Es muy facilista creer que la renuncia de Dina Boluarte hará que el conflicto social disminuya. Es verdad que el adelanto de elecciones vía congresal hubiese permitido que desfoguen las tensiones sociales, pero, frustrado ello, la renuncia como condición obligada solo serviría para empoderar la protesta y hacerla atrincherarse en sus pedidos maximalistas.
Hay una minoría social, afincada en determinadas regiones geográficas, que quiere forzar dicha renuncia, el cierre del Congreso o el cambio de su Mesa Directiva, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. ¿Alguien cree que la renuncia de Boluarte hará que se aplaquen los otros pedidos o, por el contrario, los alentará en grado máximo?
La izquierda radical quiere conseguir mediante la agitación callejera lo que no puede conseguir en las urnas, ni conseguirá jamás, como es obtener una mayoría que vote a favor de aquella. Podrán algunas encuestas en estos momentos indicar una cierta actitud favorable a la Asamblea Constituyente (otras, más serias, indican que es mejor emprender reformas parciales), pero ello no va a implicar bajo ninguna circunstancia que el día que se produzca una elección voten por aquellos candidatos que propongan algo semejante. Eso no va a ocurrir.
Es el camino de la algarada callejera el que estiman les puede servir como ganzúa para semejante propósito. Y por eso, no va a amainar si renuncia Boluarte. El adelanto de elecciones consecuente podrá tranquilizar a las mayorías protestantes, pero los núcleos violentistas van a seguir bloqueando carreteras, atacando locales públicos y privados, agrediendo a las fuerzas del orden, etc. No van a cejar hasta que se haga realidad su sueño político máximo: una nueva Constitución, populista y estatista, que se tire abajo el modelo económico.
Lo ideal hubiera sido que se adelanten las elecciones generales para abril del 2024 o para este año, como estaba planteado, pero bajo los parámetros de una decisión congresal legítima y constitucional. Ello, lamentablemente, por la miopía y mediocridad del Congreso, no se plasmó. No es solución alterna a ese despropósito, que la presidenta renuncie para acelerar un proceso que va a acabar mal y que no va a tranquilizar a los violentistas, quienes van a ir por más.
Hoy, tal como están dadas las cosas, lo más sensato, políticamente hablando, es que el gobierno de Boluarte, cambiando radicalmente de estrategia represiva e insistiendo tozudamente en el diálogo, busque remediar el conflicto. En el peor de los casos, salvo que la situación se salga de control y allí sí obligue a rupturas políticas, resignándose a convivir con una suerte de “anarquía moderada” hasta el final de su mandato.
