Lo que más indigna del caso Toledo es que se haya corrompido apenas subió a Palacio (no fueron los mareos posteriores del poder los que lo condujeron por el camino del mal), después de haber protagonizado una batalla anticorrupción -esa fue su narrativa- en contra del régimen de Fujimori.
No hizo un mal gobierno. Al contrario, uno de los mejores -si no, el mejor- de todos los de la transición democrática, con buen manejo macroeconómico, sensatez fiscal y monetaria, y buen manejo de crisis políticas al firmar un pacto de gobernabilidad con el FIM de Fernando Olivera.
Estuvo expuesto a sinfín de escándalos, pero logró sobrevivir cuando ya estaba contra las cuerdas. Superó, inclusive intentos de vacancia diseñados por su principal opositor, Alan García.
Fui uno de sus más severos críticos durante su gobierno (ocasioné, desde el diario Correo, la renuncia de su primer vicepresidente, de varios ministros y hasta del jefe del servicio de inteligencia), pero después entendí que había sido excesivo e injusto en la crítica y apoyé su candidatura el 2010. Felizmente no pasó ni de primera vuelta, porque lo suyo hubiera sido una reedición de la corrupción de la que había hecho carne desde su primer y único mandato.
Lo mejor que se le puede desear a Toledo es que la justicia haga su trabajo con diligencia y que pague por los delitos que haya cometido. La impunidad y la falta de consecuencias para los responsables son las raíces de un grave problema social en el país. Los ciudadanos necesitan ver que la justicia es imparcial y que los responsables de actos corruptos son castigados, independientemente de su estatus o posición social.
La corrupción es un cáncer que debe ser extirpado de raíz si queremos tener una sociedad justa y equitativa. La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad para todos los ciudadanos, porque solo así podremos construir un futuro mejor para todos. El castigo a los corruptos del más alto escalafón social, como un expresidente, deja en ese sentido huella profunda.
El daño político que la corrupción de Toledo, símbolo de muchas esperanzas políticas y sociales (particularmente identitarias), ha dejado, es inmenso y merece por ello la justicia más severa, sin contemplaciones, y mucho menos haciendo eco de los argumentos pueriles de su defensa (que ya parece calco y copia de la del inefable exmandatario, Pedro Castillo).
