Sería un legicidio electoral si se consumase alguna suspensión de la candidatura regional de César Acuña. Ya nos hemos manifestado en anterior ocasión, cuando, junto con Julio Guzmán, fue excluido del proceso presidencial del 2021, generando una elección disfuncional, causante, en gran medida, de la crisis que vivimos desde entonces. Hoy reiteramos lo mismo, a propósito del pedido de algunas fuerzas políticas de que se le sancione y excluya del proceso regional en el que participa.
En el caso aludido, el señor Acuña no es funcionario público, como bien ha subrayado José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y de los audios propalados no se desprende ninguna inconducta en su calidad de candidato: «En el caso del candidato Acuña, en particular, por parte de él no habría ninguna infracción a la ley electoral, recordando que él no es funcionario público, él es candidato, y no hay una infracción dentro de la ley electoral a la situación que hemos visto o escuchado en los audios», sostuvo.
Hay interés particular de la izquierda en capturar la costa norte, región que siempre le ha sido adversa, y a sabiendas de que las encuestas le pronostican un amplio triunfo al líder de Alianza para el Progreso, pretenden excluirlo para ver si así se produce un repunte de las listas oficialistas y el gobierno acaso pueda interpretar, luego, los resultados de las elecciones municipales y regionales, como una suerte de avalancha roja, capaz de presionar al país y al Congreso para procesar cambios constituyentes que hoy no puede emprender.
Fue un exceso de puritanismo político, inclusive, que el Congreso censure a Lady Camones. Lo que se conoció de los audios de marras fue lo que normalmente se discute en asambleas partidarias cuando los partidos tienen bancadas congresales. En el peor de los casos, podemos hablar de una impropiedad ética menor, nada que justificase que el Congreso, obsecuentemente, le regale un triunfo político al mediocre y corrupto Ejecutivo.
Las autoridades electorales esperamos que actúen con racionalidad, sin dejarse llevar por presiones políticas del gobierno, interesado en sancionar a quien consideran un exaliado que se ha pasado a la orilla opositora frontal.
