El de anoche ha sido un mensaje presidencial oportuno y contundente. Dina Boluarte ha mostrado empatía por las víctimas, ha pedido perdón por ello –era algo que el gobierno no había hecho-, pero a la vez ha subrayado con claridad que detrás de la protesta social anidan intereses radicales o mafiosos que no se deben soslayar por la opinión pública.
Y claramente, atendiendo las responsabilidades de Estado que le corresponden, señala que ella no va a renunciar, que no será la primera mujer presidenta quien abdique prontamente a su cargo por la ocurrencia de una crisis social severa, ya que es consciente de que ello abriría las puertas a un caos político y social mayor, que es justamente lo que buscan los azuzadores radicales de la izquierda que piden su renuncia.
Hay que reiterarlo: más allá de la acumulación de frustraciones seculares por el olvido del Estado hacia las necesidades de los pueblos altoandinos del sur, problema que ha sido visto de costado por todos los gobiernos republicanos y con mayor grosería por los últimos de la transición, que lo hicieron a pesar de tener las arcas fiscales llenas, existe detrás de la protesta una lógica política antidemocrática frente a la que el gobierno y el Estado no pueden inclinarse ni rendirse.
No es aceptable el pliego maximalista de los radicales: la liberación de Pedro Castillo, la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. No es ése, seguramente, tampoco el pedido real de la mayoría de los protestantes, quienes resienten la desatención política, económica y social del que son víctimas desde que somos República, y que, sentados en una mesa de diálogo, seguramente antepondrán esas justas demandas al pliego politizado que la izquierda ha querido imponer.
Ojalá sea este mensaje un parteaguas respecto de la violencia desatada y contribuya a que la misma amaine, y no siga irradiando y aumentando su intensidad. Si el gobierno, a la par, afina su estrategia represiva e insiste hasta el cansancio en el diálogo, quizás podamos darle vuelta a la página de la tragedia vivida en las últimas semanas. La frágil democracia peruana necesita de paz social para sostenerse y es menester cumplir la agenda electoral de transición ya trazada.
