¿Cómo es posible que no haya un solo detenido vinculado a las mafias del narcotráfico y la minería legal, que evidentemente financian y dan sostén logístico a las movilizaciones violentas en el sur andino? ¿Por qué no se detiene y procesa a quienes bloquean carreteras o incendian locales públicos y privados? Las cárceles deberían estar llenos de estos delincuentes (solo en Brasil, por la toma bolsonarista de los poderes del Estado, ha habido más de mil apresados).
Está fallando la inteligencia preventiva del gobierno y eso, sumado a una mala instrucción represiva, está dejando el saldo de muertos lamentables que hasta la fecha tenemos y que seguirá aumentando si la violencia social crece y el gobierno no actúa con prontitud y diligencia para prevenir tales actos.
Es bueno insistir en ello. Son dos las decisiones que el gobierno debe tomar de inmediato si no quiere que este conflicto siga escalando y termine por llevarse de encuentro al gabinete Otárola y eventualmente a la propia presidenta Dina Boluarte.
Primero, cambiar de estrategia represiva. No se puede disparar a matar a quien marcha, a quien bloquea carreteras, ni siquiera a quien incendia locales públicos o privados. Nuestros códigos no establecen penas de muerte para esos delitos. Lo que corresponde es que se les detenga en flagrancia y se les procese penalmente con todo el rigor de la ley (acá debería jugar un papel importante, que no está jugando, el Ministerio Público). Solo en aquellos casos en los que se ataque con riesgo de vida a las fuerzas del orden, éstas están autorizadas a defenderse usando sus armas mortales.
Segundo, debe ponérsele mayor énfasis a los mecanismos de diálogo. La rabia contenida en cientos de miles de ciudadanos del sur andino debe ser oída y contenida. Y eso pasa, en primer lugar, porque se pueda verbalizar y ser escuchada y atendida. El diálogo, cuando hay voluntad auténtica de desplegarlo, funciona como el mejor catalizador de la violencia. Las autoridades responsables de ello, deben insistir hasta el cansancio y hallar los interlocutores para tenerlo.
Si ello no se hace, la violencia se mantendrá y crecerá, amenazando la transición constitucional bien trazada. Se le pondrá en bandeja el país a los remanentes resentidos del corrupto Castillo, a las huestes desoladas de Perú Libre, a las mafias ilegales que actúan impunemente y a los sectores ultras vinculados a Sendero Luminoso (Movadef) que, sin duda, han salido a capitalizar la crisis.
