El 52% de la población, según encuesta de Ipsos, prefiere elecciones el 2023 sin reformas políticas, y el 40% en abril del 2024 con amplias reformas. El sentir ciudadano parece claro: que se vayan todos lo antes posible.
Y harían bien el gobierno y el Congreso en tomar nota de ello. Quedan pocos días en la actual legislatura para aprobar una nueva reforma constitucional que adelante las elecciones ya no para abril del próximo año sino para éste. Fernando Tuesta ha planteado un cronograma que implica primera vuelta el 15 de octubre, segunda vuelta 26 de noviembre, presentación de candidaturas presidenciales y parlamentarias el 27 de junio, la convocatoria a elecciones el propio mes de junio, y cambio de mando presidencial el 31 de diciembre de este año. El único costo colateral es que se eliminarían las primarias, pero a cuenta del inmenso daño que produce la convulsión social, es un costo menor que deberíamos estar dispuestos a solventar.
Como ya hemos planteado en esta columna en reiteradas ocasiones, es la mejor fórmula para atemperar los ánimos caldeados, de satisfacer en parte la grita de que se vayan todos, reemplazar la narrativa de la protesta por la política electoral, y de paso, de romper la tradición disfuncional de juramentar nuevos gobiernos a mitad de año.
Esta iniciativa no va a surgir del Congreso. Allí, inclusive, muchos de los que votaron a favor de que se realicen las elecciones en abril del 2024 están dudando de si vuelven a dar su voto para ello. Calculando que la protesta social vaya amainando, se quieren quedar –aunque usted no lo crea- hasta el 2026.
Va a tener que ser propuesta de ley del Ejecutivo, e ir sumado de un gran trabajo de persuasión política y presión para lograr el cometido, que es perentorio, ya que la actual legislatura vence a fines de este mes.
El Congreso tiene que romper la burbuja en la que suelen radicar los parlamentarios, sin capacidad de percepción de la realidad política y social, amoldados por las gollerías de las que gozan y el relativo aislamiento de la calle (que solo se va a romper cuando se opte por renovación parcial del Parlamento y la constitución de distritos electorales múltiples).
El de Dina Boluarte es, esencialmente, un régimen de transición y, en esa medida, mientras más rápido dé curso a su vigencia, mejor, más aún en medio de las circunstancias aciagas en las que vivimos, que es urgente desescalar.
