conducta que nos sitúa en una peligrosa transición hacia el autoritarismo.
Somos muy conscientes de que existen grupos violentos y antidemocráticos interesados en que la confrontación escale y así socavar la democracia. Grupos que han cometidos actos bárbaros que condenamos, como quemar a un efectivo de la policía nacional, incendiar edificios públicos o el domicilio de un congresista. Sin embargo, el Estado está en la obligación de distinguir los hechos criminales de la protesta legítima y actuar bajo los parámetros de la ley.
La retórica de la guerra y la represión indiscriminada por la que ha optado el gobierno aseguran una fractura profunda en el país. Esta postura legitima a los extremistas, quienes pretenden demostrar que no hay salidas democráticas posibles. Nuestra historia muestra que cuando las fuerzas de seguridad han sido enviadas a restablecer el orden sin dirección ni control democrático, hemos sufrido situaciones trágicas. Hoy ni Ejecutivo ni Legislativo realizan dicho control.
Si la presidenta Boluarte solo está en capacidad de ofrecer al país confrontación y violencia debería renunciar. Según cifras oficiales, el estallido social ecuatoriano de 2019 causó 6 fallecidos; el de Chile ese mismo año 34; el de Colombia el 2021 produjo 29 muertos. El Perú, en seis semanas del gobierno, cuenta 55 fallecidos sin que se asuma responsabilidad política por ello.
Esto constituye un fracaso gubernamental, pero, además, resulta inaceptable en una democracia. Contra toda evidencia, el gobierno insiste en los métodos menos políticos para enfrentar una crisis que es, ante todo, política”.
